por Yasna Mussa | 12 de Nov de 2021 | Actualidad, Crisis climática
Se trata de un tema incómodo pero urgente y esencial durante la conferencia anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En medio de una crisis global en contexto de pandemia, Latinoamérica es una región doblemente desigual: es la que recibe menos financiamiento y estos recursos están mal distribuidos.
Caminar por los pasillos del Scottish Event Center (SEC) de Glasgow, donde se realiza la Conferencia de las Partes, es confirmar la tensión en cada esquina. Delegaciones, negociadores, expertas, científicos, políticos y periodistas saben que esta cumbre es particularmente especial: no solo se realiza después de dos años, sino que el contexto de la pandemia ha profundizado los daños y consecuencias en las regiones más afectadas por el calentamiento global.
En este cuerpo llamado COP26, el financiamiento es la columna vertebral que sostiene todo lo demás. La estructura y la base. O al menos, así lo explica Sandra Guzmán, mexicana, gerente de Financiamiento Climático en la Iniciativa de Política Climática (CPI, por sus siglas en inglés) y fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Guzmán sabe decir en fácil lo que resulta complejo en cifras y conceptos.
Es una tarde de otoño escocés y en medio de su almuerzo en la barra de un restaurante del SEC, Guzmán hace hincapié en los tiempos que vivimos, en que los países pobres y endeudados han profundizado su vulnerabilidad después de dos años viviendo los estragos provocados por la Covid-19. El problema se agrava al constatar que muy pocos países saben cuánto les cuesta la acción climática.”Y eso va a ser crítico, porque si tú vas a tener una discusión internacional para acceder a más recursos, pero no sabes cuánto te cuesta, va a ser muy difícil lograr cerrar esa brecha en esta conversación que se está dando en esta COP26”, dice Guzmán.
El cambio climático nos recuerda afirmaciones obvias: serán los países más pobres los que sufran de manera más profunda las consecuencias provocadas por los países contaminantes que suelen ser los países más ricos.
Sandra Guzmán explica que cada COP es parte de un proceso. Cada una tiene el mandato de avanzar en ciertos procesos, pero es ingenuo pensar que una reunión se vaya a resolver todo. Este 2021 hay dos temas centrales que se arrastran de la última COP25, cuya presidencia estuvo a cargo de Chile, pero cuya sede terminó trasladándose a Madrid luego de la revuelta social.
Uno de esos temas centrales es el Artículo 6 del Acuerdo de París, que está relacionado con mercados de carbono y que de alguna manera está ligado a la estructura de financiamiento. Y el otro tema, el gran elefante blanco en el cuarto, dice Guzmán, es el tema de las pérdidas y daños.
“Quién va a pagar por las pérdidas que ya trajo el cambio climático. Y se habla mucho de crear un mecanismo financiero para atender esto. Hay muchísima resistencia de los países desarrollados de crear un nuevo fondo o un nuevo mecanismo, ‘ya está el fondo adaptación por qué crear más’. Yo creo que en esta COP se va a avanzar en algunas cosas relacionadas con esos temas pendientes. Pero esta COP debe ser exitosa, tiene que salir con un paquete completo, es decir, no podemos avanzar en unas cosas y no avanzar en las otras”, dice Sandra Guzmán.
Ese paquete completo de Glasgow del que habla Sandra Guzmán incluye pérdidas y daños, mercados de carbono, financiamiento —tanto de largo plazo como la revisión de mecanismos financieros— balance y transparencia. Pero además, incorpora otros temas transversales que no suelen ser visibles como género, comunidades indígenas o ambición climática.
Pasillos de la COP26, Glasgow, Escocia. Noviembre de 2021. Foto: Yasna Mussa
Financiamiento desigual
Si hay un continente que sabe de inequidad es América Latina. Según la CEPAL es la región más desigual del mundo y esta característica se extiende también en materia climática. Por esta razón, Sandra Guzmán recalca que “el llamado es que América Latina pueda participar en estos análisis a nivel nacional para traer estos números a la discusión y que esa nueva meta sea una nueva meta basada en necesidades, no solo en un número político”.
La fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe asegura que “si no hay certeza de que los países desarrollados van a cumplir con sus compromisos de financiamiento, todo lo demás va a sufrir una consecuencia de eso”. Pero los montos son relativos y la certeza de que se cumpla con lo prometido se basa en la buena fe y grandes titulares carentes de acciones concretas. Eso, al menos, fue lo que pasó con los 100 mil millones de dólares que se habían prometido en 2009 en Copenhague, cuando los países ricos se comprometieron a dar esa cantidad en ayuda a los países en desarrollo cada año a partir 2020 para la lucha contra el cambio climático. “Algunos hablan de que tendríamos que estar hablando de 300 mil millones. Otros hablan de 500 mil. Otros hablan de los trillones. Pero lo cierto es que no hay todavía un número que haya venido ciento por ciento de los países en desarrollo”, dice Guzmán.
“Pienso que es muy importante escuchar al grupo de países vulnerables, que es el Climate Vulnerable Forum, porque lo que ellos están trayendo a la mesa es una conversación muy terrenal. Decir esto ya está, ya nos está costando, ya tenemos un impacto importantísimo y ya no podemos hablar de la planeación a 50 años. Lo que tenemos que hablar es en el cortísimo plazo y eso tiene mucho que ver con mantener el 1.5º C vivo, que es una de las demandas de esta COP”, dice Guzmán.
América Latina no es la principal receptora de financiamiento internacional, sino que se encuentra en el tercer lugar solo después de África y Asia del Pacífico. Guzmán confirma la doble desigualdad: efectivamente, dentro de la región la distribución de financiamiento es muy desigual.
Este financiamiento internacional dedicado al cambio climático se concentra en cinco países, que además son los más grandes, como México, Brasil, Costa Rica, Colombia y Ecuador, en algunos aspectos. Pero excluye a países vulnerables que están en Centroamérica o el Caribe.
La también gerente del CPI se pregunta por qué reciben quienes reciben. “Por supuesto que si tienes un país con una economía emergente, tienes la capacidad institucional de aplicar a estos proyectos. Puedes tener más posibilidades de éxito, lo cual hace muy injusto el acceso a los países que tienen menos posibilidades institucionales porque, digamos, acceder a un fondo de esta naturaleza te puede llevar hasta dos años.Entonces, si hay una desigualdad, una doble desigualdad, que es muy importante que este proceso reconozca y que este proceso ataque. Hemos insistido mucho en que los mecanismos financieros tienen que generar ventanas de emergencia. Para procesos que implican un movimiento rápido y que no tienes dos años para poder atender la crisis, que es inmediata. Entonces creo que el debate está en en cómo reflejas, cómo traes eso a la conversación formal para evidenciar que estamos en desventaja”.
En este punto la confianza es un asunto clave. Tanto para avanzar como para llegar a acuerdos que permitan salir de los nudos que han ido atascando asuntos cruciales como el financiamiento. La presidencia de Reino Unidos cumple un rol clave para presionar y empujar el carro hacia un nuevo texto.
Estados Unidos ha insistido en la importancia de que los donantes individuales dupliquen sus compromisos y, por su parte, los observadores creen que les corresponde que sean los ministros de la Unión Europea quienes pongan sobre la mesa el tema de financiación. Mientras tanto, los países en desarrollo siguen esperando y constatando en sus territorios las consecuencias del cambio climático.
por Yasna Mussa | 27 de Jul de 2020 | Historias
Computadores, celulares y vehículos eléctricos funcionan gracias a baterías confeccionadas con litio. Su extracción implica la explotación de gran parte de los escasos recursos hídricos en el desierto más árido del mundo, altera la vida de comunidades autóctonas y pone en riesgo a especies endémicas que habitan en el salar.
Entre las historias que los abuelos de la comunidad licanantay de Peine le cuentan a sus nietos está la de los huevos de las parinas. Una vez al año, los miembros de este pueblo indígena ubicado a 2400 metros de altitud sobre el nivel del mar, iban a recolectar mil huevos de parinas, esas aves rosas y de patas delgadas, que pertenecen a la familia de los flamencos y que se cuelan en medio del paisaje ocre del desierto.
Pero la cantidad no era azarosa. En aquella época, hace al menos medio siglo, los habitantes de Peine y alrededores, encontraban cerca de 7 u 8 mil huevos de estas aves también conocidas como flamencos andinos. La proporción correspondía a la búsqueda de un equilibrio en el salar. Además, aprovechaban el ritual de cada año para hacer sus rogativas por el porvenir de la comunidad.
“Había una relación en cuanto a lo que se sacaba que era para consumo y también lo que se iba produciendo. Entonces por eso los abuelos siempre contaban que a veces había 5 mil, 6 mil o 7 mil parinas que se veían en el salar de Atacama y desde la llegada de la minera eso cambia totalmente”, dice Sergio Cubillos, presidente del Consejo de los Pueblos Atacameños y miembro de la comunidad de Peine.
Sergio Cubillos se refiere a la explotación de los salares de su zona. En ese rincón del país, se encuentra la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Justo entre la frontera con Argentina y Bolivia se ubica un lugar estratégico para la economía chilena. Pero ese beneficio para la macroeconomía se traduce en una pesadilla para los habitantes de las pequeñas comunidades repartidas en medio de esos paisajes que nos trasladan a un escenario rojizo parecido al planeta Marte.
Aunque el primer producto de exportación sigue siendo el cobre, en las últimas décadas ha aumentado la extracción del litio pues Chile posee alrededor del 45% de las reservas mundiales de este metal ultraligero, que es esencial para la fabricación de teléfonos móviles y baterías de automóviles eléctricos.
Un producto promovido como una solución verde, sobre todo en mercado europeo, pero que afecta directamente a las comunidades aledañas al salar. El conocido también como oro blanco se ha convertido en un suceso, triplicando los precios desde 2011, alcanzando alrededor de 300 mil toneladas por año.
Sin embargo, para Sergio Cubillos las cifras no reflejan el costo que tiene para las comunidades nativas. “Se podría decir que el salar de Atacama es como un mar que se extiende en la rivera de San Pedro de Atacama y donde están inmersas las 18 comunidades de Atacama La Grande. El diario vivir respecto a cómo se explota el litio ha sido bien complicado”, se lamenta Cubillos.
La explotación de este metal ligero en el salar comenzaron en el año 1985 con la llegada de la Sociedad del Litio Limitada, actual Albemarle, y desde entonces comenzó un lento pero irreversible acercamiento de la comunidad para ir obteniendo información para mitigar los impactos de su extracción. “En algún momento se visualizó que el litio iba a ser un mineral importante para el país pero también ajeno de toda la realidad que ocurría de la explotación del litio. Me refiero a lo que salió después respecto a la corrupción, a cómo se manejaba la explotación y en ese sentido ha sido muy difícil porque las empresas llegan con personal para hacer faenas mineras y en ese sentido, la invasión que ha tenido en nuestras comunidades ha sido bien importante”, destaca el representante local.
Cubillos se refiere también a los escándalos de corrupción que protagonizó la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM Salar S.A.), no solo en lo que concierne al caso judicial por el financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos a través de pagos a personas que declararon haber realizado servicios que nunca se prestaron a estas empresas. A la empresa estatal también se le detectaron incumplimientos de los contratos que le permiten la explotación del mayor depósito del litio en salmuera del mundo. Entre ellas, figuraba la apropiación irregular de derechos de agua, un recurso especialmente sensible en la región. “Hemos salido a decir en todos lados: tenemos comunidades que todavía no tienen regularizada su agua potable, que no tienen regularizada su energía eléctrica, que no tienen regularizado el acceso hacia sus comunidades y en ese sentido obviamente la gente ve con tristeza cómo se realiza esta explotación y sobre todo cómo se ha ido desarrollado esta sobre explotación de agua en donde en el salar se extraen cercano a los 4500 litros por segundo de agua, entonces estamos hablando de algo que ha sobrepasado los límites normales de extracción”, afirma Cubillos.
Zonas de sacrificio
En el pueblo de Peine ninguno de sus habitantes ha querido hablar. Es un sábado por la mañana y la pequeña plaza de este pueblo que está ubicado en la cima de una colina luce casi vacía. Los pocos transeúntes son esquivos con los afuerinos. Desconfían, sobre todo, de los periodistas, pero también de los representantes de las empresas mineras.
Junto con los problemas medioambientales que acarrea la minería, la comunidad ha visto cómo su vida cotidiana ha sido alterada en diversos sentidos: robos, drogadicción, alcoholismo y una serie de cambios que para los licanantay han sido impuestos por los visitantes que acarrea la minería. “En cuanto a la explotación, obviamente hay un sentir de nuestra gente de que se esté sacando el recurso natural y que hoy día sea un recurso que le puede dar solvencia económica al país, pero vemos cómo nuestras comunidades viven en el abandono. De las millonarias ganancias que se adquieren de estos recursos naturales, no vemos avances significativos en nuestras comunidades”, dice el representante licanantay.
Bárbara Jerez Henríquez es docente e investigadora de la escuela de trabajo social de la Universidad de Valparaíso y su trabajo está enfocado en los conflictos socioambientales, ruralidades, campesinados y territorio. Jerez es tajante. La investigadora considera que la explotación del litio en el desierto de Atacama ha transformado al lugar en una zona de sacrificio.
“Es un enunciado con el que yo busco llamar la atención sobre cómo estos lugares han sido planificados para poder ser extraídos sus bienes naturales, sus minerales y principalmente su agua dulce y salada para explotaciones mineras a gran escala sin considerar sus límites ni las posibilidades de sus ecosistemas, y de sus comunidades”, dice la académica.
Para la investigadora, las graves consecuencias que sufren los pueblos atacameños se podrían haber evitado, pues no es algo reciente ya que “hay una hiper explotación planificada de proyectos en exploración y de proyectos mineros que están explotando ahí hace más de 30 años, tanto de minería de cobre como de litio. Han provocado una agonía socioambiental de las cuencas, especialmente del Salar de Atacama”.
Escasez hídrica
En un estudio realizado por Corfo, las cantidades de agua extraídas en el salar de Atacama superan en un 21% lo que el agua subterránea puede generar de manera sostenible. “Es tremendo para la biota, que al estar trayendo desde la napa profunda, la napa freática, te está sacando el agua simultáneamente, porque son bombas que succionan, y no es más que la extracción de lo que se supone que alimenta el salar, que son las napas profundas”, explica Matilde López Muñoz, académica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Sociales, Ecológicas y Económicas. Muñoz mantiene una relación cercana con el desierto de Atacama, lugar que visita constantemente para sus estudios. Allí ha visto cómo la minería ha transformado el pasaje en las últimas tres décadas.
“Hay tres países esencialmente ricos el litio. Chile, no sé si por suerte, por desdicha o por felicidad, es carbonato de litio lo que existe en el salar de Atacama. En cambio en los otros lugares, tienen que transformar. Bolivia, por ejemplo, tiene que transformar su yacimiento en carbonato de litio o hidróxido de litio y en Argentina pasa algo por el estilo. En cambio aquí, simplemente se extrae y lo que tenemos es carbonato de litio”, dice Matilde López para explicar porqué el mercado internacional puso sus ojos en Chile. La investigadora concuerda con Sergio Cubillos en que la ausencia de flamencos en un escenario donde eran habituales es una clara señal de la gravedad de lo que ocurre. “Las lagunas, particularmente las que están frente a Peine, en el salar de Atacama, eran los sitios de nidificación del grupo más grande del flamenco andino, de manera que allí ellos encontraban su alimento que es fundamentalmente algas silíceas. Ellos invierten su cabeza como una pala mecánica. Son filtradores, entonces tenían su alimento y además la consistencia de los barros para armar los nidos y por muchos años, digamos, en un tiempo de tipo evolutivo, así funcionó”, dice López.
Según la Corporación Nacional Forestal, CONAF, agencia pública chilena que administra los parques nacionales, la cantidad de flamencos andinos ha disminuido en más de un 30% entre 1997 y 2013, en parte por la actividad minera que afecta su hábitat. De los casi 12 mil flamencos que se percibían en la década de los 80, cuando Matilde visitaba la zona, hoy con suerte se aprecian mil.
“Al empezar a hacer las extracciones vino el ruido, vino todo lo que significa la tecnología con camiones pesados, con máquinas. Y ellos de a poco empezaron a salir de allí, y no es tan fácil pensar: ah ya se volaron y se van para otro lado. No, porque aquí hay un proceso de tipo evolutivo. Por mucho tiempo ellos estuvieron evolucionando. Co-evolucionando”, dice López. La académica considera que los flamencos son refugiados ecológicos, pues al migrar las condiciones no son las mismas.
“Aquí se creó un parque nacional que protege en alguna medida y tiene que supervisar que las empresas mineras no arrasen con esas protecciones. Entonces, claro, es política pública, y no todo debiese transformarse en área de sacrificio. Yo viví mucho tiempo en el desierto, el río Loa prácticamente está extinto, porque las mineras le sacaron toda su agua, y los pobladores de las pequeñas comunidades agrícolas que habían, prácticamente no existen”, dice López con respecto a las decisiones políticas que se han tomado y el rol de la CONAF.
Quien también ha observado de cerca el impacto en las especies endémicas, como en los recursos hídricos, es Ramón Morales Balcazar, miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos; máster en Estudios Internacionales y Desarrollo Agrícola sustentable de la Universidad de París 11. “Por un lado está el impacto que tienen sobre los acuíferos y la disponibilidad del agua. En este sentido es súper importante entender que las empresas de litio no están solas en el salar de Atacama, sino que están compartiendo este espacio y compitiendo por agua con otros proyectos mineros. En este caso proyectos como BHP Billinton de la Escondida y también minera Zaldívar, la cual es un Joint Venture de Antofagasta Minerals y Barrick Gold”, dice Morales.
Para Ramón Morales el daño es irreversible y sus consecuencia tienen un rechazo transversal desde distinto sectores de la comunidad. “La afectación o la intervención de la minería, los impactos que está teniendo en el paisaje y que están relacionados también con la flora y fauna, afectan actividades como el turismo. Nosotros observamos que hay manifestaciones desde otros sectores que están mostrando su preocupación y rechazo frente a la expansión de las operaciones de las empresas ya existentes y a la entrada de nuevos proyectos”.
Rolando Cruz es oriundo del lugar. Ha vivido toda su vida en Peine y desde la esquina de la plaza observa el paisaje y apunta: “Ese polvillo que se ve lo hacen las empresas. Con la explotación del litio tienen todo contaminado pero a nadie le importa”. Este pequeño agricultor afirma que con los años “todo se ha ido secando. Ahora tengo todo el maíz cosechado, pero antes todo lo consumíamos de la tierra. Sólo comprábamos el té y el azúcar, pero todo lo demás lo conseguíamos acá. Ahora ya nadie planta y tenemos muy pocos animales porque ya no hay agua”.
Rolando Cruz recuerda su infancia recogiendo los huevos de las parinas. Luego suspira hondo y agrega: “Los flamencos se han ido. Solo quedan las camionetas de las mineras. Y este polvo que nos contamina”.
por Yasna Mussa | 27 de Jul de 2020 | Historias
- Se estima que en Chile existen cerca de 18 mil humedales y solo el 2 % cuenta con algún tipo de protección.
- El humedal del río Lluta es el que tiene la mayor cantidad de especies en el país, con casi 200 aves registradas.
- La ampliación de una ruta que pasaría sobre este sitio podría significar un daño irreparable para el ecosistema de la zona.
[Publicado originalmente en Mongabay]
En una tarde de primavera, una garza blanca aterriza suavemente sobre la arena. Avanza hacia una poza de agua y se sacude dos veces. A unos 10 metros de ella, una pareja de observadores desenfundan sus cámaras y se preparan para disparar una foto con cuidado y precisión para no generar ruido o algún movimiento brusco.
La escena se repite cada día, aunque cambian los fotógrafos y las aves que se inmortalizan en la imagen. El humedal del río Lluta, ubicado en la ciudad de Arica, frontera chilena con Perú y Bolivia, es un parada natural y obligatoria que alimenta, acoge y protege a casi 200 especies de ave migratorias y endémicas. Un espacio que ha protagonizado una lucha de organizaciones sociales, liderada por activistas, políticos y ambientalistas que se oponen a que el espacio sea intervenido para la ampliación de una carretera.
El también llamado Santuario de la Naturaleza protagoniza una polémica desde hace 6 años, cuando durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se propuso, ante el concejo municipal de la ciudad, ampliar el camino que conecta a Arica con el aeropuerto, ubicado en el sector norte, muy cerca de la frontera con Perú. Aunque la propuesta fue rechazada, la iniciativa se retomó durante el siguiente gobierno, el de Michelle Bachelet.
«Hago responsables a quienes aprobaron primero un estudio de prefactibilidad, que es un estudio que nos costó como ciudad, y es dinero de la gente, 160 millones de pesos (238 mil dólares) solo hacer el estudio. El consejo regional anterior lo aprobó», dice molesto el concejal Paul Carvajal, mientras observa el humedal.
El militante del partido Humanista cuestiona el proyecto de la ampliación de la ruta A210, pues la idea es aprobar un plano regulador que permita, además, la construcción de una zona logística para que, en esa extensa vía al aeropuerto, se construyan fábricas, locales nocturnos e, incluso, una zona inmobiliaria.
El humedal contempla en la actualidad 30,64 hectáreas protegidas bajo el concepto de Santuario de la Naturaleza, lo que se reduce al sector en el borde del mar. Sin embargo, el total abarca cerca de 300 hectáreas, que ya han sido divididas por la carretera actual que bordea la costa ariqueña.
Según los científicos consultados por Mongabay Latam, ese corte ya genera una intervención que afecta directamente el hábitat y la cantidad de especies que transitan por el lugar. Pero, de construir en los alrededores y transformarse en un área urbana, las aves, reptiles y roedores que conviven en el humedal, verían su cotidianidad aún más afectada por el ruido, las luces, el exceso de personas circulando y una serie de otros factores que determinan su existencia.
“El humedal en sí es un ecosistema especial que tiene el privilegio de poder contar, en términos de ave y fauna, con un 30 % de lo que uno puede observar en todo Chile. En el país, hay más de 500 especies y en este humedal se han registrado por lo menos 184”, dice Jorge Abarca, biólogo, académico y presidente de la organización Observadores de Aves de Arica y Parinacota.
Para Abarca la relación con el humedal es de toda la vida. Recuerda con nostalgia los paseos familiares a la playa Chinchorro y Las Machas, sector donde se encuentra la desembocadura del río Lluta. Desde pequeño se interesó por las aves y por eso no le parece extraño que hoy se dedique a la ornitología, que es como se le denomina a la observación de aves.
“Los observadores nos hemos dedicado a contemplar y a registrar en el humedal las aves, pero en realidad nos preocupa todo el entorno porque ellas no están solas en el mundo. Están relacionadas con otros organismos, que son los vegetales y los otros mamíferos menores”, aclara Abarca.
—Si el humedal ya está cortado, por la carretera actual, ¿qué significa en términos concretos que se extienda? ¿Cómo afectaría a la flora y fauna?— le pregunto.
“Dicen que van a hacer una extensión hacia un sector que se supone que no es humedal, pero sí lo es. Porque humedal no es solo lo que está asociado a las lagunas o a los espejos de agua, sino que todo lo que ves verde desde el mirador es humedal. Necesariamente estás indicando que va a aumentar el flujo vehicular”, dice preocupado el biólogo.
Abarca agrega que puesto que hay muchas carreteras construidas en el mundo cerca de humedales, los estudios biológicos en cuanto a los impactos son contundentes. “Para hacer una carpeta asfáltica tienes que drenar. Lo que haces tú es generar un corte en el flujo de la napa de agua que es subterránea por lo que dejas a un sector con una disminución en ese aporte hídrico y otro con un exceso”.
De hecho, según indica el científico, al observar la carpeta asfáltica actual que cruza el humedal, “se puede ver un sector bastante seco y otro bastante verde”.
El plano regulador que existe en la actualidad, que es el que dictamina las restricciones en cuanto al uso del suelo y lo que se puede o no hacer en el lugar, se encuentra en estudio debido a la controversia que ha generado la intervención del humedal. En él se indica que las áreas aledañas al santuario, tendrían la posibilidad de ser ocupadas por un estimado de mil personas por hectárea.
Su objetivo, es construir edificios de 50 metros, instalar negocios que podrían generar ruidos molestos, como discotecas o pubs e incluso, según indica la descripción del proyecto, construir “galpones de almacenaje de materiales tóxicos”
Al mismo tiempo, donde se pretende hacer el proyecto, se encuentra en estudio la posibilidad de ampliar la zona protegida. Ello, atendiendo la inquietud de los expertos, quienes señalan que el perímetro actual no es suficiente para disminuir las amenazas que puede sufrir el humedal y su ecosistema, ya que toda la zona aledaña sirve de amortiguación para mantenerlo sin mayores intervenciones.
“Un área protegida que tiene al lado algo que genere ruidos molestos, deja de ser un área protegida. Porque lo que hoy día perseguimos es que la fauna que está en este sector protegido esté libre de luces y libre de ruidos”, insiste Jorge Abarca.
Se estima que en Chile existen cerca de 18 mil humedales y solo el 2 % cuenta con algún tipo de protección. Sin embargo, no hay una institución o un cuerpo legal específico que los proteja. Hace 8 años que duerme en el Congreso una Ley de Biodiversidad y Áreas protegidas, mientras que en paralelo se discute una ley para proteger los humedales urbanos, que es la figura que podría tener el humedal del río Lluta en caso de que se amplíe la carretera y se construya en su entorno.
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Un oasis irremplazable
Los ambientalistas y profesionales que defienden la conservación del humedal del río Lluta son enfáticos. El área concreta que se puede proteger es variable, pero existe una estimación: 370 hectáreas en total, como mínimo. Aunque el ideal sería unas 500 hectáreas que incluyan un buffer o zona intermedia, que ayude a la absorción de impacto ambiental para atenuar cualquier impacto inmobiliario en caso de comenzar a poblar los alrededores. Luego de eso, debería estar el área protegida.
El primer obstáculo para ampliar la zona es que se trata de terrenos privados, en donde ninguna de las instituciones públicas que administran o defienden los humedales puede intervenir de manera arbitraria. La alternativa sería que el Estado compre los terrenos o bien los alquile con la intención de preservar el territorio aledaño al humedal.
Los observadores de aves, expertos y miembros de las organizaciones sociales insisten en que la lucha por el humedal de Arica no es aislada, ya que los humedales en el mundo están en peligro. En los últimos 100 años, se han perdido más del 50 % y señalan la responsabilidad de proteger este espacio pues no solo afecta al orden local, sino que la mayoría de las especies son migratorias.
“Si quieres viajar de aquí a Santiago, tienes que parar en ciertos lugares para poder abastecerte de combustible para seguir tu viaje. Piensa eso en aves que vienen desde Alaska o desde Canadá o desde el sur de Estados Unidos. Viajan 7000 u 8000 kilómetros y van parando en ciertos puntos. No cualquier punto les sirve. Y uno de esos puntos, donde ellas se abastecen, se alimentan, descansan y luego continúan su viaje, es el humedal del río Lluta”, enfatiza Abarca.
En caso de que llegara a desaparecer ese punto de abastecimiento en la ruta migratoria, se afectaría directamente el paso de las aves y podrían quedarse más arriba del continente o, simplemente, no volver. Ese escenario es perjudicial para la biodiversidad, pues se pierde un elemento de la configuración ecológica. Por ejemplo, si se pierde un invertebrado que es alimento de un ave o de un organismo, se corta la cadena natural. La pérdida de una especie no solo significa perder una estructura, sino que en términos genéticos significa perder los genes de adaptaciones a las condiciones particulares de Arica, una ciudad ubicada en el Desierto de Atacama, el más seco del mundo. Además, un humedal es, por definición, un absorbedor de Co2 y generador de oxigeno.
Otro punto relevante, es que las plantas del humedal resisten a una alta salinidad. Es como si se plantara en una maceta con una taza de sal. Pese a la escasa agua, estas plantas resisten y no se deshidratan. Esas condiciones genéticas, que todas las áreas agrícolas quisieran tener ante el estrés hídrico, se encuentran en amenaza en caso de intervención. Un nivel de adaptación a condiciones extremas que se consigue evolutivamente después de miles de años.
Defensa transversal
El humedal ha sido desde siempre un espacio de esparcimiento para la población: es un punto verde en una zona rodeada de áridos cerros. Justo en la desembocadura del río Lluta, las pequeñas lagunas que se forman en paralelo al mar han sido utilizadas por generaciones como piscinas naturales donde familias completas van de paseo para ver un atardecer, bañarse, hacer picnic, asados o pasear a sus mascotas. Considerarlo un espacio frágil que debe ser cuidado y protegido es una noción reciente, pero que aún no se puede considerar masiva. Solo un porcentaje menor de la ciudadanía entiende lo que significa para el medio ambiente su conservación.
Ronny Peredo, biólogo marino, ornitólogo, especialista en fauna silvestre y miembro de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, describe el humedal como un espacio excepcional, ya que “puedes encontrar fácilmente 40 especies de aves en un período de 2 horas. Aves que en el resto de Chile son difíciles de ver. Y puedes encontrar especies que para los chilenos son rarísimas y que no están en el resto del país, como las espátulas”. Los observadores coleccionan fotografías que atesoran por ser aciertos poco frecuentes. “La desembocadura del río Lluta tiene el más alto registro de especies raras en Chile por la condición de estar muy al límite de zonas más tropicales, porque mucha avifauna tropical del Amazonas llegan a este humedal”, resalta Peredo.
Rafael Vargas Maldonado es presidente de Terra Norte, una organización no gubernamental (ONG) que busca ejes de desarrollo para la ciudad. Entre ellos, está la cultura y la educación para incentivar buenas prácticas cívicas y respeto al medio ambiente. Cuando la ONG tuvo conocimiento de las condiciones y la falta de cuidado del humedal, que es administrado por el municipio de Arica, Vargas tomó la denuncia que apuntaba a la mala gestión y posible construcción en el lugar, y se la entregó a los dos biólogos que forman parte de la organización, que también incluye a otros 10 profesionales de distintas áreas.
Así comenzaron una investigación que evidenció había algo más profundo. “Empezamos a ver que estaba un poco enlodado el tema. Que había cosas que no querían mostrar aunque estábamos pidiendo por Ley de Transparencia (ley de acceso a la información) los estudios, pero no los entregaban”.
Allí confirmaron que fue el secretario regional ministerial (seremi) de Obras Públicas que, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, propuso la prolongación de la carretera, la ruta A210, que atraviesa el humedal para conectar con el aeropuerto. Vargas tuvo acceso al estudio de prefactibilidad que había sido encargado por el seremi y que tuvo un costo millonario para la región.
“Este estudio dice que el objetivo principal de la ruta es acortar los tiempos de traslado al aeropuerto. En un tiempo cuando el aeropuerto de Arica era internacional. Ya no lo es. El mismo estudio de prefactibilidad dice que no cumple con las condiciones”, dice Vargas. “Entonces cuando el mismo estudio te dice que no se van a acortar los tiempos de traslado, quiere decir que el proyecto es inviable, no sirve, tienes que buscar otras alternativas y ellos se cerraron en esas. Nosotros presentamos una opción distinta para que no se entienda que las organizaciones ambientalistas decimos que no al progreso”, enfatiza Vargas.
A pesar de los resultados arrojados por el estudio de factibilidad, este fue aprobado. Más tarde fue rechazado y ahora está siendo evaluado nuevamente. Desde que se ideó el proyecto que pretende ampliar la ruta al aeropuerto en 2012, los diversos concejos municipales han rechazado la propuesta, sobre todo por la respuesta ciudadana de las diversas organizaciones que defienden el humedal. En los últimos 6 años se han ideado numerosas estrategias para frenar su intervención, pero es primera vez que existe una coordinación liderada desde la Municipalidad, por lo que existe una gran expectativa de que en esta oportunidad sea rechazado y descartado definitivamente.
Decisión política
La ONG ariqueña insiste en que apoyan cualquier proyecto relacionado al progreso, siempre y cuando sea sustentable. Por eso buscaron apoyo en distintas instancias: parlamentarios, alcaldía, concejo municipal, gobierno y con otras organizaciones sociales.
Vlado Mirosevic, diputado por Arica, cree que el gobierno ha caído en una contradicción, pues por un lado quiere declarar la extensión del humedal y, por otra, quiere continuar con el proyecto de la carretera . «El Ministerio de Obras Públicas ha intentado hacer un proyecto que va afectar de manera directa al humedal. Ellos han intentado decir que esto no sería directamente una carretera del humedal. Pero al ser la continuidad, un poquito más allá del humedal, obviamente que tiene por objeto aumentar el flujo vehicular de ese sector. Por lo tanto, va haber una afectación directa sí o sí”, explica el parlamentario. Y añade: “será un impacto negativo sobre todo para las aves que anidan ahí y ya hemos perturbado bastante esa tranquilidad como para además seguir haciéndolo”.
“Creo que la discusión del plano regulador es clave y así se lo hemos pedido a la municipalidad, que mantenga la vocación de protección del lugar”, aclara Mirosevic. Y asegura que la actual administración comunal ha mostrado una gran voluntad, en comparación a gobiernos anteriores.
El biólogo marino Ronny Peredo concuerda con la visión de Mirosevic. “La administración (municipal) anterior tenía otra visión de lo que es la protección ambiental en Arica. Era más invasiva. La idea de ellos era llevar la ciudad hacia allá, hacia el lado norte, y ahí se encuentra la razón de por qué se quiere construir esa vía al aeropuerto”, señala Peredo.
El biólogo reconoce que “los movimientos sociales lograron que esto se convirtiera en una reserva natural municipal reconocida por la comunidad. Lo que tiene un gran valor”. A pesar de ello, “en los años que yo llevo un monitoreo sobre el humedal, que son ya 25 años, hemos visto un cambio respecto a la fauna bastante grande. Por ejemplo, antes encontrábamos (únicamente) roedores silvestres y ciertas aves silvestres, que en general no se encuentran en sectores urbanos. Hoy ya encontramos aves urbanas en el humedal. Ya encontramos roedores citadinos: ratas, ratones de alcantarilla y perros. Entonces ya vemos que se está urbanizando”, dice el ornitólogo.
Un humedal con guardaparques
Es una tarde despejada y cálida, aunque corre una pequeña brisa en el humedal de Arica, tan habitual en la costa. Dos guardaparques se pasean por el borde del mar, mientras algunos turistas se instalan en un mirador a fotografiar a una garza blanca. A unos metros, por el sendero, un observador de aves se acerca delicadamente para fotografiar la zona de nidificación. La presencia de estos gestores comunales no es azarosa. El ayuntamiento ha asumido un rol clave, alentados también por las ONG y ambientalistas, para aumentar la protección del lugar. Desde agosto estos funcionarios municipales utilizan las herramientas e instrumentos disponibles.
“Antes de tener guardaparques, nosotros desde la alcaldía creamos grupos de funcionarios municipales que hacíamos turnos. Empezamos desde el 31 de diciembre de 2017 y terminamos en marzo con turnos con todos los funcionarios. Se hablaba con los directores para saber si tenían personal que quisiera ir al humedal a hacer jornada de fiscalización. Hay una ordenanza que establece qué se puede hacer y que no, entonces la idea también era poder tener una presencia municipal en el lugar y poder acompañar una educación ambiental”, dice Danisa Palleros, encargada de la Oficina Comunal de Medio Ambiente de la Municipalidad de Arica.
