por Yasna Mussa | 12 de Nov de 2021 | Actualidad, Crisis climática
Se trata de un tema incómodo pero urgente y esencial durante la conferencia anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En medio de una crisis global en contexto de pandemia, Latinoamérica es una región doblemente desigual: es la que recibe menos financiamiento y estos recursos están mal distribuidos.
Caminar por los pasillos del Scottish Event Center (SEC) de Glasgow, donde se realiza la Conferencia de las Partes, es confirmar la tensión en cada esquina. Delegaciones, negociadores, expertas, científicos, políticos y periodistas saben que esta cumbre es particularmente especial: no solo se realiza después de dos años, sino que el contexto de la pandemia ha profundizado los daños y consecuencias en las regiones más afectadas por el calentamiento global.
En este cuerpo llamado COP26, el financiamiento es la columna vertebral que sostiene todo lo demás. La estructura y la base. O al menos, así lo explica Sandra Guzmán, mexicana, gerente de Financiamiento Climático en la Iniciativa de Política Climática (CPI, por sus siglas en inglés) y fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Guzmán sabe decir en fácil lo que resulta complejo en cifras y conceptos.
Es una tarde de otoño escocés y en medio de su almuerzo en la barra de un restaurante del SEC, Guzmán hace hincapié en los tiempos que vivimos, en que los países pobres y endeudados han profundizado su vulnerabilidad después de dos años viviendo los estragos provocados por la Covid-19. El problema se agrava al constatar que muy pocos países saben cuánto les cuesta la acción climática.”Y eso va a ser crítico, porque si tú vas a tener una discusión internacional para acceder a más recursos, pero no sabes cuánto te cuesta, va a ser muy difícil lograr cerrar esa brecha en esta conversación que se está dando en esta COP26”, dice Guzmán.
El cambio climático nos recuerda afirmaciones obvias: serán los países más pobres los que sufran de manera más profunda las consecuencias provocadas por los países contaminantes que suelen ser los países más ricos.
Sandra Guzmán explica que cada COP es parte de un proceso. Cada una tiene el mandato de avanzar en ciertos procesos, pero es ingenuo pensar que una reunión se vaya a resolver todo. Este 2021 hay dos temas centrales que se arrastran de la última COP25, cuya presidencia estuvo a cargo de Chile, pero cuya sede terminó trasladándose a Madrid luego de la revuelta social.
Uno de esos temas centrales es el Artículo 6 del Acuerdo de París, que está relacionado con mercados de carbono y que de alguna manera está ligado a la estructura de financiamiento. Y el otro tema, el gran elefante blanco en el cuarto, dice Guzmán, es el tema de las pérdidas y daños.
“Quién va a pagar por las pérdidas que ya trajo el cambio climático. Y se habla mucho de crear un mecanismo financiero para atender esto. Hay muchísima resistencia de los países desarrollados de crear un nuevo fondo o un nuevo mecanismo, ‘ya está el fondo adaptación por qué crear más’. Yo creo que en esta COP se va a avanzar en algunas cosas relacionadas con esos temas pendientes. Pero esta COP debe ser exitosa, tiene que salir con un paquete completo, es decir, no podemos avanzar en unas cosas y no avanzar en las otras”, dice Sandra Guzmán.
Ese paquete completo de Glasgow del que habla Sandra Guzmán incluye pérdidas y daños, mercados de carbono, financiamiento —tanto de largo plazo como la revisión de mecanismos financieros— balance y transparencia. Pero además, incorpora otros temas transversales que no suelen ser visibles como género, comunidades indígenas o ambición climática.
Pasillos de la COP26, Glasgow, Escocia. Noviembre de 2021. Foto: Yasna Mussa
Financiamiento desigual
Si hay un continente que sabe de inequidad es América Latina. Según la CEPAL es la región más desigual del mundo y esta característica se extiende también en materia climática. Por esta razón, Sandra Guzmán recalca que “el llamado es que América Latina pueda participar en estos análisis a nivel nacional para traer estos números a la discusión y que esa nueva meta sea una nueva meta basada en necesidades, no solo en un número político”.
La fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe asegura que “si no hay certeza de que los países desarrollados van a cumplir con sus compromisos de financiamiento, todo lo demás va a sufrir una consecuencia de eso”. Pero los montos son relativos y la certeza de que se cumpla con lo prometido se basa en la buena fe y grandes titulares carentes de acciones concretas. Eso, al menos, fue lo que pasó con los 100 mil millones de dólares que se habían prometido en 2009 en Copenhague, cuando los países ricos se comprometieron a dar esa cantidad en ayuda a los países en desarrollo cada año a partir 2020 para la lucha contra el cambio climático. “Algunos hablan de que tendríamos que estar hablando de 300 mil millones. Otros hablan de 500 mil. Otros hablan de los trillones. Pero lo cierto es que no hay todavía un número que haya venido ciento por ciento de los países en desarrollo”, dice Guzmán.
“Pienso que es muy importante escuchar al grupo de países vulnerables, que es el Climate Vulnerable Forum, porque lo que ellos están trayendo a la mesa es una conversación muy terrenal. Decir esto ya está, ya nos está costando, ya tenemos un impacto importantísimo y ya no podemos hablar de la planeación a 50 años. Lo que tenemos que hablar es en el cortísimo plazo y eso tiene mucho que ver con mantener el 1.5º C vivo, que es una de las demandas de esta COP”, dice Guzmán.
América Latina no es la principal receptora de financiamiento internacional, sino que se encuentra en el tercer lugar solo después de África y Asia del Pacífico. Guzmán confirma la doble desigualdad: efectivamente, dentro de la región la distribución de financiamiento es muy desigual.
Este financiamiento internacional dedicado al cambio climático se concentra en cinco países, que además son los más grandes, como México, Brasil, Costa Rica, Colombia y Ecuador, en algunos aspectos. Pero excluye a países vulnerables que están en Centroamérica o el Caribe.
La también gerente del CPI se pregunta por qué reciben quienes reciben. “Por supuesto que si tienes un país con una economía emergente, tienes la capacidad institucional de aplicar a estos proyectos. Puedes tener más posibilidades de éxito, lo cual hace muy injusto el acceso a los países que tienen menos posibilidades institucionales porque, digamos, acceder a un fondo de esta naturaleza te puede llevar hasta dos años.Entonces, si hay una desigualdad, una doble desigualdad, que es muy importante que este proceso reconozca y que este proceso ataque. Hemos insistido mucho en que los mecanismos financieros tienen que generar ventanas de emergencia. Para procesos que implican un movimiento rápido y que no tienes dos años para poder atender la crisis, que es inmediata. Entonces creo que el debate está en en cómo reflejas, cómo traes eso a la conversación formal para evidenciar que estamos en desventaja”.
En este punto la confianza es un asunto clave. Tanto para avanzar como para llegar a acuerdos que permitan salir de los nudos que han ido atascando asuntos cruciales como el financiamiento. La presidencia de Reino Unidos cumple un rol clave para presionar y empujar el carro hacia un nuevo texto.
Estados Unidos ha insistido en la importancia de que los donantes individuales dupliquen sus compromisos y, por su parte, los observadores creen que les corresponde que sean los ministros de la Unión Europea quienes pongan sobre la mesa el tema de financiación. Mientras tanto, los países en desarrollo siguen esperando y constatando en sus territorios las consecuencias del cambio climático.
por Francisco Parra Galaz | 6 de Sep de 2021 | Actualidad, Análisis
El contexto político -con nueva Constitución en camino- y climático marcan el debate electoral en Chile. En noviembre se elige al sucesor de Sebastián Piñera.
El pasado 9 de agosto, el IPCC liberó su informe respecto a cómo, producto del cambio climático, la temperatura media del planeta continuará en aumento y los fenómenos meteorológicos extremos en América Latina se acelerarán cada vez más. Un día después, en Chile, la Comisión Ambiental de Coquimbo aprobó el polémico proyecto minero Dominga, que pretende construir una mina a tajo abierto para la extracción de hierro y cobre y un megapuerto a menos de 30 kilómetros del Archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas más ricos y biodiversos del mundo.
La decisión tomada por 11 funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera causó rechazo inmediato en la ciudadanía. Desde hace años que la iniciativa es resistida por comunidades locales y científicos. Pero el “no” a Dominga tuvo un aliado inesperado: Sebastián Sichel, el candidato presidencial con el que la derecha chilena pretende continuar en el poder los próximos cuatro años.
Sichel, independiente de pasado en la centro izquierda, triunfador en la primaria del sector, no solo dijo que Dominga “no es viable”, sino que quiso marcar una clara diferencia con su antecesor: Si es presidente, sí ratificaría el Acuerdo de Escazú.
Después de años de rechazo -por parte de Piñera- a Escazú hay luz al final del túnel: Las principales cartas para asumir la presidencia chilena en marzo de 2022 se comprometen a su retificación.
El contexto mundial y local, con una profunda sequía que impacta cada vez más, han posicionado al tema ambiental en la agenda política chilena. Diálogo Chino analizó los principales compromisos de los candidatos presidenciales en la materia, del cual se desprenden promesas transversales como adelantar el cierre de termoeléctricas a carbón y ponerle fin a las llamadas “zonas de sacrificio”. Todos hablan de biodiversidad, cambio climático, derecho humano al agua y de fortalecer la institucionalidad ambiental.
Serán siete candidatos que se enfrentarán en la papeleta el próximo 21 de noviembre. Son tres los favoritos: Sichel, de la derecha; la senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana – centro izquierda), única mujer en la elección y el joven diputado Gabriel Boric, del bloque de izquierda Apruebo Dignidad.
Los comicios de noviembre estarán marcados por un proceso inédito e histórico: La Convención Constitucional -órgano que le dio un cauce institucional a las masivas movilizaciones sociales de 2019– ya inició su trabajo de redactar la nueva Constitución en plazo de un año. De los 155 constituyentes, un grupo no menor proviene de movimientos socio-ambientales y la instancia ya está trabajando en incorporar, por ejemplo, los derechos de la naturaleza a la Carta Magna.
Candidatos “verdes”
Post informe del IPCC y decisión sobre Dominga, Gabriel Boric también quiso dar una señal de campaña en clave ambiental. Estuvo en Punta de Choros -cerca de donde estaría la minera-, reunido con pescadores artesanales que se oponen al proyecto y en Puchuncaví, donde firmó un compromiso de reparación ambiental y transición justa para una localidad plegada de industrias, conocida popularmente como una “zona de sacrificio”.
Para Javiera Lecourt, coordinadora de los equipos de energía y minería de la campaña de Boric, el programa de Apruebo Dignidad se articuló sobre tres ejes transversales: feminismo, descentralización y transformación socio-ecológica. “Entendemos que la crisis climática es multisistémica y multidimensional, no se puede abordar solo desde lo ambiental”.
El actual diputado es oriundo de Magallanes, la patagonia chilena y reconoce la existencia de una crisis climática y ecológica. Se compromete a adelantar el cierre de termoeléctricas a carbón de 2040 a 2025 vía ley; a la protección de corredores biológicos de flora y fauna; impulsar empleos verdes; infraestructura de adaptación y resiliencia a la crisis climática; reubicación de comunidades de riesgo; y a una nueva gestión de las aguas con enfoque de cuenca y ecosistémico que apunte a la adaptación al cambio climático.
Boric (35 años) representa a una camada de jóvenes dirigentes estudiantiles que dieron el salto al Parlamento. Fundador de la agrupación de izquierda Frente Amplio, se unió al centenar Partido Comunista para formar Apruebo Dignidad, un pacto que pese a que nunca ha gobernado, parte la carrera presidencial como el principal favorito: Fueron la primaria más votada (con más de un millón de votos para él), su bloque fue el de los que más constituyentes eligió.
Pero el candidato de la izquierda no es el único que plantea medidas de reparación para las zonas de sacrificio. El mismo compromiso se repite en la mayoría de los programas.
Para Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, uno de los puntos bajos de la campaña es que “se hacen declaraciones sin especificidad de cómo se logra. A las soluciones les falta un correlato”.
Mena se sumó al equipo de Yasna Provoste como coordinador programático. La senadora (51 años) fue la última en sumarse a la carrera, después de una primaria realizada el último fin de semana antes de la inscripción entre los partidos de la centro izquierda que gobernaron entre 1990 y 2010. El sector viene a la baja en los últimos años y fueron el principal foco de crítica del estallido social (“no son 30 pesos, son 30 años” fue la frase más repetida entonces). Las últimas elecciones a constituyentes fueron una debacle para el sector: El partido de la candidata (Democracia Cristiana) solo eligió a una persona.
“Las zonas de sacrificio se dan porque en la lógica neoliberal, es lógico que pocos tengan un impacto para el beneficio mayor, pero eso ignora los valores de equidad territorial y justicia ambiental. Por eso el modelo que planteamos, para superar el neoliberal, es que los territorios ignorados en las decisiones tengan más atribuciones, acceso a la participación, que las decisiones territoriales se queden en los territorios. Hablamos de un fondo de recuperación ambiental, que contemple remediación y empleo de reemplazo para actividades que terminan”, asegura Mena.
Entre otras propuestas, Provoste plantea adelantar la descarbonización a 2030 y la carbono neutralidad a 2040 a través de medidas como impuesto al carbono y un compromiso de 100% energías renovables a 2035. También enfatiza en empleos verdes, inversión en obras de resiliencia climática, transporte público eléctrico y que obras de infraestructura pública y privada cumplan con criterios de resiliencia para enfrentar la crisis climática.
En la derecha, Sebastián Sichel (44 años) fue quien llevó el programa más “verde” a las primarias de julio. Fue el único de los cuatro candidatos que hablaba de fin a las zonas de sacrificio. En agua, el candidato independiente quiere crear una Subsecretaría del Agua y habla de “definir la cuenca hidrográfica como unidad básica e indivisible de gestión y administración de recursos hídricos (…) debe comprender desde el nacimiento de los cauces hasta su confluencia en el mar”.
Para la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, “hay un énfasis que antes no se daba”. “La Convención Constitucional recogió un sentir popular de mayor protección al medio ambiente y la naturaleza. A los candidatos que lo plantearon les fue bien y eso se refleja también en los programas presidenciales, todos tratan de mostrarse muy ambientalistas. Hoy nadie diría que la protección al ambiente es un obstáculo para la inversión, todos se tratan de vestir de verde”, agrega.
Para la politóloga Pamela Poo, quien realizó un análisis detallado de las propuestas ambientales de los candidatos a las primarias, “los programas presidenciales están pensados en una lógica muy de siglo XX todavía, abordando el tema ambiental como un capítulo más, cuando debieras tomar la crisis climática y ecológica como el escenario en el que vivimos, sobre eso colocar las políticas públicas necesarias para enfrentarlo. Porque en el fondo no va a ser solo conservación de ecosistemas o un tema de bajar emisiones, vas a tener migración climática, temas de salud, riesgos y desastres, no se está pensando en esa clave”.
Si bien destaca el avance que hay en las propuestas, uno de los problemas es que “se habla de minería verde sin problematizar usos de agua, de energía, no se piensan las interconexiones”. Ahí es donde también hay propuestas transversales: Boric, Sichel y Provoste plantean minería “verde” o “sustentable”, desarrollo de litio (Boric y Provoste a través de una empresa nacional) y el desarrollo del hidrógeno verde.
“Todos los programas tienen demasiada poesía demás”, dice Poo, para quien, tanto la izquierda como la derecha, siguen ancladas “con las recetas de las ideologías clásicas. Eso no sirve, porque el problema tiene que ver con sacar el antropocentrismo de nuestra relación con la naturaleza”.
El Servicio Electoral chileno rechazó la candidatura del dirigente mapuche Diego Ancalao, por la Lista del Pueblo, por presentar más de 20 mil firmas acreditadas por un notario ya fallecido. El grupo es de tendencia de izquierda anti partidos y se han negado a apoyar al Frente Amplio. Fueron la gran sorpresa en las últimas elecciones constituyentes, con 26 convencionales y prácticamente nula visibilidad mediática previa. Se posicionaron como un nuevo actor en la política chilena, pero las polémicas internas los debilitaron.
Desde la extrema derecha asoma José Antonio Kast, ex diputado, quien en las elecciones de 2017 alcanzó un 7%. Es quien aparece en las antípodas del resto en materia ambiental, sin muchas propuestas concretas y resaltando ideas ampliamente rechazadas por la ciudadanía y la comunidad científica, como una carretera hídrica que lleve agua del sur al norte para enfrentar la sequía.
La papeleta también estará compuesta por otros tres “reincidentes”: Marco Enriquez-Ominami en su cuarto intento por ser presidente; y Franco Parisi y Eduardo Artés en su segunda aventura a La Moneda.
La constituyente y el extractivismo
La Convención Constitucional funcionará en paralelo a la campaña, elección, segunda vuelta (el 19 de diciembre) y asunción del nuevo presidente o presidenta el 11 de marzo de 2022.
Quien gane la elección tendrá el deber de implementar la nueva Carta Magna redactada por convencionales que desdibujaron todo el tablero político. En su discurso inaugural, la presidenta Elisa Loncón afirmó que “esta Convención transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación”.
Ahora la Convención está trabajando en comisiones que acuerden las bases de funcionamiento de la discusión constitucional de fondo. Esas bases incluyen, por ejemplo, una comisión de Derechos Humanos que está caracterizando los derechos de la naturaleza, otra de participación popular y otra de descentralización, liderada por la científica Cristina Dorador.
“Quien sea el nuevo presidente, lo va a ser en este contexto de mayores exigencias a actividades mineras, agrícolas y extractivas. Son cosas que requieren políticas profundas, que no se logran en cuatro años de gobierno, por eso es importante la Constituyente. Chile se reconoce como un país minero, no es algo que cambiará en cuatro años, pero sí es una discusión que la Convención puede orientar para las próximas décadas. Es un desafío muy grande, entretenido y muy difícil”, opina Valentina Durán, para quien lo más importante es que el nuevo presidente se comprometa a respetar el proceso constituyente.
Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino el 03 de septiembre de 2021.
por Marina Aizen | 2 de Jul de 2021 | Análisis, Bosques, Crisis climática
Las campañas internacionales contra la deforestación se han centrado históricamente en los bosques húmedos. Biomas como los de la Amazonía o Indonesia, donde se producen grandes cantidades de commodities para la cadena agroindustrial global, han recibido así un foco constante de atención. Pero, esta narrativa dejó de lado lo que viene ocurriendo desde hace más de tres décadas en los bosques secos.
Por la transformación profunda que experimentaron gracias al paquete tecnológico de la soja genéticamente modificada y la expansión de la ganadería, el Gran Chaco Americano y el Cerrado brasileño, entre otros ecosistemas vitales, han sido diezmados, generando emisiones de carbono (causantes del cambio climático) comparables a las de los sistemas tropicales.
Esto también impactó, claro está, en la composición física de la atmósfera y en el aumento de la temperatura planetaria, más allá de que se le haya prestado o no la suficiente atención.
El Gran Chaco, subestimado
El caso del Gran Chaco, que comparten la Argentina (60%), Paraguay (23%), Bolivia (13%) y Brasil (4%), es emblemático. No sólo se han subestimado las emisiones históricas, también se ha errado en la valoración de cuánto carbono queda almacenado en la biomasa que sigue en pie. Esto, por supuesto, vuelve todavía más relevante las necesidades de conservación de un sistema que tiene apenas una área ínfima de protección en El Impenetrable argentino, donde se logró la creación del Parque Nacional del mismo nombre en parte de lo que era la estancia La Fidelidad.
El resto de El Impenetrable, una región tan maravillosa como misteriosa, de enorme biodiversidad, es la nueva frontera caliente de la deforestación en la Argentina. Y tiene a todas las organizaciones de la sociedad civil en la provincia del Chaco en pie de guerra contra su gobernador, Jorge Capitanich.
Según estudios realizados por investigadores argentinos y alemanes usando una combinación de mediciones en el terreno y de monitoreo satelital, el carbono almacenado en la ecorregión es 19 veces superior al que se pensaba, un valor que no deja de sorprender a los propios científicos.
“Sólo para el Gran Chaco seco, hay unas 4.65Gt de carbono almacenados en la vegetación. Esto es una cantidad de carbono muy considerable. Es lógico pensar que no todo va a ser emitido. Pero demostramos, en término de las cantidades de emisiones que están yendo a la atmósfera, que las del Gran Chaco son comparables a las de lugares como la Amazonía o Indonesia. Y esos son los sitios que se relacionan con las grandes discusiones sobre el cambio climático”, indica Tobias Kuemmerle, del programa de Uso de la Tierra del departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt en Berlín (Alemania).
El Gran Chaco es el sistema boscoso continuo más grande y biodiverso de América del Sur detrás de la Amazonía. Su destrucción ha sido particularmente brutal en la Argentina, donde ha perdido más de 8 millones de hectáreas en las últimas tres décadas, y en el Paraguay, donde se han desmontado grandes áreas para la ganadería. Bolivia, por su parte, cuenta con más áreas protegidas, aunque los dramáticos incendios forestales de los últimos años demuestran su fragilidad.
Parque Nacional El Impenetrable. Crédito: Rewilding Argentina / Florian Von Der Fecht
¿Integración o desintegración?
En total, desde 1985, se han deforestado 14 millones de hectáreas del Gran Chaco. ¿Con qué objetivo? La integración de estos países al ciclo de commodities global, ya sea para granos enteros o procesados en forma de harina o aceite, carne o cuero. Todo tiene una demanda que parece no tener techo en mercados que están en Europa, China, India y otros países asiáticos.
El desmonte del Gran Chaco —y, por caso, el del Cerrado— no se hizo para posibilitar una agricultura o ganadería de subsistencia, como había ocurrido históricamente. Por el contrario, este obedeció a la entrada del capital organizado, a partir de que se resolvieron problemas tecnológicos para realizar la producción agropecuaria en bosques más abiertos, secos y estacionales.
“Los actores que intervienen en la mayoría de las veces son empresas con capacidad de inversión que, cuando deforestan, hacen un evento de limpieza total y pasan, en dos o tres años, por todo un camino de la ganadería a la agricultura y, a veces, a la agricultura directo”, afirma Ignacio Gasparri, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) de la Universidad Nacional de Tucumán.
“En muchos lugares del Chaco argentino, hay un sistema de arrendamientos de tierras. No es la gente que es dueña de la tierra la que controla los campos, sino alguien que la alquila. No hay ninguna motivación para hacer las cosas bien. Estoy aquí por 10 años, le arranco cada gota a este campo y después me voy a otro lugar. Todo esto contribuye a una dinámica tremenda”, añade Kuemmerle. Y completa: “Una de las tragedias del Chaco es que, probablemente, la agricultura no tenga un buen futuro, sino que sólo se pueda hacer por una cantidad determinada de tiempo y luego todo quede destruido”.
Esta lógica de uso de capital intensivo se tradujo en un avance muy rápido y sostenido de la frontera agrícola. Así, en muy poco tiempo, se produjo una enorme cantidad de emisiones desde lugares que, se suponían, no tenían que liberar tanto carbono hacia la atmósfera.
Igual que en Borneo
Por muchos años, la comunidad científica internacional ni siquiera había reparado en lo que estaba sucediendo en esta zona del mundo, por considerarlo un sitio vacío, degradado y de difícil acceso. Tampoco había dinero para la investigación. Para tratar de llamar la atención, los investigadores empezaron a usar el término “extratropicales” para referirse a los bosques secos, como para alertar que algo aquí estaba pasando también. Y que era importante.
No obstante, un paper publicado en 2016 entre varios investigadores argentinos y alemanes, encabezados por Matthias Baumann, también de la Universidad Humboldt de Berlín, vino a llenar un vacío que existía en la literatura científica.
“El carbono que se ha liberado por la agricultura en los últimos 30 años tiene la misma magnitud que Kalimantan en el Sudeste asiático, que es un área (en la Isla de Borneo) muy afectada por la deforestación para la producción de la palma aceitera. Todo el mundo habla de Indonesia, pero nadie habla del Chaco. Y nuestra investigación revela que la magnitud de las emisiones son las mismas”, señala Baumann, quien también es autor principal del paper, aún bajo revisión de pares, que establece que hay 19 veces más carbono de lo que se calculaba en los stocks vegetales del Gran Chaco.
“Las emisiones son tan fuertes porque el cambio del uso de la tierra ha sido tan drástico y extendido. Hay más carbono en el Chaco de lo que previamente se asumió. Eso significa que, si la expansión de la frontera agrícola continúa, el daño en término de emisiones de carbono se espera que sea más grande de lo que pensaba”, agrega.
A su vez, Gasparri, investigador que hace las mediciones en el terreno, indica: “En términos de la superficie que tiene esta región, comparada con la Amazonía, se está emitiendo mucho, a pesar de que tiene menos de la mitad de la biomasa que tiene un bosque amazónico por hectárea. Sin embargo, las emisiones son equivalentes en órdenes de magnitud”.
Más desmonte, más desigualdad
La deforestación en la porción argentina del Gran Chaco se ha desacelerado en la última década, aunque los científicos aún no logran entender qué es lo que sucedió realmente.
La sanción de la Ley de Bosques, en 2007, coincidió con una baja en el precio de los commodities. Muchas de las áreas que quedan para limpiar de árboles y animales están lejos de la infraestructura de transporte, por lo que el costo del traslado de la producción a los centros de acopio no alcanza para garantizar una renta ventajosa. Hay lotes que se desmontan por especulación inmobiliaria y nunca llegan a tener un uso productivo. Así y todo, el ritmo de desmonte en la ecorregión se mantiene en torno a las 100.000 hectáreas anuales, que —si bien es un cuarto del pico histórico— sigue siendo muy alta.
Ahora bien, el desmonte no sólo avanza sobre la vegetación y la biodiversidad, poniéndola en alarmante peligro. También lo hace sobre comunidades nativas y criollas, muchas veces vulnerando sus derechos humanos. El reparto de la “riqueza” generada por la deforestación ha sido totalmente desigual, generando desplazamiento de comunidades que han vivido históricamente en el monte. Las provincias del Norte argentino siguen estando entre las más pobres del país.
Lejos de París
El tipo y la dinámica del corrimiento de la frontera agrícola influye fuertemente en la cantidad de emisiones: la producción de carbono es superior cuando se trata de agricultura que de ganadería.
Esto ocurre por una razón sencilla. Cuando se hace agricultura en un campo desmontado, se eliminan hasta las raíces, se quema todo, liberando en el acto el carbono acumulado por siglos y siglos. En cambio, cuando se hace ganadería, se cubren los suelos con gramíneas, como el gatton panic, una especie subtropical originada en Zimbabwe, que captura más carbono que la soja.
La discusión sobre las emisiones del Chaco debería ser relevante en un mundo que quiere limitar la suba de la temperatura media global a 1,5°C respecto de la era preindustrial, que es la meta más ambiciosa del Acuerdo climático de París. “Hay más gente en los mercados donde se consumen los productos de la Argentina que empiezan a estar interesados en este tema”, advierte Baumann.
De acuerdo a Transparency for Sustainable Economies (Trase), una plataforma online que permite visibilizar el comercio de commodities con el objetivo de transparentar las cadenas de suministro, la Unión Europea y el Reino Unido figuran entre los mercados más expuestos a la deforestación del Gran Chaco, a través de la compra de harina de soja que se despacha por los puertos de Santa Fe, hidrovía mediante.
Mientras se empantana el debate del acuerdo Unión Europea-Mercosur, por el rampante desmonte de la Amazonía, los estudios de las emisiones del Gran Chaco deberían también resaltar el papel de la destrucción ecológica de la región.
Diligencia debida
Tanto la Unión Europea como el Reino Unido están discutiendo leyes llamadas de “debida diligencia”, para limpiar las cadenas agroindustriales de deforestación, de la misma forma en que se le exige a los grandes fabricantes de productos electrónicos, como Apple o Samsung, que no se abastezca de componentes en zonas donde se violan los derechos humanos.
La soja procesada que compran a la Argentina es utilizada para engordar todo tipo de animales de cría industrial, como cerdos, vacas, pollos o salmones, entre otros. Así, se está reemplazando la rica biodiversidad del Chaco, única en muchos sentidos por sus especies animales y vegetales (en algunos casos, endémicas), por un puñado de proteínas que llega mágicamente trozada y empaquetada a las góndolas de los supermercados. El mismo sayo le cabe a los productos lácteos, en todas sus variedades, hasta las que se venden como las más sanas.
“Lo que le damos de comer a los cerdos y a los pollos, así como la carne que importamos, pueden conectarse a la deforestación. Cuando se toma a la Unión Europea como un todo, es muy grande la deforestación indirecta que estamos probando en América del Sur”, dice Kuemmerle.
Responsabilidades colectivas
Sin embargo, como los mercados de commodities son globales, y funcionan como una gran olla a donde todo va a parar al mismo guiso, no se pueden descartar las dinámicas que suceden fuera de Europa y que influyen en todas partes. En este sentido, Gasparri explica que la gran presión sobre bosques como los de la Argentina coincide con el momento en que se empiezan a criar animales encerrados en establos de escala industrial en China, donde había una población con carencias alimenticias y muy bajo consumo de proteínas.
“Todo el proceso de urbanización que se da allí con la incorporación de una dieta con más proteínas se hace, en gran medida, con animales que se crían en forma confinada: gallinas y chanchos. Cuando el país se abre al mercado internacional, aparece un jugador muy importante que se suma a la demanda de un producto que ya era alto”, explica.
“Los países que son productores están respondiendo a una demanda global. Incluso a lógicas que pueden ser erradas, que es la de ‘si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer’. Y esa situación nos ha llevado a un punto difícil de manejar. Las políticas de cambio climático tienen un gran desafío”, añade. “Hay que analizar las cadenas de valor completas, las responsabilidades colectivas. No es un problema estricto de la producción, sino de las cadenas de valor.”
Diversas organizaciones están poniendo presión sobre las cadenas de comida rápida y los supermercados en Europa por su exposición a la deforestación, no sólo ya en las grandes compañías comercializadoras o los frigoríficos brasileños. Estas campañas ensucian su imagen corporativa, apelando a una nueva clase de consumidores jóvenes.
“Las principales marcas alimentarias del mundo —incluidas las cadenas de restaurantes como McDonald’s, y los supermercados Tesco y Carrefour— no han conseguido eliminar la deforestación de su cadena de suministro de carne de vacuno a nivel mundial, a pesar de haberse comprometido a hacerlo para 2020”, dice un informe reciente de la organización Mighty Earth.
Y completa: “El ganado es el motor más importante de la conversión de los ecosistemas nativos ligados a la agricultura, siendo los pastos responsables del 63% de la pérdida de la cubierta arbórea mundial ligada a la agricultura industrial entre 2001 y 2015. Aunque gran parte de la atención de los medios de comunicación se centra en la Amazonía brasileña, el desbroce de tierras impulsado por el ganado también amenaza otros biomas críticos como el Cerrado y el Pantanal en Brasil, la región del Gran Chaco en Paraguay y la Argentina, y una variedad de ecosistemas nativos en toda Australia”.
El árbol, el bosque
El Gran Chaco tiene una variedad de árboles de madera dura. Entre ellos, el Quebracho, cuya explotación y saqueo a escala industrial constituyó buena parte de la historia más oscura de la Argentina y de su gente más vulnerable. Además de tener mucho tanino y un tronco de hermoso color colorado, guarda en su interior una gran capacidad para retener carbono. Este tipo de árboles, que incluyen también al Quebracho Blanco y al Palo Santo, no se encuentran en ninguna otra ecorregión. Los ecólogos no saben por qué: es un misterio de la naturaleza.
Se trata de especies de crecimiento lento, sometidas a un calor enorme. Tienen la capacidad de estar varios siglos en pie, proveyendo servicios ambientales por generaciones. Una topadora, sin embargo, puede derribarlos en cuestión de minutos.
El Quebracho proveyó un insumo esencial para la industria textil que generó la Revolución Industrial. Ahora, más que el tanino y su madera —que también fue súper explotada para fabricar durmientes en la expansión del ferrocarril, así como postes y alambrados—, la mejor ayuda que puede prestarle a la sociedad es secuestrando el exceso de carbono de la atmósfera que empujó, paradójicamente, la misma Revolución Industrial que casi lo destruye. Y, también, dar sombra y enaltecer espiritualmente el paisaje.
“Es difícil competir con la Amazonía, que es un ecosistema tan importante, con muchas especies únicas y con gran importancia en el reciclaje de la humedad. Pero, sistemas como el Cerrado o el Chaco son retratados equívocamente con tierras vacías degradadas, tierras que no tienen mucha biodiversidad. No tendrán la biodiversidad de la Amazonía, pero tienen mucha biodiversidad. El Chaco tiene una gran variedad de aves. En Europa, tendrías que juntar muchos ecosistemas para tener la misma cantidad de especies”, reflexiona Kuemmerle.
“El Gran Chaco sufre a la sombra de la Amazonía, se lo representa equivocadamente y no hay mucha investigación sobre estos lugares, que son muy remotos”, advierte. Lo que hace al Chaco especial es que es “el más grande bosque seco subtropical con árboles, arbustos y de vegetación leñosa, y lo más importante: tiene más de un millón de kilómetros cuadrados”.
por Francisco Parra Galaz | 15 de Ene de 2021 | Actualidad, Análisis
Desde las discusiones por la gestión del agua en medio de una mega sequía hasta un completo reordenamiento territorial del país. Chile tendrá una nueva Constitución y desde ya se piensan estrategias para que sea “ecológica”.
Freirina es una localidad de tan solo 7 mil habitantes ubicada en el llamado “norte chico” de Chile, ahí donde comienza -o termina, dependiendo desde dónde se mire-, el imponente desierto de Atacama. En 2012, una “catástrofe sanitaria” ocasionada por el abandono de 450 mil cerdos provocó uno de los más recordados conflictos ambientales en el país, que derivó en la primera norma de contaminación por olores.
Desde el pasado domingo 25 de octubre, la comuna se anotó otro hito: Con el 91,3% de votos por el “Apruebo”, los habitantes de Freirina estuvieron a la vanguardia del histórico plebiscito en que Chile decidió enterrar, para siempre, la Constitución que el dictador Augusto Pinochet instaló hace ya lejanas cuatro décadas.
Si bien el “Apruebo” arrasó con un 78% de las preferencias a nivel nacional, llamó la atención los resultados en las “zonas de sacrificio”, el nombre con que en Chile se le llama a las localidades como Freirina, marcadas por conflictos socioambientales. Nueve de las diez comunas donde la opción por el cambio constitucional superó el 89% de las preferencias tienen conflictos vigentes: Desde las termoeléctricas a carbón en Tocopilla, Huasco y Mejillones, los problemas de agua por actividad minera en María Elena y Diego de Almagro, a la “mega sequía” que enfrenta en Petorca a comunidades locales contra la agroindustria de la palta.
El contraste está en el “Rechazo”, que ganó solo en cinco comunas y arrasó en el sector oriente de Santiago, que concentra a los más altos ingresos del país. Según el World Inequality Database, Chile es uno de los países más desiguales del mundo, donde el 10% de mayores ingresos concentra el 60% del total de ingresos del país.
Hace un año, en octubre de 2019, un grupo de estudiantes secundarios inició una protesta contra el alza de precios de pasajes del metro, que escaló al llamado “estallido social” bajo consignas como “no son 30 pesos, son 30 años” y “hasta que la dignidad se haga costumbre”. El presidente Sebastián Piñera, un empresario de centroderecha que gobierna por segunda vez, decidió suspender la realización de las cumbres de la APEC y COP25 que estaban programadas en Santiago, ante la incapacidad de asegurar el orden social en las calles.
El plebiscito constituyente fue la salida institucional que los partidos políticos idearon para sortear la crisis que los golpeó en la cara. En abril del próximo año, 155 “constituyentes” serán electos de forma paritaria (50% hombres y 50% mujeres) y tendrán un año para redactar la nueva carta magna, que deberá ser ratificada en un “plebiscito de salida” por la población en 2022.
“Este proceso abre una puerta inédita que pasa cada 40-50 años. Se trata de reestructurar y volver a preguntarnos cuál es el contrato social entre nosotros los seres humanos y cómo imaginamos y cuál es la visión que entablamos con nuestro territorio. Los principios y derechos consagrados en la Constitución serán claves para las próximas décadas”, dice Violeta Rabi, socióloga de la Universidad de Chile con un máster en Medioambiente de la Universidad de Melbourne.
Rabi coincide con otros expertos consultados por Diálogo Chino: El proceso constituyente es una oportunidad histórica en contexto de la crisis climática -y en medio de una pandemia- para repensar las relaciones con la naturaleza.
UNA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA
“Eso podría traer problemas en tiempos de sequía”. La frase la dijo el propio general Augusto Pinochet, cuando el grupo de hombres al que encargó la redacción de la entonces nueva Constitución, le presentó sus propuestas en materia de agua. El diálogo está registrado en el libro “El Negocio del Agua”, de las periodistas Tania Tamayo y Alejandra Carmona, donde se da cuenta de cómo se tuvo que convencer al propio dictador de un régimen que garantiza, a nivel constitucional, el derecho privado sobre las aguas, con el fin de incentivar las inversiones en el país.
El agua cruza casi todos los conflictos socioambientales que tiene un país tan extenso como Chile. Desde los glaciares en la cordillera amenazados por la actividad minera, los paltos en la zona central, los monocultivos de pinos y eucaliptus en territorio mapuche, hasta los ríos que nutren hidroeléctricas.
Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, y miembro de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), dice que la Constitución chilena es una rareza en el mundo por darle la máxima protección legal al derecho de transar el agua. Su opción es que la nueva carta magna consagre el derecho humano al agua y la reconozca como un bien común, pero que el cómo debería gestionarse sea una discusión posterior. “La Constitución no resuelve todo y está bien que así sea, con principios generales que después se vayan trabajando en leyes. Por ejemplo, si se reconocen los bienes comunes en la Constitución, entonces la ley de pesca, el código de agua, la ley de bosques tendrán que recoger esa idea y ser reformadas y eso se demora. De todas maneras va a haber un trabajo de reformas a las distintas normativas para que queden adecuadas a las ideas ecológicas de la Constitución”, afirma.
Una pareja celebra el resultado en Santiago, la capital de Chile (imagen: Antonia Colodro)
Para Costa, que viene trabajando desde la SCAC en las ideas de la Constitución ecológica, es importante entender que toda Constitución tiene cruces entre derechos y principios y, lo que hace la de 1980, es resolverlos a favor de los privados. “En una nueva Constitución, cuando haya una disputa entre libertad económica y protección ambiental, esperamos las dos tengan la misma relevancia en la teoría y después sea una aplicación práctica de cómo una u otra es más importante. Y en eso, para nosotros, la protección ambiental, cuando se refiere al mantenimiento de la función básica de los ecosistemas o a la existencia de esos ecosistemas para el disfrute de las generaciones futuras, sin duda tiene que primar”.
El derecho humano al agua, la justicia intergeneracional, los derechos de la naturaleza y de acceso a la información, participación y justicia, junto a un compromiso de adaptarse al cambio climático, son algunos de los “intransables” que tiene el mundo ambientalista en Chile para la constituyente. Costa cree que el nudo del debate estará cuando se aborden los “límites ambientales a la propiedad” y en la distribución de poder en los territorios, un punto clave para que los nuevos derechos consagrados no sean “letra muerta”.
Manuela Royo, abogada, doctora en Derecho y candidata a la constituyente por el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), cree que se deben “generar los mecanismos para la protección de derechos. Que, por ejemplo, se configure la existencia de organismos especializados como una Defensoría Ambiental que le permita a las personas y comunidades ejercer esos derechos”.
“La crítica que se hace a las constituciones de Bolivia y Ecuador, por ejemplo, es que se enfocaron en lo declarativo de los derechos de la naturaleza, no en lo orgánico, de cómo se estructura la participación de comunidades en la toma de decisiones y en la repartición del poder”, afirma. “Es importante establecer a nivel constitucional ciertas fórmulas de interpretación que incluyan, por ejemplo, principios precautorios de prevención, que permitan proteger la naturaleza ante proyectos de inversión”, agrega.
SE BUSCAN CONSTITUYENTES
En 2013, Michelle Bachelet, hoy en la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue electa presidenta de Chile prometiendo una nueva Constitución. Se desarrollaron más de 9 mil Encuentros Locales Autoconvocados, cabildos provinciales y regionales, y más de 90 mil consultas individuales. Según las actas del proceso, el “respeto por la naturaleza y el medio ambiente” fue uno de los cinco derechos priorizados por los participantes para una nueva Constitución, junto al derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna y la igualdad ante la ley.
En noviembre de 2019, en pleno estallido social, la Universidad Alberto Hurtado hizo una encuesta de percepciones y actitudes de los chilenos hacia el cambio climático. La medición arrojó resultados como un 71,8% a favor de prohibir la operación de industrias contaminantes para enfrentar la crisis ambiental y amplias mayorías con la percepción de que ni el gobierno (73,4%), ni las empresas (74%) ni el Congreso (81%) están realizando acciones para resolver la crisis climática.
Para Ricardo Greene, sociólogo y urbanista, a cargo del estudio, la posición de la ciudadanía frente a la explotación de recursos naturales y el extractivismo es clara. Si esto se traslada a la constituyente “va a depender netamente de quien la conforme. Si es una Convención representativa de la nación, estos temas van a estar incorporados en la Constitución”.
La elección de los y las constituyentes en abril será bajo las mismas reglas electorales con que se eligió al último Congreso, donde la oposición al gobierno es mayoría. Sin embargo, el Parlamento tiene la presión de decidir sobre dos leyes que pueden ser claves en el resultado: si facilita o no la participación de independientes para que puedan formar pactos electorales y aumentar sus posibilidades de ser electos, y la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas. Esto último ha estado en debate desde noviembre del año pasado y todavía no hay claridad si se generarán cupos extra a los 155 constituyentes o si serán dentro de los mismos.
Manuela Royo, por ejemplo, será candidata independiente por Modatima a la Convención Constitucional. Si bien cuenta con el cupo de la coalición de izquierda Frente Amplio, están a la espera de que los partidos de oposición decidan si irán juntos, y en cuantas listas, a la elección.
Fue un intransable del gobierno y la derecha en las extensas negociaciones políticas que dieron origen al proceso en curso: Las votaciones en la constituyente serán por 2/3. Es decir, todo principio o derecho que garantice la nueva Constitución debe ser con el acuerdo de 104 de los 155 integrantes.
Para Violeta Rabi, todas las posibles piedras de tope en la discusión constituyente dependen de los resultados de la votación de abril: “Si la composición de la Convención va a reproducir los poderes que hoy están en el Congreso o si se podrá generar una unidad programática y de candidatos. Hay poderes fácticos que hoy se benefician del ordenamiento jurídico que tenemos y van a intentar mantener esos privilegios, y la regla de los 2/3 implica buscar consensos amplios”.
Este contenido fue publicado originalmente en Diálogo Chino el 1 de diciembre de 2020.
por Francisco Parra Galaz | 17 de Sep de 2020 | Actualidad, Análisis
Chile tenía que revertir la mala imagen que dejó en la conducción de la COP25 y optó por actualizar su NDC con bastantes innovaciones respecto al plan original. Aquí repasamos lo bueno y lo malo que tienen los compromisos que marcan la hoja de ruta para la presente década.
¿Qué es la NDC?
“Contribución Nacional a Nivel Determinada” (“Nationally Determined Contribution”) es la principal herramienta de acción climática que estableció el Acuerdo de París. Cada país que suscribe al acuerdo se compromete a una serie de medidas con tal de limitar el calentamiento global a no más de 2°C desde niveles preindustriales.
Lo bueno:
- Ambiciosa y transparente.
Chile representa apenas el 0,26% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero la crisis climática y sus impactos en la población no conoce de fronteras. El país, que depende energéticamente de la quema de carbón, presentó su primera NDC en 2015 y dejó bastante que desear, ya que apenas comprometía una reducción del 30% de sus emisiones.
La actualización de la NDC es muy distinta, y eso es una buena noticia. Hay tres grandes cifras en los nuevos compromisos de mitigación:
1- Una meta de presupuesto de 1.100 MtCO2eq entre 2020 y 2030.
2- Año máximo de emisiones (peak) en 2025.
3- El objetivo de 95 MtCO2eq en 2030.
Las cifras por sí solas parecen inentendibles. Para entender sus efectos y qué tan ambiciosas son, hablé con Olga Alcaraz, académica del Grupo de Gobernanza del Cambio Climático de la Universidad Politécnica de Catalunya. Ellos publicaron un texto llamado “Elementos clave para incorporar justicia, desarrollo y ambición en una NDC”, donde crearon un modelo matemático que permite hacer una evaluación de los compromisos de reducción de emisiones.
Este modelo se basa en criterios de igualdad (emisiones per cápita), responsabilidad (emisiones históricas), capacidad (PIB per cápita) y derecho al desarrollo (porcentaje gasto público, dependencia a combustibles fósiles, soberanía energética, coeficiente Gini, acceso a agua potable y otros).
Para analizar si una NDC es ambiciosa o no, hay que verla en su forma y su fondo, dice Alcaraz. En la forma, dice que los compromisos chilenos son “muy ambiciosos”, porque el máximo de 1.100 MtCO2eq es un ejercicio de transparencia que no todos los países hacen. “Esto es muy importante porque son precisamente las emisiones acumuladas las que contribuyen al aumento de temperatura. El problema es que el mundo viene con una tradición de reportar compromisos con valores para determinado año, y no con las emisiones acumuladas. Que Chile lo haga, es un ejemplo para el mundo, pensando que es un país con un porcentaje muy pequeño de emisiones”, explica.
Y en el fondo, la NDC chilena también pasa la prueba de Alcaraz. El modelo creado por el grupo de la UPC le asigna a Chile un total de 3.500 MtCO2eq a emitir entre 2017 y 2100. Ese sería el “pedazo” de la torta del presupuesto de carbono global que le corresponde al país.
“El compromiso de 1100 MtCO2eq para 10 años, es más o menos un 30% de lo que les corresponde. Pensamos que es una meta ambiciosa, porque las emisiones están claramente por debajo del total que el modelo de justicia climática le entrega. Además, hay que tomar en cuenta que el peak es en 2025, por lo que se entiende que a partir de ese año irán a la baja, por lo que ese 30% es perfectamente asumible por Chile. Podemos decir que está en línea con el Acuerdo de París, siempre y cuando estas políticas se implementen”, asegura.
Importante aclarar que este modelo es en base a la meta de 2°C, no en los 1,5°C. Las cifras para esta última son más bajas, pero Olga Alcaraz hace un ejercicio de honestidad que no muchos se atreven a hacer: “Los grandes emisores ya gastaron más del presupuesto de carbono de los que les tocaría, por lo que hoy, hablar de 1,5°C es muy complicado. Es poco realista, y me entristece mucho decirlo”.
Esto es un punto importante, porque en Climate Action Tracker tienen su propia metodología para evaluar las NDC. Y bajo su mirada, el compromiso pasó del “altamente insuficiente” de 2015 a un “insuficiente” este 2020. Niklas Höhne explicó a Climate Home News que, para alinearse con los 2°C, las emisiones de Chile deberían ser bajo los 90 Mt de CO2 para 2030, y aún más bajas para los 1,5°C: “Comparado con otros países, están muy bien. Pero si tomamos el punto de referencia absoluto de 1,5°C, no es muy bueno”.
Otro ejercicio de transparencia que se agradece: Junto con publicar el documento de la NDC, el Ministerio de Medio Ambiente liberó una serie de documentos que incluyen minutas y actas de reuniones de los equipos que trabajaron la NDC.
- Vincular política climática y calidad de aire local
La NDC incluye el compromiso de reducir un 25% las emisiones de carbono negro para 2030. Esto es un tema importante en un país donde se calculan entre 3 mil y 4 mil muertes al año vinculadas a la contaminación y donde prácticamente todas las grandes ciudades del sur están saturadas de contaminación. Según el ránking de Air Visual, 9 de las 10 ciudades más contaminadas de América Latina están en Chile.
“Este es un compromiso climático y socio ambiental que tiene que ver con la vida diaria de la gente. Ha sido una demanda ciudadana muy importante y se hacen cargo”, valora Sara Larraín, de la ONG Chile Sustentable.
La OMS es clara al señalar que la contaminación del aire daña la salud respiratoria, un punto esencial en tiempos de pandemia del coronavirus, y más cuando empezamos a ver los primeros estudios que vinculan las tasas de mortalidad por Covid-19 con exposición al MP2.5.
- Turberas, humedales y paisajes
La Patagonia chilena tiene un estimado de más de 3 millones de hectáreas de turberas. Son grandes extensiones de musgos rojos y verdes tienen un potencial increíble de mitigación: Un estudio del Centro de Clima y Resiliencia (CR2) calculó que las turberas acumulan más de 4800 millones de toneladas de CO2, mucho más que toda la masa de bosques en el país.
Sin embargo, ni las turberas ni los otros tipos de humedales estaban incluidas en los planes de acción climática. Para peor: Hoy están categorizadas como una sustancia fósil por el Código de Minería, por lo que pueden ser concesionadas para su explotación. La inclusión y protección de las turberas fue demandado por la comunidad científica en el proceso participativo de la NDC y fue finalmente incluido: Para 2025 se tendrá un inventario nacional y para 2030 se desarrollarán indicadores para evaluar la capacidad de adaptación y mitigación de las turberas.
También se compromete un plan de restauración de ecosistemas a nivel de paisajes, con un millón de hectáreas para 2030 de paisajes degradado, con un enfoque en restauración y biodiversidad. Otro punto que no estaba y que se tomó del proceso participativo.
- Vínculo con ODS (pero no con los derechos humanos)
Cada uno de los compromisos de la NDC está relacionado a uno o más Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que es una novedad respecto al documento de 2015 y al primer borrador de la actualización que se presentó en octubre. Asociar objetivos como la transición justa, la seguridad hídrica y la equidad de género a la política climática, y a la vez decir que tiene que ver con el desarrollo, es una novedad interesante para Chile.
Eso sí, podría haber sido mejor: La NDC también incluye un punto que llamaron “Pilar Social”, para vincular las protestas que se iniciaron en octubre contra el gobierno de Sebastián Piñera y sus demandas con los compromisos climáticos. En algún punto de la elaboración del documento, según pude corroborar con algunas fuentes, se intentó vincular al tema derechos humanos, lo que habría sido aún más interesante, tomando en cuenta la postura pasiva que tuvo Chile en la negociación del Artículo 6 en la COP25, ignorando por completo la inclusión de los derechos humanos.
Pero desde los equipos de Presidencia se eliminaron todas las referencias a los derechos humanos del documento y finalmente se asoció a los ODS. No es una sorpresa, considerando el nefasto registro que está dejando Piñera en la materia: más de 30 muertos (5 vinculados directamente al Ejército o la policía), más de 440 personas con heridas oculares producto de disparos de balines o de bombas lacrimógenas, 197 denuncias de violencia sexual y 520 denuncias de torturas, según el registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Lo malo
- El negocio forestal es más fuerte
Era el punto más polémico del borrador de octubre y se mantuvo, pese a las denuncias de la comunidad científica y la sociedad civil.
Chile se compromete a forestar 200 mil nuevas hectáreas para mitigar el cambio climático. Dicen que la mitad será en terrenos de “cubierta forestal permanente” y que, de esas, 70 mil serán de bosque nativo. ¿Qué quiere decir eso? La cubierta forestal permanente es aquella que se protege y cuida permanentemente, sin cortar y evitando que sea intervenida por ganadería o agricultura. Es decir, el grueso de la propuesta de reforestación (130 mil hectáreas), será de plantaciones exóticas, de pino y eucaliptus, de las cuales 100 mil serían sometidas a cosecha.
En octubre, cuando apareció el borrador, esto fue lo que me dijo Antonio Lara de la Universidad Austral sobre esta promesa: “Para aumentar la superficie de plantaciones exóticas pueden haber razones económicas, o querer generar recursos para la industria forestal, pero eso no va a mejorar la contribución de Chile en términos de mitigación. Al cosechar, en Chile el 50% va para pulpa, eso en 2 años está de vuelta en la atmósfera. Y la otra parte, los productos madereros, aunque duren 30 años, igual se libera”.
A esto se suma que las plantaciones exóticas son un combustible que exacerba la magnitud e intensidad de los incendios forestales. 2017 fue la peor temporada de incendios en Chile, con más de medio millón de hectáreas quemadas que emitieron 100 millones de toneladas de CO2eq. Esto es el 90% del total de emisiones de Chile del año anterior, 2016.
Y esto en medio de la peor sequía que ha enfrentado el país, y con estudio reciente publicado en la revista Forest que calcula cuánto disminuye la disponibilidad hídrica del país forestando nuevas hectáreas de plantaciones exóticas.
La industria forestal es una de las lucrativas y poderosas en Chile. Los Matte y Angelini -que extienden sus negocios también a combustibles fósiles y energías renovables- fueron beneficiados por la dictadura de Pinochet con tierras mapuche e hicieron un negocio redondo de las plantaciones de pinos y eucaliptus.
- El incierto largo plazo
La NDC es el punto medio y la carbono neutralidad en 2050 es la meta. Ese fue el anuncio del gobierno.
En la presentación, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, mostró una proyección de que el país pasaría de los 95 MtCO2eq en 2030 a 65 MtCO2eq en 2050, los que serían “neteados” por la captura de CO2 de bosques y así llegar a cero. El cálculo arroja muchas dudas considerando que lo difícil que es medir y proyectar la captura de CO2, más cuando la principal política es con plantaciones y no bosque nativo.
La proyección a largo plazo es clave para la acción climática. El gobierno está promoviendo una Ley Marco de Cambio Climático que incluye la meta de carbono neutralidad. Sin embargo, parece ser insuficiente. El CR2 identificó 117 reformas legales -que no están en el proyecto de ley- que el país debe realizar para alcanzar de verdad la carbono neutralidad en 2050. Son modificaciones constitucionales, legales y administrativas, que incluyen medidas como aumento del impuesto verde a industrias contaminantes y vehículos nuevos, fijar un máximo de emisiones sectoriales de Gases de Efecto Invernadero, aumentar el impuesto al diésel, eliminar su subsidio y otras medidas que promueven la generación solar domiciliaria, los techos verdes y la construcción de ciclovías.
- Otros 20 años con carbón
Chile tiene un plan de cierre de sus centrales termoeléctricas a carbón. Son 10 centrales que cerrarán antes de 2024 y las otras 18 antes de 2040. De las primeras se conocen fechas y cuáles son, de la segunda parte, solo se sabe la fecha final.
Si bien el calendario de la descarbonización es una de las medidas que componen las estimaciones de la NDC, no es un compromiso que esté dentro de ella. A fin de cuentas, la NDC se le presenta a la UNFCCC con el compromiso de bajar las emisiones, no con la política de cómo hacerlo.
Una demanda clave en materia ambiental en Chile es el fin a las zonas de sacrificio. Entre agosto y octubre de 2018, más de 1300 niños, niñas y adolescentes de Quintero y Puchuncaví colapsaron los servicios de salud de la Quinta Región con síntomas de intoxicación. En la zona operan 16 industrias de hidrocarburos, gas natural, termoeléctricas a carbón y de fundición y refinería de cobre. En 1992 se declaró saturada de dióxido de azufre, pero se siguen acumulando derrames de petróleo, varamientos de carbón e intoxicaciones masivas. Estudios muestran alto riesgo carcinogénico, crecimiento exponencial de niños de espectro autista y alta tasa de enfermedades respiratorias.
El pasado lunes 6 de abril, Quintero y Puchuncaví tuvieron un nuevo peak de emisiones de dióxido de azufre (SO2), en plena pandemia del Coronavirus. “Una meta que condena a vivir a las personas en las zonas de sacrificio por 20 años más con el carbón, no es aceptable”, dice Estafanía González de Greenpeace Chile.
Si bien es valorable que exista el Plan de poner cierre a todas las centrales a carbón, 2040 parece no ser suficiente. Según Climate Analytics, Chile tiene la capacidad para cerrar sus centrales en 2032.
- Seguridad hídrica y Glaciares
La NDC innova en comprometer planes estratégicos para todas las cuencas del país para 2030, junto con mayores fiscalizaciones a servicios sanitarios y exigencia de planes de gestión de riesgo a las empresas.
Es un avance, pero 2030 se ve lejano cuando hoy el 40% de todas las comunas del país están bajo un decreto de escasez hídrica. Chile ocupa el número 18 del ranking de estrés hídrico del World Resources Institute, y uno de los puntos más controversiales tiene que ver con el Código de Agua. Impuesto en dictadura, garantiza el derecho privado sobre el agua, lo que se ha traducido en que el agua está disponible para la agricultura industrial y no para las personas. Hoy miles de personas sobreviven con 50 litros de agua a la semana que son repartidos por camiones aljibes, lo que hace imposible cumplir con la medida sanitaria básica para evitar el contagio de Covid-19: lavarse las manos.
Los compromisos de Chile también omitieron la protección a glaciares, pese a que el país posee el 80% de estos cuerpos de hielo que hay en Sudamérica y que son claves para la seguridad hídrica. Hoy, su protección depende del análisis caso a caso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el que no ha impedido que proyectos mineros e hidroeléctricos los impacten significativamente. El Congreso está discutiendo una ley de protección a Glaciares y su entorno como reservas de agua dulce, pero una de las propuestas del gobierno de Piñera fue crear una excepción en glaciares rocosos para beneficiar a la minería.
De nuevo, no es un tema que se agote en la NDC, que no es el instrumento legal para abordarlo. Pero es difícil hablar de políticas climáticas sin tomarlo en consideración.
por Francisco Parra Galaz | 22 de Jul de 2020 | Actualidad, Análisis
¿Qué significa la ambición climática? ¿Cómo se puede medir, traducir, significar? Tras una nueva cumbre climática de la que nadie se declara conforme, el mundo entró en el que será el año clave para el Acuerdo de París. Esta semana, una alianza de países latinoamericanos, africanos y asiáticos, que representan solo el 15% de las emisiones globales, se han comprometido a ser carbono neutral ante el silencio de las potencias mundiales.
Greta Thunberg, la cara más reconocible del movimiento por la acción climática, pasó el último año recorriendo el mundo con su mensaje. Desde Katowice, Polonia (COP24), cuando pocos la conocían, la algarabía que desató en Nueva York con su “¿cómo se atreven?” en Naciones Unidas, su mediático viaje de vuelta a Europa en un barco cero emisiones y su premio como ‘Persona del Año’ de la revista Time. Greta fue la estrella del año en el que todos hablaron del cambio climático.
En cada uno de sus discursos antes de la COP25, Thunberg habló de la ciencia, de los últimos informes del IPCC que nos advierten de la catástrofe a la que nos adentramos cada vez más y de cómo el presupuesto de carbono que tenemos se agota cada día más por culpa de las grandes empresas contaminantes.
De pie ante el plenario de la COP25, el mensaje de la joven de 16 años fue otro: “La política que necesitamos no existe hoy día, pese a lo que digan los líderes mundiales. Creo que el mayor peligro no es la inacción, el verdadero peligro es cuando políticos y CEOs dicen que la acción real está pasando cuando en realidad no hacen nada más que contabilizaciones inteligentes y relaciones públicas creativas”.
¿Entendió Thunberg que la respuesta a la crisis climática no saldría de ese espacio?
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El miércoles 11 de diciembre, Carolina Schmidt, presidenta de la COP25, dijo que “el gran legado de Chile será generar el ‘turning point’ o cambio de rumbo que permita implementar el Acuerdo de París, aumentando la ambición, transversalizando la acción climática y subiendo nuevos actores a la mesa”.
Cuatro días después, la opinión transversal era que la Cumbre del Clima en Madrid había fracasado. Y es que nadie está abiertamente conforme con los resultados de la cita. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien dijo sentirse “decepcionado” del resultado. La propia ministra de Medio Ambiente chilena dijo que los acuerdos alcanzados “no eran suficientes”.
El gobierno chileno fue uno de los principales focos de críticas, al ser incapaz de liderar las negociaciones hacia un resultado que avance concretamente en limitar el calentamiento global. Y si bien se enfrentó con la oposición sostenida de unos pocos países -quienes desde el primer día se negaron a negociar-, la manera en cómo se relacionó con sus pares, desoyendo sugerencias y negociando solo con los grandes contaminantes, marcó la molestia de varios países hacia el final de la cita.
En junio, en la Conferencia intersesional de Cambio Climático que se desarrolló en Bonn, Alemania -donde los países adelantan algunas negociaciones que después continúan en la COP-, Carolina Schmidt dijo que el objetivo número uno de la COP será “aumentar la ambición en tres áreas: Mitigación, adaptación y términos de implementación. Será la COP de la implementación. Debemos pasar de la implementación a la acción”.
Desgranando la ambición
¿Cómo se traduce la demanda por mayor ambición climática que millones de ciudadanos han demandado este año a lo largo del mundo?
En los primeros días de la Cumbre, una periodista le consultó a Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) cómo se podía entender la tan repetida ambición.
-No tenemos un ítem en la agenda que se llame ambición. Por lo tanto, no es que esperamos tener una decisión específica al respecto. Sin embargo, hay muchos elementos de la agenda y hay muchos eventos y diálogos de alto nivel en los que se espera que se aborde el tema de aumentar la ambición-, respondió.
El Acuerdo de París, firmado por todos los países que son parte de Naciones Unidas en 2015, establece la meta de limitar el calentamiento global bajo los 2°C e idealmente en 1,5°C. Hace más de un año, el Panel Intergubenemantal de Expertos en Cambio Climático (IPCC) dio cuenta con evidencia certera de que los objetivos del Acuerdo de París son insuficientes: Si la principal meta es evitar que la tierra supere los 1,5°C desde la era pre industrial, con los compromisos de los países vamos rumbo a los 3,2°C.
La principal herramienta para combatir el cambio climático que creó el Acuerdo son las “contribuciones nacionales determinadas” de cada país. NDC, por sus siglas en inglés, un compromiso de cada parte que suscribe a París en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con los objetivos del tratado.
París no regula el contenido de las NDC, pues Naciones Unidas no interfiere en la política interna de los países. Cada parte debe presentar sus compromisos, pero hay bastante ambigüedad al conocer los detalles, partiendo por el hecho de que no hay obligación alguna en cumplirlos o no. Y ahí uno de los problemas con el resultado de la COP.
El texto final de la Cumbre -titulado “Santiago-Madrid Time for Action”- reconoce que hay una “significante brecha” existente entre lo que los países han comprometido hasta el momento y lo que la ciencia dice que es necesario para detener el calentamiento global.
2020 es el año clave para París. El Acuerdo comienza su vigencia después de cinco años donde no hubo mayores avances, pero al mismo tiempo creció la presión y las expectativas a que los gobiernos se hagan cargo de la crisis. Este año, todas las partes están llamadas a comunicar nuevas NDC que sean progresivas en sus metas respecto a las anteriores. Los que se trazaron una meta para 2025, deben entregar una nueva NDC, los que lo hicieron para 2030, deben actualizar. Para la COP26 en Glasgow, podremos proyectar los compromisos y las emisiones de la década. Y estos compromisos valdrán por cinco años.
Sue Biniaz fue una de las articuladoras del texto del Acuerdo, como negociadora de Estados Unidos. Ella misma reconoce que, en verdad, no hay obligación legal para que los países aumenten su ambición. “Es la ciencia, más que París per se, el porqué los países deben mejorar sus NDC”, dijo a Climate Home News. El texto lo que dice es que las partes deben “recomunicar” sus compromisos. Nada impide que presenten el mismo plan que hace cinco años.
Desde antes de la COP se sabía que los grandes emisores -China, Estados Unidos, India y Brasil- no iban a comprometerse a nada nuevo. Sí se esperaba un emplazamiento fuerte a que en 2020 lo hicieran y es por eso que el borrador presentado por la Presidencia chilena causó tanta molestia en la sociedad civil el sábado. No se avanzaba nada respecto a lo acordado en 2015.
El discurso de la ambición era prioridad para la gran mayoría de los grupos negociadores que funcionan en la UNFCCC: Para los africanos, latinoamericanos, los menos desarrollados, las pequeñas islas insulares e incluso para la Unión Europea.
Sin mayor llamado a la ambición en el texto, las negociaciones tampoco dejaron un buen recuerdo en la materia, sobretodo en el avance progresivo que suponen las NDC. Desde hace años que los países discuten la agenda de “common metrics”: cómo medir y reportar las emisiones de gases que no son el CO2 -como el metano o el óxido nitroso-, como convertirlas a la unidad conocida como “CO2 equivalente” y después reportarla, a fin de tener un registro cada vez más preciso del problema.
Este es uno de los tantos temas que año a año se negocian en las COP. Y es el reflejo donde lo “técnico” de las discusiones esconden un micro-mundo de negociaciones políticas y juegos de poder. En la COP25, China bloqueó las principales discusiones relativas al ítem “Transparencia”, sobre cómo se reportan las NDC, cómo llevar adelante las mediciones y cómo informarlas a la UNFCCC. La idea es que exista un parámetro común para todos, pero eso no existe hasta ahora. La negociación, que tiene que ver, a fin de cuentas, con cómo se implementan las promesas, quedó suspendida. Se volverá a discutir en la COP26.
Otro tema tiene que ver directamente con las NDC son los llamados “tiempos comunes”. Hay un acuerdo, cerrado en la COP24, de que todos los países presentarán sus NDC al mismo tiempo. ¿El problema? No está definido cada cuánto. Lo que parecía una decisión simple -o eran cinco o eran 10 años- se transformó en un problema. Llegaron a existir ocho opciones de votación en la mesa de negociación, incluyendo a Estados Unidos, Canadá y el grupo árabe pidiendo que se decida recién en 2023. Finalmente, tras petición de China, la discusión se aplazó para el próximo año.
Sin tiempos fijos para la NDC, resulta sumamente difícil crear un nuevo compromiso, pues se desconoce cuál será el año común de objetivo de todos. Y más se dificulta al no existir reglas claras sobre cómo medir e informar de las emisiones. Mientras más se demoran los países en decidir, más tarde se hacen las planificaciones, de mediano y largo plazo. En el intertanto, seguimos bombeando la atmósfera de gases contaminantes que seguirán ahí por años calentando el planeta.
Los que sí avanzan
Chile quiso desde el primer minuto hacer de esta la “COP de la ambición”, reflejado incluso en el hashtag creado por la presidencia: #TiempoDeActuar (#TimeForAction). Con la muy entrecomilladas “obligación” de los países de enviar nuevas y mejores NDC para 2020, la apuesta que el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le encargó al presidente chileno Sebastián Piñera fue impulsar una “Alianza por la Ambición”.
Lanzada en septiembre durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se trata de una coalición de países, ciudades y empresas comprometidas con alcanzar la carbono neutralidad en 2050.
Liberada recién esta semana (casi un mes después del fin de la COP), la lista sigue demostrando que los países que lideran en la materia son precisamente los que más sufren de la crisis climática. El listado publicado por el gobierno de Chile, sumado al conteo que lleva el Climate Watch del World Resources Institute, muestra que hay 108 países comprometidos con actualizar sus NDC este año. Además, 94 países (considerando que la Unión Europea funciona como uno en estos procesos) están por la carbono neutralidad para 2050. Ambos listados rondean el 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
“Son muchos países y pocas emisiones. Pero si fuera fácil no estaríamos en esto. Lo importante es que hemos sumado a varios, está Canadá, la Unión Europea”, dice Gonzalo Muñoz, el “High-level Champion” de la COP25. El cargo consiste en integrar a actores no estatales en el proceso de la UNFCCC. Chile es el primer país de la historia que ostenta la presidencia en nombrar a un empresario en el cargo. Ingeniero comercial, Muñoz es dueño de Tri-ciclos, una empresa de reciclaje.
“Esto se trata de acelerar el tranco. La ambición es cuán rápidamente estamos dispuestos a resolver el problema. La ciencia y la calle nos piden que sigamos el informe del IPCC. Eso es para nosotros la ambición”, afirma.
A la alianza de carbono neutralidad también se sumaron cientos de ciudades y empresas alrededor del mundo.
Contrario a lo que puede parecer a primera instancia, la ‘carbono neutralidad’ no significa que la emisión de gases de efecto invernadero sean cero. Significa que si a las emisiones se les descuenta la captura de carbono por parte de los sumideros naturales, se llega a cero. Es un “neteo” que para puede incluso permitir que se sigan quemando combustibles fósiles que son “compensados” en otros lugares del mundo.
En la COP25, Ana Patricia Botín, presidenta del banco Santander tuvo un lugar estelar en el plenario principal, mostrando los planes del banco español para convertirse en carbono neutral en los próximos años. El banco español aportó 1 millón de euros al desarrollo del evento, según un estudio de Corporate Europe, y además invirtió 6.733 millones de euros en proyectos de combustibles fósiles en 2018.
Y ahí otra de las grandes contradicciones: Un banco puede ser “carbono neutral” invirtiendo en proyectos renovables en América Latina mientras sigue financiando el petróleo en Asia.
La palabra “combustible fósil” no está en ningún lugar del Acuerdo de París. Leo Roberts, investigador del Overseas Development Institute, resume así el verdadero desafío de París:
“Hasta que los países y las partes interesadas (particularmente las empresas) se comprometan a dejar los combustibles fósiles en el suelo, las posibilidades de mantener la calefacción global por debajo de 1.5 ° C son escasas”.
Ya en las primeras semanas del año clave para nuestro futuro, resuena la ira con que Mohamed Adow, activista climático de Kenya, se refirió a los resultados de la COP25: “Si hubo un momento en la historia en que los gobiernos la cagaron (fucked up), diría que es aquí en Madrid. Es la gente alrededor del mundo la que debe levantarse ahora y salvar el planeta”.
*Este artículo fue publicado originalmente en LatinClima el 18 de enero de 2020.
