¿Cómo las plantaciones de caña cambian la forma de vida de la TCO Tacana 1, en la Amazonía paceña? Muchos indígenas cedieron sus tierras para ser desmontadas, y los que se resistían no pudieron luego de la pandemia de la Covid-19. Su modo de subsistencia está amenazado y los beneficios no llegan. En este trabajo colaborativo entre La Brava y Ecuanasha Televisión, medio local de Rurrenabaque, se muestran algunas de las consecuencias de este monocultivo que acecha más y más bosque, en tanto que, para el Gobierno nacional, el dato sobre la cantidad de hectáreas deforestadas es “reservado, secreto y confidencial”.
Por donde antes corrían libremente animales como el jochi, taitetú, tortugas, lagartos, monos y otras especies silvestres, se imponen ahora 124 hectáreas de cañaverales. Del frondoso bosque que rodeaba a Buena Vista –una de las 20 comunidades del Territorio Indígena Tacana, en la Amazonía paceña– va quedando poco. Caminar por este lugar, que equivale a 173 canchas de fútbol, implica resistir los 35 grados centígrados en primavera. La falta de sombra que daban los altos árboles, arrasados hace cinco años, dificulta el recorrido.
Los habitantes cuentan que en este lugar, y en la parte urbana de la comunidad, la temperatura ha ido subiendo desde 2016. Aquel año comenzó la deforestación para plantar caña, y así proveer a la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), ubicada en el municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz, y que colinda con parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana 1.
“El aire no se siente puro. Antes de que llegue la empresa (EASBA) nadie chaqueaba (desmontar) de esa manera, con máquinas”, cuenta el corregidor de Buena Vista y uno de los productores de caña, Julio Duval.
El área donde antes cazaban los habitantes de Buena Vista. Foto: Esmeralda Cartagena
No sólo el paisaje del territorio tacana cambió, sino el de todo el bosque de alrededor, donde ahora se cultiva caña. Desde el inicio de la construcción de EASBA (en 2010) se deforestaron, hasta 2019, 4.573 hectáreas de área boscosa, según el estudio Agroindustria y Amazonía boliviana: El caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura, de Daniel Robinson (Cedla, 2019).
Esa desaparición implicó, por ejemplo, la pérdida de semillas nativas y manchas naturales de majo y asaí, cuyos frutos recolectan los indígenas para uso medicinal y alimenticio, todo como parte de su gestión territorial y de sus prácticas tradicionales.
Es cierto que la caña representa un ingreso para las comunidades, pero tiene efectos negativos debido a la pérdida de foresta, dice la presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Mariane Quenevo.
“Los animales están migrando; como tacanas somos afectados porque nos alimentamos de la carne del monte, y para nosotros es un problema que se deforeste más cada año”, expresa su preocupación la dirigenta.
La relación que tienen los indígenas con el bosque es primordial para su vida. Según el estudio Ingresos económicos en hogares de la TCO Tacana I (2017), de la investigadora Zulema Lehm, la primera fuente de ingresos anuales es la venta de fuerza de trabajo, pero las actividades basadas en los recursos naturales y que no implican cambio en el uso del suelo llegaban a un 52%. Dichas actividades son el aprovechamiento forestal maderable y leña, pesca, caza, turismo, aprovechamiento forestal no maderable y la recolección de mieles nativas.
EASBA cambió esa lógica. Esta empresa comenzó a operar en 2017, más de seis años después del inicio de su construcción, y le costó al Estado 265 millones de dólares, monto proveniente de tres créditos del Banco Central de Bolivia (BCB), de los cuales aún no se pagó ni la cuarta parte.
El gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) auguraba con esta obra el desarrollo no sólo del país, sino de las comunidades del lugar. Con ese argumento impuso una empresa en medio del bosque amazónico de La Paz, cuya vocación es forestal.
Las promesas gubernamentales llevaron a algunos indígenas locales –además de los llamados interculturales (indígenas provenientes de tierras andinas)– a apostar por esta actividad que, confiaban, les daría ingresos prontamente.
Buena Vista, que alberga a más de 100 familias, fue la primera comunidad tacana que aceptó plantar caña en 2017, y 20 socios se dieron a la tarea que, en septiembre de 2021, ya les ha permitido una tercera zafra.
Ésta es una de las cuatro comunidades indígenas que está al sureste de los predios de la empresa estatal azucarera y una de las ocho comunidades tacanas donde EASBA proyectó el cultivo, lo mismo que en los predios de 14 comunidades interculturales.
El monocultivo está casi en la mitad de las 20 comunidades del territorio –es decir, en nueve de ellas–, según datos del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA).
TCO Tacana 1, ubicada entre San Buenaventura e Ixiamas, y el área de EASBA.
En la zafra de este año, la comunidad cosechó 994 toneladas y, por esa cantidad, cada uno de los 20 socios recibió 8.500 bolivianos, monto que llega a cubrir sólo una parte de sus gastos anuales; para el resto, deben acudir a otras actividades.
La modalidad con la que participan los actores cañeros, establecida en el Reglamento para la prestación de servicios agrícolas a productores de la caña de azúcar, es por contrato y alquiler de tierras. Es decir, las comunidades ceden una cierta cantidad de hectáreas y EASBA es la que se encarga de desmontar, preparar el suelo, sembrar y cosechar.
El desmonte no es gratuito, implica una deuda de 4.000 dólares por hectárea desmontada. En el caso de Buena Vista, la deuda llegó a cerca de medio millón de dólares, es decir, a 3.452.160 bolivianos.
“Como la empresa nos ha hecho todo el trabajo de desmonte para la siembra, ésta se lleva el 80% y nosotros el 20%, a manera de pagar la cuenta con la empresa. Ése es el acuerdo que tenemos como grupo. De los cuatro millones, hemos pagado un millón. Como tenemos tercera zafra, yo creo que vamos a pagar casi dos millones ya”, confía Duval, quien es un promotor de esta actividad.
La investigación Territorios en transición: Análisis de las condiciones de la conflictividad territorial y socioambiental en el Norte de La Paz, de la investigadora Suzanne Kruyt (Fundación Tierra, 2021), explica que los contratos son de entre cuatro y cinco años, y el nivel de ganancia de cada productor puede variar considerablemente, según la calidad y cantidad de la producción y del nivel de deudas acumuladas.
Duval explica que, por ejemplo, en su primera cosecha la caña tenía al menos cuatro pulgadas de grosor, pero que para la segunda y tercera fue reduciéndose.
La modalidad fue cuestionada en distintos momentos y por diferentes actores cañeros, quienes sienten que la ganancia es mínima. La comunidad tacana Altamarani, que va por su tercera zafra, pidió el 30% de los ingresos, solicitud que fue denegada por EASBA.
Además, no todos los tacanas que cultivaron se vieron beneficiados. Los pobladores de Carmen Tahua, del municipio de Ixiamas, a 83 kilómetros de distancia de la planta de EASBA (superior a los 60 kilómetros establecidos), aún no recibieron ganancias.
Los cañaverales en Carmen Tahua están a unos metros del área urbana. Foto: Esmeralda Cartagena.
Carmen Tahua destinó 171 hectáreas, otrora pastizales naturales de engorde, a esta actividad. Al caminar entre los cañaverales, que están muy cerca de las casas, se nota que el diámetro de la caña no llega a los ideales nueve centímetros: apenas mide tres, en el mejor de los casos, y por ello EASBA rechazó esta cosecha.
La comunidad firmó el convenio en octubre de 2020, pese a que no estaba considerada en las comunidades previstas por EASBA, y esperaba cosechar en la zafra de 2021, iniciada en septiembre.
Debido a que en el convenio entre ambas partes, al que accedió La Brava, se establece que la empresa adquirirá la producción de la caña “siempre que cumpla los parámetros mínimos aceptados por la empresa”, aquélla no cosechó la producción.
La industria no brindó la asistencia técnica comprometida, reclama el representante de la Asociación de Cañeros de Carmen Tahua, David Delgadillo Chuqui, y por eso no se habría logrado el objetivo. Además, la semilla brindada por la empresa no fue de buena calidad, añade el dirigente.
Lo sembrado quedó, por tanto, como “caña parada” en terreno, es decir, sin cosechar. Según el convenio, esta situación debería ser cubierta por la empresa, pero hasta ahora no ocurrió.
La Brava consultó sobre éste y otros aspectos al actual gerente de EASBA, Rony Alcaraz, pero la autoridad se abstuvo de dar información porque –argumentó– se requiere de una autorización del Ministerio de Producción.
La producción industrial de caña requiere de condiciones que los suelos del bosque alto no tienen, y por ello se necesita aplicar cal y otros químicos, explica el investigador y agrónomo Daniel Robinson.
“Los suelos en este sector de San Buenaventura son de dos tipos diferentes. Cerca del río Beni se está produciendo mejor la caña, pero la mayor parte de la tierra donde querían producir es de suelo ondulado, como cerca de la carretera”, afirma Robinson.
Pese a esta situación –y a que los comunarios de Buena Vista están conscientes de todos los problemas que trae el cambio de uso de suelo para ampliar la frontera agrícola– tienen planeado sumar 800 hectáreas a la nueva agricultura para 2022. También están listos para plantar maíz y arroz de forma mecanizada y dotar a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Las presiones
Una tacana recolecta agua del arroyo Maige de Tres Hermanos. Fotos: Rocío Condori.
Hasta marzo de 2020, Teresa Suárez Tayo y otras indígenas tacanas se adentraban al bosque desde muy temprano para recoger sululu, majo, flor de asaí y otros frutos. Además, confeccionaban una variedad de artesanías que ofrecían a los turistas que llegaban hasta Tres Hermanos. Todo cambió desde la llegada de la pandemia del coronavirus, que paralizó el turismo, y por eso ella y el resto de las familias del lugar no vieron otra opción que ceder a lo que se resistieron por cinco años: que el cultivo de la caña de azúcar entre a su comunidad.
—Todos hemos dicho que vamos a trabajar en la caña, porque parece que hay ganancia —, dice Teresa, y su voz suena cansada.
Teresa Suárez, en el arroyo Maige, de Tres Hermanos. Foto: Rocío Condori.
Junto a otras mujeres tacanas, cocinó toda la noche para festejar el vigésimo segundo aniversario de la comunidad que ella, su esposo y cuñados fundaron. El festejo coincidió con los días del inicio del desmonte de 400 hectáreas para la caña, las que están en el área de aprovechamiento forestal, de donde los comunarios también obtienen parte de sus ganancias.
Con este cambio de uso de suelo, Tres Hermanos se suma a las ocho comunidades que ya están inmersas en el cultivo cañero.
Teresa y Federico Chipunavi, este último corregidor de Tres Hermanos, son los encargados de hacer seguimiento al desmonte que está a cargo de un empresario asiático, el que les compra las troncas que se aprovechaban como parte de los planes de manejo. A diferencia de las otras comunidades, ésta logró acordar 1.200 dólares por desmonte y no 4.000, como cobra EASBA.
Camino hacia el área de aprovechamiento forestal de Tres Hermanos. Foto: Rocío Condori.
La comunidad lograba sus ingresos combinando el turismo, planes de manejo forestal, pesca y caza, pero después de la pandemia sólo le queda los ingresos de la venta de madera. Debido a esta situación, cedieron a la caña, pese a que las dos comunidades vecinas tienen deudas millonarias y a que pocas promesas se les han cumplido.
“Había mucha expectativa, inicialmente; iba a haber buenos resultados, de acuerdo con lo proyectado. Dijeron que al entrar el tema de la caña se abrirían caminos vecinales, y que habría desarrollo. Una vez que se implementó, fueron sólo promesas; no se cumplió lo proyectado”, explica el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Sergio Quenevo.
Los comunarios de Tres Hermanos, por ejemplo, cuentan que hace algunos años se les prometió la conexión de energía eléctrica, pero este servicio acaba de llegar gracias a la gestión de la comunidad y del CIPTA ante el Gobierno Municipal de San Buenaventura. Si no, no se hubiese logrado.
Aun así, las 18 familias de Tres Hermanos albergan la esperanza de que la caña les ayude a tener ingresos. Esa esperanza es su consuelo en medio de la decisión que no fue nada sencilla, porque la asumieron pese a conocer las amenazas que implica.
En 2016, todos los tacanas, explica Quenevo, objetaron que la empresa avance sobre las que consideraban sus tierras. Ante los cuestionamientos –recuerda– las autoridades gubernamentales de tierras anunciaron auditorías a las TCO para ver si estaban haciendo un buen manejo del bosque.
Las advertencias no se concretaron, pero es un discurso recurrente del gobierno del MAS. A finales de septiembre de este año, el diputado masista José Nogales planteó que el Gobierno realice una auditoría y revisión de las TCO.
“Somos la única comunidad que no está trabajando (con caña), pero por esas amenazas estamos ingresando con 300 hectáreas”, revela Eulogio Chipunavi, cuñado de Teresa Suárez y presidente de la Organización Territorial de Base (OTB), mientras descansa de su trabajo de extracción de madera, en el mismo suelo donde se plantará caña en 2022.
Los comunarios de Tres Hermanos rechazaron este cultivo porque no sólo vieron, sino que sufrieron las consecuencias de la deforestación en las comunidades que aceptaron las plantaciones.
Una mañana de 2017, los pescadores se sorprendieron al encontrar peces muertos en los arroyos Maige y Jiruma, donde los tacanas de Tres Hermanos y la vecina Altamarani pescaban para alimentarse. Además, el agua cristalina llevaba manchas de color ocre, presuntamente de los lixiviados de la planta procesadora de EASBA, lo que causó problemas digestivos e irritación de piel en los comunarios.
Los residuos de contaminación en los sedimentos del arroyo Maige son todavía visibles. Foto: Rocío Condori.
Los indígenas se quejaron, pero las autoridades estatales todavía no se hicieron presentes para comprobar aquella contaminación, pese a que el CIPTA recolectó muestras, en convenio con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), cuyos resultados todavía no son públicos.
“Ya no tenemos pescado en el arroyo Maige. Antes mis hijos correteaban a los pescados, ahora ya no se ven”, lamenta Teresa.
El Maige luce solitario, en sus sedimentos se aprecian restos aceitosos. Es más, hace unas semanas –debido a que la bomba de agua de la comunidad se estropeó– Teresa Suárez y sus vecinas fueron a bañarse allí y sintieron el agua grasosa y ardor en el cuerpo.
Desde un inicio, los tacanas cuestionaron el hecho de que no se les haya consultado sobre la implementación de EASBA. Hubo algunas reuniones de socialización, pero no se realizó la consulta previa, libre e informada, estipulada en las normativas nacional e internacional. Tampoco se les dio a conocer los estudios de evaluación de impactos ambientales.
Teresa, al igual que los otros habitantes de Tres Hermanos, está resignada a los cambios en la biodiversidad, pero al mismo tiempo espera que los ingresos de la caña alcancen lo que ganaban con el turismo.
La resistencia
Sandro Marupa, junto a sus artesanías hechas con material del bosque. Foto: Rocío Condori.
Mientras Sandro Marupa camina por medio del bosque en busca del árbol de chonta para sus artesanías, comenta que es cierto que los habitantes de Bella Altura, su comunidad, se dedican a la agricultura, pero lo hacen en pequeñas parcelas, máximo de una hectárea, mientras que la caña implica enormes extensiones y uso de maquinaria pesada.
“La mecanización nos va a afectar negativamente. Si volviéramos a lo de antes, a modo de proteger y cuidar el bosque y el medioambiente, obtendríamos la misma cantidad de producción. Entre media hectárea y una hectárea es suficiente para el consumo de todo el año”, dice.
Los habitantes de su comunidad, como la mayoría de la TCO tacana, producen arroz, maíz, yuca y plátano, principalmente para su autoconsumo y, en caso de excedente, acuden a vender en el centro del poblado, o intercambian con otros alimentos. El trueque fue, de hecho, clave durante la fase dura de la pandemia.
Sandro Marupa aprovecha los troncos de los árboles adultos de chonta para su trabajo artesanal. Foto: Esmeralda Cartagena.
Este hombre tiene 20 años de experiencia convirtiendo la chonta en bandejas, platos, trinches y otros implementos para la cocina. Es uno de los varios artesanos que se resisten a cultivar caña en Bella Altura, que al igual que Tres Hermanos pronto desmontarán 200 de las 400 hectáreas de su plan de manejo para aportar con materia prima a EASBA.
Antes de la deforestación prevista, la comunidad ya siente los efectos de la ampliación de la frontera agrícola, pues la empresa obtuvo en comodato un área que era concesión forestal y que los tacanas reclamaban como parte de su territorio. Esa área es Limoncito, que los comunarios de Bella Altura, Altamarani y Tres Hermanos compartían para cazar y recolectar frutos.
Los cañaverales de EASBA colindan con lo poco que queda de Limoncito; ese poco fue defendido por los comunarios. Aun así, Marupa siente que lo deforestado afecta silenciosamente a los tacanas, y amenaza no sólo su trabajo, sino su modo de vida.
“Limoncito ha sufrido un gran impacto, y ha hecho que los animales huyan. Para cazar tenemos que caminar unos 45 kilómetros”, relata parado en el límite de Limoncito y EASBA.
La deforestación afectó también al turismo, dice Marupa, pues incluso antes de la pandemia los turistas ya no se sentían atraídos por las áreas deforestadas a causa de las actividades del ingenio.
A través de dos decretos, el Gobierno habilitó 48.000 hectáreas, en 2012, y 97.000, en 2016, para el cultivo de caña. De esta última cantidad, el INRA otorgó a EASBA tierras en calidad de “usufructo” en el área denominada PROINSA —menciona el estudio de Cedla— donde se encuentra parte de lo que los tacanas consideran sus tierras ancestrales. Desde 2010 que ellos demandan que se les dé el título de dichas tierras, y lo propio hacen las comunidades interculturales, pero ahora esa área es considerada tierra fiscal.
El cultivo de la caña es la punta de lanza para penetrar en el territorio ancestral del pueblo tacana, considera el representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contioca), Alex Villca. “Quién sabe si más adelante vayan a poner otros monocultivos, como sorgo, soya y maíz. Hay una intencionalidad clara: despojar a las poblaciones indígenas con grandes proyectos”, afirma.
Secreto de Estado
La cantidad total de hectáreas deforestadas para sembrar caña de azúcar en la TCO Tacana 1 es secreto de Estado, así respondió la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entidad que autoriza los desmontes, ante la insistencia periodística. La carta de respuesta afirma que dicha información tiene “carácter reservado, secreto y confidencial”, por lo que no brindará el dato.
La confidencialidad no corresponde, opina Robinson, sobre todo porque está relacionada con una actividad financiada con dinero del Banco Central de Bolivia. Es un tema de transparencia, dice.
En 2019, EASBA solicitó un nuevo crédito al BCB, con el fin de sumar 8.912 ha para producir alcohol anhídrido; es decir, que se planea deforestar el doble de lo ya deforestado.
Para llegar a Limoncito, Marupa y su familia deben viajar cuatro horas en moto, atravesando el área de EASBA, y luego caminar al menos otras cuatro horas, no sin antes pedir permiso a la empresa para entrar a su propio territorio. Esto, debido a que el ingenio se interpuso entre el área de influencia para el aprovechamiento y el consumo de la flor de asaí y majo.
“Cuando se estableció el ingenio, automáticamente nuestros espacios fueron desmontados; justo donde había los frutos y material para trabajar”, aclara el tacana.
Sandro Marupa pule un anillo de chonta. Foto: Rocío Condori.
Este largo recorrido demanda tiempo, el cual no se expresa en los precios de los productos artesanales, pues los intermediaros no quieren pagar más. “Si hacemos números de lo que debe costar una artesanía, tomando en cuenta el valor cultural y el de la recolección en el bosque, ya no es rentable”, afirma.
Del bosque, además, las mujeres aprovechan las plantas medicinales. Elia Mamío, mamá de Marupa, cuenta que ella se curó y curó a otras personas del coronavirus con hierbas de monte, como matico rojo y romero, y que por eso le interesa que la ampliación del cultivo de caña no afecte el monte. Es posible que la cura contra la Covid-19 no sea como se describe, pero lo cierto es que en un territorio donde no llega el sistema de salud moderno, los conocimientos ancestrales, que tienen en el bosque su contraparte, son indispensables para sostener la vida.
***
Fotos: Esmeralda Cartagena, Rocío Condori y Rafael Acuña.
Foto de portada: Área Limoncito, antiguo espacio de cacería. Esmeralda Cartagena.
Videos: Rafael Acuña y Mauricio Durán.
*Este reportaje fue realizado gracias al apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund, en alianza con el Pulitzer Center.
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Se trata de un tema incómodo pero urgente y esencial durante la conferencia anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En medio de una crisis global en contexto de pandemia, Latinoamérica es una región doblemente desigual: es la que recibe menos financiamiento y estos recursos están mal distribuidos.
Caminar por los pasillos del Scottish Event Center (SEC) de Glasgow, donde se realiza la Conferencia de las Partes, es confirmar la tensión en cada esquina. Delegaciones, negociadores, expertas, científicos, políticos y periodistas saben que esta cumbre es particularmente especial: no solo se realiza después de dos años, sino que el contexto de la pandemia ha profundizado los daños y consecuencias en las regiones más afectadas por el calentamiento global.
En este cuerpo llamado COP26, el financiamiento es la columna vertebral que sostiene todo lo demás. La estructura y la base. O al menos, así lo explica Sandra Guzmán, mexicana, gerente de Financiamiento Climático en la Iniciativa de Política Climática (CPI, por sus siglas en inglés) y fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Guzmán sabe decir en fácil lo que resulta complejo en cifras y conceptos.
Es una tarde de otoño escocés y en medio de su almuerzo en la barra de un restaurante del SEC, Guzmán hace hincapié en los tiempos que vivimos, en que los países pobres y endeudados han profundizado su vulnerabilidad después de dos años viviendo los estragos provocados por la Covid-19. El problema se agrava al constatar que muy pocos países saben cuánto les cuesta la acción climática.”Y eso va a ser crítico, porque si tú vas a tener una discusión internacional para acceder a más recursos, pero no sabes cuánto te cuesta, va a ser muy difícil lograr cerrar esa brecha en esta conversación que se está dando en esta COP26”, dice Guzmán.
El cambio climático nos recuerda afirmaciones obvias: serán los países más pobres los que sufran de manera más profunda las consecuencias provocadas por los países contaminantes que suelen ser los países más ricos.
Sandra Guzmán explica que cada COP es parte de un proceso. Cada una tiene el mandato de avanzar en ciertos procesos, pero es ingenuo pensar que una reunión se vaya a resolver todo. Este 2021 hay dos temas centrales que se arrastran de la última COP25, cuya presidencia estuvo a cargo de Chile, pero cuya sede terminó trasladándose a Madrid luego de la revuelta social.
Uno de esos temas centrales es el Artículo 6 del Acuerdo de París, que está relacionado con mercados de carbono y que de alguna manera está ligado a la estructura de financiamiento. Y el otro tema, el gran elefante blanco en el cuarto, dice Guzmán, es el tema de las pérdidas y daños.
“Quién va a pagar por las pérdidas que ya trajo el cambio climático. Y se habla mucho de crear un mecanismo financiero para atender esto. Hay muchísima resistencia de los países desarrollados de crear un nuevo fondo o un nuevo mecanismo, ‘ya está el fondo adaptación por qué crear más’. Yo creo que en esta COP se va a avanzar en algunas cosas relacionadas con esos temas pendientes. Pero esta COP debe ser exitosa, tiene que salir con un paquete completo, es decir, no podemos avanzar en unas cosas y no avanzar en las otras”, dice Sandra Guzmán.
Ese paquete completo de Glasgow del que habla Sandra Guzmán incluye pérdidas y daños, mercados de carbono, financiamiento —tanto de largo plazo como la revisión de mecanismos financieros— balance y transparencia. Pero además, incorpora otros temas transversales que no suelen ser visibles como género, comunidades indígenas o ambición climática.
Pasillos de la COP26, Glasgow, Escocia. Noviembre de 2021. Foto: Yasna Mussa
Financiamiento desigual
Si hay un continente que sabe de inequidad es América Latina. Según la CEPAL es la región más desigual del mundo y esta característica se extiende también en materia climática. Por esta razón, Sandra Guzmán recalca que “el llamado es que América Latina pueda participar en estos análisis a nivel nacional para traer estos números a la discusión y que esa nueva meta sea una nueva meta basada en necesidades, no solo en un número político”.
La fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe asegura que “si no hay certeza de que los países desarrollados van a cumplir con sus compromisos de financiamiento, todo lo demás va a sufrir una consecuencia de eso”. Pero los montos son relativos y la certeza de que se cumpla con lo prometido se basa en la buena fe y grandes titulares carentes de acciones concretas. Eso, al menos, fue lo que pasó con los 100 mil millones de dólares que se habían prometido en 2009 en Copenhague, cuando los países ricos se comprometieron a dar esa cantidad en ayuda a los países en desarrollo cada año a partir 2020 para la lucha contra el cambio climático. “Algunos hablan de que tendríamos que estar hablando de 300 mil millones. Otros hablan de 500 mil. Otros hablan de los trillones. Pero lo cierto es que no hay todavía un número que haya venido ciento por ciento de los países en desarrollo”, dice Guzmán.
“Pienso que es muy importante escuchar al grupo de países vulnerables, que es el Climate Vulnerable Forum, porque lo que ellos están trayendo a la mesa es una conversación muy terrenal. Decir esto ya está, ya nos está costando, ya tenemos un impacto importantísimo y ya no podemos hablar de la planeación a 50 años. Lo que tenemos que hablar es en el cortísimo plazo y eso tiene mucho que ver con mantener el 1.5º C vivo, que es una de las demandas de esta COP”, dice Guzmán.
América Latina no es la principal receptora de financiamiento internacional, sino que se encuentra en el tercer lugar solo después de África y Asia del Pacífico. Guzmán confirma la doble desigualdad: efectivamente, dentro de la región la distribución de financiamiento es muy desigual.
Este financiamiento internacional dedicado al cambio climático se concentra en cinco países, que además son los más grandes, como México, Brasil, Costa Rica, Colombia y Ecuador, en algunos aspectos. Pero excluye a países vulnerables que están en Centroamérica o el Caribe.
La también gerente del CPI se pregunta por qué reciben quienes reciben. “Por supuesto que si tienes un país con una economía emergente, tienes la capacidad institucional de aplicar a estos proyectos. Puedes tener más posibilidades de éxito, lo cual hace muy injusto el acceso a los países que tienen menos posibilidades institucionales porque, digamos, acceder a un fondo de esta naturaleza te puede llevar hasta dos años.Entonces, si hay una desigualdad, una doble desigualdad, que es muy importante que este proceso reconozca y que este proceso ataque. Hemos insistido mucho en que los mecanismos financieros tienen que generar ventanas de emergencia. Para procesos que implican un movimiento rápido y que no tienes dos años para poder atender la crisis, que es inmediata. Entonces creo que el debate está en en cómo reflejas, cómo traes eso a la conversación formal para evidenciar que estamos en desventaja”.
En este punto la confianza es un asunto clave. Tanto para avanzar como para llegar a acuerdos que permitan salir de los nudos que han ido atascando asuntos cruciales como el financiamiento. La presidencia de Reino Unidos cumple un rol clave para presionar y empujar el carro hacia un nuevo texto.
Estados Unidos ha insistido en la importancia de que los donantes individuales dupliquen sus compromisos y, por su parte, los observadores creen que les corresponde que sean los ministros de la Unión Europea quienes pongan sobre la mesa el tema de financiación. Mientras tanto, los países en desarrollo siguen esperando y constatando en sus territorios las consecuencias del cambio climático.
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La investigación pone a las comunidades en el centro del debate sobre el proceso de transición hacia energías limpias, desde ambos lados de la cordillera de los Andes.
“Ponemos el foco en una transición energética pensada con las comunidades y para ellas”, se lee en la introducción del especial periodístico sobre transición energética en Chile y Argentina, publicado en Revista Cítrica y MediAmbiente.
La investigación, realizada por los periodistas Francisco Parra y Andrea Galvez, pretende abordar los principales desafíos para la transición energética en ambos países, cuyas matrices aún dependen de los combustibles fósiles.
Las comunidades que viven en la bahía de Quintero, o en las cercanías de Vaca Muerta, o las personas que viven en situación de pobreza energética son protagonistas en este especial, que se hace preguntas como quién produce la energía en Chile y Argentina y para quién lo hace, o quiénes pagan los costos ambientales que causa la generación de energía.
“Este proyecto nace a raíz de una convocatoria de la Clean Energy Wire para apoyar historias transfronterizas sobre la transición energética. Decidimos armar este especial junto a los colegas de Revista Cítrica porque creemos que las narrativas de la transición deben abordarse también desde el periodismo y desde los medios de comunicación de ambos países”, asegura Francisco Parra, editor de MediAmbiente.
“El periodismo transfronterizo nos permitió ver similitudes, diferencias, interconectar los procesos, ampliar la mirada hacia lo regional; pero sobre todo, nos posibilitó observar cómo, con particularidades, las transiciones hacia energías limpias pocas veces están diseñadas para las comunidades y sus necesidades. Es importante que esto cambie”, dice una de las periodistas del especial, Andrea A. Gálvez.
El especial consiste en cuatro capítulos, cada uno aborda distintos aspectos de la crisis climática y ecológica y la necesidad de que ambos países sudamericanos puedan plantear un horizonte de transición en conjunto. Además de datos, mapas e infografías, el sitio contiene seis historias periodísticas inéditas, escritas por diferentes periodistas especializados en ambiente y derechos humanos.
“Entendemos que vivimos una crisis sistémica, que el paradigma del desarrollo energético como se ha entendido hasta ahora es insostenible y que la transición ya está en marcha. Este proceso, abierto y lleno de incertidumbres, también abre alternativas socio-económicas viables y brinda la oportunidad para no cometer los mismos errores del pasado”, se puede leer en el especial.
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Concesiones, contaminación y compensación social provocan pobreza y hartazgo en la comuna El Edén. Hace 2 años Petroecuador firmó el último convenio y desde entonces opera de forma irregular sin el consentimiento de la población, afectada por enfermedades de la piel, estomacales y cáncer. Tras casi 20 años de explotación petrolera en su localidad, no cuentan con agua potable, electrificación o adecuada atención a la salud. Derechos básicos se ofertan en convenios incumplidos.
Con pancartas en alto y acompañados de sus hijos, mujeres y hombres de la Comuna El Edén exigen a la petrolera estatal Petroecuador renovar el convenio de compensación social por explotación del crudo en sus tierras. La estación petrolera Edén Yuturi está asentada en el territorio ancestral Kichwa Naporuna, a tan solo tres kilómetros del poblado. La zona de influencia del Bloque 12 EPF afecta a 900 personas por contaminación de tierra, agua y aire. Llevan 40 días de protesta pacífica en medio de la transición del nuevo gobierno de Guillermo Lasso. La presente crónica narra las actuales condiciones que atraviesa la comuna El Edén, un paraíso envenenado por la industria petrolera.
Atestiguar la selva
Detalle del rocío sobre unas hojas, Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
A 300 km de Quito, en la ciudad fronteriza de El Coca, Edwin Coquinche, un joven emisario del pueblo Kichwa Naporuna, espera en el puerto artesanal. Tenemos el permiso para ingresar al territorio ancestral de los kichwas amazónicos. Nos embarcamos en una canoa a motor para cincuenta personas. La madera se ha reemplazado por la fibra de vidrio. Es un hermoso día para navegar aguas abajo el río Napo. 98% de humedad. La lluvia es constante. Cuando se detiene, deja pasar el sol entre las nubes espesas.
Rótulo indicativo de las distintas plataformas existentes en la zona, Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Tras cuatro horas en canoa aguas abajo en el río Napo llegamos a El Edén, una de 238 comunas y comunidades de la provincia de Orellana. Su extensión es de 864 Km2. Como su nombre anuncia, El Edén es un pequeño paraíso. Árboles de frutas tropicales, plantas y flores autóctonas caen. Y tan pronto pongo un pie en tierra kichwa, el aparecimiento de un niño jugando entre las ramas de los árboles, marca el inicio de este viaje. Cubierto de barro de pies a cabeza, solo sus ojos se iluminan. Paúl es un niño de ocho años que se divierte columpiándose con una cuerda en la rama de un árbol de mango. Con un salto desde el árbol, se zambulle en las aguas del río sin preocupación porque el «río es también espiritual». Las historias de los abuelos se refieren a Amazanga, espíritu de la selva, como a un niño juguetón.
Subimos a la camioneta que la comuna financia para el transporte dentro del territorio cada hora. De esta forma, cuatro kilómetros se recorren en 15 minutos hasta el punto donde esperan nuestros anfitriones. Atravesamos un camino de gravilla en el bosque Siempre verde de tierras bajas, parte del sistema Aguarico-Putumayo-Caquetá.
La resistencia a menor escala: mariposas diminutas simulan con sus alas los colores y los pétalos de flores enanas; hormigas que cargan hojas hacia escondites donde la vida resiste; la captura de los rayos solares entre platanales y arbustos silvestres. Las petroleras han abierto caminos para conectar las plataformas de exploración y explotación. Empieza el desfile de letreros y señalética para indicar la dirección de las plataformas k, a, t, f, e, r, por un lado, c, h, j, d, i, g, hacia el otro sentido. Banderines rojos con la palabra «peligro» se levantan a los costados de largas tuberías que serpentean la superficie de la tierra. Avanzan, rodean, parecen no tener fin. «Ramales» o líneas secundarias que transportan petróleo crudo desde El Edén a Lago Agrio, con una extensión de 135 km.
En el trayecto, el olor de la combustión nos golpea. Un mechero está encendido en El Edén. Quema gas que tiene propano, butano (GLP) y metano (gas natural). Se divisa desde las aguas del río. Hollín, óxidos de azufre, y otros gases contaminantes generan una combustión que eleva la temperatura. Atrae a los animales y los quema. Aves, mariposas e insectos atraídos por la luz agonizan a su alrededor. Hay 447 mecheros encendidos en la Amazonía según datos del «Colectivo Eliminen los mecheros que encendemos la vida» registrados en 2020. Ecuador quema en mecheros a cielo abierto más gas que Brasil, Qatar y Canadá. Esta no es otra expedición al corazón indomable de la selva.
Acampar y resistir en comunidad
Desde el 10 de Mayo de 2021, se instaló un campamento para impedir el ingreso a la estación petrolera Edén-Yuturi en protesta. Unos 50 comuneros permanecen con sus familias a la espera de la nueva firma de un Convenio de Compensación Social en beneficio de su comuna. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Llegamos a una bifurcación en el camino que por un lado, conecta a la estación petrolera Edén Yuturi. En este lugar, los comuneros de El Edén sostienen un campamento rudimentario. Palos y plásticos levantan sombras para guarecerse de la continua lluvia. Se divisan una larga fila de motocicletas y un tanque cónico para unos mil mililitros de agua de uso comunitario. De un total de 169 familias, al menos unas 50 personas permanecen en el campamento. El 10 de mayo de 2021, para algunos trabajadores finalizó el contrato con la petrolera local. Fue la fecha en que las autoridades comunales escogidas por 284 socios, decidieron plegarse a una protesta pacífica.
Nos reciben en asamblea. Idalba Alvarado, la tesorera de la Comuna, se dirige a la comunidad en español y kichwa. Nos presentamos y agradecemos que se nos permita convivir en comunidad. Nos ofrecen comida y chicha, una bebida tradicional que preparan las mujeres con base en la trituración y fermentación de la yuca. La chicha sostiene el espíritu y sacia el hambre bebiéndose constantemente entre hombres y mujeres. Una electricidad despierta la lengua con la primera ingesta del mismo pocillo.
Desde el 10 de mayo, los pobladores decidieron protestar pacíficamente. Con palos y plásticos improvisaron carpas bajo las cuales ellos y sus hijos se resguardan de la lluvia. La cocina se instaló en medio del campamento con ollas donde se cocina yuca, verde y arroz. Pollos se preparan en un asador casi al ras del piso. «A veces, las cosechas en las chacras sólo se dan una vez y después los árboles mueren» comparte Edwin. El suelo es apto para agricultura de ciclo corto.
La pesca, una actividad vital de los Kichwas Naporunas se dejó de hacer en el río Yuturi, donde ya no hay peces, río sagrado de la comuna. Los peces se cultivan ahora en piscinas. Nos ofrecen lo mejor de su casa, las raciones del día. El valor de cada bocado, se recibe con generosidad y una carga de tristeza.
Una mujer camina junto a carteles ubicados alrededor del campamento con textos explicativos sobre las compensaciones que ha incumplido la empresa petrolera. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo.
En las mallas metálicas que cercan el campo, colocaron carteles citando la ley: el artículo 57 de la Constitución del Ecuador reconoce y garantiza los derechos colectivos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de acuerdo con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.
Los comuneros de El Edén exigen que las autoridades de Petroecuador los escuchen y firmen un nuevo Convenio de Compensación Social que expiró hace dos años. Esta no es la primera vez que protestan y exigen el cumplimiento de los Convenios. En 2015, el pedido a la petrolera (Petroamazonas E.P) era el mismo: agua potable, una casa de acogida, un embarcadero, una casa de salud, y remediar los derrames de crudo de 2012 y 2014.
Las peticiones «son migajas» expresa molesto un comunero. La producción del Bloque 12 es de 28.462 barriles de petróleo por día (bppd); en la central de facilidades de producción electrónica de exteriores, EPF (por sus siglas en inglés) se procesa el crudo proveniente de los Bloques 31 y 43, llegando a un volumen de 89.654 bppd. En territorio de la comuna El Edén se procesa cerca del 23% del total de la producción nacional está en 500.364,57 bdpd.
Ser un hijo Kichwa Naporuna hoy
Retrato de Edwin Coquinche. Heredero del Sacha Runa Yacha, el conocimiento del hombre de la selva. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Edwin Coquinche tiene 23 años. Se ofreció voluntariamente a acompañar a este equipo periodístico cuando su comuna pidió ayuda para denunciar. Ha dejado de hablar kichwa por vergüenza. Aprendió a cazar a los 14 años. El último animal que cazó fue una huangana, un puerco del monte. Tuvo que internarse mucho más adentro de la selva para encontrarlo después de horas de búsqueda. Tiempo atrás, cuando sus padres llegaron a El Edén, los animales se criaban en abundancia en las orillas del río Napo.
— ¿En qué trabajan los jóvenes de tu comunidad?
— En trabajos que nos ofrece la petrolera. Cavando zanjas.
— ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste para la petrolera?
— En noviembre. Pero tuve que renunciar. Enfermé de covid. Me hicieron los exámenes y fui el único contagiado de una cuadrilla de 12 trabajadores.
— ¿Qué pasó? ¿La petrolera te dio asistencia médica y receta?
— Me aislaron por 14 días. Dentro del campamento, no mejoraba. Solo me sentía peor con un gran dolor en la garganta. No podía respirar. Mi papá me llamó. Me dijo que debía salir de ahí sino podría morir.
— ¿Cómo hiciste para llegar a casa de tu familia?
—Caminé tres kilómetros hasta la casa de mis padres.
Mariela Mamallacta de 25 años abraza a su bebé Joel, recién nacido. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Encuentro bajo uno de los plásticos a Mariela Mamallacta de 25 años. Su pequeño hijo, Joel, tiene solo un mes de nacido. Compartimos el mismo plato de comida. Una madre tiene más hambre cuando da de lactar a su bebé.
—¿Cómo es cuidar a un bebé recién nacido en un campamento sin agua?
—Difícil —responde la madre primeriza abrumada por el llanto de su hijo. Le limpia el cuerpo con el agua de pozo que tiene en un recipiente cercano. También recoge agua de lluvia.
Una de las tuberías que forma parte de los «ramales» que transportan crudo en un trayecto de 135 km desde la estación Edén a Lago Agrio. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Un grupo de jóvenes están sentados en la orilla del camino. Uno tiene 21 años, el segundo 26, y un tercero 33 años. Vestidos con trajes overol, la vestimenta habitual que entregan las petroleras a los contratados, descansan en su tiempo libre. Pregunto sobre su empleo:
—¿En qué trabajan para la petrolera?
— En obra civil.
—¿Eso qué significa?
—Hacer huecos. «Trabaja. Cava.» Eso es lo único que nosotros tenemos.
Reciben un salario mínimo de aproximadamente 300 dólares. También están bebiendo cerveza y escuchando música.
— A alguno de ustedes, ¿les ofrecieron estudios?
— A nadie.
—¿Hay otro empleo en el que puedan trabajar?
—No, es todo lo que nos ofrecen: cavar zanjas de sol a sol —remata uno de ellos con amargura.
— Saben que hay maquinarias que podrían hacer su trabajo en menos tiempo. ¿Por qué creen que la empresa los contrata para cavar zanjas?
— Es la forma en que la empresa dice que apoya a la comunidad y le da empleo.
—Lleva solo una cosa para la gente de la ciudad —pide. Diles que El Edén está sufriendo. Aquí la gente está muriendo de hambre. De aquí sale el petróleo que mantiene al país.
¿Es todo lo que la industria petrolera y la promesa de la riqueza nacional pueden ofrecer a los hijos del pueblo milenario kichwa Naporuna?
«Ese derrame me hizo llorar»
Retrato familiar del chamán Carlos Tapuy y su descendencia. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Un largo legado tiene Carlos Tapuy de 55 años. Ocho hijos y nietos. Nació en Aguarico. Es un hombre de piel del color de la tierra de El Edén. Mide aproximadamente 1,80 de altura. Fuerte por el trabajo en el campo. Capitán de embarcaciones. Llegó a El Edén a los 13 años. Sus padres, originarios de Puyo, anhelaban encontrar un buen lugar para vivir. En dos ocasiones, 2007 y 2015, fue presidente de la comuna. La lucha de la comuna El Edén se hace también exigiendo la remediación de la contaminación petrolera:
«En 2014, el derrame en la plataforma L me hizo llorar » confiesa Carlos en medio de sus nietos que nos rodean para escuchar su testimonio. «Fue un doble derrame. Un estero lleno de crudo de 60 cm de alto. Llamamos al Ministerio de Medio Ambiente, tomaron la muestra y negaron la contaminación, a favor de la empresa».
En 2016, ocurrió otro derrame en la plataforma F. «Así mismo, salió agua de formación y llegó a la Laguna y mató a los peces más grandes. Trajimos al Ministerio de Medio Ambiente y otra vez nos negaron la contaminación. De nuevo, ellos se pusieron a favor de la empresa». La población cree que una infestación de lechuguines que impide navegar el río hacia la laguna emblemática de la comunidad es la reacción a la contaminación.
La comuna El Edén no cuenta con agua potable. Recogen agua de lluvia o se abastecen del agua de pozos. Las aguas del río Napo y río Yuturi están contaminadas por constantes derrames de crudo. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
La población se baña en los ríos de forma recreativa pero también por necesidad. «Las mujeres embarazadas tiene abortos y otros salen con cáncer, y toda clase de enfermedades» da testimonio Carlos Tapuy. «El río Napo también está contaminado. Dejan todo contaminado y nosotros no tenemos nada de beneficio. Por ese motivo, estamos pidiendo agua potable, vivienda y no nos cumplen».
Son al menos diez años de derrames continuos en las tierras ancestrales los que recuerda el líder histórico de la comuna Kichwa Naporuna. Por eso, cuando el 22 de julio 2019 finalizó el convenio de compensación social, solicitó en asamblea a los comuneros que primero firmen el Convenio de Compensación Social antes de que sigan trabajando y contaminando a El Edén. Para empeorar la situación, llegó la pandemia.
Medicina ancestral y sueños
Retrato de Carlos Tapuy, líder histórico de la comuna El Edén. Su fuerza proviene de la resistencia milenaria del pueblo Kichwa Napureno. Es hijo del tigre-chamán, Domingo Tapuy, curandero que heredó el conocimiento de al menos 30 recetas de medicina ancestral. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Carlos Tapuy enfermó de covid mientras trabajaba en Pañacocha, luego del gran derrame de 15.800 barriles de petróleo (bdp) en los ríos Napo y Coca, el 7 de abril de 2020. Su mujer le recordó: «Carlos toma yagé. Antiguamente, tu papá tomaba yagé cuando venía el sarampión». «Los curanderos soplaban para que la enfermedad no caiga aquí y guardaban a la gente y todos se salvaban» explica. Carlos Tapuy es también el hijo de Domingo Tapuy, un poderoso chamán de la zona. Junto a Bartolo Papa y a Diego Salazar, formaron la comuna El Edén en 1974.
Domingo Tapuy fue un curandero que enseñó a su hijo al menos 30 recetas que incluyen el uso de plantas sagradas como el yagé o la ayahuasca con propiedades alucinógenas y de sanación espiritual. La visión que tuvo para curar el covid fue a las plantas vivas pidiendo que las escuche. Sobre su padre, Carlos Tapuy narra:
— De Quito venían a buscarlo y curaba. Cuando falleció, se transformó en un tigre. Tenía 78 años.
—¿Cómo sabe usted eso?
— Antes de fallecer, me dejó diciendo: «Mijo, cuídate. Cuando yo muera, no comas ají. Coja algodón y juega botándolo». ¿Por qué dice así papá? —pregunté. «Mi alma es la que va transformarse en tigre» —respondió el chamán. A los quince días, él falleció. Me hizo soñar y pidió: «Camine a tal punto». Se lo conversé a mi mujer. Fui a ese lugar y cuando llegué, estaba lleno de loras y tucanes que cantaban alrededor. Ahí estaba mi padre. También salió gruñendo un tigre. Se encontró con su papá tigre que venía por el camino de Galeras, Sumaco. El hijo tigre era grande, papá tigre era tremendo y mucho más grande. Viéndome a mí sentado, lloraron. ¡Lloró ese tigre! Ambos tigres corrían y brincaban de aquí para allá, y yo seguía sentado. Después de una vuelta de despedida, se metieron a la selva. Y en el sueño me dijo: «Mijo adiós. Me voy con tu abuelo, él me lleva. Ahora te quedas solo. Cuide a su mujer, cuide a los wawas». Luego de siete años, no he vuelto a soñar con mi padre.
— ¿En qué animal de poder usted se va a transformar cuando muera?
— Según me dijo mi padre, hasta cierto punto, vives. Me dio de comer un barro rojo y me dijo: «Vas a vivir bien, y cuando vayas a fallecer, te convertirás como yo, en un tigre».
El chamán explica que junto a Manuel Coquinche y otros curanderos de la comunidad, cuidan y sanan a las personas. Las amenazas que ha recibido son reales y las enfrenta con la sabiduría de un tigre que conoce su fuerza: «Soy un líder y mi obligación es llevar adelante a mi pueblo». En mitad del campamento donde se mantiene la protesta, hacemos un retrato con la descendencia del tigre-chamán. Cierro el diálogo con el líder histórico de la comuna Kichwa Naporuna. También he visto al hijo de un tigre llorar.
Ceguera, abusos e ignorancia
Retrato de Abelardo Vargas. Perdió la vista por la contaminación petrolera en la comuna que ayudó a fundar. Fue presidente de la Comuna El Edén en 2000. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Abelardo Vargas de 67 años, es uno de los ancianos de la comuna. Junto a Santiago Santi, Adriana Alvarado, Augusto Tapuy y Carlos Tapuy, conforma el consejo de El Edén. Hace siete años quedó ciego. Ermelinda de 60 años, su esposa, asegura que fue el aire contaminado, el polvo de los químicos que se transporta por los caminos, y el agua contaminada lo que provocó la pérdida. La entrevisto en el centro de salud de la comuna. Debieron llevarla de urgencia a El Coca para ser atendida por una infección urinaria. 40 días de paro cobran efectos en la salud, sin agua potable, con poca comida.
«Me ofrecieron 200 mil dólares por la firma del Convenio de Compensación Social» revela don Abelardo Vargas. Se negó a firmar. El borrador del convenio que él conoció proponía dinero, salud para la enfermedad, obras y trabajo para la comunidad mientras la petrolera estuviera en su territorio. «Al cabo de un año de iniciadas las negociaciones, empezaron a quitar el empleo. Nos quedamos pisoteados, saqueados, viendo a la gente de la sierra y la costa venir a trabajar. Los de la comunidad empezamos a trabajar como jornaleros en trabajo de hacha, machete, motosierra. Del trabajo petrolero otras familias se benefician en Ecuador. Nosotros nos quedamos más pobres».
Abelardo tiene ocho hijos, 27 nietos vivos. Intentó enviar a uno de sus hijos a la Universidad en Quito. Cuenta que El Edén es sitio de herencia cultural de antiguos pueblos como Záparos, Abijiras y Omaguas, quienes hicieron la guerra con sus patrones que los esclavizaron en la extracción de oro en el río Suno. En 2001, el presidente de la comuna, Clemente Quindigua, firmó el convenio con la petrolera Occidental que habría de tener vigencia por un plazo de 19 años. Desde que se fue Occidental, los trabajos que ofrece la petrolera local son esporádicos. «Este es el motivo por el cual la vida se ha hecho más dura para nosotros, los dueños del territorio».
Conversamos con varios de los líderes que han ejercido la presidencia comunal. La pregunta es: ¿por qué tras 20 años de explotación petrolera en El Edén, la petición es la misma: agua, luz eléctrica, salud, vivienda? ¿Conocen los dirigentes que sus peticiones son derechos básicos que garantiza la Constitución ecuatoriana?
Retrato de Freddy Oraco, ex presidente de la Comuna El Edén en 2020. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Claudio Alvarado de 48 años, originario de Archidona en Napo, y presidente comunal en 2002, lanza una respuesta: «Por desconocimiento no exigimos nuestros derechos. Cuando fui presidente de la comuna tenía 23 años y desconocía sobre los derechos». Con la ayuda de su esposa, Claudio culminó el bachillerato. Se siente más preparado. Le pregunto: ¿Qué haría para garantizar el derecho de sus hijos? «Hay muchas instituciones competentes encargadas de vigilar los daños ambientales y dar solución a los problemas. La Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Vamos a hacer cumplir nuestros derechos como dueños del territorio. Derechos ancestrales por justicia y por herencia» responde Claudio rodeado de su esposa y seis hijos.
La comuna El Edén está recibiendo asesoría legal y apoyo de otras organizaciones sociales como Fundación Alejandro Labaka para la defensa de sus derechos.
Carlos Tapuy y Wilson Quindigua junto al puente sobre el río Yuturi. Los comuneros aseguran que debajo del puente, una tubería presenta una constante fuga de aguas residuales provenientes de la empresa petrolera. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Sobrevivir en El Edén contaminado
Hasta el Centro de Salud llegamos buscando confirmar la existencia de la Casa del Parto Intercultural Warmi Wachana Wasi. Petroecuador registra en sus acciones de responsabilidad social, el proyecto de parto intercultural. Y sólo cinco mujeres han hecho uso, según los registros. En la cartelera pública del centro se hacen públicos los siguientes datos: La población por censo en el área de influencia son 520 personas en El Edén, 272 hombres, 248 mujeres, nueve embarazadas, y seis personas con discapacidad.
Las determinantes de salud en El Edén son de tipo conductual (fecalismo al aire libre, shamanismo, cocinar con leña); biológicas (población mayoritariamente joven, nutrición con base en pescado, yuca y carne de monte); ambientales (0% de hogares con consumo de agua segura, 25% de hogares cuenta con energía mediante planta eléctrica); sociales (bajo nivel de educación, consumo problemático de alcohol, violencia intrafamiliar y de género, presencia de la industria petrolera). Las amenazas reconocidas a la salud son las epidemias y la contaminación. Se registran más de 400 casos de covid. Entre las 10 primeras causas de morbilidad infantil está en primer lugar la rinofaringitis aguda, le sigue la diarrea y gastroenteritis, amigdalitis, pioderma, pediculosis, conjuntivitis viral, bronquitis aguda, dermatitis seborréica. También se registra: impétigo, parásitos intestinales, helmintiasis intestinal, dermatitis alérgica de contacto.
Con asistencia de la comuna, llegamos al puente de acceso a los puntos de control en El Edén: Río Pungara, Río Enrique, Ramal del Yuturi, Río Ushpa Yuturi, Río Pimosyacu, Desembocadura del Yuturi. En cada ocasión que se presenta un derrame, las boyas que se guardan aquí se sacan para navegar los afluentes del río Yuturi. Esta es una forma de saber que se ha producido un derrame. Debajo de este puente, hay una fuga de crudo que brota desde una tubería debajo del agua. Una mancha negra aceitosa advierte la falla.
La concesión para exploración y explotación de petróleo, la hacía el gobierno ecuatoriano sin consulta previa, libre e informada a los pueblos.En el año 2001, las actividades petroleras en territorio de la comunidad El Edén se hicieron con la suscripción de un convenio con Occidental Exploration and Production Company (OEPC) para diez pozos. «Hoy se cuentan más de 30».
Wilson Quindigua, actual presidente de la comuna El Edén frente al ingreso de la plataforma C, estación Edén Yuturi, bajo la administración de Petroamazonas. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
El Convenio con Occidental firmado en 2001, se renovó en 2004. En 2006 el gobierno ecuatoriano embargó a la petrolera estadounidense Ocidental por venta ilegal de acciones a la compañía AEC. Actualmente, Petroamazonas administra la estación Edén Yuturi. El convenio de compensación social venció el 22 de julio de 2019. Y Petroecuador continúa operando dos años sin la firma de ese convenio» explica Wilson Quindigua de 46 años, presidente de la comuna desde enero de 2021. «La petrolera le explicó que obtuvieron permiso para tirar las aguas grises al río Yuturi». Con engaños, funcionarios de la petrolera sostienen la legitimidad de sus acciones en contra de la naturaleza. «Como presidente de esta comunidad asentada en tierras comunales, nunca hubiera autorizado ese crimen», reitera enfático.
Más de 30 muñecos que marcan la perforación de pozos en la plataforma C, estación Edén Yuturi. A menos de tres kilómetros del poblado. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
«Petroamazonas EP aplica sistemas de perforación en racimo en sus campos. Por ejemplo, en Edén Yuturi, en las plataformas C y D, se perforan 30 pozos por cada plataforma» refiere el informe de gestión empresarial de 2013. El mismo documento menciona que construyó corredores ecológicos, puentes de dosel, pasos deprimidos sin especificar cuántos. Se preparó bases de licitación para la ampliación de Yuturi y se afirma que se ejecutaron todos los trabajos bajo acuerdos firmados con las comunidades del sector.
El colectivo Geografía Crítica inspeccionó el Bloque Edén Yuturi en Abril de 2019 y elaboró un amplio informe. «En total, Petroamazonas, ha deforestado cerca de 288,64 hectáreas para la instalación e implementación de infraestructura petrolera dentro del territorio de la Comuna El Edén». Los estudios de impacto ambiental se hacen por organizaciones de la sociedad civil observando el incremento de amenazas a las especies de flor y fauna endémicas de la Amazonía no solo por las prácticas extractivas sino también por el incremento del calentamiento global.
Concesiones y compensación social
Un niño juega con su juguete dentro del campamento de resistencia junto a su familia. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
En el marco normativo vigente, el artículo 57 constitucional, el artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental, y el artículo 41 del Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, abordan el concepto de protección y responsabilidad ambiental así como el de compensación social. El Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas define a las medidas ambientales de compensación como aquellas que se requieren para compensar y contrarrestar el deterioro y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible del ambiente existente antes o durante la ejecución de las operaciones hidrocarburíferas. Los Estudios de Impacto Ambiental, contenidos en el Plan de Manejo Ambiental deben obligatoriamente presentar un Plan de relaciones comunitarias con criterios de compensación.
Para Carlos Mazabanda, coordinador de Amazon Watch en Ecuador, este racionamiento que las empresas tienen con las comunidades se da desde que la industria petrolera empezó a moverse en la Amazonía ecuatoriana. «Ofrecieron beneficios que eran dádivas para las comunidades. Los indígenas las aceptaban en la década de los sesentas. Así empezó este relacionamiento y se fue institucionalizando en las leyes» explica.
La entrega de obras, dinero, entre otras acciones por parte de las petroleras directamente a las comunidades, cambió en 2012. El gobierno de Rafael Correa creó Ecuador Estratégico para que fuera el propio Estado quien garantice la entrega de recursos. En opinión de Mazabanda, «fue una medida popular para mostrar a las comunidades quién les estaba dando recursos, asegurar un relacionamiento cercano con las comunidades y seguir promoviendo la actividad petrolera». En octubre de 2007, el presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo 662, elevó al 99% la participación del Estado en las utilidades que generan a las empresas petroleras privadas los altos precios del crudo, misma que hasta entonces había sido del 50 %. Se hace necesario cuestionar: ¿el incremento en la participación estatal alentó un mayor extractivismo? Los derrames documentados por la comunidad de El Edén ofrecen una clara respuesta.
El tanquero de la empresa petrolera se encuentra retenido desde el día que iniciaron las movilizaciones. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Si el precio del petróleo es alto, si hay ganancias para las petroleras locales o extranjeras, entonces se promete mayores beneficios a las comunidades. El análisis de la compensación social puede evaluarla como un sistema perverso: «Bajo esta lógica, se empieza a considerar derechos y es injusto si tomamos en cuenta que la actividad petrolera les puede traer una gran afectación ambiental, social y culturalmente a los pueblos indígenas» expresa con preocupación Mazabanda.
La llamada Compensación o Responsabilidad Social Empresarial (RES) fue disminuyendo. Influyó también la caída del precio del petróleo. El incumplimiento del convenio para empresas extranjeras o locales no representa ningún problema por sanciones económicas o impedimentos que frenen su actividad.
El 15 de junio, se presentó el Informe de situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador 2021 por parte de la Alianza de Organizaciones. El informe da cuenta de la criminalización de comunidades Kichwas y abogados/as defensoras del derrame de hidrocarburos del 7 de abril en la provincia de Orellana. 27 mil personas habrían sido afectadas por 15.800 barriles de petróleo en los ríos Napo y Coca. el 29 de abril de 2020, se presentó una acción protección con medidas cautelares por parte de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos. La demanda es contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la empresa estatal de petróleos Petroecuador y la empresa privada OCP Ecuador.
Graves crímenes ocurren en la amazonía ecuatoriana. Los pueblos originarios llevan resistiendo 500 años de colonización y extractivismo. ¿Hasta dónde alcanza el dinero y las dádivas a pagar el sufrimiento de toda lo que representa vida?
Escuchar a la selva
Detalle de las plumas multicolores de un guacamayo. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
En la cosmovisión de los pueblos ancestrales, no somos los foráneos quienes emprendemos una expedición a la Amazonía como en una película de aventuras. Son ellos y el espíritu de la selva, quienes nos convocan. Por eso quizá, el segundo día de estancia en la comuna El Edén, la lluvia incesante hizo que nos quedemos cerca de la escuela, buscando guarecernos. Pusimos atención en los insectos y animales gozando del agua, chapoteando en la humedad. Un escarabajo hércules nos dio la bienvenida, los zancudos nos pincharon, las garzas sobrevolaron los charcos, y las plantas nos dejan ver cómo crecen, y la vida se impone.
Unidad Educativa El Edén (Mushuc Inti), provincia de Orellana. Centro educativo de Educación Regular y sostenimiento Fiscal, con jurisdicción Bilingüe. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Tras un año de pandemia y restricción de movilidad, las aulas vacías piden de regreso a los niños. Encontramos libros en los que se estudia historia del Ecuador. Un mapa de la nación donde el territorio amazónico luce más inmenso que las superficies urbanas. En cuadernos abiertos, la escritura de los estudiantes se hace en español, kichwa e inglés.
Al partir de la comuna El Edén, tomamos de nuevo la camioneta con rumbo al muelle. Encuentro a Paúl columpiándose en las ramas del gran árbol de mango. Sonríe. Se zambulle con un salto en las aguas sagradas del río Napo. Hereda el Sacha Runa Yacha, el conocimiento del hombre de la selva. Los lugares del yachak o chamán están vigilados por guardianes como serpientes o pumas, representantes de Amazanga, el espíritu del bosque.
¿Existe riesgo de ocupación violenta de las fuerzas de seguridad del Estado en la comuna El Edén? El 3 de junio, Petroecuador declaró Fuerza Mayor en el Campo Edén Yuturi, perteneciente al Bloque 12, y las áreas de influencia directa, con el fin de implementar un Plan de Contingencia Logística Operativa. La empresa considera que los trabajadores están expuestos así como las instalaciones del estado. Se pidió el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para relevo técnico y abastecimiento de víveres y materias primas. La producción del Bloque 12 es de 28.462 barriles de petróleo por día (bppd); en la central de facilidades de producción electrónica de exteriores, EPF (por sus siglas en inglés) se procesa el crudo proveniente de los Bloques 31 y 43, llegando a un volumen de 89.654 bppd.
El cintillo que lleva Abelardo Vargas en su cabeza fue tejido por su esposa, Ermelinda, durante su estancia en el campamento. Está hecho con fibras vegetales y plumas de guacamayos. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
En una lenta agonía. El agua envenenada en los ríos Napo y Coca, fluye a través de los bosques y el Amazonas. Dentro de 20 años más de explotación petrolera y minería, ¿cuántos pueblos indígenas sobrevivirán a su muerte cultural? ¿Cuántas comunas serán los próximos poblados marginales que entren al mercado de consumo? Requiere un cambio de política estatal que garantice la Constitución, los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, los derechos básicos al agua, el alimento y una vida digna libre de contaminación. Sobre todo el reconocimiento de que los pueblos originarios como El Edén, aún existen y están en la Amazonía resistiendo.
Detalle de una cobija. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
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Las campañas internacionales contra la deforestación se han centrado históricamente en los bosques húmedos. Biomas como los de la Amazonía o Indonesia, donde se producen grandes cantidades de commodities para la cadena agroindustrial global, han recibido así un foco constante de atención. Pero, esta narrativa dejó de lado lo que viene ocurriendo desde hace más de tres décadas en los bosques secos.
Por la transformación profunda que experimentaron gracias al paquete tecnológico de la soja genéticamente modificada y la expansión de la ganadería, el Gran Chaco Americano y el Cerrado brasileño, entre otros ecosistemas vitales, han sido diezmados, generando emisiones de carbono (causantes del cambio climático) comparables a las de los sistemas tropicales.
Esto también impactó, claro está, en la composición física de la atmósfera y en el aumento de la temperatura planetaria, más allá de que se le haya prestado o no la suficiente atención.
El Gran Chaco, subestimado
El caso del Gran Chaco, que comparten la Argentina (60%), Paraguay (23%), Bolivia (13%) y Brasil (4%), es emblemático. No sólo se han subestimado las emisiones históricas, también se ha errado en la valoración de cuánto carbono queda almacenado en la biomasa que sigue en pie. Esto, por supuesto, vuelve todavía más relevante las necesidades de conservación de un sistema que tiene apenas una área ínfima de protección en El Impenetrable argentino, donde se logró la creación del Parque Nacional del mismo nombre en parte de lo que era la estancia La Fidelidad.
El resto de El Impenetrable, una región tan maravillosa como misteriosa, de enorme biodiversidad, es la nueva frontera caliente de la deforestación en la Argentina. Y tiene a todas las organizaciones de la sociedad civil en la provincia del Chaco en pie de guerra contra su gobernador, Jorge Capitanich.
Según estudios realizados por investigadores argentinos y alemanes usando una combinación de mediciones en el terreno y de monitoreo satelital, el carbono almacenado en la ecorregión es 19 veces superior al que se pensaba, un valor que no deja de sorprender a los propios científicos.
“Sólo para el Gran Chaco seco, hay unas 4.65Gt de carbono almacenados en la vegetación. Esto es una cantidad de carbono muy considerable. Es lógico pensar que no todo va a ser emitido. Pero demostramos, en término de las cantidades de emisiones que están yendo a la atmósfera, que las del Gran Chaco son comparables a las de lugares como la Amazonía o Indonesia. Y esos son los sitios que se relacionan con las grandes discusiones sobre el cambio climático”, indica Tobias Kuemmerle, del programa de Uso de la Tierra del departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt en Berlín (Alemania).
El Gran Chaco es el sistema boscoso continuo más grande y biodiverso de América del Sur detrás de la Amazonía. Su destrucción ha sido particularmente brutal en la Argentina, donde ha perdido más de 8 millones de hectáreas en las últimas tres décadas, y en el Paraguay, donde se han desmontado grandes áreas para la ganadería. Bolivia, por su parte, cuenta con más áreas protegidas, aunque los dramáticos incendios forestales de los últimos años demuestran su fragilidad.
Parque Nacional El Impenetrable. Crédito: Rewilding Argentina / Florian Von Der Fecht
¿Integración o desintegración?
En total, desde 1985, se han deforestado 14 millones de hectáreas del Gran Chaco. ¿Con qué objetivo? La integración de estos países al ciclo de commodities global, ya sea para granos enteros o procesados en forma de harina o aceite, carne o cuero. Todo tiene una demanda que parece no tener techo en mercados que están en Europa, China, India y otros países asiáticos.
El desmonte del Gran Chaco —y, por caso, el del Cerrado— no se hizo para posibilitar una agricultura o ganadería de subsistencia, como había ocurrido históricamente. Por el contrario, este obedeció a la entrada del capital organizado, a partir de que se resolvieron problemas tecnológicos para realizar la producción agropecuaria en bosques más abiertos, secos y estacionales.
“Los actores que intervienen en la mayoría de las veces son empresas con capacidad de inversión que, cuando deforestan, hacen un evento de limpieza total y pasan, en dos o tres años, por todo un camino de la ganadería a la agricultura y, a veces, a la agricultura directo”, afirma Ignacio Gasparri, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) de la Universidad Nacional de Tucumán.
“En muchos lugares del Chaco argentino, hay un sistema de arrendamientos de tierras. No es la gente que es dueña de la tierra la que controla los campos, sino alguien que la alquila. No hay ninguna motivación para hacer las cosas bien. Estoy aquí por 10 años, le arranco cada gota a este campo y después me voy a otro lugar. Todo esto contribuye a una dinámica tremenda”, añade Kuemmerle. Y completa: “Una de las tragedias del Chaco es que, probablemente, la agricultura no tenga un buen futuro, sino que sólo se pueda hacer por una cantidad determinada de tiempo y luego todo quede destruido”.
Esta lógica de uso de capital intensivo se tradujo en un avance muy rápido y sostenido de la frontera agrícola. Así, en muy poco tiempo, se produjo una enorme cantidad de emisiones desde lugares que, se suponían, no tenían que liberar tanto carbono hacia la atmósfera.
Igual que en Borneo
Por muchos años, la comunidad científica internacional ni siquiera había reparado en lo que estaba sucediendo en esta zona del mundo, por considerarlo un sitio vacío, degradado y de difícil acceso. Tampoco había dinero para la investigación. Para tratar de llamar la atención, los investigadores empezaron a usar el término “extratropicales” para referirse a los bosques secos, como para alertar que algo aquí estaba pasando también. Y que era importante.
No obstante, un paper publicado en 2016 entre varios investigadores argentinos y alemanes, encabezados por Matthias Baumann, también de la Universidad Humboldt de Berlín, vino a llenar un vacío que existía en la literatura científica.
“El carbono que se ha liberado por la agricultura en los últimos 30 años tiene la misma magnitud que Kalimantan en el Sudeste asiático, que es un área (en la Isla de Borneo) muy afectada por la deforestación para la producción de la palma aceitera. Todo el mundo habla de Indonesia, pero nadie habla del Chaco. Y nuestra investigación revela que la magnitud de las emisiones son las mismas”, señala Baumann, quien también es autor principal del paper, aún bajo revisión de pares, que establece que hay 19 veces más carbono de lo que se calculaba en los stocks vegetales del Gran Chaco.
“Las emisiones son tan fuertes porque el cambio del uso de la tierra ha sido tan drástico y extendido. Hay más carbono en el Chaco de lo que previamente se asumió. Eso significa que, si la expansión de la frontera agrícola continúa, el daño en término de emisiones de carbono se espera que sea más grande de lo que pensaba”, agrega.
A su vez, Gasparri, investigador que hace las mediciones en el terreno, indica: “En términos de la superficie que tiene esta región, comparada con la Amazonía, se está emitiendo mucho, a pesar de que tiene menos de la mitad de la biomasa que tiene un bosque amazónico por hectárea. Sin embargo, las emisiones son equivalentes en órdenes de magnitud”.
Más desmonte, más desigualdad
La deforestación en la porción argentina del Gran Chaco se ha desacelerado en la última década, aunque los científicos aún no logran entender qué es lo que sucedió realmente.
La sanción de la Ley de Bosques, en 2007, coincidió con una baja en el precio de los commodities. Muchas de las áreas que quedan para limpiar de árboles y animales están lejos de la infraestructura de transporte, por lo que el costo del traslado de la producción a los centros de acopio no alcanza para garantizar una renta ventajosa. Hay lotes que se desmontan por especulación inmobiliaria y nunca llegan a tener un uso productivo. Así y todo, el ritmo de desmonte en la ecorregión se mantiene en torno a las 100.000 hectáreas anuales, que —si bien es un cuarto del pico histórico— sigue siendo muy alta.
Ahora bien, el desmonte no sólo avanza sobre la vegetación y la biodiversidad, poniéndola en alarmante peligro. También lo hace sobre comunidades nativas y criollas, muchas veces vulnerando sus derechos humanos. El reparto de la “riqueza” generada por la deforestación ha sido totalmente desigual, generando desplazamiento de comunidades que han vivido históricamente en el monte. Las provincias del Norte argentino siguen estando entre las más pobres del país.
Lejos de París
El tipo y la dinámica del corrimiento de la frontera agrícola influye fuertemente en la cantidad de emisiones: la producción de carbono es superior cuando se trata de agricultura que de ganadería.
Esto ocurre por una razón sencilla. Cuando se hace agricultura en un campo desmontado, se eliminan hasta las raíces, se quema todo, liberando en el acto el carbono acumulado por siglos y siglos. En cambio, cuando se hace ganadería, se cubren los suelos con gramíneas, como el gatton panic, una especie subtropical originada en Zimbabwe, que captura más carbono que la soja.
La discusión sobre las emisiones del Chaco debería ser relevante en un mundo que quiere limitar la suba de la temperatura media global a 1,5°C respecto de la era preindustrial, que es la meta más ambiciosa del Acuerdo climático de París. “Hay más gente en los mercados donde se consumen los productos de la Argentina que empiezan a estar interesados en este tema”, advierte Baumann.
De acuerdo a Transparency for Sustainable Economies (Trase), una plataforma online que permite visibilizar el comercio de commodities con el objetivo de transparentar las cadenas de suministro, la Unión Europea y el Reino Unido figuran entre los mercados más expuestos a la deforestación del Gran Chaco, a través de la compra de harina de soja que se despacha por los puertos de Santa Fe, hidrovía mediante.
Mientras se empantana el debate del acuerdo Unión Europea-Mercosur, por el rampante desmonte de la Amazonía, los estudios de las emisiones del Gran Chaco deberían también resaltar el papel de la destrucción ecológica de la región.
Diligencia debida
Tanto la Unión Europea como el Reino Unido están discutiendo leyes llamadas de “debida diligencia”, para limpiar las cadenas agroindustriales de deforestación,de la misma forma en que se le exige a los grandes fabricantes de productos electrónicos, como Apple o Samsung, que no se abastezca de componentes en zonas donde se violan los derechos humanos.
La soja procesada que compran a la Argentina es utilizada para engordar todo tipo de animales de cría industrial, como cerdos, vacas, pollos o salmones, entre otros. Así, se está reemplazando la rica biodiversidad del Chaco, única en muchos sentidos por sus especies animales y vegetales (en algunos casos, endémicas), por un puñado de proteínas que llega mágicamente trozada y empaquetada a las góndolas de los supermercados. El mismo sayo le cabe a los productos lácteos, en todas sus variedades, hasta las que se venden como las más sanas.
“Lo que le damos de comer a los cerdos y a los pollos, así como la carne que importamos, pueden conectarse a la deforestación. Cuando se toma a la Unión Europea como un todo, es muy grande la deforestación indirecta que estamos probando en América del Sur”, dice Kuemmerle.
Responsabilidades colectivas
Sin embargo, como los mercados de commodities son globales, y funcionan como una gran olla a donde todo va a parar al mismo guiso, no se pueden descartar las dinámicas que suceden fuera de Europa y que influyen en todas partes. En este sentido, Gasparri explica que la gran presión sobre bosques como los de la Argentina coincide con el momento en que se empiezan a criar animales encerrados en establos de escala industrial en China, donde había una población con carencias alimenticias y muy bajo consumo de proteínas.
“Todo el proceso de urbanización que se da allí con la incorporación de una dieta con más proteínas se hace, en gran medida, con animales que se crían en forma confinada: gallinas y chanchos. Cuando el país se abre al mercado internacional, aparece un jugador muy importante que se suma a la demanda de un producto que ya era alto”, explica.
“Los países que son productores están respondiendo a una demanda global. Incluso a lógicas que pueden ser erradas, que es la de ‘si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer’. Y esa situación nos ha llevado a un punto difícil de manejar. Las políticas de cambio climático tienen un gran desafío”, añade. “Hay que analizar las cadenas de valor completas, las responsabilidades colectivas. No es un problema estricto de la producción, sino de las cadenas de valor.”
Diversas organizaciones están poniendo presión sobre las cadenas de comida rápida y los supermercados en Europa por su exposición a la deforestación, no sólo ya en las grandes compañías comercializadoras o los frigoríficos brasileños. Estas campañas ensucian su imagen corporativa, apelando a una nueva clase de consumidores jóvenes.
“Las principales marcas alimentarias del mundo —incluidas las cadenas de restaurantes como McDonald’s, y los supermercados Tesco y Carrefour— no han conseguido eliminar la deforestación de su cadena de suministro de carne de vacuno a nivel mundial, a pesar de haberse comprometido a hacerlo para 2020”, dice un informe reciente de la organización Mighty Earth.
Y completa: “El ganado es el motor más importante de la conversión de los ecosistemas nativos ligados a la agricultura, siendo los pastos responsables del 63% de la pérdida de la cubierta arbórea mundial ligada a la agricultura industrial entre 2001 y 2015. Aunque gran parte de la atención de los medios de comunicación se centra en la Amazonía brasileña, el desbroce de tierras impulsado por el ganado también amenaza otros biomas críticos como el Cerrado y el Pantanal en Brasil, la región del Gran Chaco en Paraguay y la Argentina, y una variedad de ecosistemas nativos en toda Australia”.
El árbol, el bosque
El Gran Chaco tiene una variedad de árboles de madera dura. Entre ellos, el Quebracho, cuya explotación y saqueo a escala industrial constituyó buena parte de la historia más oscura de la Argentina y de su gente más vulnerable. Además de tener mucho tanino y un tronco de hermoso color colorado, guarda en su interior una gran capacidad para retener carbono. Este tipo de árboles, que incluyen también al Quebracho Blanco y al Palo Santo, no se encuentran en ninguna otra ecorregión. Los ecólogos no saben por qué: es un misterio de la naturaleza.
Se trata de especies de crecimiento lento, sometidas a un calor enorme. Tienen la capacidad de estar varios siglos en pie, proveyendo servicios ambientales por generaciones. Una topadora, sin embargo, puede derribarlos en cuestión de minutos.
El Quebracho proveyó un insumo esencial para la industria textil que generó la Revolución Industrial. Ahora, más que el tanino y su madera —que también fue súper explotada para fabricar durmientes en la expansión del ferrocarril, así como postes y alambrados—, la mejor ayuda que puede prestarle a la sociedad es secuestrando el exceso de carbono de la atmósfera que empujó, paradójicamente, la misma Revolución Industrial que casi lo destruye. Y, también, dar sombra y enaltecer espiritualmente el paisaje.
“Es difícil competir con la Amazonía, que es un ecosistema tan importante, con muchas especies únicas y con gran importancia en el reciclaje de la humedad. Pero, sistemas como el Cerrado o el Chaco son retratados equívocamente con tierras vacías degradadas, tierras que no tienen mucha biodiversidad. No tendrán la biodiversidad de la Amazonía, pero tienen mucha biodiversidad. El Chaco tiene una gran variedad de aves. En Europa, tendrías que juntar muchos ecosistemas para tener la misma cantidad de especies”, reflexiona Kuemmerle.
“El Gran Chaco sufre a la sombra de la Amazonía, se lo representa equivocadamente y no hay mucha investigación sobre estos lugares, que son muy remotos”, advierte. Lo que hace al Chaco especial es que es “el más grande bosque seco subtropical con árboles, arbustos y de vegetación leñosa, y lo más importante: tiene más de un millón de kilómetros cuadrados”.
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Décadas de desastres ambientales antecedieron el histórico cierre de la central termoeléctrica a carbón “Ventanas 1”, en diciembre pasado. Con el inicio de la “descarbonización”, la definición de una transición “justa” para la zona de sacrificio es el desafío que viene.
De pie en la Punta Ventanilla, Carlos Vegas, de 65 años, mira de frente al parque industrial con el que ha convivido casi toda su vida. Sus ojos cruzan hasta esas 15 industrias desplegadas por la bahía que conecta las localidades de Quintero y Puchuncaví, en la zona central de Chile. Aunque heredó el oficio de pescador de su padre y de su abuelo, hoy Carlos está alejado de esa labor. Hace 20 años, la autoridad sanitaria chilena le prohibió a él y a su sindicato la venta y cultivo de moluscos por presentar altos niveles de cadmio, arsénico y cobre. Le dijeron que si la gente se enfermaba, sería su culpa.
Carlos conoce estas aguas del Pacífico como la palma de su mano. Con una certeza absoluta, dice que mañana habrá un varamiento de carbón en la playa. Toma su celular, mira los datos de altura de las olas en Puchuncaví que le muestra Google, e insiste: “La marea está baja, hazme caso, mañana a las 8 de la mañana, la playa estará llena de carbón”.
La mañana siguiente, un representante de la Armada -autoridad marítima en Chile- recorre la costa y da el aviso. Un nuevo varamiento de carbón en Ventanas, la playa que colinda con el parque industrial. Acto seguido, un grupo de 4 pescadores artesanales, cargados con palas y sacos, llegan a recoger el carbón que dejó la marea.
Cuando el mar está calmo, y el oleaje es bajo, el carbón queda varado en la arena. “Esto es como cuando tienes la taza de leche. Si la dejas quieta, la nata sale arriba. Si la mueves, se queda pegada”, explica José Carvajal, 58 años, pescador artesanal de toda la vida. Es el coordinador del grupo de limpieza convocado por AES Gener, dueña de las tres termoeléctricas a carbón que hoy funcionan en la zona.
Un grupo de limpieza convocado por AES Gener, dueña de las termoeléctricas a carbón que funcionan en Quintero y Puchuncaví, limpia regularmente el carbón de la playa (imagen: Saul Mansilla)
“Tenemos que hacerlo. Me preguntas si me gusta y no me gusta po, esto un basurero y estamos limpiando. Nos dicen vendidos y no po. Nosotros denunciamos todos los días esto”. Su teléfono muestra el grupo de WhatsApp que comparte con un representante de la Gobernación Marítima y de la empresa, donde queda un registro fotográfico de cada día de varamiento.
Solo en enero de 2021, pescadores artesanales de Ventanas recogieron cuatro toneladas de carbón en la playa. Con los años se ha normalizado ver el negro en la arena junto al amanecer. La Fundación Terram cifró en 832 los varamientos entre 2009 y 2020.
¿Cómo es que un balneario popular termina saturado de carbón año tras año? En 2017, la Fiscalía Marítima de la Armada cerró una investigación sumaria que aseguraba que los varamientos se debían a “la falta de control por parte de AES Gener S.A. en el manejo de residuos de sus procesos productivos”. La empresa apeló y se reabrió una investigación que continúa sin novedades desde entonces y que solo abarca los varamientos entre 2011 y 2013.
En 2020, AES Gener quemó más de un millón 450 mil toneladas de carbón bituminoso proveniente de Estados Unidos y Colombia, principalmente. Llegó en buques a la bahía, palas mecánicas y grúas lo extrajeron y vertieron en una correa transportadora que se extiende 1,4 kilómetros mar adentro desde la costa, encargada de llevarlo a una cancha de acopio al aire libre. Durante décadas ha funcionado ese proceso en el puerto de Ventanas.
“Aquí ya se hizo todo. Investigaciones, muestras, inversiones. Másteres y doctorados estuvieron acá haciendo estudios, y sigue apareciendo carbón. El fondo marino ya está saturado. Y nos quieren tener 20 años más así”, dice Carlos Vegas.
El carbón representó el 39% de la generación eléctrica en Chile en 2019, año en que el presidente Sebastián Piñera hizo un anuncio inédito para este pequeño país sudamericano que apenas aporta el 0.26% de las emisiones globales de CO2: El cierre de sus 28 centrales a carbón para 2040. La descarbonización de la matriz energética se convirtió en el principal compromiso climático de Chile, y en su gran bandera de acción para lograr la carbono neutralidad.
Puchuncaví ya inició su transición, con el cierre, en diciembre de 2020, de la central “Ventanas 1”, que operaba desde 1964. Pero el desafío no se vislumbra simple para una zona que ha convivido más de medio siglo con múltiples consecuencias ambientales.
Carlos Vegas (65), oriundo de Ventanas, ha sido pescador toda su vida. Hace 20 años, la autoridad sanitaria chilena le prohibió a él y a su sindicato la venta y cultivo de moluscos por presentar altos niveles de cadmio, arsénico y cobre / Foto: Saúl Mancilla
Medio siglo de sacrificio en la bahía
Mareos, desmayos, sangre de narices, extremidades dormidas, crisis de angustia. Entre agosto y octubre de 2018, 1.553 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por síntomas de intoxicación a lo largo de ocho centros médicos de la región de Valparaíso, según acredita un informe de la Defensoría de la Niñez
La Corte Suprema, en un inédito fallo, afirmó que el Estado había fracasado en la protección de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Pero, al mismo tiempo, la sentencia reconoce la inexistencia de “antecedentes que permitan determinar cuáles son los compuestos, elementos o gases que causaron los referidos episodios de intoxicación, quiénes son los responsables y cuáles son las consecuencias precisas para la población de esas localidades”.
Encontrar responsables parece ser como buscar una aguja en un pajar. El parque industrial incluye, entre otros, una refinería de petróleo; una fundición de concentrado de cobre; un complejo termoeléctrico a carbón; una terminal de descarga y almacenaje de químicos; una planta productora de cemento; una termoeléctrica a gas natural; una terminal que almacena gas; otro terminal de descarga de combustible; y una planta de lubricantes.
En 2011, niños y niñas de la escuela rural de La Greda se intoxicaron en distintos episodios en marzo, agosto y noviembre de ese año. La justicia acreditó la responsabilidad de Codelco por mal manejo de su fundición de cobre. La escuela fue relocalizada, a menos de dos kilómetros de distancia. En 2019, investigadores chilenos y estadounidenses publicaron un estudio que demuestra que niños de 1 a 5 años están en riesgo de padecer cáncer por los niveles de exposición a arsénico en los suelos. “Esto requiere una intervención específica del gobierno chileno”, dijeron los científicos.
La presencia industrial no se ha traducido en desarrollo para la localidad. Puchuncaví tiene una pobreza multidimensional del 27% de la población, siete puntos por sobre el promedio nacional, y el 32% de sus habitantes carece de acceso a servicios básicos, veinte puntos sobre la media de Chile. Carlos Vegas lo ejemplifica: “En esta comuna, que tanto desarrollo le trajo al país, en el año 2021, la mierda se tira ahí en la esquina porque Ventanas no tiene una planta de tratamiento de residuos”.
En 2019, investigadores chilenos y estadounidenses publicaron un estudio que demuestra que niños de 1 a 5 años están en riesgo de padecer cáncer por los niveles de exposición a arsénico en los suelos. “Esto requiere una intervención específica del gobierno chileno”, dijeron los científicos. / Foto: Saúl Mancilla
Descarbonizar la matriz
– Por eso, ministro Juan Carlos Jobet, le pido que nos preparemos para un paso importante en la historia de nuestro país y en la forma en que protegemos nuestro ambiente y nuestra naturaleza. Así que les pido que se preparen para cerrar la planta de Ventanas en Puchuncaví, y esa energía que se va a dejar de producir, que es en base a carbón, la vamos a producir en base a energías limpias y renovables. ¡Adelante!
Desde La Moneda, el palacio de gobierno en Santiago, Sebastián Piñera dio la instrucción del cese de operaciones de Ventanas 1, hasta ese instante la central termoeléctrica a carbón más antigua del país. Fue el 29 de diciembre de 2021.
“Es un hito en la historia energética de nuestro país”, comenta Fernanda Pinochet, Secretaria Regional Ministerial de Energía de la región de Valparaíso, presente ese día en las instalaciones de la central.
En la bahía de Puchuncaví todavía operan otras tres centrales termoeléctricas a carbón: Ventanas 2, Nueva Ventanas y Campiche. Todas de propiedad de AES Gener.
“El cierre de Ventanas 1 fue producto de un trabajo tripartito entre la empresa, el gobierno y el sindicato. Nos sentamos a la mesa para ver qué necesitaban y pudimos cubrir sus necesidades por completo”, dice Pinochet. Un total de 35 trabajadores eran parte de la central. 16 se acogieron a una jubilación anticipada y 17 fueron reubicados en otras centrales del mismo complejo.
Según un estudio del BID, las cuatro centrales a carbón en Puchuncaví representan el 2,24% del PIB regional de Valparaíso y el 1,5% del empleo en la comuna.
Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram, califica el cierre como un show del gobierno: “Ventanas 1 era la más antigua y más chica, con costos operacionales muy altos. El año pasado, según datos del Coordinador Eléctrico, quemó el 3% de todo el carbón que se descargó en la bahía y funcionó durante 140 horas en todo el año. No tiene ningún efecto el cierre. De hecho, Nueva Ventanas y Campiche, funcionando a mayor potencia, podrían incluso absorber lo que hacía Ventanas 1”.
Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram. Califica el cierre de Ventanas 1 como un show del gobierno / Foto: Saúl Mancilla
La ONG Chile Sustentable realizó un estudio donde presentan las distintas conceptualizaciones sobre lo que es una Transición Justa. Su autora, Claudia Fuentes, afirma que la propuesta del gobierno chileno “es más que nada un cronograma. Se asoció descarbonizar con apagar centrales, pero no se visualizaron desafíos posteriores, como reconversión, remediación ambiental y todo lo que tiene que ver con una transición justa”.
Chile dijo que elaborará una “Estrategia para la Transición Justa” en su “NDC”, el compromiso formal ante el Acuerdo de París, la que será uno de sus pilares para el proceso de descarbonización. “Se deberán analizar las dificultades y necesidades de quienes son particularmente vulnerables, reconociendo, respetando y promoviendo las obligaciones relativas a una transición justa hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima”, dice el documento.
En los próximos meses, el Ministerio de Energía presentará el borrador de la estrategia a consulta ciudadana, lo que permitirá que cualquier persona haga recomendaciones antes de la versión final. Esta, según aseguran fuentes involucradas en el proceso, no será específica para cada territorio, sino más bien una serie de recomendaciones a seguir para que cada transición sea catalogada como “justa”, e involucraría nuevas leyes y políticas públicas.
El proceso, sin embargo, aún no genera mucha confianza en la comunidad local. “No se hacen cargo de ningún pasivo ambiental ni de las externalidades negativas ni de la salud de las personas. Porque cuando te diagnostican el cáncer te quedas sola”, afirma Katta Alonso, representante de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia y una de las personas que más ha alzado la voz contra las décadas de contaminación que han afectado a las localidades de Quintero y Puchuncaví. Para ellas, cualquier transición comienza con el cierre de las tres centrales a carbón restantes, y de la fundición de cobre de Codelco. El siguiente paso es la reducción del parque industrial para que no se instalen más empresas y que la comunidad decida qué pasará en el territorio.
Katta Alonso, de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia: “No se hacen cargo de ningún pasivo ambiental ni de las externalidades negativas ni de la salud de las personas. Porque cuando te diagnostican el cáncer te quedas sola” / Foto: Saúl Mancilla
Futuro renovable para Chile
Del Plan de Descarbonización anunciado en 2019, ya han cerrado seis termoeléctricas. Otras cinco lo harán para fines de 2024 y las 17 restantes lo harán en alguna fecha antes de 2040. El gobierno firmó un acuerdo voluntario con las cuatro empresas propietarias de las centrales para la desconexión: AES Gener, la italiana Enel, la francesa Engie y la chilena Colbún.
Si bien el carbón sigue siendo hoy la principal fuente de la energía en Chile, el rápido crecimiento de las renovables aceleraron también su despedida. En los últimos 6 años, Chile quintuplicó la capacidad generada con energía solar, eólica e hidráulica. Las proyecciones del gobierno actual apuntan que estas energías cubran el 70% de la matriz para fines de la presente década.
Según el Ministerio de Energía, a enero de 2021, hay 6.335 MW de centrales en construcción, de las cuales el 94% corresponde a energías renovables. La gran mayoría son solares y eólicas, las que según proyecciones, podrán cubrir toda la generación fósil que hoy tiene Chile en 2040.
Las inversiones en renovables provienen principalmente de las mismas empresas involucradas en la descarbonización: Enel, Engie y Colbún, a las que se han sumado otros actores -hasta ahora- pequeños en el país, como Acciona.
Sin embargo, la empresa más importante de todo el proceso es AES Gener. De propiedad de la norteamericana AES Corporation, es propietaria de 14 de las 22 centrales a carbón que siguen operativas hoy. Solo sumará Ventanas 2 al cierre antes de 2024. El resto, sujeto a nuevas negociaciones cada cinco años. Para Claudia Fuentes, AES Gener “ha sido la empresa más reticente a los cambios. Son los de menor compromiso de cierre de centrales”.
AES Gener controla el 26% del mercado de generación eléctrica en Chile, con 3.541 MW de capacidad instalada, del cual el 77% son hoy termoeléctricas a carbón. Si bien la compañía ha manifestado su interés de diversificar su matriz, su gran apuesta en Chile es la central hidroeléctrica de Alto Maipo, que sumará a fines de este año 531 MW a su cartera y que lleva años de resistencia de la comunidad local por la amenaza que significaría a la provisión de agua potable en Santiago.
La compañía anunció la posible reconversión de la infraestructura de sus centrales en Puchuncaví a plantas desaladoras de agua de mar o centrales de hidrógeno verde. Una de las opciones que tienen en cartera es la construcción de un acueducto de 115 kilómetros que conecta Ventanas con Tiltil, a las afueras de Santiago, donde conectaría con el proyecto minero Los Bronces Integrado, de AngloAmerican. Ambas empresas están en negociaciones para concretar la operación.
Hace unas semanas, Gener anunció la venta de sus cinco centrales a carbón en Huasco como un paso adelante en su descarbonización, lo que generó una serie de críticas que apuntan a la fragilidad del proceso, pues el grupo WEG, nuevo dueño, no ha firmado ningún acuerdo de cierre con el Estado chileno.
A esto se suma la confirmación de que las dos centrales de Ventanas se someterán al “Estado de Reserva Estratégico”: Un pago que les hace el Estado según su potencia para volver a funcionar en caso de que se necesite. Según cálculos de Chile Sustentable, AES recibiría cerca de 42 millones de dólares por los próximos cinco años, por el cierre de sus dos centrales en Puchuncaví.
*AES Gener fue contactada para ser parte de este reportaje pero no respondió las solicitudes de entrevista.
La producción, dirigida a un público infantil, abordará las consecuencias de la contaminación de Quintero y Puchuncaví. Las protagonistas serán Ver más
