¿Cómo las plantaciones de caña cambian la forma de vida de la TCO Tacana 1, en la Amazonía paceña? Muchos indígenas cedieron sus tierras para ser desmontadas, y los que se resistían no pudieron luego de la pandemia de la Covid-19. Su modo de subsistencia está amenazado y los beneficios no llegan. En este trabajo colaborativo entre La Brava y Ecuanasha Televisión, medio local de Rurrenabaque, se muestran algunas de las consecuencias de este monocultivo que acecha más y más bosque, en tanto que, para el Gobierno nacional, el dato sobre la cantidad de hectáreas deforestadas es “reservado, secreto y confidencial”.
Por donde antes corrían libremente animales como el jochi, taitetú, tortugas, lagartos, monos y otras especies silvestres, se imponen ahora 124 hectáreas de cañaverales. Del frondoso bosque que rodeaba a Buena Vista –una de las 20 comunidades del Territorio Indígena Tacana, en la Amazonía paceña– va quedando poco. Caminar por este lugar, que equivale a 173 canchas de fútbol, implica resistir los 35 grados centígrados en primavera. La falta de sombra que daban los altos árboles, arrasados hace cinco años, dificulta el recorrido.
Los habitantes cuentan que en este lugar, y en la parte urbana de la comunidad, la temperatura ha ido subiendo desde 2016. Aquel año comenzó la deforestación para plantar caña, y así proveer a la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), ubicada en el municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz, y que colinda con parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana 1.
“El aire no se siente puro. Antes de que llegue la empresa (EASBA) nadie chaqueaba (desmontar) de esa manera, con máquinas”, cuenta el corregidor de Buena Vista y uno de los productores de caña, Julio Duval.
El área donde antes cazaban los habitantes de Buena Vista. Foto: Esmeralda Cartagena
No sólo el paisaje del territorio tacana cambió, sino el de todo el bosque de alrededor, donde ahora se cultiva caña. Desde el inicio de la construcción de EASBA (en 2010) se deforestaron, hasta 2019, 4.573 hectáreas de área boscosa, según el estudio Agroindustria y Amazonía boliviana: El caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura, de Daniel Robinson (Cedla, 2019).
Esa desaparición implicó, por ejemplo, la pérdida de semillas nativas y manchas naturales de majo y asaí, cuyos frutos recolectan los indígenas para uso medicinal y alimenticio, todo como parte de su gestión territorial y de sus prácticas tradicionales.
Es cierto que la caña representa un ingreso para las comunidades, pero tiene efectos negativos debido a la pérdida de foresta, dice la presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Mariane Quenevo.
“Los animales están migrando; como tacanas somos afectados porque nos alimentamos de la carne del monte, y para nosotros es un problema que se deforeste más cada año”, expresa su preocupación la dirigenta.
La relación que tienen los indígenas con el bosque es primordial para su vida. Según el estudio Ingresos económicos en hogares de la TCO Tacana I (2017), de la investigadora Zulema Lehm, la primera fuente de ingresos anuales es la venta de fuerza de trabajo, pero las actividades basadas en los recursos naturales y que no implican cambio en el uso del suelo llegaban a un 52%. Dichas actividades son el aprovechamiento forestal maderable y leña, pesca, caza, turismo, aprovechamiento forestal no maderable y la recolección de mieles nativas.
EASBA cambió esa lógica. Esta empresa comenzó a operar en 2017, más de seis años después del inicio de su construcción, y le costó al Estado 265 millones de dólares, monto proveniente de tres créditos del Banco Central de Bolivia (BCB), de los cuales aún no se pagó ni la cuarta parte.
El gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) auguraba con esta obra el desarrollo no sólo del país, sino de las comunidades del lugar. Con ese argumento impuso una empresa en medio del bosque amazónico de La Paz, cuya vocación es forestal.
Las promesas gubernamentales llevaron a algunos indígenas locales –además de los llamados interculturales (indígenas provenientes de tierras andinas)– a apostar por esta actividad que, confiaban, les daría ingresos prontamente.
Buena Vista, que alberga a más de 100 familias, fue la primera comunidad tacana que aceptó plantar caña en 2017, y 20 socios se dieron a la tarea que, en septiembre de 2021, ya les ha permitido una tercera zafra.
Ésta es una de las cuatro comunidades indígenas que está al sureste de los predios de la empresa estatal azucarera y una de las ocho comunidades tacanas donde EASBA proyectó el cultivo, lo mismo que en los predios de 14 comunidades interculturales.
El monocultivo está casi en la mitad de las 20 comunidades del territorio –es decir, en nueve de ellas–, según datos del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA).
TCO Tacana 1, ubicada entre San Buenaventura e Ixiamas, y el área de EASBA.
En la zafra de este año, la comunidad cosechó 994 toneladas y, por esa cantidad, cada uno de los 20 socios recibió 8.500 bolivianos, monto que llega a cubrir sólo una parte de sus gastos anuales; para el resto, deben acudir a otras actividades.
La modalidad con la que participan los actores cañeros, establecida en el Reglamento para la prestación de servicios agrícolas a productores de la caña de azúcar, es por contrato y alquiler de tierras. Es decir, las comunidades ceden una cierta cantidad de hectáreas y EASBA es la que se encarga de desmontar, preparar el suelo, sembrar y cosechar.
El desmonte no es gratuito, implica una deuda de 4.000 dólares por hectárea desmontada. En el caso de Buena Vista, la deuda llegó a cerca de medio millón de dólares, es decir, a 3.452.160 bolivianos.
“Como la empresa nos ha hecho todo el trabajo de desmonte para la siembra, ésta se lleva el 80% y nosotros el 20%, a manera de pagar la cuenta con la empresa. Ése es el acuerdo que tenemos como grupo. De los cuatro millones, hemos pagado un millón. Como tenemos tercera zafra, yo creo que vamos a pagar casi dos millones ya”, confía Duval, quien es un promotor de esta actividad.
La investigación Territorios en transición: Análisis de las condiciones de la conflictividad territorial y socioambiental en el Norte de La Paz, de la investigadora Suzanne Kruyt (Fundación Tierra, 2021), explica que los contratos son de entre cuatro y cinco años, y el nivel de ganancia de cada productor puede variar considerablemente, según la calidad y cantidad de la producción y del nivel de deudas acumuladas.
Duval explica que, por ejemplo, en su primera cosecha la caña tenía al menos cuatro pulgadas de grosor, pero que para la segunda y tercera fue reduciéndose.
La modalidad fue cuestionada en distintos momentos y por diferentes actores cañeros, quienes sienten que la ganancia es mínima. La comunidad tacana Altamarani, que va por su tercera zafra, pidió el 30% de los ingresos, solicitud que fue denegada por EASBA.
Además, no todos los tacanas que cultivaron se vieron beneficiados. Los pobladores de Carmen Tahua, del municipio de Ixiamas, a 83 kilómetros de distancia de la planta de EASBA (superior a los 60 kilómetros establecidos), aún no recibieron ganancias.
Los cañaverales en Carmen Tahua están a unos metros del área urbana. Foto: Esmeralda Cartagena.
Carmen Tahua destinó 171 hectáreas, otrora pastizales naturales de engorde, a esta actividad. Al caminar entre los cañaverales, que están muy cerca de las casas, se nota que el diámetro de la caña no llega a los ideales nueve centímetros: apenas mide tres, en el mejor de los casos, y por ello EASBA rechazó esta cosecha.
La comunidad firmó el convenio en octubre de 2020, pese a que no estaba considerada en las comunidades previstas por EASBA, y esperaba cosechar en la zafra de 2021, iniciada en septiembre.
Debido a que en el convenio entre ambas partes, al que accedió La Brava, se establece que la empresa adquirirá la producción de la caña “siempre que cumpla los parámetros mínimos aceptados por la empresa”, aquélla no cosechó la producción.
La industria no brindó la asistencia técnica comprometida, reclama el representante de la Asociación de Cañeros de Carmen Tahua, David Delgadillo Chuqui, y por eso no se habría logrado el objetivo. Además, la semilla brindada por la empresa no fue de buena calidad, añade el dirigente.
Lo sembrado quedó, por tanto, como “caña parada” en terreno, es decir, sin cosechar. Según el convenio, esta situación debería ser cubierta por la empresa, pero hasta ahora no ocurrió.
La Brava consultó sobre éste y otros aspectos al actual gerente de EASBA, Rony Alcaraz, pero la autoridad se abstuvo de dar información porque –argumentó– se requiere de una autorización del Ministerio de Producción.
La producción industrial de caña requiere de condiciones que los suelos del bosque alto no tienen, y por ello se necesita aplicar cal y otros químicos, explica el investigador y agrónomo Daniel Robinson.
“Los suelos en este sector de San Buenaventura son de dos tipos diferentes. Cerca del río Beni se está produciendo mejor la caña, pero la mayor parte de la tierra donde querían producir es de suelo ondulado, como cerca de la carretera”, afirma Robinson.
Pese a esta situación –y a que los comunarios de Buena Vista están conscientes de todos los problemas que trae el cambio de uso de suelo para ampliar la frontera agrícola– tienen planeado sumar 800 hectáreas a la nueva agricultura para 2022. También están listos para plantar maíz y arroz de forma mecanizada y dotar a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Las presiones
Una tacana recolecta agua del arroyo Maige de Tres Hermanos. Fotos: Rocío Condori.
Hasta marzo de 2020, Teresa Suárez Tayo y otras indígenas tacanas se adentraban al bosque desde muy temprano para recoger sululu, majo, flor de asaí y otros frutos. Además, confeccionaban una variedad de artesanías que ofrecían a los turistas que llegaban hasta Tres Hermanos. Todo cambió desde la llegada de la pandemia del coronavirus, que paralizó el turismo, y por eso ella y el resto de las familias del lugar no vieron otra opción que ceder a lo que se resistieron por cinco años: que el cultivo de la caña de azúcar entre a su comunidad.
—Todos hemos dicho que vamos a trabajar en la caña, porque parece que hay ganancia —, dice Teresa, y su voz suena cansada.
Teresa Suárez, en el arroyo Maige, de Tres Hermanos. Foto: Rocío Condori.
Junto a otras mujeres tacanas, cocinó toda la noche para festejar el vigésimo segundo aniversario de la comunidad que ella, su esposo y cuñados fundaron. El festejo coincidió con los días del inicio del desmonte de 400 hectáreas para la caña, las que están en el área de aprovechamiento forestal, de donde los comunarios también obtienen parte de sus ganancias.
Con este cambio de uso de suelo, Tres Hermanos se suma a las ocho comunidades que ya están inmersas en el cultivo cañero.
Teresa y Federico Chipunavi, este último corregidor de Tres Hermanos, son los encargados de hacer seguimiento al desmonte que está a cargo de un empresario asiático, el que les compra las troncas que se aprovechaban como parte de los planes de manejo. A diferencia de las otras comunidades, ésta logró acordar 1.200 dólares por desmonte y no 4.000, como cobra EASBA.
Camino hacia el área de aprovechamiento forestal de Tres Hermanos. Foto: Rocío Condori.
La comunidad lograba sus ingresos combinando el turismo, planes de manejo forestal, pesca y caza, pero después de la pandemia sólo le queda los ingresos de la venta de madera. Debido a esta situación, cedieron a la caña, pese a que las dos comunidades vecinas tienen deudas millonarias y a que pocas promesas se les han cumplido.
“Había mucha expectativa, inicialmente; iba a haber buenos resultados, de acuerdo con lo proyectado. Dijeron que al entrar el tema de la caña se abrirían caminos vecinales, y que habría desarrollo. Una vez que se implementó, fueron sólo promesas; no se cumplió lo proyectado”, explica el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Sergio Quenevo.
Los comunarios de Tres Hermanos, por ejemplo, cuentan que hace algunos años se les prometió la conexión de energía eléctrica, pero este servicio acaba de llegar gracias a la gestión de la comunidad y del CIPTA ante el Gobierno Municipal de San Buenaventura. Si no, no se hubiese logrado.
Aun así, las 18 familias de Tres Hermanos albergan la esperanza de que la caña les ayude a tener ingresos. Esa esperanza es su consuelo en medio de la decisión que no fue nada sencilla, porque la asumieron pese a conocer las amenazas que implica.
En 2016, todos los tacanas, explica Quenevo, objetaron que la empresa avance sobre las que consideraban sus tierras. Ante los cuestionamientos –recuerda– las autoridades gubernamentales de tierras anunciaron auditorías a las TCO para ver si estaban haciendo un buen manejo del bosque.
Las advertencias no se concretaron, pero es un discurso recurrente del gobierno del MAS. A finales de septiembre de este año, el diputado masista José Nogales planteó que el Gobierno realice una auditoría y revisión de las TCO.
“Somos la única comunidad que no está trabajando (con caña), pero por esas amenazas estamos ingresando con 300 hectáreas”, revela Eulogio Chipunavi, cuñado de Teresa Suárez y presidente de la Organización Territorial de Base (OTB), mientras descansa de su trabajo de extracción de madera, en el mismo suelo donde se plantará caña en 2022.
Los comunarios de Tres Hermanos rechazaron este cultivo porque no sólo vieron, sino que sufrieron las consecuencias de la deforestación en las comunidades que aceptaron las plantaciones.
Una mañana de 2017, los pescadores se sorprendieron al encontrar peces muertos en los arroyos Maige y Jiruma, donde los tacanas de Tres Hermanos y la vecina Altamarani pescaban para alimentarse. Además, el agua cristalina llevaba manchas de color ocre, presuntamente de los lixiviados de la planta procesadora de EASBA, lo que causó problemas digestivos e irritación de piel en los comunarios.
Los residuos de contaminación en los sedimentos del arroyo Maige son todavía visibles. Foto: Rocío Condori.
Los indígenas se quejaron, pero las autoridades estatales todavía no se hicieron presentes para comprobar aquella contaminación, pese a que el CIPTA recolectó muestras, en convenio con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), cuyos resultados todavía no son públicos.
“Ya no tenemos pescado en el arroyo Maige. Antes mis hijos correteaban a los pescados, ahora ya no se ven”, lamenta Teresa.
El Maige luce solitario, en sus sedimentos se aprecian restos aceitosos. Es más, hace unas semanas –debido a que la bomba de agua de la comunidad se estropeó– Teresa Suárez y sus vecinas fueron a bañarse allí y sintieron el agua grasosa y ardor en el cuerpo.
Desde un inicio, los tacanas cuestionaron el hecho de que no se les haya consultado sobre la implementación de EASBA. Hubo algunas reuniones de socialización, pero no se realizó la consulta previa, libre e informada, estipulada en las normativas nacional e internacional. Tampoco se les dio a conocer los estudios de evaluación de impactos ambientales.
Teresa, al igual que los otros habitantes de Tres Hermanos, está resignada a los cambios en la biodiversidad, pero al mismo tiempo espera que los ingresos de la caña alcancen lo que ganaban con el turismo.
La resistencia
Sandro Marupa, junto a sus artesanías hechas con material del bosque. Foto: Rocío Condori.
Mientras Sandro Marupa camina por medio del bosque en busca del árbol de chonta para sus artesanías, comenta que es cierto que los habitantes de Bella Altura, su comunidad, se dedican a la agricultura, pero lo hacen en pequeñas parcelas, máximo de una hectárea, mientras que la caña implica enormes extensiones y uso de maquinaria pesada.
“La mecanización nos va a afectar negativamente. Si volviéramos a lo de antes, a modo de proteger y cuidar el bosque y el medioambiente, obtendríamos la misma cantidad de producción. Entre media hectárea y una hectárea es suficiente para el consumo de todo el año”, dice.
Los habitantes de su comunidad, como la mayoría de la TCO tacana, producen arroz, maíz, yuca y plátano, principalmente para su autoconsumo y, en caso de excedente, acuden a vender en el centro del poblado, o intercambian con otros alimentos. El trueque fue, de hecho, clave durante la fase dura de la pandemia.
Sandro Marupa aprovecha los troncos de los árboles adultos de chonta para su trabajo artesanal. Foto: Esmeralda Cartagena.
Este hombre tiene 20 años de experiencia convirtiendo la chonta en bandejas, platos, trinches y otros implementos para la cocina. Es uno de los varios artesanos que se resisten a cultivar caña en Bella Altura, que al igual que Tres Hermanos pronto desmontarán 200 de las 400 hectáreas de su plan de manejo para aportar con materia prima a EASBA.
Antes de la deforestación prevista, la comunidad ya siente los efectos de la ampliación de la frontera agrícola, pues la empresa obtuvo en comodato un área que era concesión forestal y que los tacanas reclamaban como parte de su territorio. Esa área es Limoncito, que los comunarios de Bella Altura, Altamarani y Tres Hermanos compartían para cazar y recolectar frutos.
Los cañaverales de EASBA colindan con lo poco que queda de Limoncito; ese poco fue defendido por los comunarios. Aun así, Marupa siente que lo deforestado afecta silenciosamente a los tacanas, y amenaza no sólo su trabajo, sino su modo de vida.
“Limoncito ha sufrido un gran impacto, y ha hecho que los animales huyan. Para cazar tenemos que caminar unos 45 kilómetros”, relata parado en el límite de Limoncito y EASBA.
La deforestación afectó también al turismo, dice Marupa, pues incluso antes de la pandemia los turistas ya no se sentían atraídos por las áreas deforestadas a causa de las actividades del ingenio.
A través de dos decretos, el Gobierno habilitó 48.000 hectáreas, en 2012, y 97.000, en 2016, para el cultivo de caña. De esta última cantidad, el INRA otorgó a EASBA tierras en calidad de “usufructo” en el área denominada PROINSA —menciona el estudio de Cedla— donde se encuentra parte de lo que los tacanas consideran sus tierras ancestrales. Desde 2010 que ellos demandan que se les dé el título de dichas tierras, y lo propio hacen las comunidades interculturales, pero ahora esa área es considerada tierra fiscal.
El cultivo de la caña es la punta de lanza para penetrar en el territorio ancestral del pueblo tacana, considera el representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contioca), Alex Villca. “Quién sabe si más adelante vayan a poner otros monocultivos, como sorgo, soya y maíz. Hay una intencionalidad clara: despojar a las poblaciones indígenas con grandes proyectos”, afirma.
Secreto de Estado
La cantidad total de hectáreas deforestadas para sembrar caña de azúcar en la TCO Tacana 1 es secreto de Estado, así respondió la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entidad que autoriza los desmontes, ante la insistencia periodística. La carta de respuesta afirma que dicha información tiene “carácter reservado, secreto y confidencial”, por lo que no brindará el dato.
La confidencialidad no corresponde, opina Robinson, sobre todo porque está relacionada con una actividad financiada con dinero del Banco Central de Bolivia. Es un tema de transparencia, dice.
En 2019, EASBA solicitó un nuevo crédito al BCB, con el fin de sumar 8.912 ha para producir alcohol anhídrido; es decir, que se planea deforestar el doble de lo ya deforestado.
Para llegar a Limoncito, Marupa y su familia deben viajar cuatro horas en moto, atravesando el área de EASBA, y luego caminar al menos otras cuatro horas, no sin antes pedir permiso a la empresa para entrar a su propio territorio. Esto, debido a que el ingenio se interpuso entre el área de influencia para el aprovechamiento y el consumo de la flor de asaí y majo.
“Cuando se estableció el ingenio, automáticamente nuestros espacios fueron desmontados; justo donde había los frutos y material para trabajar”, aclara el tacana.
Sandro Marupa pule un anillo de chonta. Foto: Rocío Condori.
Este largo recorrido demanda tiempo, el cual no se expresa en los precios de los productos artesanales, pues los intermediaros no quieren pagar más. “Si hacemos números de lo que debe costar una artesanía, tomando en cuenta el valor cultural y el de la recolección en el bosque, ya no es rentable”, afirma.
Del bosque, además, las mujeres aprovechan las plantas medicinales. Elia Mamío, mamá de Marupa, cuenta que ella se curó y curó a otras personas del coronavirus con hierbas de monte, como matico rojo y romero, y que por eso le interesa que la ampliación del cultivo de caña no afecte el monte. Es posible que la cura contra la Covid-19 no sea como se describe, pero lo cierto es que en un territorio donde no llega el sistema de salud moderno, los conocimientos ancestrales, que tienen en el bosque su contraparte, son indispensables para sostener la vida.
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Fotos: Esmeralda Cartagena, Rocío Condori y Rafael Acuña.
Foto de portada: Área Limoncito, antiguo espacio de cacería. Esmeralda Cartagena.
Videos: Rafael Acuña y Mauricio Durán.
*Este reportaje fue realizado gracias al apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund, en alianza con el Pulitzer Center.
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Las campañas internacionales contra la deforestación se han centrado históricamente en los bosques húmedos. Biomas como los de la Amazonía o Indonesia, donde se producen grandes cantidades de commodities para la cadena agroindustrial global, han recibido así un foco constante de atención. Pero, esta narrativa dejó de lado lo que viene ocurriendo desde hace más de tres décadas en los bosques secos.
Por la transformación profunda que experimentaron gracias al paquete tecnológico de la soja genéticamente modificada y la expansión de la ganadería, el Gran Chaco Americano y el Cerrado brasileño, entre otros ecosistemas vitales, han sido diezmados, generando emisiones de carbono (causantes del cambio climático) comparables a las de los sistemas tropicales.
Esto también impactó, claro está, en la composición física de la atmósfera y en el aumento de la temperatura planetaria, más allá de que se le haya prestado o no la suficiente atención.
El Gran Chaco, subestimado
El caso del Gran Chaco, que comparten la Argentina (60%), Paraguay (23%), Bolivia (13%) y Brasil (4%), es emblemático. No sólo se han subestimado las emisiones históricas, también se ha errado en la valoración de cuánto carbono queda almacenado en la biomasa que sigue en pie. Esto, por supuesto, vuelve todavía más relevante las necesidades de conservación de un sistema que tiene apenas una área ínfima de protección en El Impenetrable argentino, donde se logró la creación del Parque Nacional del mismo nombre en parte de lo que era la estancia La Fidelidad.
El resto de El Impenetrable, una región tan maravillosa como misteriosa, de enorme biodiversidad, es la nueva frontera caliente de la deforestación en la Argentina. Y tiene a todas las organizaciones de la sociedad civil en la provincia del Chaco en pie de guerra contra su gobernador, Jorge Capitanich.
Según estudios realizados por investigadores argentinos y alemanes usando una combinación de mediciones en el terreno y de monitoreo satelital, el carbono almacenado en la ecorregión es 19 veces superior al que se pensaba, un valor que no deja de sorprender a los propios científicos.
“Sólo para el Gran Chaco seco, hay unas 4.65Gt de carbono almacenados en la vegetación. Esto es una cantidad de carbono muy considerable. Es lógico pensar que no todo va a ser emitido. Pero demostramos, en término de las cantidades de emisiones que están yendo a la atmósfera, que las del Gran Chaco son comparables a las de lugares como la Amazonía o Indonesia. Y esos son los sitios que se relacionan con las grandes discusiones sobre el cambio climático”, indica Tobias Kuemmerle, del programa de Uso de la Tierra del departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt en Berlín (Alemania).
El Gran Chaco es el sistema boscoso continuo más grande y biodiverso de América del Sur detrás de la Amazonía. Su destrucción ha sido particularmente brutal en la Argentina, donde ha perdido más de 8 millones de hectáreas en las últimas tres décadas, y en el Paraguay, donde se han desmontado grandes áreas para la ganadería. Bolivia, por su parte, cuenta con más áreas protegidas, aunque los dramáticos incendios forestales de los últimos años demuestran su fragilidad.
Parque Nacional El Impenetrable. Crédito: Rewilding Argentina / Florian Von Der Fecht
¿Integración o desintegración?
En total, desde 1985, se han deforestado 14 millones de hectáreas del Gran Chaco. ¿Con qué objetivo? La integración de estos países al ciclo de commodities global, ya sea para granos enteros o procesados en forma de harina o aceite, carne o cuero. Todo tiene una demanda que parece no tener techo en mercados que están en Europa, China, India y otros países asiáticos.
El desmonte del Gran Chaco —y, por caso, el del Cerrado— no se hizo para posibilitar una agricultura o ganadería de subsistencia, como había ocurrido históricamente. Por el contrario, este obedeció a la entrada del capital organizado, a partir de que se resolvieron problemas tecnológicos para realizar la producción agropecuaria en bosques más abiertos, secos y estacionales.
“Los actores que intervienen en la mayoría de las veces son empresas con capacidad de inversión que, cuando deforestan, hacen un evento de limpieza total y pasan, en dos o tres años, por todo un camino de la ganadería a la agricultura y, a veces, a la agricultura directo”, afirma Ignacio Gasparri, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) de la Universidad Nacional de Tucumán.
“En muchos lugares del Chaco argentino, hay un sistema de arrendamientos de tierras. No es la gente que es dueña de la tierra la que controla los campos, sino alguien que la alquila. No hay ninguna motivación para hacer las cosas bien. Estoy aquí por 10 años, le arranco cada gota a este campo y después me voy a otro lugar. Todo esto contribuye a una dinámica tremenda”, añade Kuemmerle. Y completa: “Una de las tragedias del Chaco es que, probablemente, la agricultura no tenga un buen futuro, sino que sólo se pueda hacer por una cantidad determinada de tiempo y luego todo quede destruido”.
Esta lógica de uso de capital intensivo se tradujo en un avance muy rápido y sostenido de la frontera agrícola. Así, en muy poco tiempo, se produjo una enorme cantidad de emisiones desde lugares que, se suponían, no tenían que liberar tanto carbono hacia la atmósfera.
Igual que en Borneo
Por muchos años, la comunidad científica internacional ni siquiera había reparado en lo que estaba sucediendo en esta zona del mundo, por considerarlo un sitio vacío, degradado y de difícil acceso. Tampoco había dinero para la investigación. Para tratar de llamar la atención, los investigadores empezaron a usar el término “extratropicales” para referirse a los bosques secos, como para alertar que algo aquí estaba pasando también. Y que era importante.
No obstante, un paper publicado en 2016 entre varios investigadores argentinos y alemanes, encabezados por Matthias Baumann, también de la Universidad Humboldt de Berlín, vino a llenar un vacío que existía en la literatura científica.
“El carbono que se ha liberado por la agricultura en los últimos 30 años tiene la misma magnitud que Kalimantan en el Sudeste asiático, que es un área (en la Isla de Borneo) muy afectada por la deforestación para la producción de la palma aceitera. Todo el mundo habla de Indonesia, pero nadie habla del Chaco. Y nuestra investigación revela que la magnitud de las emisiones son las mismas”, señala Baumann, quien también es autor principal del paper, aún bajo revisión de pares, que establece que hay 19 veces más carbono de lo que se calculaba en los stocks vegetales del Gran Chaco.
“Las emisiones son tan fuertes porque el cambio del uso de la tierra ha sido tan drástico y extendido. Hay más carbono en el Chaco de lo que previamente se asumió. Eso significa que, si la expansión de la frontera agrícola continúa, el daño en término de emisiones de carbono se espera que sea más grande de lo que pensaba”, agrega.
A su vez, Gasparri, investigador que hace las mediciones en el terreno, indica: “En términos de la superficie que tiene esta región, comparada con la Amazonía, se está emitiendo mucho, a pesar de que tiene menos de la mitad de la biomasa que tiene un bosque amazónico por hectárea. Sin embargo, las emisiones son equivalentes en órdenes de magnitud”.
Más desmonte, más desigualdad
La deforestación en la porción argentina del Gran Chaco se ha desacelerado en la última década, aunque los científicos aún no logran entender qué es lo que sucedió realmente.
La sanción de la Ley de Bosques, en 2007, coincidió con una baja en el precio de los commodities. Muchas de las áreas que quedan para limpiar de árboles y animales están lejos de la infraestructura de transporte, por lo que el costo del traslado de la producción a los centros de acopio no alcanza para garantizar una renta ventajosa. Hay lotes que se desmontan por especulación inmobiliaria y nunca llegan a tener un uso productivo. Así y todo, el ritmo de desmonte en la ecorregión se mantiene en torno a las 100.000 hectáreas anuales, que —si bien es un cuarto del pico histórico— sigue siendo muy alta.
Ahora bien, el desmonte no sólo avanza sobre la vegetación y la biodiversidad, poniéndola en alarmante peligro. También lo hace sobre comunidades nativas y criollas, muchas veces vulnerando sus derechos humanos. El reparto de la “riqueza” generada por la deforestación ha sido totalmente desigual, generando desplazamiento de comunidades que han vivido históricamente en el monte. Las provincias del Norte argentino siguen estando entre las más pobres del país.
Lejos de París
El tipo y la dinámica del corrimiento de la frontera agrícola influye fuertemente en la cantidad de emisiones: la producción de carbono es superior cuando se trata de agricultura que de ganadería.
Esto ocurre por una razón sencilla. Cuando se hace agricultura en un campo desmontado, se eliminan hasta las raíces, se quema todo, liberando en el acto el carbono acumulado por siglos y siglos. En cambio, cuando se hace ganadería, se cubren los suelos con gramíneas, como el gatton panic, una especie subtropical originada en Zimbabwe, que captura más carbono que la soja.
La discusión sobre las emisiones del Chaco debería ser relevante en un mundo que quiere limitar la suba de la temperatura media global a 1,5°C respecto de la era preindustrial, que es la meta más ambiciosa del Acuerdo climático de París. “Hay más gente en los mercados donde se consumen los productos de la Argentina que empiezan a estar interesados en este tema”, advierte Baumann.
De acuerdo a Transparency for Sustainable Economies (Trase), una plataforma online que permite visibilizar el comercio de commodities con el objetivo de transparentar las cadenas de suministro, la Unión Europea y el Reino Unido figuran entre los mercados más expuestos a la deforestación del Gran Chaco, a través de la compra de harina de soja que se despacha por los puertos de Santa Fe, hidrovía mediante.
Mientras se empantana el debate del acuerdo Unión Europea-Mercosur, por el rampante desmonte de la Amazonía, los estudios de las emisiones del Gran Chaco deberían también resaltar el papel de la destrucción ecológica de la región.
Diligencia debida
Tanto la Unión Europea como el Reino Unido están discutiendo leyes llamadas de “debida diligencia”, para limpiar las cadenas agroindustriales de deforestación,de la misma forma en que se le exige a los grandes fabricantes de productos electrónicos, como Apple o Samsung, que no se abastezca de componentes en zonas donde se violan los derechos humanos.
La soja procesada que compran a la Argentina es utilizada para engordar todo tipo de animales de cría industrial, como cerdos, vacas, pollos o salmones, entre otros. Así, se está reemplazando la rica biodiversidad del Chaco, única en muchos sentidos por sus especies animales y vegetales (en algunos casos, endémicas), por un puñado de proteínas que llega mágicamente trozada y empaquetada a las góndolas de los supermercados. El mismo sayo le cabe a los productos lácteos, en todas sus variedades, hasta las que se venden como las más sanas.
“Lo que le damos de comer a los cerdos y a los pollos, así como la carne que importamos, pueden conectarse a la deforestación. Cuando se toma a la Unión Europea como un todo, es muy grande la deforestación indirecta que estamos probando en América del Sur”, dice Kuemmerle.
Responsabilidades colectivas
Sin embargo, como los mercados de commodities son globales, y funcionan como una gran olla a donde todo va a parar al mismo guiso, no se pueden descartar las dinámicas que suceden fuera de Europa y que influyen en todas partes. En este sentido, Gasparri explica que la gran presión sobre bosques como los de la Argentina coincide con el momento en que se empiezan a criar animales encerrados en establos de escala industrial en China, donde había una población con carencias alimenticias y muy bajo consumo de proteínas.
“Todo el proceso de urbanización que se da allí con la incorporación de una dieta con más proteínas se hace, en gran medida, con animales que se crían en forma confinada: gallinas y chanchos. Cuando el país se abre al mercado internacional, aparece un jugador muy importante que se suma a la demanda de un producto que ya era alto”, explica.
“Los países que son productores están respondiendo a una demanda global. Incluso a lógicas que pueden ser erradas, que es la de ‘si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer’. Y esa situación nos ha llevado a un punto difícil de manejar. Las políticas de cambio climático tienen un gran desafío”, añade. “Hay que analizar las cadenas de valor completas, las responsabilidades colectivas. No es un problema estricto de la producción, sino de las cadenas de valor.”
Diversas organizaciones están poniendo presión sobre las cadenas de comida rápida y los supermercados en Europa por su exposición a la deforestación, no sólo ya en las grandes compañías comercializadoras o los frigoríficos brasileños. Estas campañas ensucian su imagen corporativa, apelando a una nueva clase de consumidores jóvenes.
“Las principales marcas alimentarias del mundo —incluidas las cadenas de restaurantes como McDonald’s, y los supermercados Tesco y Carrefour— no han conseguido eliminar la deforestación de su cadena de suministro de carne de vacuno a nivel mundial, a pesar de haberse comprometido a hacerlo para 2020”, dice un informe reciente de la organización Mighty Earth.
Y completa: “El ganado es el motor más importante de la conversión de los ecosistemas nativos ligados a la agricultura, siendo los pastos responsables del 63% de la pérdida de la cubierta arbórea mundial ligada a la agricultura industrial entre 2001 y 2015. Aunque gran parte de la atención de los medios de comunicación se centra en la Amazonía brasileña, el desbroce de tierras impulsado por el ganado también amenaza otros biomas críticos como el Cerrado y el Pantanal en Brasil, la región del Gran Chaco en Paraguay y la Argentina, y una variedad de ecosistemas nativos en toda Australia”.
El árbol, el bosque
El Gran Chaco tiene una variedad de árboles de madera dura. Entre ellos, el Quebracho, cuya explotación y saqueo a escala industrial constituyó buena parte de la historia más oscura de la Argentina y de su gente más vulnerable. Además de tener mucho tanino y un tronco de hermoso color colorado, guarda en su interior una gran capacidad para retener carbono. Este tipo de árboles, que incluyen también al Quebracho Blanco y al Palo Santo, no se encuentran en ninguna otra ecorregión. Los ecólogos no saben por qué: es un misterio de la naturaleza.
Se trata de especies de crecimiento lento, sometidas a un calor enorme. Tienen la capacidad de estar varios siglos en pie, proveyendo servicios ambientales por generaciones. Una topadora, sin embargo, puede derribarlos en cuestión de minutos.
El Quebracho proveyó un insumo esencial para la industria textil que generó la Revolución Industrial. Ahora, más que el tanino y su madera —que también fue súper explotada para fabricar durmientes en la expansión del ferrocarril, así como postes y alambrados—, la mejor ayuda que puede prestarle a la sociedad es secuestrando el exceso de carbono de la atmósfera que empujó, paradójicamente, la misma Revolución Industrial que casi lo destruye. Y, también, dar sombra y enaltecer espiritualmente el paisaje.
“Es difícil competir con la Amazonía, que es un ecosistema tan importante, con muchas especies únicas y con gran importancia en el reciclaje de la humedad. Pero, sistemas como el Cerrado o el Chaco son retratados equívocamente con tierras vacías degradadas, tierras que no tienen mucha biodiversidad. No tendrán la biodiversidad de la Amazonía, pero tienen mucha biodiversidad. El Chaco tiene una gran variedad de aves. En Europa, tendrías que juntar muchos ecosistemas para tener la misma cantidad de especies”, reflexiona Kuemmerle.
“El Gran Chaco sufre a la sombra de la Amazonía, se lo representa equivocadamente y no hay mucha investigación sobre estos lugares, que son muy remotos”, advierte. Lo que hace al Chaco especial es que es “el más grande bosque seco subtropical con árboles, arbustos y de vegetación leñosa, y lo más importante: tiene más de un millón de kilómetros cuadrados”.
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El anuncio del 45% de reducción de emisiones es condicional al financiamiento externo que se pueda acceder para reducir sus emisiones, algo que se proyecta complejo debido a que Chile no cumple los requisitos de prioridad para recibir ese tipo de ayuda económica.
La esperada propuesta de reducción de emisiones de Chile, su Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés), ya está disponible en la web del Ministerio de Medio Ambiente. Estará en línea hasta el 14 de noviembre, fecha hasta la que el gobierno recibirá los comentarios y recomendaciones de la ciudadanía, para que la propuesta pase al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su redacción final.
Ayer, La Tercera adelantó los principales anuncios de la propuesta, que considera “un aumento de ambición en la reducción de emisiones, en línea con una trayectoria hacia la neutralidad de emisiones al 2050”.
Lo central de la propuesta tiene que ver con el presupuesto de carbono que se auto impone Chile. Esto es lo que el IPCC -órgano científico mundial en cambio climático- recomienda como un “tope” de emisiones para cumplir las promesas del Acuerdo de París. El país apunta a que entre 2020 y 2030 se emitan entre 1.110 y 1.175 millones de toneladas de CO2, llegando a un máximo (o “peak”) de emisiones en 2027 y bajando hasta las 97 millones de toneladas de CO2 en 2030. En otras palabras, se apuesta a que en 2030 tengamos los mismos niveles de emisiones que en 2007.
[GRAFICO EMISIONES]
El martes, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo a este diario que “reducir nuestras emisiones netas en un 45% al 2030 en relación a 2016, es una propuesta audaz”. Sin embargo, el documento deja claro de que esa cifra, del 45%, tiene dos variables a considerar: Es dependiente al acceso a financiamiento internacional (“en la medida que se puedan captar flujos financieros internacionales se podría representar un potencial de hasta un 45% de reducciones de emisiones netas”) y considera una alta tasa de absorción de bosques.
Puerta abierta para pinos y eucaliptus
El compromiso en materia de bosques es más alto que el que se hizo en 2015, cuando se presentó el primer documento de reducción de emisiones. Entonces, se prometió la reforestación de 100 mi hectáreas de bosques, “preferentemente nativos”.
Ahora, Chile se compromete al “manejo sustentable y recuperación de 200 mil hectáreas de bosque nativo”.
La forestación va en paralelo, con 200 mil nuevas hectáreas. De esas, la propuesta dice que la mitad será en terrenos de “cubierta forestal permanente” y que, ahí, habrán 70 mil hectáreas de bosque nativo. La cubierta forestal permanente es aquella que se protege y cuida permanentemente, sin cortar y evitando que sea intervenida por ganadería o agricultura. Esto quiere decir que el grueso de la propuesta de reforestación (130 mil hectáreas), será de plantaciones exóticas, de pino y eucaliptus, de las cuales 100 mil serán sometidas a cosecha.
“Todos los árboles, nativos, urbanos, protegidos y exóticos, son verdaderas llaves tecnológicas que permiten mitigar el calentamiento global a través de su fotosíntesis. Hoy celebramos que el aporte de nuestro país también considere soluciones basadas en la naturaleza”, dijo ayer a Qué Pasa Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).
Sin embargo, para Antonio Lara, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral, esta parte de la propuesta es “un retroceso claro”. Si bien valora el aumento de protección y recuperación de bosque nativo, explica que el propio Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) de Chile, que elabora el ministerio de Medio Ambiente, muestra que la principal “alcancía” de cobertura de carbono en el país es precisamente el bosque nativo, sobre todo bosques jóvenes, seguido de las áreas silvestres protegidas por el Estado.
“Este diseño no es acorde al INGEI. Para aumentar la superficie de plantaciones exóticas pueden haber razones económicas, o querer generar recursos para la industria forestal, pero eso no va a mejorar la contribución de Chile en términos de mitigación. Al cortar, cosechar, en Chile el 50% va para pulpa, eso en 2 años está de vuelta en la atmósfera. Y la otra parte, los productos madereros, aunque duren 30 años, igual se libera”, explica.
Las plantaciones forestales, además, aumentan los riesgos de incendios, dice Lara, que contribuyen con grandes emisiones de gases de efecto invernadero. A esto se suma que a principios de septiembre, académicos del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia lanzaron un estudio donde proyectaron que nuevas plantaciones exóticas consideradas como reforestación para mitigar el cambio climático, tendrán un mayor impacto en la disponibilidad hídrica del país. El tema no es menor, considerando la mega sequía que sufre Chile desde hace 10 años.
“Hubiera esperado una propuesta más acorde con lo que venía planteando la comunidad científica”, afirma Lara.
Este ha sido un tema de debate dentro de la mesa científica de biodiversidad de la COP25, cuyo informe final servirá como insumo para la elaboración final de la NDC de Chile.
Según confirmó el propio Juan José Ugarte a Qué Pasa, el gremio de las forestales estará en la COP25 que se celebrará en diciembre en Santiago, como parte del pabellón de Chile. Además, el comité organizador está preparando un “Día del Bosque” que se desarrollará durante la Conferencia.
¿De dónde vendrá el financiamiento?
La última medición del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, da cuenta que en 2016 hubieron 111 millones de toneladas de CO2 en emisiones absolutas. Restando el cálculo de captura que hacen los bosques, fueron 46 millones de toneladas de CO2 en emisiones netas.
El cálculo del 45% es sobre las emisiones netas, por lo que se aspira a que, con la forestación, se llegue a las 25 millones de toneladas de CO2 para 2030. Y esa es la meta que el gobierno condicionó al financiamiento externo.
Esto, sin embargo, puede ser considerado un problema en la comunidad internacional, pues Chile, al ser país OCDE, de ingreso medio-alto y tener una gran capacidad de deuda, no es parte de ninguna lista prioritaria para recibir financiamiento en materia de cambio climático.
La apuesta del gobierno es apelar a organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Verde del Clima, con los que Chile podría apostar a créditos blandos para financiar ciertos proyectos claves para lograr la meta, como instalación de tendido eléctrico nacional, necesario para que las energías renovables reemplacen el poder que hoy siguen entregando las centrales a carbón.
Esto no será fácil. El gobierno anterior, por ejemplo, pidió un crédito al Fondo Verde del Clima (que funciona con tasas más bajas que el promedio) para financiar la reforestación comprometida a la NDC, pero la solicitud no pasó ni los primeros filtros, precisamente porque hay muchos otros países que son más prioritarios en materia de financiamiento.
Según pudo corroborar este medio, el hacer condicional la meta del 45% no fue parte del plan inicial de la NDC, sino que fue introducido por el gobierno justo antes de liberar el documento.
*Este artículo fue publicado originalmente en La Tercera el 16 de octubre de 2019.
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Chile se comprometió a reforestar 100 mil hectáreas como parte del Acuerdo de París. Ad portas de presentar su nueva meta de recorte de emisiones -que debería ser antes de la COP25- un estudio de la U. de Chile y la U. Austral advierte que no es lo mismo reforestar con bosque nativo que con plantaciones como el pino y el eucaliptus.
El debate entre las plantaciones forestales exóticas como el pino y el eucaliptus y el bosque nativo es de larga data. Existen estudios, investigaciones y papers que hablan de los beneficios sociales, económicos y culturales de ambos tipos de plantaciones.
Los bosques son fundamentales en la lucha contra el cambio climático y así lo entendió Chile cuando suscribió su Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés), el documento que detalla la acción climática de cada país para cumplir las metas del Acuerdo de París. Como los bosques son “sumideros de carbono”, es decir, absorben el CO2 de la atmósfera, el país se comprometió al “manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo”, además de “forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas, que representarán capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 equivalente anuales”.
Este compromiso data de 2015 y actualmente el gobierno está trabajando en su nueva NDC, que anunció que presentará antes de la COP25.
En ese contexto, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile acaba de lanzar un estudio clave para la actual discusión. Publicado en la revista Forests, la investigación analiza el impacto sobre la disponibilidad hídrica que tiene el reforestar 100 mil hectáreas -de acuerdo a la meta de la NDC- con bosque nativo o con plantaciones forestales entre las regiones del Maule y Los Lagos.
Si Chile decide reemplazar bosque nativo, pastizales y matorrales por plantaciones forestales, cada 10 mil hectáreas de reemplazo habría un descenso en la disponibilidad hídrica de 5,6%, 5,8% y 3% respectivamente, dice el estudio. En cambio, si las plantaciones forestales y matorrales fuesen reemplazados por bosque nativo, aumentaría la disponibilidad de agua en 4,5% y 2,2% por cada 10 mil hectáreas reemplazadas.
Otro cálculo indica que si se reemplazan 100 mil hectáreas -meta de la NDC- de pastizales y matorrales por monocultivos de plantaciones forestales, habría una disminución promedio de un 45% en la disponibilidad hídrica en la zona centro sur del país.
Camila Álvarez, investigadora del (CR)2 y autora del estudio, explica que levantaron una base de datos con cuencas de todo Chile, donde distinguieron en detalle los distintos tipos de uso de suelo y obtuvieron información de derechos de agua, caudales, precipitación y topografía. Así, seleccionaron 25 terrenos de más de 20 mil hectáreas que tuvieran más de un 20% de cobertura arbórea y pudieron calcular cuánta agua entra a una cuenca por precipitación y cuánta agua sale de la cuenca, lo que les permitió medir cuánto consume la superficie.
“Tenemos una idea de cómo se comportó la precipitación que cayó sobre bosque nativo, cómo se comportó la que cayó sobre forestales y concluimos que la que cae sobre las forestales se consume, lo que finalmente significa que hay menos agua disponible”, afirma Álvarez. Con eso, pudieron hacer los ejercicios hipotéticos de cuánto cambiaría la disponibilidad de agua reemplazando por bosque nativo o por plantaciones forestales, según la meta de 100 mil hectáreas de la NDC chilena.
“Aquí lo clave es que las iniciativas de mitigación no pueden ir separadas de los otros servicios ecosistémicos que provee el bosque. Puedes llegar a las metas de secuestro de carbono, sí, pero si no miras el efecto que esto puede tener en la disponibilidad de agua, buscando una solución de mitigación puedes generar un problema de disponibilidad hídrica. Las medidas que nos comprometemos en la NDC tienen que incorporar la disponibilidad de agua, sobretodo en el contexto de secamiento del país”, dice la investigadora, quien agrega que el estudio es “evidencia científica que el bosque nativo consume menos agua que la plantación forestal”.
José Manuel Rebolledo, director ejecutivo de la Conaf, reconoce que el escenario de sequía es complejo y que es un factor a considerar desde la gestión forestal. Sobre el estudio del (CR)2, dice que es una “herramienta que permite tomar mejores decisiones en cuanto a políticas públicas”.
En cambio, el presidente de la Corporación Nacional de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, asegura que la urgencia son las 3 millones de hectáreas sin cobertura vegetacional, porque son “el peor escenario para la retención y uso adecuado del agua”, las que se deben cubrir con bosques para aprovechar su potencial. “La macro zona forestal, del Maule al sur, no es una zona con déficit hídrico, tenemos abundancia de agua y por eso somos un país con vocación forestal”, agrega Ugarte, para quien la carbono neutralidad de Chile para el 2050 pasa por combinar el uso de energías renovables con el potencial forestal.
¿Secuestro o captura de carbono?
La captura de carbono es una capacidad que tienen los árboles de capturar y almacenar el carbono que se encuentra en la atmósfera mediante la fotosíntesis. Por eso, es una de las medidas más efectivas para combatir el calentamiento global, pues disminuye la concentración de CO2 en la atmósfera. Aunque las metodologías para medir la captura siguen siendo materia debate, algunos estudios presentan cifras contundentes. En Estados Unidos, por ejemplo, se han calculado que cerca de un 15% del dióxido de carbono en la atmósfera proveniente de combustibles fósiles es capturado por los bosques.
Según explica Camila Álvarez, las plantaciones de pino y eucaliptus capturan carbono desde el primer momento por su rápido crecimiento. El problema, en su opinión, es la cosecha: “Si es para un producto de larga vida, como materiales de construcción, va a haber carbono que seguirá secuestrado, pero como la mayoría se va a pulpa, en el proceso de romper la madera y generar la pulpa liberas de vuelta el carbono capturado”.
El presidente de la Corma, Juan José Ugarte, asegura que a la industria forestal “no nos va la etiqueta de ser pro plantación. Nosotros somos pro árbol, pro bosque, nuestra agenda es la de un desarrollo equilibrado entre bosque nativo, plantaciones forestales, arbolado urbano y zonas de protección”.
“El sector forestal siempre reforesta las plantaciones después de la cosecha. Es parte del manejo sustentable del bosque productivo, que es un aliado fundamental para la carbono neutralidad”, agrega Ugarte, apuntando a que los productos de madera, como los muebles, edificios, casas y objetos, retienen el carbono capturado. “Los otros son los productos pulpables, que derivan en papel, en celulosa, en el reemplazo a las bolsas de plástico, que están hechas de petróleo”, afirma.
El debate se ha abierto incluso en la mesa científica de Ecosistemas y Biodiversidad que se creó de cara a la COP25 y desde donde saldrán propuestas para la nueva NDC de Chile, pero no se ha llegado a un consenso. Álvarez pide distinguir el crecimiento económico de la mitigación a largo plazo, y precisa que existe una “sutil” diferencia entre “secuestrar” y “capturar” carbono: “La diferencia es clave. La mitigación a largo plazo requiere un bosque que continuamente siga secuestrando carbono. Secuestro es que tu sigues teniendo al carbono de rehén, se mantiene. En cambio, lo que hace la plantación forestal es que lo captura y después lo libera y así constantemente”.
En abril de este año, la revista Nature publicó un estudio que asegura que el bosque nativo puede llegar a ser 40 veces más efectivo como sumidero de carbono que las plantaciones exóticas.
De cara a la COP25, Juan José Ugarte -quien también es miembro del Comité Asesor presidencial de la cita, adelanta que la Corma estará -a través de la Sofofa- en el pabellón de Chile en la zona Azul, donde se realizarán las negociaciones, y que se está organizando un “día del Bosque” en la Conferencia.
Nueva meta de reforestación
Desde comienzos de los 70 -con la llamada contra reforma agraria- hasta la fecha, Chile amplió la cantidad de hectáreas de plantaciones forestales en más de un 700%, pasando de las 300 mil de 1973 a las más de 2 millones 500 mil de la fecha.
Hoy, la Conaf reforesta 4.800 hectáreas anuales, principalmente terrenos afectados por incendios forestales. Pero para su director ejecutivo, lo urgente es fortalecer la política institucional, con modificaciones a la Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, hoy en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
En 2015, el Consejo de Política Forestal estableció su hoja de ruta hasta 2035, que contempla la recuperación de 500 mil hectáreas en los próximos 20 años, “con especies nativas, exóticas o una combinación de ambas”, según explica José Manuel Rebolledo.
La Corma se ha sumado a ese objetivo. “Nuestra meta es aportar con aún más hectáreas en terrenos de pequeños y medianos propietarios para transformarlas en bosques nativos, de protección, productivos y de arbolado urbano. Este compromiso y meta permitirán que Chile avance en a la carbono neutralidad y haga frente a la emergencia climática que está viviendo el planeta con los árboles adecuados en los suelos adecuado”, asegura Juan José Ugarte.
El gobierno se encuentra trabajando en una nueva NDC que incluirá una actualización de la meta de mitigación de bosques y que será presentada antes de la COP25. Camila Álvarez asegura que es fundamental que, a diferencia de la anterior NDC, ahora “quede claro el porcentaje de bosque nativo, porque así es más fácil determinar efectos en la disponibilidad hídrica, en la biodiversidad, en el riesgo de incendio. Teniendo datos claros, se pueden armar escenarios, evaluar impactos, estar más preparados. Si se deja abierto, no sirve de mucho”.
En 1997, el protocolo de Kyoto incluyó en su Mecanismo de Desarrollo Limpio un artículo sobre forestación, sin especificar si eran nativos o exóticos precisamente por las dificultades metodológicas de cuantificar la captura de carbono. Años después, en la COP13, se creó el programa RED++, destinado a la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero mediante la mejora de gestión de bosques en países en desarrollo.
Sin embargo, hasta ahora, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no ha llegado a un acuerdo respecto al tipo de plantación que se debe utilizar para reducir el CO2 de la atmósfera, lo que implica que países puedan utilizar árboles de fin comercial, como el pino y eucaliptus, en sus acciones climáticas. Paraguay, por ejemplo, recibió 90 millones de dólares de financiamiento del Fondo Verde del Clima para un proyecto que contempla la plantación de monocultivos forestales.
*Este artículo fue publicado originalmente en La Tercera el 5 de septiembre de 2019.
La producción, dirigida a un público infantil, abordará las consecuencias de la contaminación de Quintero y Puchuncaví. Las protagonistas serán Ver más
