Se trata de un tema incómodo pero urgente y esencial durante la conferencia anual que realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En medio de una crisis global en contexto de pandemia, Latinoamérica es una región doblemente desigual: es la que recibe menos financiamiento y estos recursos están mal distribuidos.
Caminar por los pasillos del Scottish Event Center (SEC) de Glasgow, donde se realiza la Conferencia de las Partes, es confirmar la tensión en cada esquina. Delegaciones, negociadores, expertas, científicos, políticos y periodistas saben que esta cumbre es particularmente especial: no solo se realiza después de dos años, sino que el contexto de la pandemia ha profundizado los daños y consecuencias en las regiones más afectadas por el calentamiento global.
En este cuerpo llamado COP26, el financiamiento es la columna vertebral que sostiene todo lo demás. La estructura y la base. O al menos, así lo explica Sandra Guzmán, mexicana, gerente de Financiamiento Climático en la Iniciativa de Política Climática (CPI, por sus siglas en inglés) y fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe. Guzmán sabe decir en fácil lo que resulta complejo en cifras y conceptos.
Es una tarde de otoño escocés y en medio de su almuerzo en la barra de un restaurante del SEC, Guzmán hace hincapié en los tiempos que vivimos, en que los países pobres y endeudados han profundizado su vulnerabilidad después de dos años viviendo los estragos provocados por la Covid-19. El problema se agrava al constatar que muy pocos países saben cuánto les cuesta la acción climática.”Y eso va a ser crítico, porque si tú vas a tener una discusión internacional para acceder a más recursos, pero no sabes cuánto te cuesta, va a ser muy difícil lograr cerrar esa brecha en esta conversación que se está dando en esta COP26”, dice Guzmán.
El cambio climático nos recuerda afirmaciones obvias: serán los países más pobres los que sufran de manera más profunda las consecuencias provocadas por los países contaminantes que suelen ser los países más ricos.
Sandra Guzmán explica que cada COP es parte de un proceso. Cada una tiene el mandato de avanzar en ciertos procesos, pero es ingenuo pensar que una reunión se vaya a resolver todo. Este 2021 hay dos temas centrales que se arrastran de la última COP25, cuya presidencia estuvo a cargo de Chile, pero cuya sede terminó trasladándose a Madrid luego de la revuelta social.
Uno de esos temas centrales es el Artículo 6 del Acuerdo de París, que está relacionado con mercados de carbono y que de alguna manera está ligado a la estructura de financiamiento. Y el otro tema, el gran elefante blanco en el cuarto, dice Guzmán, es el tema de las pérdidas y daños.
“Quién va a pagar por las pérdidas que ya trajo el cambio climático. Y se habla mucho de crear un mecanismo financiero para atender esto. Hay muchísima resistencia de los países desarrollados de crear un nuevo fondo o un nuevo mecanismo, ‘ya está el fondo adaptación por qué crear más’. Yo creo que en esta COP se va a avanzar en algunas cosas relacionadas con esos temas pendientes. Pero esta COP debe ser exitosa, tiene que salir con un paquete completo, es decir, no podemos avanzar en unas cosas y no avanzar en las otras”, dice Sandra Guzmán.
Ese paquete completo de Glasgow del que habla Sandra Guzmán incluye pérdidas y daños, mercados de carbono, financiamiento —tanto de largo plazo como la revisión de mecanismos financieros— balance y transparencia. Pero además, incorpora otros temas transversales que no suelen ser visibles como género, comunidades indígenas o ambición climática.
Pasillos de la COP26, Glasgow, Escocia. Noviembre de 2021. Foto: Yasna Mussa
Financiamiento desigual
Si hay un continente que sabe de inequidad es América Latina. Según la CEPAL es la región más desigual del mundo y esta característica se extiende también en materia climática. Por esta razón, Sandra Guzmán recalca que “el llamado es que América Latina pueda participar en estos análisis a nivel nacional para traer estos números a la discusión y que esa nueva meta sea una nueva meta basada en necesidades, no solo en un número político”.
La fundadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe asegura que “si no hay certeza de que los países desarrollados van a cumplir con sus compromisos de financiamiento, todo lo demás va a sufrir una consecuencia de eso”. Pero los montos son relativos y la certeza de que se cumpla con lo prometido se basa en la buena fe y grandes titulares carentes de acciones concretas. Eso, al menos, fue lo que pasó con los 100 mil millones de dólares que se habían prometido en 2009 en Copenhague, cuando los países ricos se comprometieron a dar esa cantidad en ayuda a los países en desarrollo cada año a partir 2020 para la lucha contra el cambio climático. “Algunos hablan de que tendríamos que estar hablando de 300 mil millones. Otros hablan de 500 mil. Otros hablan de los trillones. Pero lo cierto es que no hay todavía un número que haya venido ciento por ciento de los países en desarrollo”, dice Guzmán.
“Pienso que es muy importante escuchar al grupo de países vulnerables, que es el Climate Vulnerable Forum, porque lo que ellos están trayendo a la mesa es una conversación muy terrenal. Decir esto ya está, ya nos está costando, ya tenemos un impacto importantísimo y ya no podemos hablar de la planeación a 50 años. Lo que tenemos que hablar es en el cortísimo plazo y eso tiene mucho que ver con mantener el 1.5º C vivo, que es una de las demandas de esta COP”, dice Guzmán.
América Latina no es la principal receptora de financiamiento internacional, sino que se encuentra en el tercer lugar solo después de África y Asia del Pacífico. Guzmán confirma la doble desigualdad: efectivamente, dentro de la región la distribución de financiamiento es muy desigual.
Este financiamiento internacional dedicado al cambio climático se concentra en cinco países, que además son los más grandes, como México, Brasil, Costa Rica, Colombia y Ecuador, en algunos aspectos. Pero excluye a países vulnerables que están en Centroamérica o el Caribe.
La también gerente del CPI se pregunta por qué reciben quienes reciben. “Por supuesto que si tienes un país con una economía emergente, tienes la capacidad institucional de aplicar a estos proyectos. Puedes tener más posibilidades de éxito, lo cual hace muy injusto el acceso a los países que tienen menos posibilidades institucionales porque, digamos, acceder a un fondo de esta naturaleza te puede llevar hasta dos años.Entonces, si hay una desigualdad, una doble desigualdad, que es muy importante que este proceso reconozca y que este proceso ataque. Hemos insistido mucho en que los mecanismos financieros tienen que generar ventanas de emergencia. Para procesos que implican un movimiento rápido y que no tienes dos años para poder atender la crisis, que es inmediata. Entonces creo que el debate está en en cómo reflejas, cómo traes eso a la conversación formal para evidenciar que estamos en desventaja”.
En este punto la confianza es un asunto clave. Tanto para avanzar como para llegar a acuerdos que permitan salir de los nudos que han ido atascando asuntos cruciales como el financiamiento. La presidencia de Reino Unidos cumple un rol clave para presionar y empujar el carro hacia un nuevo texto.
Estados Unidos ha insistido en la importancia de que los donantes individuales dupliquen sus compromisos y, por su parte, los observadores creen que les corresponde que sean los ministros de la Unión Europea quienes pongan sobre la mesa el tema de financiación. Mientras tanto, los países en desarrollo siguen esperando y constatando en sus territorios las consecuencias del cambio climático.
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