Ratificar Escazú y adelantar la Descarbonización: Las propuestas ambientales de los candidatos presidenciales en Chile

Ratificar Escazú y adelantar la Descarbonización: Las propuestas ambientales de los candidatos presidenciales en Chile

El contexto político -con nueva Constitución en camino- y climático marcan el debate electoral en Chile. En noviembre se elige al sucesor de Sebastián Piñera.

El pasado 9 de agosto, el IPCC liberó su informe respecto a cómo, producto del cambio climático, la temperatura media del planeta continuará en aumento y los fenómenos meteorológicos extremos en América Latina se acelerarán cada vez más. Un día después, en Chile, la Comisión Ambiental de Coquimbo aprobó el polémico proyecto minero Dominga, que pretende construir una mina a tajo abierto para la extracción de hierro y cobre y un megapuerto a menos de 30 kilómetros del Archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas más ricos y biodiversos del mundo.

La decisión tomada por 11 funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera causó rechazo inmediato en la ciudadanía. Desde hace años que la iniciativa es resistida por comunidades locales y científicos. Pero el “no” a Dominga tuvo un aliado inesperado: Sebastián Sichel, el candidato presidencial con el que la derecha chilena pretende continuar en el poder los próximos cuatro años. 

Sichel, independiente de pasado en la centro izquierda, triunfador en la primaria del sector, no solo dijo que Dominga “no es viable”, sino que quiso marcar una clara diferencia con su antecesor: Si es presidente, sí ratificaría el Acuerdo de Escazú.

Después de años de rechazo -por parte de Piñera- a Escazú hay luz al final del túnel: Las principales cartas para asumir la presidencia chilena en marzo de 2022 se comprometen a su retificación. 

El contexto mundial y local, con una profunda sequía que impacta cada vez más, han posicionado al tema ambiental en la agenda política chilena. Diálogo Chino analizó los principales compromisos de los candidatos presidenciales en la materia, del cual se desprenden promesas transversales como adelantar el cierre de termoeléctricas a carbón y ponerle fin a las llamadas “zonas de sacrificio”. Todos hablan de biodiversidad, cambio climático, derecho humano al agua y de fortalecer la institucionalidad ambiental.

Serán siete candidatos que se enfrentarán en la papeleta el próximo 21 de noviembre. Son tres los favoritos: Sichel, de la derecha; la senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana – centro izquierda), única mujer en la elección y el joven diputado Gabriel Boric, del bloque de izquierda Apruebo Dignidad.

Los comicios de noviembre estarán marcados por un proceso inédito e histórico: La Convención Constitucional -órgano que le dio un cauce institucional a las masivas movilizaciones sociales de 2019– ya inició su trabajo de redactar la nueva Constitución en plazo de un año. De los 155 constituyentes, un grupo no menor proviene de movimientos socio-ambientales y la instancia ya está trabajando en incorporar, por ejemplo, los derechos de la naturaleza a la Carta Magna.

Candidatos “verdes”

Post informe del IPCC y decisión sobre Dominga, Gabriel Boric también quiso dar una señal de campaña en clave ambiental. Estuvo en Punta de Choros -cerca de donde estaría la minera-, reunido con pescadores artesanales que se oponen al proyecto y en Puchuncaví, donde firmó un compromiso de reparación ambiental y transición justa para una localidad plegada de industrias, conocida popularmente como una “zona de sacrificio”.

Para Javiera Lecourt, coordinadora de los equipos de energía y minería de la campaña de Boric, el programa de Apruebo Dignidad se articuló sobre tres ejes transversales: feminismo, descentralización y transformación socio-ecológica. “Entendemos que la crisis climática es multisistémica y multidimensional, no se puede abordar solo desde lo ambiental”.

El actual diputado es oriundo de Magallanes, la patagonia chilena y reconoce la existencia de una crisis climática y ecológica. Se compromete a adelantar el cierre de termoeléctricas a carbón de 2040 a 2025 vía ley; a la protección de corredores biológicos de flora y fauna; impulsar empleos verdes; infraestructura de adaptación y resiliencia a la crisis climática; reubicación de comunidades de riesgo; y a una nueva gestión de las aguas con enfoque de cuenca y ecosistémico que apunte a la adaptación al cambio climático.

Boric (35 años) representa a una camada de jóvenes dirigentes estudiantiles que dieron el salto al Parlamento. Fundador de la agrupación de izquierda Frente Amplio, se unió al centenar Partido Comunista para formar Apruebo Dignidad, un pacto que pese a que nunca ha gobernado, parte la carrera presidencial como el principal favorito: Fueron la primaria más votada (con más de un millón de votos para él), su bloque fue el de los que más constituyentes eligió.

Pero el candidato de la izquierda no es el único que plantea medidas de reparación para las zonas de sacrificio. El mismo compromiso se repite en la mayoría de los programas.

Para Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, uno de los puntos bajos de la campaña es que “se hacen declaraciones sin especificidad de cómo se logra. A las soluciones les falta un correlato”.

Mena se sumó al equipo de Yasna Provoste como coordinador programático. La senadora (51 años) fue la última en sumarse a la carrera, después de una primaria realizada el último fin de semana antes de la inscripción entre los partidos de la centro izquierda que gobernaron entre 1990 y 2010. El sector viene a la baja en los últimos años y fueron el principal foco de crítica del estallido social (“no son 30 pesos, son 30 años” fue la frase más repetida entonces). Las últimas elecciones a constituyentes fueron una debacle para el sector: El partido de la candidata (Democracia Cristiana) solo eligió a una persona. 

“Las zonas de sacrificio se dan porque en la lógica neoliberal, es lógico que pocos tengan un impacto para el beneficio mayor, pero eso ignora los valores de equidad territorial y justicia ambiental. Por eso el modelo que planteamos, para superar el neoliberal, es que los territorios ignorados en las decisiones tengan más atribuciones, acceso a la participación, que las decisiones territoriales se queden en los territorios. Hablamos de un fondo de recuperación ambiental, que contemple remediación y empleo de reemplazo para actividades que terminan”, asegura Mena.

Entre otras propuestas, Provoste plantea adelantar la descarbonización a 2030 y la carbono neutralidad a 2040 a través de medidas como impuesto al carbono y un compromiso de 100% energías renovables a 2035. También enfatiza en empleos verdes, inversión en obras de resiliencia climática, transporte público eléctrico y que obras de infraestructura pública y privada cumplan con criterios de resiliencia para enfrentar la crisis climática.

En la derecha, Sebastián Sichel (44 años) fue quien llevó el programa más “verde” a las primarias de julio. Fue el único de los cuatro candidatos que hablaba de fin a las zonas de sacrificio. En agua, el candidato independiente quiere crear una Subsecretaría del Agua y habla de “definir la cuenca hidrográfica como unidad básica e indivisible de gestión y administración de recursos hídricos (…) debe comprender desde el nacimiento de los cauces hasta su confluencia en el mar”.

Para la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, “hay un énfasis que antes no se daba”. “La Convención Constitucional recogió un sentir popular de mayor protección al medio ambiente y la naturaleza. A los candidatos que lo plantearon les fue bien y eso se refleja también en los programas presidenciales, todos tratan de mostrarse muy ambientalistas. Hoy nadie diría que la protección al ambiente es un obstáculo para la inversión, todos se tratan de vestir de verde”, agrega. 

Para la politóloga Pamela Poo, quien realizó un análisis detallado de las propuestas ambientales de los candidatos a las primarias, “los programas presidenciales están pensados en una lógica muy de siglo XX todavía, abordando el tema ambiental como un capítulo más, cuando debieras tomar la crisis climática y ecológica como el escenario en el que vivimos, sobre eso colocar las políticas públicas necesarias para enfrentarlo. Porque en el fondo no va a ser solo conservación de ecosistemas o un tema de bajar emisiones, vas a tener migración climática, temas de salud, riesgos y desastres, no se está pensando en esa clave”.

Si bien destaca el avance que hay en las propuestas, uno de los problemas es que “se habla de minería verde sin problematizar usos de agua, de energía, no se piensan las interconexiones”. Ahí es donde también hay propuestas transversales: Boric, Sichel y Provoste plantean minería “verde” o “sustentable”, desarrollo de litio (Boric y Provoste a través de una empresa nacional) y el desarrollo del hidrógeno verde.

“Todos los programas tienen demasiada poesía demás”, dice Poo, para quien, tanto la izquierda como la derecha, siguen ancladas “con las recetas de las ideologías clásicas. Eso no sirve, porque el problema tiene que ver con sacar el antropocentrismo de nuestra relación con la naturaleza”. 

El Servicio Electoral chileno rechazó la candidatura del dirigente mapuche Diego Ancalao, por la Lista del Pueblo, por presentar más de 20 mil firmas acreditadas por un notario ya fallecido. El grupo es de tendencia de izquierda anti partidos y se han negado a apoyar al Frente Amplio. Fueron la gran sorpresa en las últimas elecciones constituyentes, con 26 convencionales y prácticamente nula visibilidad mediática previa. Se posicionaron como un nuevo actor en la política chilena, pero las polémicas internas los debilitaron.

Desde la extrema derecha asoma José Antonio Kast, ex diputado, quien en las elecciones de 2017 alcanzó un 7%. Es quien aparece en las antípodas del resto en materia ambiental, sin muchas propuestas concretas y resaltando ideas ampliamente rechazadas por la ciudadanía y la comunidad científica, como una carretera hídrica que lleve agua del sur al norte para enfrentar la sequía.

La papeleta también estará compuesta por otros tres “reincidentes”: Marco Enriquez-Ominami en su cuarto intento por ser presidente; y Franco Parisi y Eduardo Artés en su segunda aventura a La Moneda.

La constituyente y el extractivismo

La Convención Constitucional funcionará en paralelo a la campaña, elección, segunda vuelta (el 19 de diciembre) y asunción del nuevo presidente o presidenta el 11 de marzo de 2022. 

Quien gane la elección tendrá el deber de implementar la nueva Carta Magna redactada por convencionales que desdibujaron todo el tablero político. En su discurso inaugural, la presidenta Elisa Loncón afirmó que “esta Convención transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación”.

Ahora la Convención está trabajando en comisiones que acuerden las bases de funcionamiento de la discusión constitucional de fondo. Esas bases incluyen, por ejemplo, una comisión de Derechos Humanos que está caracterizando los derechos de la naturaleza, otra de participación popular y otra de descentralización, liderada por la científica Cristina Dorador.

“Quien sea el nuevo presidente, lo va a ser en este contexto de mayores exigencias a actividades mineras, agrícolas y extractivas. Son cosas que requieren políticas profundas, que no se logran en cuatro años de gobierno, por eso es importante la Constituyente. Chile se reconoce como un país minero, no es algo que cambiará en cuatro años, pero sí es una discusión que la Convención puede orientar para las próximas décadas. Es un desafío muy grande, entretenido y muy difícil”, opina Valentina Durán, para quien lo más importante es que el nuevo presidente se comprometa a respetar el proceso constituyente.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino el 03 de septiembre de 2021.

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