Chile abre la puerta a una inédita Constitución “ecológica”

Chile abre la puerta a una inédita Constitución “ecológica”

Desde las discusiones por la gestión del agua en medio de una mega sequía hasta un completo reordenamiento territorial del país. Chile tendrá una nueva Constitución y desde ya se piensan estrategias para que sea “ecológica”.

Freirina es una localidad de tan solo 7 mil habitantes ubicada en el llamado “norte chico” de Chile, ahí donde comienza -o termina, dependiendo desde dónde se mire-, el imponente desierto de Atacama. En 2012, una “catástrofe sanitaria” ocasionada por el abandono de 450 mil cerdos provocó uno de los más recordados conflictos ambientales en el país, que derivó en la primera norma de contaminación por olores. 

Desde el pasado domingo 25 de octubre, la comuna se anotó otro hito: Con el 91,3% de votos por el “Apruebo”, los habitantes de Freirina estuvieron a la vanguardia del histórico plebiscito en que Chile decidió enterrar, para siempre, la Constitución que el dictador Augusto Pinochet instaló hace ya lejanas cuatro décadas. 

Si bien el “Apruebo” arrasó con un 78% de las preferencias a nivel nacional, llamó la atención los resultados en las “zonas de sacrificio”, el nombre con que en Chile se le llama a las localidades como Freirina, marcadas por conflictos socioambientales. Nueve de las diez comunas donde la opción por el cambio constitucional superó el 89% de las preferencias tienen conflictos vigentes: Desde las termoeléctricas a carbón en Tocopilla, Huasco y Mejillones, los problemas de agua por actividad minera en María Elena y Diego de Almagro, a la “mega sequía” que enfrenta en Petorca a comunidades locales contra la agroindustria de la palta. 

El contraste está en el “Rechazo”, que ganó solo en cinco comunas y arrasó en el sector oriente de Santiago, que concentra a los más altos ingresos del país. Según el World Inequality Database, Chile es uno de los países más desiguales del mundo, donde el 10% de mayores ingresos concentra el 60% del total de ingresos del país. 

Hace un año, en octubre de 2019, un grupo de estudiantes secundarios inició una protesta contra el alza de precios de pasajes del metro, que escaló al llamado “estallido social” bajo consignas como “no son 30 pesos, son 30 años” y “hasta que la dignidad se haga costumbre”. El presidente Sebastián Piñera, un empresario de centroderecha que gobierna por segunda vez, decidió suspender la realización de las cumbres de la APEC y COP25 que estaban programadas en Santiago, ante la incapacidad de asegurar el orden social en las calles. 

El plebiscito constituyente fue la salida institucional que los partidos políticos idearon para sortear la crisis que los golpeó en la cara. En abril del próximo año, 155 “constituyentes” serán electos de forma paritaria (50% hombres y 50% mujeres) y tendrán un año para redactar la nueva carta magna, que deberá ser ratificada en un “plebiscito de salida” por la población en 2022.

“Este proceso abre una puerta inédita que pasa cada 40-50 años. Se trata de reestructurar y volver a preguntarnos cuál es el contrato social entre nosotros los seres humanos y cómo imaginamos y cuál es la visión que entablamos con nuestro territorio. Los principios y derechos consagrados en la Constitución serán claves para las próximas décadas”, dice Violeta Rabi, socióloga de la Universidad de Chile con un máster en Medioambiente de la Universidad de Melbourne.

Rabi coincide con otros expertos consultados por Diálogo Chino: El proceso constituyente es una oportunidad histórica en contexto de la crisis climática -y en medio de una pandemia- para repensar las relaciones con la naturaleza.

UNA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA

“Eso podría traer problemas en tiempos de sequía”. La frase la dijo el propio general Augusto Pinochet, cuando el grupo de hombres al que encargó la redacción de la entonces nueva Constitución, le presentó sus propuestas en materia de agua. El diálogo está registrado en el libro “El Negocio del Agua”, de las periodistas Tania Tamayo y Alejandra Carmona, donde se da cuenta de cómo se tuvo que convencer al propio dictador de un régimen que garantiza, a nivel constitucional, el derecho privado sobre las aguas, con el fin de incentivar las inversiones en el país.

El agua cruza casi todos los conflictos socioambientales que tiene un país tan extenso como Chile. Desde los glaciares en la cordillera amenazados por la actividad minera, los paltos en la zona central, los monocultivos de pinos y eucaliptus en territorio mapuche, hasta los ríos que nutren hidroeléctricas.

Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, y miembro de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), dice que la Constitución chilena es una rareza en el mundo por darle la máxima protección legal al derecho de transar el agua. Su opción es que la nueva carta magna consagre el derecho humano al agua y la reconozca como un bien común, pero que el cómo debería gestionarse sea una discusión posterior. “La Constitución no resuelve todo y está bien que así sea, con principios generales que después se vayan trabajando en leyes. Por ejemplo, si se reconocen los bienes comunes en la Constitución, entonces la ley de pesca, el código de agua, la ley de bosques tendrán que recoger esa idea y ser reformadas y eso se demora. De todas maneras va a haber un trabajo de reformas a las distintas normativas para que queden adecuadas a las ideas ecológicas de la Constitución”, afirma.

Una pareja celebra el resultado en Santiago, la capital de Chile (imagen: Antonia Colodro)

Para Costa, que viene trabajando desde la SCAC en las ideas de la Constitución ecológica, es importante entender que toda Constitución tiene cruces entre derechos y principios y, lo que hace la de 1980, es resolverlos a favor de los privados. “En una nueva Constitución, cuando haya una disputa entre libertad económica y protección ambiental, esperamos las dos tengan la misma relevancia en la teoría y después sea una aplicación práctica de cómo una u otra es más importante. Y en eso, para nosotros, la protección ambiental, cuando se refiere al mantenimiento de la función básica de los ecosistemas o a la existencia de esos ecosistemas para el disfrute de las generaciones futuras, sin duda tiene que primar”.

El derecho humano al agua, la justicia intergeneracional, los derechos de la naturaleza y de acceso a la información, participación y justicia, junto a un compromiso de adaptarse al cambio climático, son algunos de los “intransables” que tiene el mundo ambientalista en Chile para la constituyente. Costa cree que el nudo del debate estará cuando se aborden los “límites ambientales a la propiedad” y en la distribución de poder en los territorios, un punto clave para que los nuevos derechos consagrados no sean “letra muerta”.

Manuela Royo, abogada, doctora en Derecho y candidata a la constituyente por el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), cree que se deben “generar los mecanismos para la protección de derechos. Que, por ejemplo, se configure la existencia de organismos especializados como una Defensoría Ambiental que le permita a las personas y comunidades ejercer esos derechos”. 

“La crítica que se hace a las constituciones de Bolivia y Ecuador, por ejemplo, es que se enfocaron en lo declarativo de los derechos de la naturaleza, no en lo orgánico, de cómo se estructura la participación de comunidades en la toma de decisiones y en la repartición del poder”, afirma. “Es importante establecer a nivel constitucional ciertas fórmulas de interpretación que incluyan, por ejemplo, principios precautorios de prevención, que permitan proteger la naturaleza ante proyectos de inversión”, agrega. 

SE BUSCAN CONSTITUYENTES

En 2013, Michelle Bachelet, hoy en la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue electa presidenta de Chile prometiendo una nueva Constitución. Se desarrollaron más de 9 mil Encuentros Locales Autoconvocados, cabildos provinciales y regionales, y más de 90 mil consultas individuales. Según las actas del proceso, el “respeto por la naturaleza y el medio ambiente” fue uno de los cinco derechos priorizados por los participantes para una nueva Constitución, junto al derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna y la igualdad ante la ley. 

En noviembre de 2019, en pleno estallido social, la Universidad Alberto Hurtado hizo una encuesta de percepciones y actitudes de los chilenos hacia el cambio climático. La medición arrojó resultados como un 71,8% a favor de prohibir la operación de industrias contaminantes para enfrentar la crisis ambiental y amplias mayorías con la percepción de que ni el gobierno (73,4%), ni las empresas (74%) ni el Congreso (81%) están realizando acciones para resolver la crisis climática.

Para Ricardo Greene, sociólogo y urbanista, a cargo del estudio, la posición de la ciudadanía frente a la explotación de recursos naturales y el extractivismo es clara. Si esto se traslada a la constituyente “va a depender netamente de quien la conforme. Si es una Convención representativa de la nación, estos temas van a estar incorporados en la Constitución”.

La elección de los y las constituyentes en abril será bajo las mismas reglas electorales con que se eligió al último Congreso, donde la oposición al gobierno es mayoría. Sin embargo, el Parlamento tiene la presión de decidir sobre dos leyes que pueden ser claves en el resultado: si facilita o no la participación de independientes para que puedan formar pactos electorales y aumentar sus posibilidades de ser electos, y la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas. Esto último ha estado en debate desde noviembre del año pasado y todavía no hay claridad si se generarán cupos extra a los 155 constituyentes o si serán dentro de los mismos. 

Manuela Royo, por ejemplo, será candidata independiente por Modatima a la Convención Constitucional. Si bien cuenta con el cupo de la coalición de izquierda Frente Amplio, están a la espera de que los partidos de oposición decidan si irán juntos, y en cuantas listas, a la elección.

Fue un intransable del gobierno y la derecha en las extensas negociaciones políticas que dieron origen al proceso en curso: Las votaciones en la constituyente serán por 2/3. Es decir, todo principio o derecho que garantice la nueva Constitución debe ser con el acuerdo de 104 de los 155 integrantes.

Para Violeta Rabi, todas las posibles piedras de tope en la discusión constituyente dependen de los resultados de la votación de abril: “Si la composición de la Convención va a reproducir los poderes que hoy están en el Congreso o si se podrá generar una unidad programática y de candidatos. Hay poderes fácticos que hoy se benefician del ordenamiento jurídico que tenemos y van a intentar mantener esos privilegios, y la regla de los 2/3 implica buscar consensos amplios”.

Este contenido fue publicado originalmente en Diálogo Chino el 1 de diciembre de 2020.

Noticias Relacionadas:
Planeta en cuarentena: Porqué el Covid no es un respiro para la crisis climática

Mediciones de calidad del aire en Santiago de la última semana muestran menos índices de material particulado producto de las Ver más

Se hunde la tierra, nos hundimos con ella

El Covid-19 no apareció de la nada. No es que tuvimos mala suerte o no lo vimos venir. Es algo Ver más

NDC: Las luces y sombras del nuevo compromiso climático de Chile

Chile tenía que revertir la mala imagen que dejó en la conducción de la COP25 y optó por actualizar su Ver más

El Acuerdo de París en su laberinto: ¿Dónde está la ambición?

¿Qué significa la ambición climática? ¿Cómo se puede medir, traducir, significar? Tras una nueva cumbre climática de la que nadie Ver más

NDC: Las luces y sombras del nuevo compromiso climático de Chile

NDC: Las luces y sombras del nuevo compromiso climático de Chile

Chile tenía que revertir la mala imagen que dejó en la conducción de la COP25 y optó por actualizar su NDC con bastantes innovaciones respecto al plan original. Aquí repasamos lo bueno y lo malo que tienen los compromisos que marcan la hoja de ruta para la presente década.

¿Qué es la NDC?

“Contribución Nacional a Nivel Determinada” (“Nationally Determined Contribution”) es la principal herramienta de acción climática que estableció el Acuerdo de París. Cada país que suscribe al acuerdo se compromete a una serie de medidas con tal de limitar el calentamiento global a no más de 2°C desde niveles preindustriales.

Lo bueno:

  1. Ambiciosa y transparente.

Chile representa apenas el 0,26% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero la crisis climática y sus impactos en la población no conoce de fronteras. El país, que depende energéticamente de la quema de carbón, presentó su primera NDC en 2015 y dejó bastante que desear, ya que apenas comprometía una reducción del 30% de sus emisiones.

La actualización de la NDC  es muy distinta, y eso es una buena noticia. Hay tres grandes cifras en los nuevos compromisos de mitigación:

1- Una meta de presupuesto de 1.100 MtCO2eq entre 2020 y 2030.
2- Año máximo de emisiones (peak) en 2025.
3- El objetivo de 95 MtCO2eq en 2030.

Las cifras por sí solas parecen inentendibles. Para entender sus efectos y qué tan ambiciosas son, hablé con Olga Alcaraz, académica del Grupo de Gobernanza del Cambio Climático de la Universidad Politécnica de Catalunya. Ellos publicaron un texto llamado “Elementos clave para incorporar justicia, desarrollo y ambición en una NDC”, donde crearon un modelo matemático que permite hacer una evaluación de los compromisos de reducción de emisiones.

Este modelo se basa en criterios de igualdad (emisiones per cápita), responsabilidad (emisiones históricas), capacidad (PIB per cápita) y derecho al desarrollo (porcentaje gasto público, dependencia a combustibles fósiles, soberanía energética, coeficiente Gini, acceso a agua potable y otros).

Para analizar si una NDC es ambiciosa o no, hay que verla en su forma y su fondo, dice Alcaraz. En la forma, dice que los compromisos chilenos son “muy ambiciosos”, porque el máximo de 1.100 MtCO2eq es un ejercicio de transparencia que no todos los países hacen. “Esto es muy importante porque son precisamente las emisiones acumuladas las que contribuyen al aumento de temperatura. El problema es que el mundo viene con una tradición de reportar compromisos con valores para determinado año, y no con las emisiones acumuladas. Que Chile lo haga, es un ejemplo para el mundo, pensando que es un país con un porcentaje muy pequeño de emisiones”, explica.

Y en el fondo, la NDC chilena también pasa la prueba de Alcaraz. El modelo creado por el grupo de la UPC le asigna a Chile un total de 3.500 MtCO2eq a emitir entre 2017 y 2100. Ese sería el “pedazo” de la torta del presupuesto de carbono global que le corresponde al país.

“El compromiso de 1100 MtCO2eq para 10 años, es más o menos un 30% de lo que les corresponde. Pensamos que es una meta ambiciosa, porque las emisiones están claramente por debajo del total que el modelo de justicia climática le entrega. Además, hay que tomar en cuenta que el peak es en 2025, por lo que se entiende que a partir de ese año irán a la baja, por lo que ese 30% es perfectamente asumible por Chile. Podemos decir que está en línea con el Acuerdo de París, siempre y cuando estas políticas se implementen”, asegura.

Importante aclarar que este modelo es en base a la meta de 2°C, no en los 1,5°C. Las cifras para esta última son más bajas, pero Olga Alcaraz hace un ejercicio de honestidad que no muchos se atreven a hacer: “Los grandes emisores ya gastaron más del presupuesto de carbono de los que les tocaría, por lo que hoy, hablar de 1,5°C es muy complicado. Es poco realista, y me entristece mucho decirlo”.

Esto es un punto importante, porque en Climate Action Tracker tienen su propia metodología para evaluar las NDC. Y bajo su mirada, el compromiso pasó del “altamente insuficiente” de 2015 a un “insuficiente” este 2020. Niklas Höhne explicó a Climate Home News que, para alinearse con los 2°C, las emisiones de Chile deberían ser bajo los 90 Mt de CO2 para 2030, y aún más bajas para los 1,5°C: “Comparado con otros países, están muy bien. Pero si tomamos el punto de referencia absoluto de 1,5°C, no es muy bueno”.

Otro ejercicio de transparencia que se agradece: Junto con publicar el documento de la NDC, el Ministerio de Medio Ambiente liberó una serie de documentos que incluyen minutas y actas de reuniones de los equipos que trabajaron la NDC.

  1. Vincular política climática y calidad de aire local

La NDC incluye el compromiso de reducir un 25% las emisiones de carbono negro para 2030. Esto es un tema importante en un país donde se calculan entre 3 mil y 4 mil muertes al año vinculadas a la contaminación y donde prácticamente todas las grandes ciudades del sur están saturadas de contaminación. Según el ránking de Air Visual, 9 de las 10 ciudades más contaminadas de América Latina están en Chile.

“Este es un compromiso climático y socio ambiental que tiene que ver con la vida diaria de la gente. Ha sido una demanda ciudadana muy importante y se hacen cargo”, valora Sara Larraín, de la ONG Chile Sustentable.

La OMS es clara al señalar que la contaminación del aire daña la salud respiratoria, un punto esencial en tiempos de pandemia del coronavirus, y más cuando empezamos a ver los primeros estudios que vinculan las tasas de mortalidad por Covid-19 con exposición al MP2.5.

  1. Turberas, humedales y paisajes

La Patagonia chilena tiene un estimado de más de 3 millones de hectáreas de turberas. Son grandes extensiones de musgos rojos y verdes tienen un potencial increíble de mitigación: Un estudio del Centro de Clima y Resiliencia (CR2) calculó que las turberas acumulan más de 4800 millones de toneladas de CO2, mucho más que toda la masa de bosques en el país.

Sin embargo, ni las turberas ni los otros tipos de humedales estaban incluidas en los planes de acción climática. Para peor: Hoy están categorizadas como una sustancia fósil por el Código de Minería, por lo que pueden ser concesionadas para su explotación. La inclusión y protección de las turberas fue demandado por la comunidad científica en el proceso participativo de la NDC y fue finalmente incluido: Para 2025 se tendrá un inventario nacional y para 2030 se desarrollarán indicadores para evaluar la capacidad de adaptación y mitigación de las turberas.

También se compromete un plan de restauración de ecosistemas a nivel de paisajes, con un millón de hectáreas para 2030 de paisajes degradado, con un enfoque en restauración y biodiversidad. Otro punto que no estaba y que se tomó del proceso participativo.

  1. Vínculo con ODS (pero no con los derechos humanos)

Cada uno de los compromisos de la NDC está relacionado a uno o más Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que es una novedad respecto al documento de 2015 y al primer borrador de la actualización que se presentó en octubre. Asociar objetivos como la transición justa, la seguridad hídrica y la equidad de género a la política climática, y a la vez decir que tiene que ver con el desarrollo, es una novedad interesante para Chile.

Eso sí, podría haber sido mejor: La NDC también incluye un punto que llamaron “Pilar Social”, para vincular las protestas que se iniciaron en octubre contra el gobierno de Sebastián Piñera y sus demandas con los compromisos climáticos. En algún punto de la elaboración del documento, según pude corroborar con algunas fuentes, se intentó vincular al tema derechos humanos, lo que habría sido aún más interesante, tomando en cuenta la postura pasiva que tuvo Chile en la negociación del Artículo 6 en la COP25, ignorando por completo la inclusión de los derechos humanos.

Pero desde los equipos de Presidencia se eliminaron todas las referencias a los derechos humanos del documento y finalmente se asoció a los ODS. No es una sorpresa, considerando el nefasto registro que está dejando Piñera en la materia: más de 30 muertos (5 vinculados directamente al Ejército o la policía), más de 440 personas con heridas oculares producto de disparos de balines o de bombas lacrimógenas, 197 denuncias de violencia sexual y 520 denuncias de torturas, según el registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Lo malo

  1. El negocio forestal es más fuerte

Era el punto más polémico del borrador de octubre y se mantuvo, pese a las denuncias de la comunidad científica y la sociedad civil.

Chile se compromete a forestar 200 mil nuevas hectáreas para mitigar el cambio climático. Dicen que la mitad será en terrenos de “cubierta forestal permanente” y que, de esas, 70 mil serán de bosque nativo. ¿Qué quiere decir eso? La cubierta forestal permanente es aquella que se protege y cuida permanentemente, sin cortar y evitando que sea intervenida por ganadería o agricultura. Es decir, el grueso de la propuesta de reforestación (130 mil hectáreas), será de plantaciones exóticas, de pino y eucaliptus, de las cuales 100 mil serían sometidas a cosecha.

En octubre, cuando apareció el borrador, esto fue lo que me dijo Antonio Lara de la Universidad Austral sobre esta promesa: “Para aumentar la superficie de plantaciones exóticas pueden haber razones económicas, o querer generar recursos para la industria forestal, pero eso no va a mejorar la contribución de Chile en términos de mitigación. Al cosechar, en Chile el 50% va para pulpa, eso en 2 años está de vuelta en la atmósfera. Y la otra parte, los productos madereros, aunque duren 30 años, igual se libera”.

A esto se suma que las plantaciones exóticas son un combustible que exacerba la magnitud e intensidad de los incendios forestales. 2017 fue la peor temporada de incendios en Chile, con más de medio millón de hectáreas quemadas que emitieron 100 millones de toneladas de CO2eq. Esto es el 90% del total de emisiones de Chile del año anterior, 2016.

Y esto en medio de la peor sequía que ha enfrentado el país, y con estudio reciente publicado en la revista Forest que calcula cuánto disminuye la disponibilidad hídrica del país forestando nuevas hectáreas de plantaciones exóticas.

La industria forestal es una de las lucrativas y poderosas en Chile. Los Matte y Angelini -que extienden sus negocios también a combustibles fósiles y energías renovables- fueron beneficiados por la dictadura de Pinochet con tierras mapuche e hicieron un negocio redondo de las plantaciones de pinos y eucaliptus.

  1. El incierto largo plazo

La NDC es el punto medio y la carbono neutralidad en 2050 es la meta. Ese fue el anuncio del gobierno.

En la presentación, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, mostró una proyección de que el país pasaría de los 95 MtCO2eq en 2030 a 65 MtCO2eq en 2050, los que serían “neteados” por la captura de CO2 de bosques y así llegar a cero. El cálculo arroja muchas dudas considerando que lo difícil que es medir y proyectar la captura de CO2, más cuando la principal política es con plantaciones y no bosque nativo.

La proyección a largo plazo es clave para la acción climática. El gobierno está promoviendo una Ley Marco de Cambio Climático que incluye la meta de carbono neutralidad. Sin embargo, parece ser insuficiente. El CR2 identificó 117 reformas legales -que no están en el proyecto de ley- que el país debe realizar para alcanzar de verdad la carbono neutralidad en 2050. Son modificaciones constitucionales, legales y administrativas, que incluyen medidas como aumento del impuesto verde a industrias contaminantes y vehículos nuevos, fijar un máximo de emisiones sectoriales de Gases de Efecto Invernadero, aumentar el impuesto al diésel, eliminar su subsidio y otras medidas que promueven la generación solar domiciliaria, los techos verdes y la construcción de ciclovías.

  1. Otros 20 años con carbón

Chile tiene un plan de cierre de sus centrales termoeléctricas a carbón. Son 10 centrales que cerrarán antes de 2024 y las otras 18 antes de 2040. De las primeras se conocen fechas y cuáles son, de la segunda parte, solo se sabe la fecha final.

Si bien el calendario de la descarbonización es una de las medidas que componen las estimaciones de la NDC, no es un compromiso que esté dentro de ella. A fin de cuentas, la NDC se le presenta a la UNFCCC con el compromiso de bajar las emisiones, no con la política de cómo hacerlo.

Una demanda clave en materia ambiental en Chile es el fin a las zonas de sacrificio. Entre agosto y octubre de 2018, más de 1300 niños, niñas y adolescentes de Quintero y Puchuncaví colapsaron los servicios de salud de la Quinta Región con síntomas de intoxicación. En la zona operan 16 industrias de hidrocarburos, gas natural, termoeléctricas a carbón y de fundición y refinería de cobre. En 1992 se declaró saturada de dióxido de azufre, pero se siguen acumulando derrames de petróleo, varamientos de carbón e intoxicaciones masivas. Estudios muestran alto riesgo carcinogénico, crecimiento exponencial de niños de espectro autista y alta tasa de enfermedades respiratorias.

El pasado lunes 6 de abril, Quintero y Puchuncaví tuvieron un nuevo peak de emisiones de dióxido de azufre (SO2), en plena pandemia del Coronavirus. “Una meta que condena a vivir a las personas en las zonas de sacrificio por 20 años más con el carbón, no es aceptable”, dice Estafanía González de Greenpeace Chile.

Si bien es valorable que exista el Plan de poner cierre a todas las centrales a carbón, 2040 parece no ser suficiente. Según Climate Analytics, Chile tiene la capacidad para cerrar sus centrales en 2032.

  1. Seguridad hídrica y Glaciares

La NDC innova en comprometer planes estratégicos para todas las cuencas del país para 2030, junto con mayores fiscalizaciones a servicios sanitarios y exigencia de planes de gestión de riesgo a las empresas.

Es un avance, pero 2030 se ve lejano cuando hoy el 40% de todas las comunas del país están bajo un decreto de escasez hídrica. Chile ocupa el número 18 del ranking de estrés hídrico del World Resources Institute, y uno de los puntos más controversiales tiene que ver con el Código de Agua. Impuesto en dictadura, garantiza el derecho privado sobre el agua, lo que se ha traducido en que el agua está disponible para la agricultura industrial y no para las personas. Hoy miles de personas sobreviven con 50 litros de agua a la semana que son repartidos por camiones aljibes, lo que hace imposible cumplir con la medida sanitaria básica para evitar el contagio de Covid-19: lavarse las manos.

Los compromisos de Chile también omitieron la protección a glaciares, pese a que el país posee el 80% de estos cuerpos de hielo que hay en Sudamérica y que son claves para la seguridad hídrica. Hoy, su protección depende del análisis caso a caso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el que no ha impedido que proyectos mineros e hidroeléctricos los impacten significativamente. El Congreso está discutiendo una ley de protección a Glaciares y su entorno como reservas de agua dulce, pero una de las propuestas del gobierno de Piñera fue crear una excepción en glaciares rocosos para beneficiar a la minería.

De nuevo, no es un tema que se agote en la NDC, que no es el instrumento legal para abordarlo. Pero es difícil hablar de políticas climáticas sin tomarlo en consideración.

Noticias Relacionadas:
El Acuerdo de París en su laberinto: ¿Dónde está la ambición?

¿Qué significa la ambición climática? ¿Cómo se puede medir, traducir, significar? Tras una nueva cumbre climática de la que nadie Ver más

Chile abre la puerta a una inédita Constitución “ecológica”

Desde las discusiones por la gestión del agua en medio de una mega sequía hasta un completo reordenamiento territorial del Ver más

Se hunde la tierra, nos hundimos con ella

El Covid-19 no apareció de la nada. No es que tuvimos mala suerte o no lo vimos venir. Es algo Ver más

Planeta en cuarentena: Porqué el Covid no es un respiro para la crisis climática

Mediciones de calidad del aire en Santiago de la última semana muestran menos índices de material particulado producto de las Ver más

El Acuerdo de París en su laberinto: ¿Dónde está la ambición?

El Acuerdo de París en su laberinto: ¿Dónde está la ambición?

¿Qué significa la ambición climática? ¿Cómo se puede medir, traducir, significar? Tras una nueva cumbre climática de la que nadie se declara conforme, el mundo entró en el que será el año clave para el Acuerdo de París. Esta semana, una alianza de países latinoamericanos, africanos y asiáticos, que representan solo el 15% de las emisiones globales, se han comprometido a ser carbono neutral ante el silencio de las potencias mundiales.

Greta Thunberg, la cara más reconocible del movimiento por la acción climática, pasó el último año recorriendo el mundo con su mensaje. Desde Katowice, Polonia (COP24), cuando pocos la conocían, la algarabía que desató en Nueva York con su “¿cómo se atreven?” en Naciones Unidas, su mediático viaje de vuelta a Europa en un barco cero emisiones y su premio como ‘Persona del Año’ de la revista Time. Greta fue la estrella del año en el que todos hablaron del cambio climático.

En cada uno de sus discursos antes de la COP25, Thunberg habló de la ciencia, de los últimos informes del IPCC que nos advierten de la catástrofe a la que nos adentramos cada vez más y de cómo el presupuesto de carbono que tenemos se agota cada día más por culpa de las grandes empresas contaminantes.

De pie ante el plenario de la COP25, el mensaje de la joven de 16 años fue otro: “La política que necesitamos no existe hoy día, pese a lo que digan los líderes mundiales. Creo que el mayor peligro no es la inacción, el verdadero peligro es cuando políticos y CEOs dicen que la acción real está pasando cuando en realidad no hacen nada más que contabilizaciones inteligentes y relaciones públicas creativas”.

¿Entendió Thunberg que la respuesta a la crisis climática no saldría de ese espacio?

*

El miércoles 11 de diciembre, Carolina Schmidt, presidenta de la COP25, dijo que “el gran legado de Chile será generar el ‘turning point’ o cambio de rumbo que permita implementar el Acuerdo de París, aumentando la ambición, transversalizando la acción climática y subiendo nuevos actores a la mesa”.

Cuatro días después, la opinión transversal era que la Cumbre del Clima en Madrid había fracasado. Y es que nadie está abiertamente conforme con los resultados de la cita. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien dijo sentirse “decepcionado” del resultado. La propia ministra de Medio Ambiente chilena dijo que los acuerdos alcanzados “no eran suficientes”.

El gobierno chileno fue uno de los principales focos de críticas, al ser incapaz de liderar las negociaciones hacia un resultado que avance concretamente en limitar el calentamiento global. Y si bien se enfrentó con la oposición sostenida de unos pocos países -quienes desde el primer día se negaron a negociar-, la manera en cómo se relacionó con sus pares, desoyendo sugerencias y negociando solo con los grandes contaminantes, marcó la molestia de varios países hacia el final de la cita.

En junio, en la Conferencia intersesional de Cambio Climático que se desarrolló en Bonn, Alemania -donde los países adelantan algunas negociaciones que después continúan en la COP-, Carolina Schmidt dijo que el objetivo número uno de la COP será “aumentar la ambición en tres áreas: Mitigación, adaptación y términos de implementación. Será la COP de la implementación. Debemos pasar de la implementación a la acción”.

Desgranando la ambición

¿Cómo se traduce la demanda por mayor ambición climática que millones de ciudadanos han demandado este año a lo largo del mundo?

En los primeros días de la Cumbre, una periodista le consultó a Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas por el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés) cómo se podía entender la tan repetida ambición.

-No tenemos un ítem en la agenda que se llame ambición. Por lo tanto, no es que esperamos tener una decisión específica al respecto. Sin embargo, hay muchos elementos de la agenda y hay muchos eventos y diálogos de alto nivel en los que se espera que se aborde el tema de aumentar la ambición-, respondió.

El Acuerdo de París, firmado por todos los países que son parte de Naciones Unidas en 2015, establece la meta de limitar el calentamiento global bajo los 2°C e idealmente en 1,5°C. Hace más de un año, el Panel Intergubenemantal de Expertos en Cambio Climático (IPCC) dio cuenta con evidencia certera de que los objetivos del Acuerdo de París son insuficientes: Si la principal meta es evitar que la tierra supere los 1,5°C desde la era pre industrial, con los compromisos de los países vamos rumbo a los 3,2°C.

La principal herramienta para combatir el cambio climático que creó el Acuerdo son las “contribuciones nacionales determinadas” de cada país. NDC, por sus siglas en inglés, un compromiso de cada parte que suscribe a París en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero para cumplir con los objetivos del tratado.

París no regula el contenido de las NDC, pues Naciones Unidas no interfiere en la política interna de los países. Cada parte debe presentar sus compromisos, pero hay bastante ambigüedad al conocer los detalles, partiendo por el hecho de que no hay obligación alguna en cumplirlos o no. Y ahí uno de los problemas con el resultado de la COP.

El texto final de la Cumbre -titulado “Santiago-Madrid Time for Action”- reconoce que hay una “significante brecha” existente entre lo que los países han comprometido hasta el momento y lo que la ciencia dice que es necesario para detener el calentamiento global.

2020 es el año clave para París. El Acuerdo comienza su vigencia después de cinco años donde no hubo mayores avances, pero al mismo tiempo creció la presión y las expectativas a que los gobiernos se hagan cargo de la crisis. Este año, todas las partes están llamadas a comunicar nuevas NDC que sean progresivas en sus metas respecto a las anteriores. Los que se trazaron una meta para 2025, deben entregar una nueva NDC, los que lo hicieron para 2030, deben actualizar. Para la COP26 en Glasgow, podremos proyectar los compromisos y las emisiones de la década. Y estos compromisos valdrán por cinco años.

Sue Biniaz fue una de las articuladoras del texto del Acuerdo, como negociadora de Estados Unidos. Ella misma reconoce que, en verdad, no hay obligación legal para que los países aumenten su ambición. “Es la ciencia, más que París per se, el porqué los países deben mejorar sus NDC”, dijo a Climate Home News. El texto lo que dice es que las partes deben “recomunicar” sus compromisos. Nada impide que presenten el mismo plan que hace cinco años.

Desde antes de la COP se sabía que los grandes emisores -China, Estados Unidos, India y Brasil- no iban a comprometerse a nada nuevo. Sí se esperaba un emplazamiento fuerte a que en 2020 lo hicieran y es por eso que el borrador presentado por la Presidencia chilena causó tanta molestia en la sociedad civil el sábado. No se avanzaba nada respecto a lo acordado en 2015.

El discurso de la ambición era prioridad para la gran mayoría de los grupos negociadores que funcionan en la UNFCCC: Para los africanos, latinoamericanos, los menos desarrollados, las pequeñas islas insulares e incluso para la Unión Europea.

Sin mayor llamado a la ambición en el texto, las negociaciones tampoco dejaron un buen recuerdo en la materia, sobretodo en el avance progresivo que suponen las NDC. Desde hace años que los países discuten la agenda de “common metrics”: cómo medir y reportar las emisiones de gases que no son el CO2 -como el metano o el óxido nitroso-, como convertirlas a la unidad conocida como “CO2 equivalente” y después reportarla, a fin de tener un registro cada vez más preciso del problema.

Este es uno de los tantos temas que año a año se negocian en las COP. Y es el reflejo donde lo “técnico” de las discusiones esconden un micro-mundo de negociaciones políticas y juegos de poder. En la COP25, China bloqueó las principales discusiones relativas al ítem “Transparencia”, sobre cómo se reportan las NDC, cómo llevar adelante las mediciones y cómo informarlas a la UNFCCC. La idea es que exista un parámetro común para todos, pero eso no existe hasta ahora. La negociación, que tiene que ver, a fin de cuentas, con cómo se implementan las promesas, quedó suspendida. Se volverá a discutir en la COP26.

Otro tema tiene que ver directamente con las NDC son los llamados “tiempos comunes”. Hay un acuerdo, cerrado en la COP24, de que todos los países presentarán sus NDC al mismo tiempo. ¿El problema? No está definido cada cuánto. Lo que parecía una decisión simple -o eran cinco o eran 10 años- se transformó en un problema. Llegaron a existir ocho opciones de votación en la mesa de negociación, incluyendo a Estados Unidos, Canadá y el grupo árabe pidiendo que se decida recién en 2023. Finalmente, tras petición de China, la discusión se aplazó para el próximo año.

Sin tiempos fijos para la NDC, resulta sumamente difícil crear un nuevo compromiso, pues se desconoce cuál será el año común de objetivo de todos. Y más se dificulta al no existir reglas claras sobre cómo medir e informar de las emisiones. Mientras más se demoran los países en decidir, más tarde se hacen las planificaciones, de mediano y largo plazo. En el intertanto, seguimos bombeando la atmósfera de gases contaminantes que seguirán ahí por años calentando el planeta.

Los que sí avanzan

Chile quiso desde el primer minuto hacer de esta la “COP de la ambición”, reflejado incluso en el hashtag creado por la presidencia: #TiempoDeActuar (#TimeForAction). Con la muy entrecomilladas “obligación” de los países de enviar nuevas y mejores NDC para 2020, la apuesta que el propio secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le encargó al presidente chileno Sebastián Piñera fue impulsar una “Alianza por la Ambición”.

Lanzada en septiembre durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, se trata de una coalición de países, ciudades y empresas comprometidas con alcanzar la carbono neutralidad en 2050.

Liberada recién esta semana (casi un mes después del fin de la COP), la lista sigue demostrando que los países que lideran en la materia son precisamente los que más sufren de la crisis climática. El listado publicado por el gobierno de Chile, sumado al conteo que lleva el Climate Watch del World Resources Institute, muestra que hay 108 países comprometidos con actualizar sus NDC este año. Además, 94 países (considerando que la Unión Europea funciona como uno en estos procesos) están por la carbono neutralidad para 2050. Ambos listados rondean el 15% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

“Son muchos países y pocas emisiones. Pero si fuera fácil no estaríamos en esto. Lo importante es que hemos sumado a varios, está Canadá, la Unión Europea”, dice Gonzalo Muñoz, el “High-level Champion” de la COP25. El cargo consiste en integrar a actores no estatales en el proceso de la UNFCCC. Chile es el primer país de la historia que ostenta la presidencia en nombrar a un empresario en el cargo. Ingeniero comercial, Muñoz es dueño de Tri-ciclos, una empresa de reciclaje.

“Esto se trata de acelerar el tranco. La ambición es cuán rápidamente estamos dispuestos a resolver el problema. La ciencia y la calle nos piden que sigamos el informe del IPCC. Eso es para nosotros la ambición”, afirma.

A la alianza de carbono neutralidad también se sumaron cientos de ciudades y empresas alrededor del mundo.

Contrario a lo que puede parecer a primera instancia, la ‘carbono neutralidad’ no significa que la emisión de gases de efecto invernadero sean cero. Significa que si a las emisiones se les descuenta la captura de carbono por parte de los sumideros naturales, se llega a cero. Es un “neteo” que para puede incluso permitir que se sigan quemando combustibles fósiles que son “compensados” en otros lugares del mundo.

En la COP25, Ana Patricia Botín, presidenta del banco Santander tuvo un lugar estelar en el plenario principal, mostrando los planes del banco español para convertirse en carbono neutral en los próximos años. El banco español aportó 1 millón de euros al desarrollo del evento, según un estudio de Corporate Europe, y además invirtió 6.733 millones de euros en proyectos de combustibles fósiles en 2018.

Y ahí otra de las grandes contradicciones: Un banco puede ser “carbono neutral” invirtiendo en proyectos renovables en América Latina mientras sigue financiando el petróleo en Asia.

La palabra “combustible fósil” no está en ningún lugar del Acuerdo de París. Leo Roberts, investigador del Overseas Development Institute, resume así el verdadero desafío de París:

“Hasta que los países y las partes interesadas (particularmente las empresas) se comprometan a dejar los combustibles fósiles en el suelo, las posibilidades de mantener la calefacción global por debajo de 1.5 ° C son escasas”.

Ya en las primeras semanas del año clave para nuestro futuro, resuena la ira con que Mohamed Adow, activista climático de Kenya, se refirió a los resultados de la COP25: “Si hubo un momento en la historia en que los gobiernos la cagaron (fucked up), diría que es aquí en Madrid. Es la gente alrededor del mundo la que debe levantarse ahora y salvar el planeta”.

*Este artículo fue publicado originalmente en LatinClima el 18 de enero de 2020.

Noticias Relacionadas:
Planeta en cuarentena: Porqué el Covid no es un respiro para la crisis climática

Mediciones de calidad del aire en Santiago de la última semana muestran menos índices de material particulado producto de las Ver más

Se hunde la tierra, nos hundimos con ella

El Covid-19 no apareció de la nada. No es que tuvimos mala suerte o no lo vimos venir. Es algo Ver más

Chile abre la puerta a una inédita Constitución “ecológica”

Desde las discusiones por la gestión del agua en medio de una mega sequía hasta un completo reordenamiento territorial del Ver más

NDC: Las luces y sombras del nuevo compromiso climático de Chile

Chile tenía que revertir la mala imagen que dejó en la conducción de la COP25 y optó por actualizar su Ver más

Se hunde la tierra, nos hundimos con ella

Se hunde la tierra, nos hundimos con ella

El Covid-19 no apareció de la nada. No es que tuvimos mala suerte o no lo vimos venir. Es algo que ha pasado antes con otras enfermedades y que estudios de distintas partes del mundo adelantan hace años: el modelo de desarrollo humano a costa de la destrucción de la naturaleza tiene como un efecto secundario la emergencia de nuevas enfermedades. En resumen: nos está saliendo el tiro por la culata. Y el problema no se soluciona con más ventiladores, cloro y mascarillas.

Todavía no se sabe con exactitud qué originó el Covid-19 y su rápida propagación, lo que sí se sabe es que se dio en un lugar donde hay tráfico de animales bajo cierto grado de estrés, en un contexto mundial de degradación de la naturaleza, cambio climático, alta tasa de urbanización y transporte globalizado. Una combinación mortal.

“Actividad humana, crisis climática y Covid están totalmente relacionados. No existe un límite. Hay mucha evidencia que muestra que la deforestación, la urbanización y la agricultura a gran escala destruyen la naturaleza y eso aumenta la probabilidad de transmisión de enfermedades, sobre todo zoonóticas”, dice la veterinaria y doctora en zoología, Rocío Pozo.

Lo que plantea la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)² no es menor considerando que el 75% de las enfermedades infecciosas que afectan a los humanos son de origen zoonótico, es decir, que se transmiten entre animales (incluidos los humanos). Ejemplos son el Zika, la Malaria, el Hanta, la Fiebre porcina, el Ébola, la Rabia, la Influenza, el VIH y la Gripe Aviar.

Enfermedades como estas van al alza. Según la Organización Mundial de la Sanidad Animal, su alcance, magnitud y repercusiones mundiales no tienen precedentes históricos. ¿Cómo se explica esto? Científicos y estudios de distintas partes del mundo apuntan principalmente a dos factores: comercio de animales y destrucción de ecosistemas.

El Covid-19 apareció justamente en el mercado chino de Wuhan, donde se comercializan animales exóticos vivos como cocodrilos, puercoespines, crías de lobo, serpientes, gatos salvajes y murciélagos. A las malas condiciones de higiene se suma el malestar de los animales. “Cuando se trafican, los animales se someten a un nivel de estrés muy alto y eso hace que demuestren patógenos que en un estado inmunitario normal no demostrarían”, explica Rocío Pozo. En 2003, en otro mercado húmedo -como se les llama por tener sus pisos llenos de agua y fluidos animales- se dio el salto zoonótico del Síndrome respiratorio agudo grave (Sars) desde un murciélago a un humano, que terminó en una epidemia que afectó a ocho mil personas.

Pero el riesgo no se da solo en circunstancias de tráfico de especies silvestres, sino en algo tan cotidiano como la industria alimentaria. Según el informe de la FAO Ganadería Mundial: un panorama de enfermedades cambiantes (2013), un 70% de las nuevas enfermedades que han surgido en seres humanos en las últimas décadas son de origen animal y gran parte de ellas están relacionadas con la búsqueda de alimentos como carne, huevos y leche. El documento señala que “la sanidad ganadera es el eslabón más débil de la cadena de la salud mundial”.

Como solución, proponen un enfoque de la salud llamado One Health (Una salud, en español), que atienda desde una perspectiva multidisciplinaria la relación entre medioambiente, animales y humanos. “No podemos abordar la salud humana, animal y del ecosistema de forma aislada la una de la otra: tenemos que considerarlas de forma conjunta. Y hacer frente a las causas de la aparición de las enfermedades, su persistencia y propagación, en lugar de combatir simplemente las enfermedades cuando surgen”, dijo, a propósito del estudio, Ren Wang, Director General Adjunto del Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor en la FAO.

La industria ganadera también se vincula a la devastación de ecosistemas naturales, uno de los aspectos que facilita la aparición y dispersión de enfermedades. Es lo que ocurre en el Amazonas, donde al menos el 80% de la deforestación de la selva se debe al uso de tierra para pastoreo de vacas de consumo humano, según datos de la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de Yale (2019).

El ecólogo brasileño e investigador del Centro de investigación metereológica y climática aplicada a la agricultura de la Unicamp, David Lapola, advierte que si la deforestación de la selva amazónica continúa la próxima gran pandemia podría gestarse en Brasil. Y es que en lo que va del primer semestre de 2020 han sido talados cerca de 1.200 km2, según datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). La superficie es equivalente al doble del tamaño de Santiago. Esto significa un aumento del 55% en comparación a la tala realizada en el mismo periodo durante 2019, cuando el presidente Jair Bolsonaro minimizó el avance de incendios vinculados a deforestación que en un solo mes consumieron dos millones y medio de hectáreas de la selva, considerada vital para el equilibrio del clima mundial.

Lapola afirma que la relación entre el deterioro del medioambiente y surgimiento de enfermedades se repite. Según explica, es lo que ha ocurrido con el VIH, el Ébola, el Dengue y ahora con el Covid-19. “Es una relación histórica, fueron todos virus que se diseminaron de forma muy grande a partir de desequilibrios ecológicos”, dijo en una entrevista a Agence France-Presse. A propósito de Ébola: hace unos días se registró un alarmante rebrote en El Congo y ya se ha transformado en una nueva epidemia. A propósito del Dengue: está causando estragos en Argentina, que superó los contagios de años anteriores con más de 41 mil casos en lo que va de 2020.

Para graficar lo que plantea Lapola, podemos tomar el caso de la Malaria. Un estudio de 2019 hecho por la EcoHealth Alliance concluyó que las poblaciones humanas que viven cerca de zonas deforestadas de Malasia tienen mayores índices de Malaria y de contagio que en donde hay menos deforestación. Esto se explica porque en lugares donde no hay árboles, hay más entrada de lluvia, que se acumula en charcos grandes que son el hábitat perfecto para los mosquitos que transmiten los parásitos.

La lección es que los ecosistemas en equilibrio tienen barreras naturales que impiden la dispersión de virus, bacterias, parásitos y hongos. Por ejemplo, cierto grado de temperatura, un nivel de humedad y la presencia de depredadores que mantienen bajo control a otros animales que podrían contagiar a los humanos. Todo indica que si hay naturaleza perturbada hay más probabilidades de enfermedad.

Esto es algo sabido en Chile. Incluso el Ministerio de Salud ha dado cuenta de la relación entre crisis ambiental y enfermedades. En su página web indica que “los cambios climáticos observados en los últimos años han impactado en la modificación de los nichos ecológicos en que se desarrollan muchas de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades transmitidas por vectores y las zoonosis no son una excepción a ello, por lo que aumenta el riesgo de ocurrencia, reaparición o diseminación de algunas, como el dengue”.

A pesar de la evidencia, nuestro país sigue teniendo una pobre protección de los recursos naturales. Es cosa de ver lo que ocurre con la deforestación del bosque nativo para destinarlo a monocultivos, las intoxicaciones en zonas de sacrificio plagadas de termoeléctricas como Quintero y Puchuncaví o los problemas de higiene en Petorca por la falta de agua. También los graves riesgos a la salud que implica la industria salmonera, en la que se usa una cantidad gigantesca de antibióticos (500 veces más que lo permitido en Noruega) que son liberados al mar y pueden generar macrobacterias, que al mutar se hacen resistentes a los tratamientos médicos ya conocidos y facilita la emergencia de pandemias.

“El respeto a la vida salvaje es fundamental. Meternos con su hábitat es jugar con fuego y arriesgarnos a mutaciones de virus que pueden tener consecuencias agresivas para un mundo que es desigual y puede costarles la vida a miles de personas”, dice Matías Asún, director nacional de Greenpeace. Y añade: “Pero al mismo tiempo hay que mejorar el acceso a la salud, no solo entendida como un servicio médico, sino las condiciones básicas de bienestar, como garantizar el agua. El Covid opera magnificando todas aquellas brechas sociales que no quisimos ver antes”.

Y es que en plena pandemia son miles las personas que, por no tener acceso al agua, no pueden lavarse las manos; la medida más básica para prevenir el contagio de Covid-19. Es lo que ocurre en Petorca, donde se han secado los ríos y el agua de las napas es succionada para regar las enormes plantaciones de paltas mientras la población debe abastecerse por camiones aljibes que en algunos casos entrega solamente 20 litros diarios por persona, siendo que el mínimo recomendado por la OMS es 100 litros.

“Esta es una oportunidad para tomar conciencia y acción. El Covid-19 nos ha abierto a repensar y corregir nuestra relación con el medioambiente. La ciudadanía está disponible a hacer cambios. Millones de personas están cuestionando las bases del sistema chileno y es algo que está pasando a escala global. Sinceramente, yo le tengo fe a la humanidad”, dice Asún.

No sabemos si la pandemia era completamente evitable, pero sí sabemos que se pudieron haber tomado medidas que ayudaran a prevenirla. La buena noticia es que al ser conscientes de que nuestra actividad impacta en la naturaleza y, por lo tanto, en la generación de enfermedades como el Covid-19, podemos hacer algo al respecto para evitar que esto se repita a futuro en vez de esperar de brazos cruzados la próxima catástrofe.

Hay muchas medidas que se pueden tomar para avanzar en la línea de One Health. Matías Asún da algunos ejemplos de lo que se podría hacer ahora en Chile: consagrar el derecho al acceso al agua en la constitución, aprobar el proyecto de ley de protección a los glaciares, cerrar las termoeléctricas, avanzar en energías limpias y firmar el acuerdo internacional de Escazú, que vela por el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas a este tema.

Aniquilar los ecosistemas en nombre del progreso humano arrastra a nuestra especie y a todo el resto. Cada daño que le hacemos a la Tierra nos lo hacemos a nosotros mismos. No se trata solo de evitar el sufrimiento de otros animales o ser buena persona; se trata de un asunto de supervivencia. La disminución de gases de efecto invernadero y la reaparición de animales salvajes en distintas partes del mundo como efecto de la disminución de la actividad humana dan cuenta de que la naturaleza tiene una enorme capacidad de resiliencia. No la desperdiciemos.

Noticias Relacionadas:
Planeta en cuarentena: Porqué el Covid no es un respiro para la crisis climática

Mediciones de calidad del aire en Santiago de la última semana muestran menos índices de material particulado producto de las Ver más

Gobierno compromete 130 mil hectáreas de plantaciones forestales en su plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

El anuncio del 45% de reducción de emisiones es condicional al financiamiento externo que se pueda acceder para reducir sus Ver más

Bosques y crisis climática: porqué no es lo mismo reforestar con bosque nativo que con pinos y eucaliptus

Chile se comprometió a reforestar 100 mil hectáreas como parte del Acuerdo de París. Ad portas de presentar su nueva Ver más

Planeta en cuarentena: Porqué el Covid no es un respiro para la crisis climática

Planeta en cuarentena: Porqué el Covid no es un respiro para la crisis climática

Mediciones de calidad del aire en Santiago de la última semana muestran menos índices de material particulado producto de las cuarentenas voluntarias en la capital, cifras que se repiten en las grandes metrópolis del mundo. Pero los expertos son claros: El Covid-19 no es un respiro para el plantea del calentamiento global.

El aire que respiramos en Santiago está más limpio que hace dos semanas, antes de que se empezaran a implementar las primeras cuarentenas voluntarias por la crisis sanitaria producto del Covid-19.

Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, hizo el análisis de los efectos de la cuarentena voluntaria en la calidad del aire en la capital, junto a Andrés Pica y Paulina Schulz, del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Analizaron las cifras del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, del Ministerio de Medio Ambiente, y confirmaron una reducción en los índices de óxido de nitrógeno (NOx) y material particulado (MP2.5).

Esto se debe principalmente a un menor movimiento de automóviles en la capital. La contaminación atmosférica en Santiago proviene principalmente de la industria (30%) y del transporte (31%). El análisis comparativo de febrero y marzo de los últimos tres años muestra una reducción significativa de la contaminación en las últimas dos semanas. Específicamente, la estación que mide la calidad del aire ubicada en la zona de Cantagallo, en Las Condes, muestra que el NOx se ha reducido en un 54% y el MP2.5 en un 38%. Han bajado también los peaks de congestión de vehículos que se identificaban entre las 7 y 9 am y entre las 19 y 22 pm, horas de alto tráfico.

El análisis estima “una reducción de mortalidad prematura en torno a 1053 casos”, considerando que en Chile más de 3 mil personas mueren al año producto enfermedades relacionadas a la contaminación del aire.

Raúl Cordero, climatólogo y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, llegó a la misma conclusión utilizando la red de monitoreo global Aeronet de la Nasa, que tiene la Usach. Se trata de una medición de “aerosoles”, que son las partículas en suspensión en el aire, entre las que está el material particulado generado por fuentes fijas (industrias) y fuentes móviles (vehículos). El análisis muestra que el espesor óptico de Aerosoles en Santiago bajó entre un 20 y 25% entre el 15 y 25 de marzo en Santiago, debido a la menor circulación de vehículos particulares.

“Es una reducción de lo que producen los vehículos. Si siguen funcionando las industrias y el transporte público, no va a haber una reducción más significativa”, dice Cordero, aunque afirma que “sí habrán menos muertes prematuras asociadas a la contaminación”.

Menos contaminación y emisiones, no menos crisis

Los efectos del Coronavirus en la calidad del aire y en niveles de emisiones de gases de efecto invernadero ya se reflejan en todo el mundo. Por ejemplo, un laboratorio en Estados Unidos utilizó una herramienta de recolecta datos de celulares respecto a los movimientos de las personas a lo largo del día. Las estadísticas muestran una baja drástica en viajes en autos en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Indonesia y Malasia.

Lo mismo con las mediciones de NOx en el ambiente. Imágenes satelitales, captadas por la Agencia Espacial Europea, muestran una clara caída en China, Japón y Corea. Esto provocará, tal como explica Raúl Cordero en el caso chileno, una baja en las muertes producto de la contaminación, las que la Organización Mundial de la Salud contabiliza en siete millones de personas al año.

La contaminación también se ha reducido en Londres, Roma, Milán y París hasta en un 30%, al igual que en otras ciudades de Europa producto de la cuarentena que sacó a los vehículos de la calle.

En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principales causantes del calentamiento global, ya existe evidencia de que la cuarentena obligatoria en China llevó a una reducción de un 25% de uso de energía y emisiones, según un análisis de Lauri Myllyyirta del Center for Research on Energy and Clean Air.

En el Observatorio Mauna Loa de Hawai, una de las principales fuentes de medición de los GEI en el mundo, científicos han estado monitoreando la atmósfera para ver cómo la pandemia del coronavirus impactará en sus registros. Hasta el cierre de este artículo, el Covid-19, que ha cobrado la vida de más de 25 mil personas en todo el mundo, está desacelerando la economía global y reduciendo el uso de combustibles fósiles en automóviles, plantas de energía y fábricas que emiten dióxido de carbono (CO2).

Sin embargo, pese al parón mundial, el cambio no debería ser tan grande. Ralph Keeling, profesor de la Scripps Institution of Oceanography en San Diego y principal investigador en el observatorio en Hawai, dijo a Climate Home News, que el uso global de combustibles fósiles tendría que disminuir en un 10% durante un año completo para aparecer en las concentraciones de CO2.

“Esto no tendrá ningún impacto significativo en el cambio climático”, dice tajante Raúl Cordero. “La crisis climática no es consecuencia de las emisiones de un año, es consecuencia de las emisiones acumuladas en 100 años. Si detienes completamente el planeta, emites cero, pero igual se continuaría calentando el planeta 30 años más, porque el daño producido en la atmósfera es tan grande que una cuarentena no tendrá un efecto significativo. Requiere un esfuerzo colectivo de largo plazo mucho más intenso que una cuarentena de unos meses, lo que nos pone en perspectiva de lo enorme que es el desafío”, explica.

¿Qué viene ahora?

Para Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académica de FACSO de la Universidad de Chile, la mirada acotada de esta crisis es quedarse con la idea de que “la naturaleza se recupera, los animales transitan por las ciudades y baja la contaminación. Eso es solo momentáneo. El riesgo es lo que viene después, porque lo tentador será activar la economía con las mismas herramientas que se han utilizado hasta ahora”, afirma.

Para académica, es necesario empezar a esta discusión ahora, “aunque sea difícil hablar de algo ahora que no sea la gente que estamos perdiendo. Pero si no ideamos desde ya un plan de reactivación que cambie la forma de relacionarnos con la naturaleza, estaremos entregando soluciones para que de nuevo una crisis nos estalle en la cara”. Urquiza asegura que la presente pandemia nos habla también de la soberbia: “Existe esta ilusión de que somos autónomos de la naturaleza, de que tenemos la capacidad de controlar la vida al punto que el entorno no nos afecte, pese a que la evidencia científica nos decía hace años que esto podía explotar. Y al igual que con el cambio climático, no se tomaron acciones, por la confianza de que con la tecnología se iba a enfrentar”.

En 2007, cuatro microbiólogos de la Universidad de Hong Kong publicaron un estudio donde advierten de que la aparición de un nuevo tipo de coronavirus sería “una bomba de tiempo”. Y en la misma línea, científicos de todo el mundo han estado estudiando la aparición de nuevas pandemias y su relación con la destrucción de ecosistemas naturales; cómo las enfermedades zoonóticas (que se transmiten de animales a humanos) vienen después del desmantelamiento de ecosistemas.

Marcelo Mena cree que el desafío ahora será impulsar la economía con el cambio incluido. “Para reemplazar la economía sucia hay que crecer. Si queremos tecnologías limpias, necesitamos crecimiento”, dice, pero cree que debe ser sobre una base de sustentabilidad, “con aspectos sociales, económicos, y ambientales en equilibrio”.

Menciona, por ejemplo, los paquetes de reactivación económica que impulsó el gobierno de Barack Obama en 2008, que estableció nuevas normas de emisión para fabricantes de automóviles y “se condicionó la ayuda económica a mejores estándares. Eso se tradujo en mejoras en eficiencia económica”.

“Si sabemos que le transporte aéreo va a estar en problemas, entonces ellos tienen que someterse a tecnologías bajas en emisiones de ahora en adelante, cumplir el compromiso de descarbonización al 2050. Eso se discute ahora en Europa y Estados Unidos, pero también se tiene que aplicar acá en Chile”, opina el ex ministro de Medio Ambiente.

En la misma línea, Anahí Urquiza cree que tras la crisis sanitaria se deben estimular las “economías verdes, la economía circular. Y hay muchas formas de hacerlo, que permiten avanzar a un modelo sustentable, pero eso requiere planificación y estar dispuesto a cambiar el modelo. Es una decisión compleja, pero hay que tener esa conversación”. Menciona que Chile tiene la oportunidad de acelerar el tránsito a energías renovables, potenciar la economía circular, reducir el consumo de materias primas y alcanzar una sociedad más justa.

“No olvidemos que estamos en medio de una crisis social profunda. Todas las desigualdades se van a ver exacerbadas. La gente que ya está muriendo en esta crisis es la más vulnerable”, asegura.

En 2009, tras la crisis financiera global -que coincidió con el último registro de disminución de gases de efecto invernadero en el mundo- llamó a un “Green New Deal” global para terminar con dependencia de los combustibles fósiles y crear trabajos sostenibles.

Sin embargo, ya hay señales en el sentido contrario. Esta mañana se supo que la administración de Donald Trump en Estados Unidos disminuirá las regulaciones ambientales que pesan sobre las industrias contaminantes para ayudarlas a hacer frente a los impactos del coronavirus. La medida permitirá que las plantas de energía, las fábricas y otras instalaciones determinen por sí mismas si son capaces de cumplir con los requisitos legales para informar sobre la contaminación del aire y el agua.

En tanto, Naciones Unidas ya postergó la crucial “COP de la biodiversidad” que estaba programada para octubre de este año en China, producto del brote de la pandemia. Se esperaba que de ahí saliera un documento tipo “Acuerdo de París” que comprometiera a los países a mayores esfuerzos en la materia. También se han postergado reuniones claves para la COP26, que debiera realizarse en noviembre en Glasgow.

Este año, además, comienza la aplicación formal del Acuerdo de París, por lo que los países deben entregar una actualización de sus planes de reducción de emisiones de GEI (NDC). Hasta ahora, solo las Islas Marshall, Surinam, Noruega y Moldavia han entregado su propuesta. La NDC de Chile estaba siendo revisada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y se esperaba su publicación para la próxima semana, pero dicha fecha ha quedado también en la incertidumbre producto de la crisis sanitaria.

Noticias Relacionadas:
Se hunde la tierra, nos hundimos con ella

El Covid-19 no apareció de la nada. No es que tuvimos mala suerte o no lo vimos venir. Es algo Ver más

Gobierno compromete 130 mil hectáreas de plantaciones forestales en su plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero

El anuncio del 45% de reducción de emisiones es condicional al financiamiento externo que se pueda acceder para reducir sus Ver más

Bosques y crisis climática: porqué no es lo mismo reforestar con bosque nativo que con pinos y eucaliptus

Chile se comprometió a reforestar 100 mil hectáreas como parte del Acuerdo de París. Ad portas de presentar su nueva Ver más