Ratificar Escazú y adelantar la Descarbonización: Las propuestas ambientales de los candidatos presidenciales en Chile

Ratificar Escazú y adelantar la Descarbonización: Las propuestas ambientales de los candidatos presidenciales en Chile

El contexto político -con nueva Constitución en camino- y climático marcan el debate electoral en Chile. En noviembre se elige al sucesor de Sebastián Piñera.

El pasado 9 de agosto, el IPCC liberó su informe respecto a cómo, producto del cambio climático, la temperatura media del planeta continuará en aumento y los fenómenos meteorológicos extremos en América Latina se acelerarán cada vez más. Un día después, en Chile, la Comisión Ambiental de Coquimbo aprobó el polémico proyecto minero Dominga, que pretende construir una mina a tajo abierto para la extracción de hierro y cobre y un megapuerto a menos de 30 kilómetros del Archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas más ricos y biodiversos del mundo.

La decisión tomada por 11 funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera causó rechazo inmediato en la ciudadanía. Desde hace años que la iniciativa es resistida por comunidades locales y científicos. Pero el “no” a Dominga tuvo un aliado inesperado: Sebastián Sichel, el candidato presidencial con el que la derecha chilena pretende continuar en el poder los próximos cuatro años. 

Sichel, independiente de pasado en la centro izquierda, triunfador en la primaria del sector, no solo dijo que Dominga “no es viable”, sino que quiso marcar una clara diferencia con su antecesor: Si es presidente, sí ratificaría el Acuerdo de Escazú.

Después de años de rechazo -por parte de Piñera- a Escazú hay luz al final del túnel: Las principales cartas para asumir la presidencia chilena en marzo de 2022 se comprometen a su retificación. 

El contexto mundial y local, con una profunda sequía que impacta cada vez más, han posicionado al tema ambiental en la agenda política chilena. Diálogo Chino analizó los principales compromisos de los candidatos presidenciales en la materia, del cual se desprenden promesas transversales como adelantar el cierre de termoeléctricas a carbón y ponerle fin a las llamadas “zonas de sacrificio”. Todos hablan de biodiversidad, cambio climático, derecho humano al agua y de fortalecer la institucionalidad ambiental.

Serán siete candidatos que se enfrentarán en la papeleta el próximo 21 de noviembre. Son tres los favoritos: Sichel, de la derecha; la senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana – centro izquierda), única mujer en la elección y el joven diputado Gabriel Boric, del bloque de izquierda Apruebo Dignidad.

Los comicios de noviembre estarán marcados por un proceso inédito e histórico: La Convención Constitucional -órgano que le dio un cauce institucional a las masivas movilizaciones sociales de 2019– ya inició su trabajo de redactar la nueva Constitución en plazo de un año. De los 155 constituyentes, un grupo no menor proviene de movimientos socio-ambientales y la instancia ya está trabajando en incorporar, por ejemplo, los derechos de la naturaleza a la Carta Magna.

Candidatos “verdes”

Post informe del IPCC y decisión sobre Dominga, Gabriel Boric también quiso dar una señal de campaña en clave ambiental. Estuvo en Punta de Choros -cerca de donde estaría la minera-, reunido con pescadores artesanales que se oponen al proyecto y en Puchuncaví, donde firmó un compromiso de reparación ambiental y transición justa para una localidad plegada de industrias, conocida popularmente como una “zona de sacrificio”.

Para Javiera Lecourt, coordinadora de los equipos de energía y minería de la campaña de Boric, el programa de Apruebo Dignidad se articuló sobre tres ejes transversales: feminismo, descentralización y transformación socio-ecológica. “Entendemos que la crisis climática es multisistémica y multidimensional, no se puede abordar solo desde lo ambiental”.

El actual diputado es oriundo de Magallanes, la patagonia chilena y reconoce la existencia de una crisis climática y ecológica. Se compromete a adelantar el cierre de termoeléctricas a carbón de 2040 a 2025 vía ley; a la protección de corredores biológicos de flora y fauna; impulsar empleos verdes; infraestructura de adaptación y resiliencia a la crisis climática; reubicación de comunidades de riesgo; y a una nueva gestión de las aguas con enfoque de cuenca y ecosistémico que apunte a la adaptación al cambio climático.

Boric (35 años) representa a una camada de jóvenes dirigentes estudiantiles que dieron el salto al Parlamento. Fundador de la agrupación de izquierda Frente Amplio, se unió al centenar Partido Comunista para formar Apruebo Dignidad, un pacto que pese a que nunca ha gobernado, parte la carrera presidencial como el principal favorito: Fueron la primaria más votada (con más de un millón de votos para él), su bloque fue el de los que más constituyentes eligió.

Pero el candidato de la izquierda no es el único que plantea medidas de reparación para las zonas de sacrificio. El mismo compromiso se repite en la mayoría de los programas.

Para Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, uno de los puntos bajos de la campaña es que “se hacen declaraciones sin especificidad de cómo se logra. A las soluciones les falta un correlato”.

Mena se sumó al equipo de Yasna Provoste como coordinador programático. La senadora (51 años) fue la última en sumarse a la carrera, después de una primaria realizada el último fin de semana antes de la inscripción entre los partidos de la centro izquierda que gobernaron entre 1990 y 2010. El sector viene a la baja en los últimos años y fueron el principal foco de crítica del estallido social (“no son 30 pesos, son 30 años” fue la frase más repetida entonces). Las últimas elecciones a constituyentes fueron una debacle para el sector: El partido de la candidata (Democracia Cristiana) solo eligió a una persona. 

“Las zonas de sacrificio se dan porque en la lógica neoliberal, es lógico que pocos tengan un impacto para el beneficio mayor, pero eso ignora los valores de equidad territorial y justicia ambiental. Por eso el modelo que planteamos, para superar el neoliberal, es que los territorios ignorados en las decisiones tengan más atribuciones, acceso a la participación, que las decisiones territoriales se queden en los territorios. Hablamos de un fondo de recuperación ambiental, que contemple remediación y empleo de reemplazo para actividades que terminan”, asegura Mena.

Entre otras propuestas, Provoste plantea adelantar la descarbonización a 2030 y la carbono neutralidad a 2040 a través de medidas como impuesto al carbono y un compromiso de 100% energías renovables a 2035. También enfatiza en empleos verdes, inversión en obras de resiliencia climática, transporte público eléctrico y que obras de infraestructura pública y privada cumplan con criterios de resiliencia para enfrentar la crisis climática.

En la derecha, Sebastián Sichel (44 años) fue quien llevó el programa más “verde” a las primarias de julio. Fue el único de los cuatro candidatos que hablaba de fin a las zonas de sacrificio. En agua, el candidato independiente quiere crear una Subsecretaría del Agua y habla de “definir la cuenca hidrográfica como unidad básica e indivisible de gestión y administración de recursos hídricos (…) debe comprender desde el nacimiento de los cauces hasta su confluencia en el mar”.

Para la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, “hay un énfasis que antes no se daba”. “La Convención Constitucional recogió un sentir popular de mayor protección al medio ambiente y la naturaleza. A los candidatos que lo plantearon les fue bien y eso se refleja también en los programas presidenciales, todos tratan de mostrarse muy ambientalistas. Hoy nadie diría que la protección al ambiente es un obstáculo para la inversión, todos se tratan de vestir de verde”, agrega. 

Para la politóloga Pamela Poo, quien realizó un análisis detallado de las propuestas ambientales de los candidatos a las primarias, “los programas presidenciales están pensados en una lógica muy de siglo XX todavía, abordando el tema ambiental como un capítulo más, cuando debieras tomar la crisis climática y ecológica como el escenario en el que vivimos, sobre eso colocar las políticas públicas necesarias para enfrentarlo. Porque en el fondo no va a ser solo conservación de ecosistemas o un tema de bajar emisiones, vas a tener migración climática, temas de salud, riesgos y desastres, no se está pensando en esa clave”.

Si bien destaca el avance que hay en las propuestas, uno de los problemas es que “se habla de minería verde sin problematizar usos de agua, de energía, no se piensan las interconexiones”. Ahí es donde también hay propuestas transversales: Boric, Sichel y Provoste plantean minería “verde” o “sustentable”, desarrollo de litio (Boric y Provoste a través de una empresa nacional) y el desarrollo del hidrógeno verde.

“Todos los programas tienen demasiada poesía demás”, dice Poo, para quien, tanto la izquierda como la derecha, siguen ancladas “con las recetas de las ideologías clásicas. Eso no sirve, porque el problema tiene que ver con sacar el antropocentrismo de nuestra relación con la naturaleza”. 

El Servicio Electoral chileno rechazó la candidatura del dirigente mapuche Diego Ancalao, por la Lista del Pueblo, por presentar más de 20 mil firmas acreditadas por un notario ya fallecido. El grupo es de tendencia de izquierda anti partidos y se han negado a apoyar al Frente Amplio. Fueron la gran sorpresa en las últimas elecciones constituyentes, con 26 convencionales y prácticamente nula visibilidad mediática previa. Se posicionaron como un nuevo actor en la política chilena, pero las polémicas internas los debilitaron.

Desde la extrema derecha asoma José Antonio Kast, ex diputado, quien en las elecciones de 2017 alcanzó un 7%. Es quien aparece en las antípodas del resto en materia ambiental, sin muchas propuestas concretas y resaltando ideas ampliamente rechazadas por la ciudadanía y la comunidad científica, como una carretera hídrica que lleve agua del sur al norte para enfrentar la sequía.

La papeleta también estará compuesta por otros tres “reincidentes”: Marco Enriquez-Ominami en su cuarto intento por ser presidente; y Franco Parisi y Eduardo Artés en su segunda aventura a La Moneda.

La constituyente y el extractivismo

La Convención Constitucional funcionará en paralelo a la campaña, elección, segunda vuelta (el 19 de diciembre) y asunción del nuevo presidente o presidenta el 11 de marzo de 2022. 

Quien gane la elección tendrá el deber de implementar la nueva Carta Magna redactada por convencionales que desdibujaron todo el tablero político. En su discurso inaugural, la presidenta Elisa Loncón afirmó que “esta Convención transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación”.

Ahora la Convención está trabajando en comisiones que acuerden las bases de funcionamiento de la discusión constitucional de fondo. Esas bases incluyen, por ejemplo, una comisión de Derechos Humanos que está caracterizando los derechos de la naturaleza, otra de participación popular y otra de descentralización, liderada por la científica Cristina Dorador.

“Quien sea el nuevo presidente, lo va a ser en este contexto de mayores exigencias a actividades mineras, agrícolas y extractivas. Son cosas que requieren políticas profundas, que no se logran en cuatro años de gobierno, por eso es importante la Constituyente. Chile se reconoce como un país minero, no es algo que cambiará en cuatro años, pero sí es una discusión que la Convención puede orientar para las próximas décadas. Es un desafío muy grande, entretenido y muy difícil”, opina Valentina Durán, para quien lo más importante es que el nuevo presidente se comprometa a respetar el proceso constituyente.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino el 03 de septiembre de 2021.

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Quintero y Puchuncaví: La compleja transición energética de una “zona de sacrificio” en Chile

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Décadas de desastres ambientales antecedieron el histórico cierre de la central termoeléctrica a carbón “Ventanas 1”, en diciembre pasado. Con el inicio de la “descarbonización”, la definición de una transición “justa” para la zona de sacrificio es el desafío que viene.

De pie en la Punta Ventanilla, Carlos Vegas, de 65 años, mira de frente al parque industrial con el que ha convivido casi toda su vida. Sus ojos cruzan hasta esas 15 industrias desplegadas por la bahía que conecta las localidades de Quintero y Puchuncaví, en la zona central de Chile. Aunque heredó el oficio de pescador de su padre y de su abuelo, hoy Carlos está alejado de esa labor. Hace 20 años, la autoridad sanitaria chilena le prohibió a él y a su sindicato la venta y cultivo de moluscos por presentar altos niveles de cadmio, arsénico y cobre. Le dijeron que si la gente se enfermaba, sería su culpa.

Carlos conoce estas aguas del Pacífico como la palma de su mano. Con una certeza absoluta, dice que mañana habrá un varamiento de carbón en la playa. Toma su celular, mira los datos de altura de las olas en Puchuncaví que le muestra Google, e insiste: “La marea está baja, hazme caso, mañana a las 8 de la mañana, la playa estará llena de carbón”. 

La mañana siguiente, un representante de la Armada -autoridad marítima en Chile- recorre la costa y da el aviso. Un nuevo varamiento de carbón en Ventanas, la playa que colinda con el parque industrial. Acto seguido, un grupo de 4 pescadores artesanales, cargados con palas y sacos, llegan a recoger el carbón que dejó la marea. 

Cuando el mar está calmo, y el oleaje es bajo, el carbón queda varado en la arena. “Esto es como cuando tienes la taza de leche. Si la dejas quieta, la nata sale arriba. Si la mueves, se queda pegada”, explica José Carvajal, 58 años, pescador artesanal de toda la vida. Es el coordinador del grupo de limpieza convocado por AES Gener, dueña de las tres termoeléctricas a carbón que hoy funcionan en la zona. 

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Un grupo de limpieza convocado por AES Gener, dueña de las termoeléctricas a carbón que funcionan en Quintero y Puchuncaví, limpia regularmente el carbón de la playa (imagen: Saul Mansilla)

“Tenemos que hacerlo. Me preguntas si me gusta y no me gusta po, esto un basurero y estamos limpiando. Nos dicen vendidos y no po. Nosotros denunciamos todos los días esto”. Su teléfono muestra el grupo de WhatsApp que comparte con un representante de la Gobernación Marítima y de la empresa, donde queda un registro fotográfico de cada día de varamiento. 

Solo en enero de 2021, pescadores artesanales de Ventanas recogieron cuatro toneladas de carbón en la playa. Con los años se ha normalizado ver el negro en la arena junto al amanecer. La Fundación Terram cifró en 832 los varamientos entre 2009 y 2020. 

¿Cómo es que un balneario popular termina saturado de carbón año tras año? En 2017, la Fiscalía Marítima de la Armada cerró una investigación sumaria que aseguraba que los varamientos se debían a “la falta de control por parte de AES Gener S.A. en el manejo de residuos de sus procesos productivos”. La empresa apeló y se reabrió una investigación que continúa sin novedades desde entonces y que solo abarca los varamientos entre 2011 y 2013. 

En 2020, AES Gener quemó más de un millón 450 mil toneladas de carbón bituminoso proveniente de Estados Unidos y Colombia, principalmente. Llegó en buques a la bahía, palas mecánicas y grúas lo extrajeron y vertieron en una correa transportadora que se extiende 1,4 kilómetros mar adentro desde la costa, encargada de llevarlo a una cancha de acopio al aire libre. Durante décadas ha funcionado ese proceso en el puerto de Ventanas.

“Aquí ya se hizo todo. Investigaciones, muestras, inversiones. Másteres y doctorados estuvieron acá haciendo estudios, y sigue apareciendo carbón. El fondo marino ya está saturado. Y nos quieren tener 20 años más así”, dice Carlos Vegas. 

El carbón representó el 39% de la generación eléctrica en Chile en 2019, año en que el presidente Sebastián Piñera hizo un anuncio inédito para este pequeño país sudamericano que apenas aporta el 0.26% de las emisiones globales de CO2: El cierre de sus 28 centrales a carbón para 2040. La descarbonización de la matriz energética se convirtió en el principal compromiso climático de Chile, y en su gran bandera de acción para lograr la carbono neutralidad.

Puchuncaví ya inició su transición, con el cierre, en diciembre de 2020, de la central “Ventanas 1”, que operaba desde 1964. Pero el desafío no se vislumbra simple para una zona que ha convivido más de medio siglo con múltiples consecuencias ambientales.

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Carlos Vegas (65), oriundo de Ventanas, ha sido pescador toda su vida. Hace 20 años, la autoridad sanitaria chilena le prohibió a él y a su sindicato la venta y cultivo de moluscos por presentar altos niveles de cadmio, arsénico y cobre / Foto: Saúl Mancilla

Medio siglo de sacrificio en la bahía

Mareos, desmayos, sangre de narices, extremidades dormidas, crisis de angustia. Entre agosto y octubre de 2018, 1.553 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por síntomas de intoxicación a lo largo de ocho centros médicos de la región de Valparaíso, según acredita un informe de la Defensoría de la Niñez 

La Corte Suprema, en un inédito fallo, afirmó que el Estado había fracasado en la protección de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Pero, al mismo tiempo, la sentencia reconoce la inexistencia de “antecedentes que permitan determinar cuáles son los compuestos, elementos o gases que causaron los referidos episodios de intoxicación, quiénes son los responsables y cuáles son las consecuencias precisas para la población de esas localidades”.

Encontrar responsables parece ser como buscar una aguja en un pajar. El parque industrial incluye, entre otros, una refinería de petróleo; una fundición de concentrado de cobre; un complejo termoeléctrico a carbón; una terminal de descarga y almacenaje de químicos; una planta productora de cemento; una termoeléctrica a gas natural; una terminal que almacena gas; otro terminal de descarga de combustible; y una planta de lubricantes.

En 2011, niños y niñas de la escuela rural de La Greda se intoxicaron en distintos episodios en marzo, agosto y noviembre de ese año. La justicia acreditó la responsabilidad de Codelco por mal manejo de su fundición de cobre. La escuela fue relocalizada, a menos de dos kilómetros de distancia. En 2019, investigadores chilenos y estadounidenses publicaron un estudio que demuestra que niños de 1 a 5 años están en riesgo de padecer cáncer por los niveles de exposición a arsénico en los suelos. “Esto requiere una intervención específica del gobierno chileno”, dijeron los científicos. 

La presencia industrial no se ha traducido en desarrollo para la localidad. Puchuncaví tiene una pobreza multidimensional del 27% de la población, siete puntos por sobre el promedio nacional, y el 32% de sus habitantes carece de acceso a servicios básicos, veinte puntos sobre la media de Chile. Carlos Vegas lo ejemplifica: “En esta comuna, que tanto desarrollo le trajo al país, en el año 2021, la mierda se tira ahí en la esquina porque Ventanas no tiene una planta de tratamiento de residuos”.

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En 2019, investigadores chilenos y estadounidenses publicaron un estudio que demuestra que niños de 1 a 5 años están en riesgo de padecer cáncer por los niveles de exposición a arsénico en los suelos. “Esto requiere una intervención específica del gobierno chileno”, dijeron los científicos. / Foto: Saúl Mancilla

Descarbonizar la matriz

– Por eso, ministro Juan Carlos Jobet, le pido que nos preparemos para un paso importante en la historia de nuestro país y en la forma en que protegemos nuestro ambiente y nuestra naturaleza. Así que les pido que se preparen para cerrar la planta de Ventanas en Puchuncaví, y esa energía que se va a dejar de producir, que es en base a carbón, la vamos a producir en base a energías limpias y renovables. ¡Adelante!

Desde La Moneda, el palacio de gobierno en Santiago, Sebastián Piñera dio la instrucción del cese de operaciones de Ventanas 1, hasta ese instante la central termoeléctrica a carbón más antigua del país. Fue el 29 de diciembre de 2021. 

“Es un hito en la historia energética de nuestro país”, comenta Fernanda Pinochet, Secretaria Regional Ministerial de Energía de la región de Valparaíso, presente ese día en las instalaciones de la central. 

En la bahía de Puchuncaví todavía operan otras tres centrales termoeléctricas a carbón: Ventanas 2, Nueva Ventanas y Campiche. Todas de propiedad de AES Gener.

“El cierre de Ventanas 1 fue producto de un trabajo tripartito entre la empresa, el gobierno y el sindicato. Nos sentamos a la mesa para ver qué necesitaban y pudimos cubrir sus necesidades por completo”, dice Pinochet. Un total de 35 trabajadores eran parte de la central. 16 se acogieron a una jubilación anticipada y 17 fueron reubicados en otras centrales del mismo complejo.

Según un estudio del BID, las cuatro centrales a carbón en Puchuncaví representan el 2,24% del PIB regional de Valparaíso y el 1,5% del empleo en la comuna.

Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram, califica el cierre como un show del gobierno: “Ventanas 1 era la más antigua y más chica, con costos operacionales muy altos. El año pasado, según datos del Coordinador Eléctrico, quemó el 3% de todo el carbón que se descargó en la bahía y funcionó durante 140 horas en todo el año. No tiene ningún efecto el cierre. De hecho, Nueva Ventanas y Campiche, funcionando a mayor potencia, podrían incluso absorber lo que hacía Ventanas 1”.

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Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram. Califica el cierre de Ventanas 1 como un show del gobierno / Foto: Saúl Mancilla

La ONG Chile Sustentable realizó un estudio donde presentan las distintas conceptualizaciones sobre lo que es una Transición Justa. Su autora, Claudia Fuentes, afirma que la propuesta del gobierno chileno “es más que nada un cronograma. Se asoció descarbonizar con apagar centrales, pero no se visualizaron desafíos posteriores, como reconversión, remediación ambiental y todo lo que tiene que ver con una transición justa”.

Chile dijo que elaborará una “Estrategia para la Transición Justa” en su “NDC”, el compromiso formal ante el Acuerdo de París, la que será uno de sus pilares para el proceso de descarbonización. “Se deberán analizar las dificultades y necesidades de quienes son particularmente vulnerables, reconociendo, respetando y promoviendo las obligaciones relativas a una transición justa hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima”, dice el documento.

En los próximos meses, el Ministerio de Energía presentará el borrador de la estrategia a consulta ciudadana, lo que permitirá que cualquier persona haga recomendaciones antes de la versión final. Esta, según aseguran fuentes involucradas en el proceso, no será específica para cada territorio, sino más bien una serie de recomendaciones a seguir para que cada transición sea catalogada como “justa”, e involucraría nuevas leyes y políticas públicas. 

El proceso, sin embargo, aún no genera mucha confianza en la comunidad local. “No se hacen cargo de ningún pasivo ambiental ni de las externalidades negativas ni de la salud de las personas. Porque cuando te diagnostican el cáncer te quedas sola”, afirma Katta Alonso, representante de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia y una de las personas que más ha alzado la voz contra las décadas de contaminación que han afectado a las localidades de Quintero y Puchuncaví. Para ellas, cualquier transición comienza con el cierre de las tres centrales a carbón restantes, y de la fundición de cobre de Codelco. El siguiente paso es la reducción del parque industrial para que no se instalen más empresas y que la comunidad decida qué pasará en el territorio.

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Katta Alonso, de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia: “No se hacen cargo de ningún pasivo ambiental ni de las externalidades negativas ni de la salud de las personas. Porque cuando te diagnostican el cáncer te quedas sola” / Foto: Saúl Mancilla

Futuro renovable para Chile

Del Plan de Descarbonización anunciado en 2019, ya han cerrado seis termoeléctricas. Otras cinco lo harán para fines de 2024 y las 17 restantes lo harán en alguna fecha antes de 2040. El gobierno firmó un acuerdo voluntario con las cuatro empresas propietarias de las centrales para la desconexión: AES Gener, la italiana Enel, la francesa Engie y la chilena Colbún.

Si bien el carbón sigue siendo hoy la principal fuente de la energía en Chile, el rápido crecimiento de las renovables aceleraron también su despedida. En los últimos 6 años, Chile quintuplicó la capacidad generada con energía solar, eólica e hidráulica. Las proyecciones del gobierno actual apuntan que estas energías cubran el 70% de la matriz para fines de la presente década. 

Según el Ministerio de Energía, a enero de 2021, hay 6.335 MW de centrales en construcción, de las cuales el 94% corresponde a energías renovables. La gran mayoría son solares y eólicas, las que según proyecciones, podrán cubrir toda la generación fósil que hoy tiene Chile en 2040.

Las inversiones en renovables provienen principalmente de las mismas empresas involucradas en la descarbonización: Enel, Engie y Colbún, a las que se han sumado otros actores -hasta ahora- pequeños en el país, como Acciona.

Sin embargo, la empresa más importante de todo el proceso es AES Gener. De propiedad de la norteamericana AES Corporation, es propietaria de 14 de las 22 centrales a carbón que siguen operativas hoy. Solo sumará Ventanas 2 al cierre antes de 2024. El resto, sujeto a nuevas negociaciones cada cinco años. Para Claudia Fuentes, AES Gener “ha sido la empresa más reticente a los cambios. Son los de menor compromiso de cierre de centrales”. 

AES Gener controla el 26% del mercado de generación eléctrica en Chile, con 3.541 MW de capacidad instalada, del cual el 77% son hoy termoeléctricas a carbón. Si bien la compañía ha manifestado su interés de diversificar su matriz, su gran apuesta en Chile es la central hidroeléctrica de Alto Maipo, que sumará a fines de este año 531 MW a su cartera y que lleva años de resistencia de la comunidad local por la amenaza que significaría a la provisión de agua potable en Santiago.

La compañía anunció la posible reconversión de la infraestructura de sus centrales en Puchuncaví a plantas desaladoras de agua de mar o centrales de hidrógeno verde. Una de las opciones que tienen en cartera es la construcción de un acueducto de 115 kilómetros que conecta Ventanas con Tiltil, a las afueras de Santiago, donde conectaría con el proyecto minero Los Bronces Integrado, de AngloAmerican. Ambas empresas están en negociaciones para concretar la operación. 

Hace unas semanas, Gener anunció la venta de sus cinco centrales a carbón en Huasco como un paso adelante en su descarbonización, lo que generó una serie de críticas que apuntan a la fragilidad del proceso, pues el grupo WEG, nuevo dueño, no ha firmado ningún acuerdo de cierre con el Estado chileno. 

A esto se suma la confirmación de que las dos centrales de Ventanas se someterán al “Estado de Reserva Estratégico”: Un pago que les hace el Estado según su potencia para volver a funcionar en caso de que se necesite. Según cálculos de Chile Sustentable, AES recibiría cerca de 42 millones de dólares por los próximos cinco años, por el cierre de sus dos centrales en Puchuncaví.

*AES Gener fue contactada para ser parte de este reportaje pero no respondió las solicitudes de entrevista.

*Artículo original publicado en Diálogo Chino.

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Freirina es una localidad de tan solo 7 mil habitantes ubicada en el llamado “norte chico” de Chile, ahí donde comienza -o termina, dependiendo desde dónde se mire-, el imponente desierto de Atacama. En 2012, una “catástrofe sanitaria” ocasionada por el abandono de 450 mil cerdos provocó uno de los más recordados conflictos ambientales en el país, que derivó en la primera norma de contaminación por olores. 

Desde el pasado domingo 25 de octubre, la comuna se anotó otro hito: Con el 91,3% de votos por el “Apruebo”, los habitantes de Freirina estuvieron a la vanguardia del histórico plebiscito en que Chile decidió enterrar, para siempre, la Constitución que el dictador Augusto Pinochet instaló hace ya lejanas cuatro décadas. 

Si bien el “Apruebo” arrasó con un 78% de las preferencias a nivel nacional, llamó la atención los resultados en las “zonas de sacrificio”, el nombre con que en Chile se le llama a las localidades como Freirina, marcadas por conflictos socioambientales. Nueve de las diez comunas donde la opción por el cambio constitucional superó el 89% de las preferencias tienen conflictos vigentes: Desde las termoeléctricas a carbón en Tocopilla, Huasco y Mejillones, los problemas de agua por actividad minera en María Elena y Diego de Almagro, a la “mega sequía” que enfrenta en Petorca a comunidades locales contra la agroindustria de la palta. 

El contraste está en el “Rechazo”, que ganó solo en cinco comunas y arrasó en el sector oriente de Santiago, que concentra a los más altos ingresos del país. Según el World Inequality Database, Chile es uno de los países más desiguales del mundo, donde el 10% de mayores ingresos concentra el 60% del total de ingresos del país. 

Hace un año, en octubre de 2019, un grupo de estudiantes secundarios inició una protesta contra el alza de precios de pasajes del metro, que escaló al llamado “estallido social” bajo consignas como “no son 30 pesos, son 30 años” y “hasta que la dignidad se haga costumbre”. El presidente Sebastián Piñera, un empresario de centroderecha que gobierna por segunda vez, decidió suspender la realización de las cumbres de la APEC y COP25 que estaban programadas en Santiago, ante la incapacidad de asegurar el orden social en las calles. 

El plebiscito constituyente fue la salida institucional que los partidos políticos idearon para sortear la crisis que los golpeó en la cara. En abril del próximo año, 155 “constituyentes” serán electos de forma paritaria (50% hombres y 50% mujeres) y tendrán un año para redactar la nueva carta magna, que deberá ser ratificada en un “plebiscito de salida” por la población en 2022.

“Este proceso abre una puerta inédita que pasa cada 40-50 años. Se trata de reestructurar y volver a preguntarnos cuál es el contrato social entre nosotros los seres humanos y cómo imaginamos y cuál es la visión que entablamos con nuestro territorio. Los principios y derechos consagrados en la Constitución serán claves para las próximas décadas”, dice Violeta Rabi, socióloga de la Universidad de Chile con un máster en Medioambiente de la Universidad de Melbourne.

Rabi coincide con otros expertos consultados por Diálogo Chino: El proceso constituyente es una oportunidad histórica en contexto de la crisis climática -y en medio de una pandemia- para repensar las relaciones con la naturaleza.

UNA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA

“Eso podría traer problemas en tiempos de sequía”. La frase la dijo el propio general Augusto Pinochet, cuando el grupo de hombres al que encargó la redacción de la entonces nueva Constitución, le presentó sus propuestas en materia de agua. El diálogo está registrado en el libro “El Negocio del Agua”, de las periodistas Tania Tamayo y Alejandra Carmona, donde se da cuenta de cómo se tuvo que convencer al propio dictador de un régimen que garantiza, a nivel constitucional, el derecho privado sobre las aguas, con el fin de incentivar las inversiones en el país.

El agua cruza casi todos los conflictos socioambientales que tiene un país tan extenso como Chile. Desde los glaciares en la cordillera amenazados por la actividad minera, los paltos en la zona central, los monocultivos de pinos y eucaliptus en territorio mapuche, hasta los ríos que nutren hidroeléctricas.

Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, y miembro de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), dice que la Constitución chilena es una rareza en el mundo por darle la máxima protección legal al derecho de transar el agua. Su opción es que la nueva carta magna consagre el derecho humano al agua y la reconozca como un bien común, pero que el cómo debería gestionarse sea una discusión posterior. “La Constitución no resuelve todo y está bien que así sea, con principios generales que después se vayan trabajando en leyes. Por ejemplo, si se reconocen los bienes comunes en la Constitución, entonces la ley de pesca, el código de agua, la ley de bosques tendrán que recoger esa idea y ser reformadas y eso se demora. De todas maneras va a haber un trabajo de reformas a las distintas normativas para que queden adecuadas a las ideas ecológicas de la Constitución”, afirma.

Una pareja celebra el resultado en Santiago, la capital de Chile (imagen: Antonia Colodro)

Para Costa, que viene trabajando desde la SCAC en las ideas de la Constitución ecológica, es importante entender que toda Constitución tiene cruces entre derechos y principios y, lo que hace la de 1980, es resolverlos a favor de los privados. “En una nueva Constitución, cuando haya una disputa entre libertad económica y protección ambiental, esperamos las dos tengan la misma relevancia en la teoría y después sea una aplicación práctica de cómo una u otra es más importante. Y en eso, para nosotros, la protección ambiental, cuando se refiere al mantenimiento de la función básica de los ecosistemas o a la existencia de esos ecosistemas para el disfrute de las generaciones futuras, sin duda tiene que primar”.

El derecho humano al agua, la justicia intergeneracional, los derechos de la naturaleza y de acceso a la información, participación y justicia, junto a un compromiso de adaptarse al cambio climático, son algunos de los “intransables” que tiene el mundo ambientalista en Chile para la constituyente. Costa cree que el nudo del debate estará cuando se aborden los “límites ambientales a la propiedad” y en la distribución de poder en los territorios, un punto clave para que los nuevos derechos consagrados no sean “letra muerta”.

Manuela Royo, abogada, doctora en Derecho y candidata a la constituyente por el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), cree que se deben “generar los mecanismos para la protección de derechos. Que, por ejemplo, se configure la existencia de organismos especializados como una Defensoría Ambiental que le permita a las personas y comunidades ejercer esos derechos”. 

“La crítica que se hace a las constituciones de Bolivia y Ecuador, por ejemplo, es que se enfocaron en lo declarativo de los derechos de la naturaleza, no en lo orgánico, de cómo se estructura la participación de comunidades en la toma de decisiones y en la repartición del poder”, afirma. “Es importante establecer a nivel constitucional ciertas fórmulas de interpretación que incluyan, por ejemplo, principios precautorios de prevención, que permitan proteger la naturaleza ante proyectos de inversión”, agrega. 

SE BUSCAN CONSTITUYENTES

En 2013, Michelle Bachelet, hoy en la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue electa presidenta de Chile prometiendo una nueva Constitución. Se desarrollaron más de 9 mil Encuentros Locales Autoconvocados, cabildos provinciales y regionales, y más de 90 mil consultas individuales. Según las actas del proceso, el “respeto por la naturaleza y el medio ambiente” fue uno de los cinco derechos priorizados por los participantes para una nueva Constitución, junto al derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna y la igualdad ante la ley. 

En noviembre de 2019, en pleno estallido social, la Universidad Alberto Hurtado hizo una encuesta de percepciones y actitudes de los chilenos hacia el cambio climático. La medición arrojó resultados como un 71,8% a favor de prohibir la operación de industrias contaminantes para enfrentar la crisis ambiental y amplias mayorías con la percepción de que ni el gobierno (73,4%), ni las empresas (74%) ni el Congreso (81%) están realizando acciones para resolver la crisis climática.

Para Ricardo Greene, sociólogo y urbanista, a cargo del estudio, la posición de la ciudadanía frente a la explotación de recursos naturales y el extractivismo es clara. Si esto se traslada a la constituyente “va a depender netamente de quien la conforme. Si es una Convención representativa de la nación, estos temas van a estar incorporados en la Constitución”.

La elección de los y las constituyentes en abril será bajo las mismas reglas electorales con que se eligió al último Congreso, donde la oposición al gobierno es mayoría. Sin embargo, el Parlamento tiene la presión de decidir sobre dos leyes que pueden ser claves en el resultado: si facilita o no la participación de independientes para que puedan formar pactos electorales y aumentar sus posibilidades de ser electos, y la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas. Esto último ha estado en debate desde noviembre del año pasado y todavía no hay claridad si se generarán cupos extra a los 155 constituyentes o si serán dentro de los mismos. 

Manuela Royo, por ejemplo, será candidata independiente por Modatima a la Convención Constitucional. Si bien cuenta con el cupo de la coalición de izquierda Frente Amplio, están a la espera de que los partidos de oposición decidan si irán juntos, y en cuantas listas, a la elección.

Fue un intransable del gobierno y la derecha en las extensas negociaciones políticas que dieron origen al proceso en curso: Las votaciones en la constituyente serán por 2/3. Es decir, todo principio o derecho que garantice la nueva Constitución debe ser con el acuerdo de 104 de los 155 integrantes.

Para Violeta Rabi, todas las posibles piedras de tope en la discusión constituyente dependen de los resultados de la votación de abril: “Si la composición de la Convención va a reproducir los poderes que hoy están en el Congreso o si se podrá generar una unidad programática y de candidatos. Hay poderes fácticos que hoy se benefician del ordenamiento jurídico que tenemos y van a intentar mantener esos privilegios, y la regla de los 2/3 implica buscar consensos amplios”.

Este contenido fue publicado originalmente en Diálogo Chino el 1 de diciembre de 2020.

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NDC: Las luces y sombras del nuevo compromiso climático de Chile

Chile tenía que revertir la mala imagen que dejó en la conducción de la COP25 y optó por actualizar su NDC con bastantes innovaciones respecto al plan original. Aquí repasamos lo bueno y lo malo que tienen los compromisos que marcan la hoja de ruta para la presente década.

¿Qué es la NDC?

“Contribución Nacional a Nivel Determinada” (“Nationally Determined Contribution”) es la principal herramienta de acción climática que estableció el Acuerdo de París. Cada país que suscribe al acuerdo se compromete a una serie de medidas con tal de limitar el calentamiento global a no más de 2°C desde niveles preindustriales.

Lo bueno:

  1. Ambiciosa y transparente.

Chile representa apenas el 0,26% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Pero la crisis climática y sus impactos en la población no conoce de fronteras. El país, que depende energéticamente de la quema de carbón, presentó su primera NDC en 2015 y dejó bastante que desear, ya que apenas comprometía una reducción del 30% de sus emisiones.

La actualización de la NDC  es muy distinta, y eso es una buena noticia. Hay tres grandes cifras en los nuevos compromisos de mitigación:

1- Una meta de presupuesto de 1.100 MtCO2eq entre 2020 y 2030.
2- Año máximo de emisiones (peak) en 2025.
3- El objetivo de 95 MtCO2eq en 2030.

Las cifras por sí solas parecen inentendibles. Para entender sus efectos y qué tan ambiciosas son, hablé con Olga Alcaraz, académica del Grupo de Gobernanza del Cambio Climático de la Universidad Politécnica de Catalunya. Ellos publicaron un texto llamado “Elementos clave para incorporar justicia, desarrollo y ambición en una NDC”, donde crearon un modelo matemático que permite hacer una evaluación de los compromisos de reducción de emisiones.

Este modelo se basa en criterios de igualdad (emisiones per cápita), responsabilidad (emisiones históricas), capacidad (PIB per cápita) y derecho al desarrollo (porcentaje gasto público, dependencia a combustibles fósiles, soberanía energética, coeficiente Gini, acceso a agua potable y otros).

Para analizar si una NDC es ambiciosa o no, hay que verla en su forma y su fondo, dice Alcaraz. En la forma, dice que los compromisos chilenos son “muy ambiciosos”, porque el máximo de 1.100 MtCO2eq es un ejercicio de transparencia que no todos los países hacen. “Esto es muy importante porque son precisamente las emisiones acumuladas las que contribuyen al aumento de temperatura. El problema es que el mundo viene con una tradición de reportar compromisos con valores para determinado año, y no con las emisiones acumuladas. Que Chile lo haga, es un ejemplo para el mundo, pensando que es un país con un porcentaje muy pequeño de emisiones”, explica.

Y en el fondo, la NDC chilena también pasa la prueba de Alcaraz. El modelo creado por el grupo de la UPC le asigna a Chile un total de 3.500 MtCO2eq a emitir entre 2017 y 2100. Ese sería el “pedazo” de la torta del presupuesto de carbono global que le corresponde al país.

“El compromiso de 1100 MtCO2eq para 10 años, es más o menos un 30% de lo que les corresponde. Pensamos que es una meta ambiciosa, porque las emisiones están claramente por debajo del total que el modelo de justicia climática le entrega. Además, hay que tomar en cuenta que el peak es en 2025, por lo que se entiende que a partir de ese año irán a la baja, por lo que ese 30% es perfectamente asumible por Chile. Podemos decir que está en línea con el Acuerdo de París, siempre y cuando estas políticas se implementen”, asegura.

Importante aclarar que este modelo es en base a la meta de 2°C, no en los 1,5°C. Las cifras para esta última son más bajas, pero Olga Alcaraz hace un ejercicio de honestidad que no muchos se atreven a hacer: “Los grandes emisores ya gastaron más del presupuesto de carbono de los que les tocaría, por lo que hoy, hablar de 1,5°C es muy complicado. Es poco realista, y me entristece mucho decirlo”.

Esto es un punto importante, porque en Climate Action Tracker tienen su propia metodología para evaluar las NDC. Y bajo su mirada, el compromiso pasó del “altamente insuficiente” de 2015 a un “insuficiente” este 2020. Niklas Höhne explicó a Climate Home News que, para alinearse con los 2°C, las emisiones de Chile deberían ser bajo los 90 Mt de CO2 para 2030, y aún más bajas para los 1,5°C: “Comparado con otros países, están muy bien. Pero si tomamos el punto de referencia absoluto de 1,5°C, no es muy bueno”.

Otro ejercicio de transparencia que se agradece: Junto con publicar el documento de la NDC, el Ministerio de Medio Ambiente liberó una serie de documentos que incluyen minutas y actas de reuniones de los equipos que trabajaron la NDC.

  1. Vincular política climática y calidad de aire local

La NDC incluye el compromiso de reducir un 25% las emisiones de carbono negro para 2030. Esto es un tema importante en un país donde se calculan entre 3 mil y 4 mil muertes al año vinculadas a la contaminación y donde prácticamente todas las grandes ciudades del sur están saturadas de contaminación. Según el ránking de Air Visual, 9 de las 10 ciudades más contaminadas de América Latina están en Chile.

“Este es un compromiso climático y socio ambiental que tiene que ver con la vida diaria de la gente. Ha sido una demanda ciudadana muy importante y se hacen cargo”, valora Sara Larraín, de la ONG Chile Sustentable.

La OMS es clara al señalar que la contaminación del aire daña la salud respiratoria, un punto esencial en tiempos de pandemia del coronavirus, y más cuando empezamos a ver los primeros estudios que vinculan las tasas de mortalidad por Covid-19 con exposición al MP2.5.

  1. Turberas, humedales y paisajes

La Patagonia chilena tiene un estimado de más de 3 millones de hectáreas de turberas. Son grandes extensiones de musgos rojos y verdes tienen un potencial increíble de mitigación: Un estudio del Centro de Clima y Resiliencia (CR2) calculó que las turberas acumulan más de 4800 millones de toneladas de CO2, mucho más que toda la masa de bosques en el país.

Sin embargo, ni las turberas ni los otros tipos de humedales estaban incluidas en los planes de acción climática. Para peor: Hoy están categorizadas como una sustancia fósil por el Código de Minería, por lo que pueden ser concesionadas para su explotación. La inclusión y protección de las turberas fue demandado por la comunidad científica en el proceso participativo de la NDC y fue finalmente incluido: Para 2025 se tendrá un inventario nacional y para 2030 se desarrollarán indicadores para evaluar la capacidad de adaptación y mitigación de las turberas.

También se compromete un plan de restauración de ecosistemas a nivel de paisajes, con un millón de hectáreas para 2030 de paisajes degradado, con un enfoque en restauración y biodiversidad. Otro punto que no estaba y que se tomó del proceso participativo.

  1. Vínculo con ODS (pero no con los derechos humanos)

Cada uno de los compromisos de la NDC está relacionado a uno o más Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que es una novedad respecto al documento de 2015 y al primer borrador de la actualización que se presentó en octubre. Asociar objetivos como la transición justa, la seguridad hídrica y la equidad de género a la política climática, y a la vez decir que tiene que ver con el desarrollo, es una novedad interesante para Chile.

Eso sí, podría haber sido mejor: La NDC también incluye un punto que llamaron “Pilar Social”, para vincular las protestas que se iniciaron en octubre contra el gobierno de Sebastián Piñera y sus demandas con los compromisos climáticos. En algún punto de la elaboración del documento, según pude corroborar con algunas fuentes, se intentó vincular al tema derechos humanos, lo que habría sido aún más interesante, tomando en cuenta la postura pasiva que tuvo Chile en la negociación del Artículo 6 en la COP25, ignorando por completo la inclusión de los derechos humanos.

Pero desde los equipos de Presidencia se eliminaron todas las referencias a los derechos humanos del documento y finalmente se asoció a los ODS. No es una sorpresa, considerando el nefasto registro que está dejando Piñera en la materia: más de 30 muertos (5 vinculados directamente al Ejército o la policía), más de 440 personas con heridas oculares producto de disparos de balines o de bombas lacrimógenas, 197 denuncias de violencia sexual y 520 denuncias de torturas, según el registro del Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Lo malo

  1. El negocio forestal es más fuerte

Era el punto más polémico del borrador de octubre y se mantuvo, pese a las denuncias de la comunidad científica y la sociedad civil.

Chile se compromete a forestar 200 mil nuevas hectáreas para mitigar el cambio climático. Dicen que la mitad será en terrenos de “cubierta forestal permanente” y que, de esas, 70 mil serán de bosque nativo. ¿Qué quiere decir eso? La cubierta forestal permanente es aquella que se protege y cuida permanentemente, sin cortar y evitando que sea intervenida por ganadería o agricultura. Es decir, el grueso de la propuesta de reforestación (130 mil hectáreas), será de plantaciones exóticas, de pino y eucaliptus, de las cuales 100 mil serían sometidas a cosecha.

En octubre, cuando apareció el borrador, esto fue lo que me dijo Antonio Lara de la Universidad Austral sobre esta promesa: “Para aumentar la superficie de plantaciones exóticas pueden haber razones económicas, o querer generar recursos para la industria forestal, pero eso no va a mejorar la contribución de Chile en términos de mitigación. Al cosechar, en Chile el 50% va para pulpa, eso en 2 años está de vuelta en la atmósfera. Y la otra parte, los productos madereros, aunque duren 30 años, igual se libera”.

A esto se suma que las plantaciones exóticas son un combustible que exacerba la magnitud e intensidad de los incendios forestales. 2017 fue la peor temporada de incendios en Chile, con más de medio millón de hectáreas quemadas que emitieron 100 millones de toneladas de CO2eq. Esto es el 90% del total de emisiones de Chile del año anterior, 2016.

Y esto en medio de la peor sequía que ha enfrentado el país, y con estudio reciente publicado en la revista Forest que calcula cuánto disminuye la disponibilidad hídrica del país forestando nuevas hectáreas de plantaciones exóticas.

La industria forestal es una de las lucrativas y poderosas en Chile. Los Matte y Angelini -que extienden sus negocios también a combustibles fósiles y energías renovables- fueron beneficiados por la dictadura de Pinochet con tierras mapuche e hicieron un negocio redondo de las plantaciones de pinos y eucaliptus.

  1. El incierto largo plazo

La NDC es el punto medio y la carbono neutralidad en 2050 es la meta. Ese fue el anuncio del gobierno.

En la presentación, el ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, mostró una proyección de que el país pasaría de los 95 MtCO2eq en 2030 a 65 MtCO2eq en 2050, los que serían “neteados” por la captura de CO2 de bosques y así llegar a cero. El cálculo arroja muchas dudas considerando que lo difícil que es medir y proyectar la captura de CO2, más cuando la principal política es con plantaciones y no bosque nativo.

La proyección a largo plazo es clave para la acción climática. El gobierno está promoviendo una Ley Marco de Cambio Climático que incluye la meta de carbono neutralidad. Sin embargo, parece ser insuficiente. El CR2 identificó 117 reformas legales -que no están en el proyecto de ley- que el país debe realizar para alcanzar de verdad la carbono neutralidad en 2050. Son modificaciones constitucionales, legales y administrativas, que incluyen medidas como aumento del impuesto verde a industrias contaminantes y vehículos nuevos, fijar un máximo de emisiones sectoriales de Gases de Efecto Invernadero, aumentar el impuesto al diésel, eliminar su subsidio y otras medidas que promueven la generación solar domiciliaria, los techos verdes y la construcción de ciclovías.

  1. Otros 20 años con carbón

Chile tiene un plan de cierre de sus centrales termoeléctricas a carbón. Son 10 centrales que cerrarán antes de 2024 y las otras 18 antes de 2040. De las primeras se conocen fechas y cuáles son, de la segunda parte, solo se sabe la fecha final.

Si bien el calendario de la descarbonización es una de las medidas que componen las estimaciones de la NDC, no es un compromiso que esté dentro de ella. A fin de cuentas, la NDC se le presenta a la UNFCCC con el compromiso de bajar las emisiones, no con la política de cómo hacerlo.

Una demanda clave en materia ambiental en Chile es el fin a las zonas de sacrificio. Entre agosto y octubre de 2018, más de 1300 niños, niñas y adolescentes de Quintero y Puchuncaví colapsaron los servicios de salud de la Quinta Región con síntomas de intoxicación. En la zona operan 16 industrias de hidrocarburos, gas natural, termoeléctricas a carbón y de fundición y refinería de cobre. En 1992 se declaró saturada de dióxido de azufre, pero se siguen acumulando derrames de petróleo, varamientos de carbón e intoxicaciones masivas. Estudios muestran alto riesgo carcinogénico, crecimiento exponencial de niños de espectro autista y alta tasa de enfermedades respiratorias.

El pasado lunes 6 de abril, Quintero y Puchuncaví tuvieron un nuevo peak de emisiones de dióxido de azufre (SO2), en plena pandemia del Coronavirus. “Una meta que condena a vivir a las personas en las zonas de sacrificio por 20 años más con el carbón, no es aceptable”, dice Estafanía González de Greenpeace Chile.

Si bien es valorable que exista el Plan de poner cierre a todas las centrales a carbón, 2040 parece no ser suficiente. Según Climate Analytics, Chile tiene la capacidad para cerrar sus centrales en 2032.

  1. Seguridad hídrica y Glaciares

La NDC innova en comprometer planes estratégicos para todas las cuencas del país para 2030, junto con mayores fiscalizaciones a servicios sanitarios y exigencia de planes de gestión de riesgo a las empresas.

Es un avance, pero 2030 se ve lejano cuando hoy el 40% de todas las comunas del país están bajo un decreto de escasez hídrica. Chile ocupa el número 18 del ranking de estrés hídrico del World Resources Institute, y uno de los puntos más controversiales tiene que ver con el Código de Agua. Impuesto en dictadura, garantiza el derecho privado sobre el agua, lo que se ha traducido en que el agua está disponible para la agricultura industrial y no para las personas. Hoy miles de personas sobreviven con 50 litros de agua a la semana que son repartidos por camiones aljibes, lo que hace imposible cumplir con la medida sanitaria básica para evitar el contagio de Covid-19: lavarse las manos.

Los compromisos de Chile también omitieron la protección a glaciares, pese a que el país posee el 80% de estos cuerpos de hielo que hay en Sudamérica y que son claves para la seguridad hídrica. Hoy, su protección depende del análisis caso a caso del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el que no ha impedido que proyectos mineros e hidroeléctricos los impacten significativamente. El Congreso está discutiendo una ley de protección a Glaciares y su entorno como reservas de agua dulce, pero una de las propuestas del gobierno de Piñera fue crear una excepción en glaciares rocosos para beneficiar a la minería.

De nuevo, no es un tema que se agote en la NDC, que no es el instrumento legal para abordarlo. Pero es difícil hablar de políticas climáticas sin tomarlo en consideración.

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Bosques y crisis climática: porqué no es lo mismo reforestar con bosque nativo que con pinos y eucaliptus

Bosques y crisis climática: porqué no es lo mismo reforestar con bosque nativo que con pinos y eucaliptus

Chile se comprometió a reforestar 100 mil hectáreas como parte del Acuerdo de París. Ad portas de presentar su nueva meta de recorte de emisiones -que debería ser antes de la COP25- un estudio de la U. de Chile y la U. Austral advierte que no es lo mismo reforestar con bosque nativo que con plantaciones como el pino y el eucaliptus.

El debate entre las plantaciones forestales exóticas como el pino y el eucaliptus y el bosque nativo es de larga data. Existen estudios, investigaciones y papers que hablan de los beneficios sociales, económicos y culturales de ambos tipos de plantaciones.

Los bosques son fundamentales en la lucha contra el cambio climático y así lo entendió Chile cuando suscribió su Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés), el documento que detalla la acción climática de cada país para cumplir las metas del Acuerdo de París. Como los bosques son “sumideros de carbono”, es decir, absorben el CO2 de la atmósfera, el país se comprometió al “manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo”, además de “forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas, que representarán capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 equivalente anuales”.

Este compromiso data de 2015 y actualmente el gobierno está trabajando en su nueva NDC, que anunció que presentará antes de la COP25.

En ese contexto, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile acaba de lanzar un estudio clave para la actual discusión. Publicado en la revista Forests, la investigación analiza el impacto sobre la disponibilidad hídrica que tiene el reforestar 100 mil hectáreas -de acuerdo a la meta de la NDC- con bosque nativo o con plantaciones forestales entre las regiones del Maule y Los Lagos.

Si Chile decide reemplazar bosque nativo, pastizales y matorrales por plantaciones forestales, cada 10 mil hectáreas de reemplazo habría un descenso en la disponibilidad hídrica de 5,6%, 5,8% y 3% respectivamente, dice el estudio. En cambio, si las plantaciones forestales y matorrales fuesen reemplazados por bosque nativo, aumentaría la disponibilidad de agua en 4,5% y 2,2% por cada 10 mil hectáreas reemplazadas.

Otro cálculo indica que si se reemplazan 100 mil hectáreas -meta de la NDC- de pastizales y matorrales por monocultivos de plantaciones forestales, habría una disminución promedio de un 45% en la disponibilidad hídrica en la zona centro sur del país.

Camila Álvarez, investigadora del (CR)2 y autora del estudio, explica que levantaron una base de datos con cuencas de todo Chile, donde distinguieron en detalle los distintos tipos de uso de suelo y obtuvieron información de derechos de agua, caudales, precipitación y topografía. Así, seleccionaron 25 terrenos de más de 20 mil hectáreas que tuvieran más de un 20% de cobertura arbórea y pudieron calcular cuánta agua entra a una cuenca por precipitación y cuánta agua sale de la cuenca, lo que les permitió medir cuánto consume la superficie.

“Tenemos una idea de cómo se comportó la precipitación que cayó sobre bosque nativo, cómo se comportó la que cayó sobre forestales y concluimos que la que cae sobre las forestales se consume, lo que finalmente significa que hay menos agua disponible”, afirma Álvarez. Con eso, pudieron hacer los ejercicios hipotéticos de cuánto cambiaría la disponibilidad de agua reemplazando por bosque nativo o por plantaciones forestales, según la meta de 100 mil hectáreas de la NDC chilena.

“Aquí lo clave es que las iniciativas de mitigación no pueden ir separadas de los otros servicios ecosistémicos que provee el bosque. Puedes llegar a las metas de secuestro de carbono, sí, pero si no miras el efecto que esto puede tener en la disponibilidad de agua, buscando una solución de mitigación puedes generar un problema de disponibilidad hídrica. Las medidas que nos comprometemos en la NDC tienen que incorporar la disponibilidad de agua, sobretodo en el contexto de secamiento del país”, dice la investigadora, quien agrega que el estudio es “evidencia científica que el bosque nativo consume menos agua que la plantación forestal”.

José Manuel Rebolledo, director ejecutivo de la Conaf, reconoce que el escenario de sequía es complejo y que es un factor a considerar desde la gestión forestal. Sobre el estudio del (CR)2, dice que es una “herramienta que permite tomar mejores decisiones en cuanto a políticas públicas”.

En cambio, el presidente de la Corporación Nacional de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, asegura que la urgencia son las 3 millones de hectáreas sin cobertura vegetacional, porque son “el peor escenario para la retención y uso adecuado del agua”, las que se deben cubrir con bosques para aprovechar su potencial. “La macro zona forestal, del Maule al sur, no es una zona con déficit hídrico, tenemos abundancia de agua y por eso somos un país con vocación forestal”, agrega Ugarte, para quien la carbono neutralidad de Chile para el 2050 pasa por combinar el uso de energías renovables con el potencial forestal.

¿Secuestro o captura de carbono?

La captura de carbono es una capacidad que tienen los árboles de capturar y almacenar el carbono que se encuentra en la atmósfera mediante la fotosíntesis. Por eso, es una de las medidas más efectivas para combatir el calentamiento global, pues disminuye la concentración de CO2 en la atmósfera. Aunque las metodologías para medir la captura siguen siendo materia debate, algunos estudios presentan cifras contundentes. En Estados Unidos, por ejemplo, se han calculado que cerca de un 15% del dióxido de carbono en la atmósfera proveniente de combustibles fósiles es capturado por los bosques.

Según explica Camila Álvarez, las plantaciones de pino y eucaliptus capturan carbono desde el primer momento por su rápido crecimiento. El problema, en su opinión, es la cosecha: “Si es para un producto de larga vida, como materiales de construcción, va a haber carbono que seguirá secuestrado, pero como la mayoría se va a pulpa, en el proceso de romper la madera y generar la pulpa liberas de vuelta el carbono capturado”.

El presidente de la Corma, Juan José Ugarte, asegura que a la industria forestal “no nos va la etiqueta de ser pro plantación. Nosotros somos pro árbol, pro bosque, nuestra agenda es la de un desarrollo equilibrado entre bosque nativo, plantaciones forestales, arbolado urbano y zonas de protección”.

“El sector forestal siempre reforesta las plantaciones después de la cosecha. Es parte del manejo sustentable del bosque productivo, que es un aliado fundamental para la carbono neutralidad”, agrega Ugarte, apuntando a que los productos de madera, como los muebles, edificios, casas y objetos, retienen el carbono capturado. “Los otros son los productos pulpables, que derivan en papel, en celulosa, en el reemplazo a las bolsas de plástico, que están hechas de petróleo”, afirma.

El debate se ha abierto incluso en la mesa científica de Ecosistemas y Biodiversidad que se creó de cara a la COP25 y desde donde saldrán propuestas para la nueva NDC de Chile, pero no se ha llegado a un consenso. Álvarez pide distinguir el crecimiento económico de la mitigación a largo plazo, y precisa que existe una “sutil” diferencia entre “secuestrar” y “capturar” carbono: “La diferencia es clave. La mitigación a largo plazo requiere un bosque que continuamente siga secuestrando carbono. Secuestro es que tu sigues teniendo al carbono de rehén, se mantiene. En cambio, lo que hace la plantación forestal es que lo captura y después lo libera y así constantemente”.

En abril de este año, la revista Nature publicó un estudio que asegura que el bosque nativo puede llegar a ser 40 veces más efectivo como sumidero de carbono que las plantaciones exóticas.

De cara a la COP25, Juan José Ugarte -quien también es miembro del Comité Asesor presidencial de la cita, adelanta que la Corma estará -a través de la Sofofa- en el pabellón de Chile en la zona Azul, donde se realizarán las negociaciones, y que se está organizando un “día del Bosque” en la Conferencia.

Nueva meta de reforestación

Desde comienzos de los 70 -con la llamada contra reforma agraria- hasta la fecha, Chile amplió la cantidad de hectáreas de plantaciones forestales en más de un 700%, pasando de las 300 mil de 1973 a las más de 2 millones 500 mil de la fecha.

Hoy, la Conaf reforesta 4.800 hectáreas anuales, principalmente terrenos afectados por incendios forestales. Pero para su director ejecutivo, lo urgente es fortalecer la política institucional, con modificaciones a la Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, hoy en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.

En 2015, el Consejo de Política Forestal estableció su hoja de ruta hasta 2035, que contempla la recuperación de 500 mil hectáreas en los próximos 20 años, “con especies nativas, exóticas o una combinación de ambas”, según explica José Manuel Rebolledo.

La Corma se ha sumado a ese objetivo. “Nuestra meta es aportar con aún más hectáreas en terrenos de pequeños y medianos propietarios para transformarlas en bosques nativos, de protección, productivos y de arbolado urbano. Este compromiso y meta permitirán que Chile avance en a la carbono neutralidad y haga frente a la emergencia climática que está viviendo el planeta con los árboles adecuados en los suelos adecuado”, asegura Juan José Ugarte.

El gobierno se encuentra trabajando en una nueva NDC que incluirá una actualización de la meta de mitigación de bosques y que será presentada antes de la COP25. Camila Álvarez asegura que es fundamental que, a diferencia de la anterior NDC, ahora “quede claro el porcentaje de bosque nativo, porque así es más fácil determinar efectos en la disponibilidad hídrica, en la biodiversidad, en el riesgo de incendio. Teniendo datos claros, se pueden armar escenarios, evaluar impactos, estar más preparados. Si se deja abierto, no sirve de mucho”.

En 1997, el protocolo de Kyoto incluyó en su Mecanismo de Desarrollo Limpio un artículo sobre forestación, sin especificar si eran nativos o exóticos precisamente por las dificultades metodológicas de cuantificar la captura de carbono. Años después, en la COP13, se creó el programa RED++, destinado a la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero mediante la mejora de gestión de bosques en países en desarrollo.

Sin embargo, hasta ahora, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no ha llegado a un acuerdo respecto al tipo de plantación que se debe utilizar para reducir el CO2 de la atmósfera, lo que implica que países puedan utilizar árboles de fin comercial, como el pino y eucaliptus, en sus acciones climáticas. Paraguay, por ejemplo, recibió 90 millones de dólares de financiamiento del Fondo Verde del Clima para un proyecto que contempla la plantación de monocultivos forestales.

*Este artículo fue publicado originalmente en La Tercera el 5 de septiembre de 2019.

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