Quintero y Puchuncaví: La compleja transición energética de una “zona de sacrificio” en Chile

Quintero y Puchuncaví: La compleja transición energética de una “zona de sacrificio” en Chile

Décadas de desastres ambientales antecedieron el histórico cierre de la central termoeléctrica a carbón “Ventanas 1”, en diciembre pasado. Con el inicio de la “descarbonización”, la definición de una transición “justa” para la zona de sacrificio es el desafío que viene.

De pie en la Punta Ventanilla, Carlos Vegas, de 65 años, mira de frente al parque industrial con el que ha convivido casi toda su vida. Sus ojos cruzan hasta esas 15 industrias desplegadas por la bahía que conecta las localidades de Quintero y Puchuncaví, en la zona central de Chile. Aunque heredó el oficio de pescador de su padre y de su abuelo, hoy Carlos está alejado de esa labor. Hace 20 años, la autoridad sanitaria chilena le prohibió a él y a su sindicato la venta y cultivo de moluscos por presentar altos niveles de cadmio, arsénico y cobre. Le dijeron que si la gente se enfermaba, sería su culpa.

Carlos conoce estas aguas del Pacífico como la palma de su mano. Con una certeza absoluta, dice que mañana habrá un varamiento de carbón en la playa. Toma su celular, mira los datos de altura de las olas en Puchuncaví que le muestra Google, e insiste: “La marea está baja, hazme caso, mañana a las 8 de la mañana, la playa estará llena de carbón”. 

La mañana siguiente, un representante de la Armada -autoridad marítima en Chile- recorre la costa y da el aviso. Un nuevo varamiento de carbón en Ventanas, la playa que colinda con el parque industrial. Acto seguido, un grupo de 4 pescadores artesanales, cargados con palas y sacos, llegan a recoger el carbón que dejó la marea. 

Cuando el mar está calmo, y el oleaje es bajo, el carbón queda varado en la arena. “Esto es como cuando tienes la taza de leche. Si la dejas quieta, la nata sale arriba. Si la mueves, se queda pegada”, explica José Carvajal, 58 años, pescador artesanal de toda la vida. Es el coordinador del grupo de limpieza convocado por AES Gener, dueña de las tres termoeléctricas a carbón que hoy funcionan en la zona. 

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Un grupo de limpieza convocado por AES Gener, dueña de las termoeléctricas a carbón que funcionan en Quintero y Puchuncaví, limpia regularmente el carbón de la playa (imagen: Saul Mansilla)

“Tenemos que hacerlo. Me preguntas si me gusta y no me gusta po, esto un basurero y estamos limpiando. Nos dicen vendidos y no po. Nosotros denunciamos todos los días esto”. Su teléfono muestra el grupo de WhatsApp que comparte con un representante de la Gobernación Marítima y de la empresa, donde queda un registro fotográfico de cada día de varamiento. 

Solo en enero de 2021, pescadores artesanales de Ventanas recogieron cuatro toneladas de carbón en la playa. Con los años se ha normalizado ver el negro en la arena junto al amanecer. La Fundación Terram cifró en 832 los varamientos entre 2009 y 2020. 

¿Cómo es que un balneario popular termina saturado de carbón año tras año? En 2017, la Fiscalía Marítima de la Armada cerró una investigación sumaria que aseguraba que los varamientos se debían a “la falta de control por parte de AES Gener S.A. en el manejo de residuos de sus procesos productivos”. La empresa apeló y se reabrió una investigación que continúa sin novedades desde entonces y que solo abarca los varamientos entre 2011 y 2013. 

En 2020, AES Gener quemó más de un millón 450 mil toneladas de carbón bituminoso proveniente de Estados Unidos y Colombia, principalmente. Llegó en buques a la bahía, palas mecánicas y grúas lo extrajeron y vertieron en una correa transportadora que se extiende 1,4 kilómetros mar adentro desde la costa, encargada de llevarlo a una cancha de acopio al aire libre. Durante décadas ha funcionado ese proceso en el puerto de Ventanas.

“Aquí ya se hizo todo. Investigaciones, muestras, inversiones. Másteres y doctorados estuvieron acá haciendo estudios, y sigue apareciendo carbón. El fondo marino ya está saturado. Y nos quieren tener 20 años más así”, dice Carlos Vegas. 

El carbón representó el 39% de la generación eléctrica en Chile en 2019, año en que el presidente Sebastián Piñera hizo un anuncio inédito para este pequeño país sudamericano que apenas aporta el 0.26% de las emisiones globales de CO2: El cierre de sus 28 centrales a carbón para 2040. La descarbonización de la matriz energética se convirtió en el principal compromiso climático de Chile, y en su gran bandera de acción para lograr la carbono neutralidad.

Puchuncaví ya inició su transición, con el cierre, en diciembre de 2020, de la central “Ventanas 1”, que operaba desde 1964. Pero el desafío no se vislumbra simple para una zona que ha convivido más de medio siglo con múltiples consecuencias ambientales.

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Carlos Vegas (65), oriundo de Ventanas, ha sido pescador toda su vida. Hace 20 años, la autoridad sanitaria chilena le prohibió a él y a su sindicato la venta y cultivo de moluscos por presentar altos niveles de cadmio, arsénico y cobre / Foto: Saúl Mancilla

Medio siglo de sacrificio en la bahía

Mareos, desmayos, sangre de narices, extremidades dormidas, crisis de angustia. Entre agosto y octubre de 2018, 1.553 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por síntomas de intoxicación a lo largo de ocho centros médicos de la región de Valparaíso, según acredita un informe de la Defensoría de la Niñez 

La Corte Suprema, en un inédito fallo, afirmó que el Estado había fracasado en la protección de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Pero, al mismo tiempo, la sentencia reconoce la inexistencia de “antecedentes que permitan determinar cuáles son los compuestos, elementos o gases que causaron los referidos episodios de intoxicación, quiénes son los responsables y cuáles son las consecuencias precisas para la población de esas localidades”.

Encontrar responsables parece ser como buscar una aguja en un pajar. El parque industrial incluye, entre otros, una refinería de petróleo; una fundición de concentrado de cobre; un complejo termoeléctrico a carbón; una terminal de descarga y almacenaje de químicos; una planta productora de cemento; una termoeléctrica a gas natural; una terminal que almacena gas; otro terminal de descarga de combustible; y una planta de lubricantes.

En 2011, niños y niñas de la escuela rural de La Greda se intoxicaron en distintos episodios en marzo, agosto y noviembre de ese año. La justicia acreditó la responsabilidad de Codelco por mal manejo de su fundición de cobre. La escuela fue relocalizada, a menos de dos kilómetros de distancia. En 2019, investigadores chilenos y estadounidenses publicaron un estudio que demuestra que niños de 1 a 5 años están en riesgo de padecer cáncer por los niveles de exposición a arsénico en los suelos. “Esto requiere una intervención específica del gobierno chileno”, dijeron los científicos. 

La presencia industrial no se ha traducido en desarrollo para la localidad. Puchuncaví tiene una pobreza multidimensional del 27% de la población, siete puntos por sobre el promedio nacional, y el 32% de sus habitantes carece de acceso a servicios básicos, veinte puntos sobre la media de Chile. Carlos Vegas lo ejemplifica: “En esta comuna, que tanto desarrollo le trajo al país, en el año 2021, la mierda se tira ahí en la esquina porque Ventanas no tiene una planta de tratamiento de residuos”.

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En 2019, investigadores chilenos y estadounidenses publicaron un estudio que demuestra que niños de 1 a 5 años están en riesgo de padecer cáncer por los niveles de exposición a arsénico en los suelos. “Esto requiere una intervención específica del gobierno chileno”, dijeron los científicos. / Foto: Saúl Mancilla

Descarbonizar la matriz

– Por eso, ministro Juan Carlos Jobet, le pido que nos preparemos para un paso importante en la historia de nuestro país y en la forma en que protegemos nuestro ambiente y nuestra naturaleza. Así que les pido que se preparen para cerrar la planta de Ventanas en Puchuncaví, y esa energía que se va a dejar de producir, que es en base a carbón, la vamos a producir en base a energías limpias y renovables. ¡Adelante!

Desde La Moneda, el palacio de gobierno en Santiago, Sebastián Piñera dio la instrucción del cese de operaciones de Ventanas 1, hasta ese instante la central termoeléctrica a carbón más antigua del país. Fue el 29 de diciembre de 2021. 

“Es un hito en la historia energética de nuestro país”, comenta Fernanda Pinochet, Secretaria Regional Ministerial de Energía de la región de Valparaíso, presente ese día en las instalaciones de la central. 

En la bahía de Puchuncaví todavía operan otras tres centrales termoeléctricas a carbón: Ventanas 2, Nueva Ventanas y Campiche. Todas de propiedad de AES Gener.

“El cierre de Ventanas 1 fue producto de un trabajo tripartito entre la empresa, el gobierno y el sindicato. Nos sentamos a la mesa para ver qué necesitaban y pudimos cubrir sus necesidades por completo”, dice Pinochet. Un total de 35 trabajadores eran parte de la central. 16 se acogieron a una jubilación anticipada y 17 fueron reubicados en otras centrales del mismo complejo.

Según un estudio del BID, las cuatro centrales a carbón en Puchuncaví representan el 2,24% del PIB regional de Valparaíso y el 1,5% del empleo en la comuna.

Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram, califica el cierre como un show del gobierno: “Ventanas 1 era la más antigua y más chica, con costos operacionales muy altos. El año pasado, según datos del Coordinador Eléctrico, quemó el 3% de todo el carbón que se descargó en la bahía y funcionó durante 140 horas en todo el año. No tiene ningún efecto el cierre. De hecho, Nueva Ventanas y Campiche, funcionando a mayor potencia, podrían incluso absorber lo que hacía Ventanas 1”.

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Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram. Califica el cierre de Ventanas 1 como un show del gobierno / Foto: Saúl Mancilla

La ONG Chile Sustentable realizó un estudio donde presentan las distintas conceptualizaciones sobre lo que es una Transición Justa. Su autora, Claudia Fuentes, afirma que la propuesta del gobierno chileno “es más que nada un cronograma. Se asoció descarbonizar con apagar centrales, pero no se visualizaron desafíos posteriores, como reconversión, remediación ambiental y todo lo que tiene que ver con una transición justa”.

Chile dijo que elaborará una “Estrategia para la Transición Justa” en su “NDC”, el compromiso formal ante el Acuerdo de París, la que será uno de sus pilares para el proceso de descarbonización. “Se deberán analizar las dificultades y necesidades de quienes son particularmente vulnerables, reconociendo, respetando y promoviendo las obligaciones relativas a una transición justa hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima”, dice el documento.

En los próximos meses, el Ministerio de Energía presentará el borrador de la estrategia a consulta ciudadana, lo que permitirá que cualquier persona haga recomendaciones antes de la versión final. Esta, según aseguran fuentes involucradas en el proceso, no será específica para cada territorio, sino más bien una serie de recomendaciones a seguir para que cada transición sea catalogada como “justa”, e involucraría nuevas leyes y políticas públicas. 

El proceso, sin embargo, aún no genera mucha confianza en la comunidad local. “No se hacen cargo de ningún pasivo ambiental ni de las externalidades negativas ni de la salud de las personas. Porque cuando te diagnostican el cáncer te quedas sola”, afirma Katta Alonso, representante de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia y una de las personas que más ha alzado la voz contra las décadas de contaminación que han afectado a las localidades de Quintero y Puchuncaví. Para ellas, cualquier transición comienza con el cierre de las tres centrales a carbón restantes, y de la fundición de cobre de Codelco. El siguiente paso es la reducción del parque industrial para que no se instalen más empresas y que la comunidad decida qué pasará en el territorio.

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Katta Alonso, de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia: “No se hacen cargo de ningún pasivo ambiental ni de las externalidades negativas ni de la salud de las personas. Porque cuando te diagnostican el cáncer te quedas sola” / Foto: Saúl Mancilla

Futuro renovable para Chile

Del Plan de Descarbonización anunciado en 2019, ya han cerrado seis termoeléctricas. Otras cinco lo harán para fines de 2024 y las 17 restantes lo harán en alguna fecha antes de 2040. El gobierno firmó un acuerdo voluntario con las cuatro empresas propietarias de las centrales para la desconexión: AES Gener, la italiana Enel, la francesa Engie y la chilena Colbún.

Si bien el carbón sigue siendo hoy la principal fuente de la energía en Chile, el rápido crecimiento de las renovables aceleraron también su despedida. En los últimos 6 años, Chile quintuplicó la capacidad generada con energía solar, eólica e hidráulica. Las proyecciones del gobierno actual apuntan que estas energías cubran el 70% de la matriz para fines de la presente década. 

Según el Ministerio de Energía, a enero de 2021, hay 6.335 MW de centrales en construcción, de las cuales el 94% corresponde a energías renovables. La gran mayoría son solares y eólicas, las que según proyecciones, podrán cubrir toda la generación fósil que hoy tiene Chile en 2040.

Las inversiones en renovables provienen principalmente de las mismas empresas involucradas en la descarbonización: Enel, Engie y Colbún, a las que se han sumado otros actores -hasta ahora- pequeños en el país, como Acciona.

Sin embargo, la empresa más importante de todo el proceso es AES Gener. De propiedad de la norteamericana AES Corporation, es propietaria de 14 de las 22 centrales a carbón que siguen operativas hoy. Solo sumará Ventanas 2 al cierre antes de 2024. El resto, sujeto a nuevas negociaciones cada cinco años. Para Claudia Fuentes, AES Gener “ha sido la empresa más reticente a los cambios. Son los de menor compromiso de cierre de centrales”. 

AES Gener controla el 26% del mercado de generación eléctrica en Chile, con 3.541 MW de capacidad instalada, del cual el 77% son hoy termoeléctricas a carbón. Si bien la compañía ha manifestado su interés de diversificar su matriz, su gran apuesta en Chile es la central hidroeléctrica de Alto Maipo, que sumará a fines de este año 531 MW a su cartera y que lleva años de resistencia de la comunidad local por la amenaza que significaría a la provisión de agua potable en Santiago.

La compañía anunció la posible reconversión de la infraestructura de sus centrales en Puchuncaví a plantas desaladoras de agua de mar o centrales de hidrógeno verde. Una de las opciones que tienen en cartera es la construcción de un acueducto de 115 kilómetros que conecta Ventanas con Tiltil, a las afueras de Santiago, donde conectaría con el proyecto minero Los Bronces Integrado, de AngloAmerican. Ambas empresas están en negociaciones para concretar la operación. 

Hace unas semanas, Gener anunció la venta de sus cinco centrales a carbón en Huasco como un paso adelante en su descarbonización, lo que generó una serie de críticas que apuntan a la fragilidad del proceso, pues el grupo WEG, nuevo dueño, no ha firmado ningún acuerdo de cierre con el Estado chileno. 

A esto se suma la confirmación de que las dos centrales de Ventanas se someterán al “Estado de Reserva Estratégico”: Un pago que les hace el Estado según su potencia para volver a funcionar en caso de que se necesite. Según cálculos de Chile Sustentable, AES recibiría cerca de 42 millones de dólares por los próximos cinco años, por el cierre de sus dos centrales en Puchuncaví.

*AES Gener fue contactada para ser parte de este reportaje pero no respondió las solicitudes de entrevista.

*Artículo original publicado en Diálogo Chino.

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La producción, dirigida a un público infantil, abordará las consecuencias de la contaminación de Quintero y Puchuncaví. Las protagonistas serán niñas, niños y adolescentes de la zona de sacrificio que se han organizado para mejorar su calidad de vida. Necesitamos la ayuda de todes quienes puedan compartir fotos y videos, antiguas y actuales.

Las niñas, niños y adolescentes que viven en las comunas de Quintero y Puchuncaví no hacen las mismas cosas que suelen hacer las personas de su edad. No pueden salir a jugar a la plaza libremente, no pueden pasar sus vacaciones en la playa, no pueden comer las verduras que cultivan en la escuela ni algo tan simple como correr en los recreos.

Su vida cotidiana ha sido fuertemente modificada por el impacto del cordón industrial de la zona en la que viven, donde se alojan más de quince empresas que incluyen termoeléctricas, fundiciones, almacenaje de combustible y puertos de cobre y carbón. 

Ha habido derrames de petróleo, varamientos de carbón e intoxicaciones masivas; 10 desde 2008 a la fecha. La última fue en 2018, cuando 1.353 niños, niñas y adolescentes fueron atendides en servicios de urgencia, presentando vómitos, mareos y desvanecimientos. Un estudio del Colegio Médico realizado luego del episodio da cuenta del alto riesgo de desarrollar cáncer que tendrán esos niños y niñas, a lo que se suman problemas respiratorios, cognitivos, de salud mental y vulneración a su derecho a la educación.

En el estudio “Afectación de Niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero-Puchuncaví”, la Defensoría de la Niñez da cuenta de un “triángulo riesgoso que impacta la calidad de vida de NNA” en la zona: falta de conocimiento respecto a presencia de elementos dañinos para la salud en el medio; falta de un sistema de salud especializado para el control de emergencias; limitada consideración de la salud mental de NNA. Según el Padem de Puchuncaví, entre 2012 y 2017 se observa un crecimiento exponencial en niñes del espectro autista y otros problemas cognitivos.

Con la convicción de cambiar su realidad, tras las intoxicaciones de 2018 los niños y niñas se organizaron en grandes manifestaciones, hicieron tomas pacíficas de sus colegios e incluso un grupo viajó a Santiago a encadenarse en la puerta de entrada del Ministerio del Medio Ambiente con tal de exigir una mejora urgente en su calidad de vida. En 2019 la Corte Suprema falló a favor de la comunidad obligando al Estado y las empresas a implementar 15 medidas para reparar daños. Todavía no se toman acciones contundentes.

“Hay que luchar por lo que es justo”, dice Camila Ponce, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Complejo Educacional Sargento Aldea de Ventanas, quien participó activamente de la toma de su colegio en 2018. “No porque sean niños no están diciendo la verdad. No porque sean niños están equivocados. Eso pasa acá: dicen que porque son niños no tienen razón. No es así. Son los con más motivación de organizarse, los más informados. No se cansen de luchar porque siempre va a haber alguien que los va a escuchar”.

La de Camila y otras voces son las que protagonizarán la serie infantil enfocada en las afectaciones de salud que han sufrido niñas, niños y adolescentes en la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví y en las acciones que realizan para enfrentar su realidad, desafiando el estereotipo de pasividad y alzándose como actores y actoras proactivas en la lucha contra la crisis climática.

La producción está a cargo de un equipo multidisciplinario y es financiada por el fondo semilla entregado por Clik Hub y la Fundación Futuro Latinoamericano a MediAmbiente para implementar un proyecto de comunicación efectiva de cambio climático en América Latina. 

Para graficar de la manera más fidedigna posible las vivencias de niñas, niños y adolescentes en la zona de sacrificio, se está recopilando material que familias y organizaciones de Quintero y Puchuncaví tengan a disposición: fotos, videos, recortes, dibujos, audios. La idea es retratar el cambio en el paisaje desde la llegada de las industrias, desastres ecosociales y manifestaciones contra la contaminación. Con especial interés en mostrar material registrado por niñas, niños y adolescentes y/o imágenes en las que aparezcan niñas, niños y adolescentes.

Pueden enviar sus aportes y preguntas por correo a mediambiente2020@gmail.com o al WhatsApp +56953630468

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Fijar un precio al carbón es un debate que se da en todo el mundo ante la emergencia climática y la ineludible necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno impulsó una serie de modificaciones al llamado “impuesto verde” en la recién aprobada reforma tributaria, pero mantuvo el precio de 5 dólares por tonelada de CO2 fijado hace cuatro años. Con esto, Chile queda como el cuarto país donde es más barato contribuir a la crisis climática.

Por Francisco Parra Galaz

En el año 2017, por primera vez en funcionamiento tras su aprobación en la reforma tributaria de Michelle Bachelet en 2015, el llamado “impuesto verde” recaudó 190 millones de dólares. Un año después, el fisco sumó otros 188 millones de dólares a sus arcas.

Chile fue el primer país de América Latina en aplicar un impuesto especial a las industrias que explotan combustibles fósiles, los principales responsables del calentamiento global y de la crisis climática cada vez más latente en el mundo. El gravamen afecta a las emisiones de material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, producidas por calderas o turbinas que sumen una potencia térmica de 50 MWt.

La reforma tributaria recién aprobada en la Cámara de Diputados incluyó una importante modificación al impuesto verde, ampliando de 55% a 95% la cobertura del gravamen a las emisiones de CO2 de Chile, según informó el ministerio de Hacienda. Esto significa un aumento de otros 35 millones de dólares adicionales, según el cálculo de la Dirección de Presupuesto.

Pese a ser aprobada por amplia mayoría en la Sala de la Cámara, la reforma no pasó sin polémica. El nuevo impuesto, si pasa sin modificaciones por el Senado en los próximos meses, comenzará a aplicarse recién 2025 y lo hará con el cálculo de 5 dólares por tonelada de CO2 emitida, el mismo que se definió en 2014.

Mínimo 40 dólares por tonelada para 2020

Sólo 26 países del mundo tienen un impuesto al carbón. Estas iniciativas cubren cerca del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

En el año 2017, por orden de la COP22 celebrada en Marrakech, se conformó la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo de París. El grupo, presidido por los prestigiosos economistas Joseph Stiglitz y Lord Nicholas Stern, asegura en su último reporte que la fijación de un precio explícito al carbono es “una parte indispensable de la estrategia para reducir las emisiones de manera eficiente”.

El objetivo de estos impuestos, dice la comisión, es incentivar un cambio a energías no contaminantes y que, por lo mismo, el precio del carbono debe ir constantemente en alza.

“Esta Comisión considera que el nivel de precio explícito al carbono compatible con la consecución de las metas relativas a la temperatura establecida en París, debe situarse, como mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020 y entre 50 y 100 dólares por tonelada de CO2 para 2030”, dice el documento.

Es decir, de aprobarse tal como está la reforma tributaria, Chile tendría un impuesto al carbono 8 veces más bajo de lo recomendado.

Otra organización que monitorea las tendencias de los precios al carbono es el Banco Mundial, que año a año elabora un informe al respecto. Según la información de 2018, Chile es el cuarto país con el impuesto más bajo, solo por arriba de México, Japón, Polonia y Ucrania.

El más alto es Suecia, con 139 dólares, seguido por Suiza y Liechtenstein (101), Finlandia (77), Noruega (64), Francia (55), Islandia (36), Dinamarca (29), Reino Unido (25), Eslovenia y Corea (21). Chile fue el primer país latinoamericano en instaurar un impuesto al carbono, pero Argentina (10 dólares por tonelada) y Colombia (6 dólares por tonelada) se sumaron después con precios más altos. Hoy, la mitad de estas iniciativas a nivel mundial está bajo los 10 dólares.

El Banco Mundial asegura que “se necesitan mayores esfuerzos para estimular la reducción de emisiones en línea con el Acuerdo de París”, pero reconoce que la mayoría de los países van aumentando sus precios. Por ejemplo, la Unión Europea comenzó en 8 dólares y ahora está en 16, mientras que Singapur lo implementó este 2019 a 5 dólares, pero con la proyección de aumentarlo a 15 para 2030.

En 2017, el Ministerio de Desarrollo Social hizo un cálculo -siguiendo el modelo del Reino Unido- de cuánto es el costo social del carbón y cuánto debería ser el precio según las metas auto impuestas por Chile en su Contribución Nacional Determinada (NDC), el documento con que cada país se compromete a reducir sus emisiones para alcanzar las metas de París.

La propuesta es que, para Chile, el precio debería ser de 32,5 dólares por tonelada de CO2, con una rango de sensibilidad entre 20,2 y 43,2.

Para Pamela Poo, coordinadora de política y regulación en Chile Sustentable, los 5 dólares que tiene Chile “no son ningún desincentivo para que que las termoeléctricas pasen a energías no contaminantes. Tampoco es que les encarece tanto el sistema. Al final, van a preferir pagar”.

Posibilidad de compensar

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, estuvieron el lunes en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados abordando exclusivamente el impuesto verde, tema que pasó desapercibido en medio de la gran reforma tributaria que propone la administración de Sebastián Piñera.

Una de las principales modificaciones de la reforma es que ahora se calculará el impuesto según la cantidad de emisiones generadas, no según la capacidad de emitir, como estaba establecido. Con esto, aumenta la cobertura del impuesto a las emisiones y se suman al gravamen industrias como la siderurgia, la cementera y la minería, que antes quedaban fuera.

El objetivo de la modificación, según explicaron las autoridades, es la reducción de emisiones contaminantes, no la recaudación de impuestos. Por eso, explican, que el foco son los “incentivos para que las empresas puedan ahorrar en emisiones o emitir menos. Si queremos inhibir el comportamiento contaminante, hay que poner un incentivo. La recaudación no es el objetivo principal”, dijo Larraín.

Por su parte, Riesco justificó que la nueva normativa comience a regir en seis años más explicó “para promover la inversión. El objetivo es establecer un impuesto de forma tal que no debiese dar un incentivo a las fuentes gravadas para reducir las emisiones y que, al final, no paguen impuestos”.

Esto se puede dar porque el gobierno también introdujo un mecanismo de compensación de emisiones, que permitirá a empresas no pagar el impuesto verde en la medida que realicen acciones que mitiguen los gases contaminantes que ellas mismas emiten. “Las reducciones deberán ser adicionales a las obligaciones impuestas por planes de prevención o descontaminación, normas de emisión, resoluciones de calificación ambiental o cualquier otra obligación legal”, dice la indicación ingresada por el gobierno y que fue aprobada el lunes.

La ley no detalla el mecanismo de compensación y el ministro Larraín aseguró que será definido vía reglamento por el ministerio de Medio Ambiente. En principio, no habría restricción a que una empresa “compense” el 100% de sus emisiones y termine no pagando el impuesto.

Para la elaboración del reglamento, el gobierno deberá entrar en un tema donde no hay consenso mundial. Definir cómo medir algo intangible como la reducción de emisiones -cuánto menos contamino con esta iniciativa- será incluso tema de debate en la COP25, donde se debe zanjar el mecanismo de mercados de carbono del Acuerdo de París, pendiente de hace años precisamente por la falta de definición en el tema.

Para el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, uno de los más críticos a la propuesta en la comisión de Hacienda, la compensación genera dudas porque “tenemos empresas relacionadas en rubros de generación a partir de carbón y forestales, como los Matte, que nos hablan de que puede existir una importante capacidad de ‘reducir’ emisiones a través de plantaciones forestales que todos sabemos lo dañinas que son para el medio ambiente”, asegura.

“Al final se crea un mercado desregulado de compensaciones que no asegura que efectivamente se disminuyan las emisiones mediante esos proyectos de compensación. En ese sentido, al dejar de cobrarse el impuesto, deja de ser un incentivo a disminuir la actividad contaminante”, agrega Jackson.

¿Nadie gana?

En el debate del lunes, Larraín insistió en más de una oportunidad que “nadie se favorece con este cambio. El impuesto se amplía, aumenta para algunos sectores, pero a nadie se le reduce lo que va a pagar”.

Sin embargo, en los meses previos a la tramitación de la reforma, la agroindustria realizó un intenso lobby por el impuesto verde, específicamente por el cambio del gravamen de capacidad instalada a emisiones generadas, lo que terminó siendo adoptado por el gobierno. Chilealimentos, organización que agrupa a más de 70 empresas de la agroindustria, tildó de “desproporcionado” el tributo ya que empresas agrícolas pagaban solo por tener calderas que utilizan durante un período estacional, mientras que otras -bajo el límite- que emitían todo el año, no lo pagaban.

Ante la propuesta de modificación del Ejecutivo, reclamaron que recién se aplique en 2025, ya que eso, dicen, “perpetúa el enorme impacto negativo en el sector”, considerando que se trata de “empresas cuya materia prima proviene de árboles y cultivos que son captadores de CO2”.

El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) analizó el impacto del calentamiento global en ecosistemas terrestres y dice que “el uso de tierra para fines agrícolas, silvícolas y de otra índole supone el 23% de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero”.

La FAO, por su parte, asegura que las actividades agrícolas como la fermentación, el uso de químicos y cambios en el uso de suelo son una constante emanación de gases de efecto invernadero como el metano, óxido nitroso y dióxido de carbono.

*Este artículo fue publicado originalmente en El Desconcierto el 22 de agosto de 2019.

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