Asesinatos, detenciones, abusos y desalojos forzados: El lado B de la minería en América Latina

Asesinatos, detenciones, abusos y desalojos forzados: El lado B de la minería en América Latina

El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina registra 284 conflictos sociales por la megaminería. Con distintos grados de violencia, las recetas para combatir la falta de licencia social se repiten: asesinatos, detenciones, desalojos forzados, criminalización, irregularidades judiciales, fuerzas de seguridad con poder de policía y corrupción. Donde hay minería, hay un conflicto social.

El 10 de abril pasado, un grupo de desconocidos encapuchados arrojó una bomba molotov que incendió las oficinas de la minera Agua Rica, en Andalgalá, en la provincia argentina de Catamarca. Fue mientras se realizaba una marcha de vecinos que desde hace más de una década se manifiestan todos los sábados a favor del medioambiente, siempre de manera pacífica. Pese a la falta de pruebas y a que todo indicaba que se trataba de “infiltrados”, una fiscal que trabajó para el sector minero ordenó la detención de 12 pobladores. La mayoría estuvo dos semanas en prisión. 

El día de su liberación, a más de 5.000 kilómetros de allí, en Honduras, ocho personas cumplían entre 20 y 30 meses encarcelados. Permanecen detenidas luego de una serie de protestas contra un proyecto minero de Inversiones Los Pinares. Son parte de una causa en la que 32 pobladores, incluido un muerto, están siendo juzgados como parte de una asociación ilícita por los mismos tribunales que se crearon para investigar al crimen organizado.

Los dos casos muestran una de las caras más oscuras de la megaminería en América Latina. Con distintos grados de violencia, las recetas para combatir la falta de licencia social se repiten: asesinatos, detenciones, desalojos forzados, criminalización, irregularidades judiciales, fuerzas de seguridad con poder de policía y corrupción. Donde hay minería, hay un conflicto social, la democracia se convierte en una ficción y la vida cambia para siempre.

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Honduras (Crédito- Fundación San Alonso Rodríguez)

El sector más peligroso

Según el último informe de la organización Global Witness, América Latina es la región con más defensores del medioambiente asesinados, con dos tercios de los casos en 2019. El triste ranking de ese año lo lideró Colombia, con 64 víctimas fatales. Cinco de los seis países que le siguen son de la zona: Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12) y Venezuela (8). La minería fue el sector más peligroso, con 50 crímenes. 

A la fecha, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registra 284 conflictos sociales por la megaminería. La mayoría, en México, Chile y Perú, seguidos por la Argentina, Brasil y Colombia. Detrás de la frialdad de las cifras hay personas. Y detrás de ellas, una familia, una comunidad, una historia desconectada de los grandes centros urbanos y la vida democrática.

A pesar de la irrupción de capitales chinos y la importante presencia de empresas británicas, más de la mitad de los emprendimientos mineros en la región siguen siendo de compañías de Canadá. Mientras su primer ministro Justin Trudeau impulsa sanciones junto a los Estados Unidos para los países con leyes climáticas débiles, los encargados de negocios de sus embajadas hacen lobby a favor de mineras ligadas a procesos de violencia, corrupción y contaminación.

/ Periodistas por el Planeta

Violaciones y abusos

Tal el caso de la mina Fénix, en la costa norte del Lago de Izabal, en Guatemala, en territorios que reclama la comunidad maya Q’eqchi. El conflicto desembocó en tres demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por acusaciones contra las empresas canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel, y su subsidiaria CGN. Son los únicos procesos en los que juzgados de ese país aceptaron acciones contra una empresa local por violaciones a los derechos humanos en el extranjero.

La primera de esas demandas es por el abuso sexual de 11 mujeres, el 17 de enero de 2007, por parte de policías, militares y personal de seguridad con ropa de la minera CGN, durante la expulsión de un centenar de familias de la comunidad de Lote Ocho.

Una de las víctimas, Rosa Elbira Coc Ich, contó que nueve hombres irrumpieron en su casa preguntando por su marido y la violaron. Hoy, no puede tener hijos, posiblemente por las lesiones que sufrió. Entre las víctimas también hay embarazadas que perdieron sus bebés.

En el marco del juicio, las mineras tuvieron que entregar unos 20.000 documentos internos a las demandantes. “Allí consta que CGN pagó cientos de miles de dólares a los soldados y la policía para realizar los desalojos”, subraya el abogado canadiense Grahame Russell, director de Rights Action, una de las ONG que colaboran con las comunidades afectadas. 

Otra demanda es por el crimen del docente Adolfo Ich, el 27 de septiembre de 2009, en medio de nuevas amenazas de desalojos. Su esposa y denunciante, Angélica Chub, recuerda que el jefe de seguridad del proyecto, el excoronel Mynor Padilla, había convocado a su marido a conversar, pero un grupo de empleados de la empresa lo empezó a golpear y lo arrastró hacia el interior del predio de la minera. “Una vez allí, un miembro de las fuerzas de seguridad de Fénix lo atacó con un machete. Entonces Mynor Padilla se acercó y le disparó en el cuello”, repasa la denuncia.

Esa jornada terminó con otros siete pobladores heridos de bala. Uno de ellos es Germán Chub Coc, quien quedó parapléjico. Es el tercer demandante en los tribunales de Ontario.

El conflicto por la mina Fénix, en la costa norte del Lago de Izabal, en Guatemala, en territorios que reclama la comunidad maya Q’eqchi, desembocó en tres demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por acusaciones contra las empresas canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel, y su subsidiaria CGN / Crédito- Grahame Russell

Estrategia de desgaste

La también canadiense Pan American Silver es otra de las empresas emblemas en la región, con presencia en cinco países. En México opera dos proyectos, entre ellos, La Colorada, en Zacatecas, la mina más grande de la compañía. Abrió en 2004 y una década más tarde comenzó un proceso de expansión que desató un conflicto por las tierras con los pobladores de la zona. 

Tras dos años de amenazas, el 13 de enero de 2017, personal de seguridad de Pan American Silver munido de armas largas obligó a 46 familias a desalojar los terrenos que su comunidad ocupaba desde hacía casi un siglo. Sus casas fueron destruidas y todos fueron reubicados en viviendas de lámina que les dieron en comodato, dentro de un complejo habitacional que funciona casi como un gueto, a 200 metros del ingreso a la mina, entre los ruidos de las máquinas y los respiradores, y con un perímetro alambrado e iluminado las 24 horas del día, lo que dificulta el descanso. 

Los vecinos denuncian que todo es parte de una estrategia de desgaste para forzarlos a abandonar la zona, que comenzó cuando la minera echó a los empleados que vivían en la comunidad. La tortura psicológica se completa con un duro reglamento confeccionado por la empresa. Los pobladores aseguran que ni siquiera pueden festejar un cumpleaños fuera de sus hogares y que no están permitidos los ruidos después de las 23 horas. Tampoco pueden criar animales para alimentarse y hasta tienen regulados los tipos de mascotas que pueden tener. Si rayan un mueble, se les aplica una multa de 300 pesos. Les llegaron a cortar el agua por más de un mes.

La Colorada, en Zacatecas, la mina más grande de Pan American Silver. Abrió en 2004 y una década más tarde comenzó un proceso de expansión que desató un conflicto por las tierras con los pobladores de la zona / Comunidad La Colorada

¿Feliz Navidad?

A pesar de ese y otros antecedentes, como la contaminación en torno a la mina Quiruvilca en Perú, Pan American Silver intenta avanzar en el sur de la Argentina, en Chubut, con el proyecto Navidad, en un proceso cargado de avasallamientos a las instituciones democráticas. Eso incluye represión y detenciones, una cámara oculta a un diputado provincial pidiendo dinero para hacer lobby, un audio de otra legisladora revelando que se pagaron coimas y la foto del celular de un tercer congresal que en plena sesión recibió un mensaje con instrucciones de un directivo de una minera para desvirtuar el contenido de una iniciativa popular.

El proyecto Navidad, sin embargo, tiene un obstáculo: en la provincia de Chubut está prohibida la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, tras una consulta popular en el pueblo de Esquel, en 2003. Fue la segunda consulta que se realizó en América Latina sobre megaminería y tomó como referencia la experiencia inédita en Tambogrande, en la provincia peruana de Piura, en junio de 2002.

En total, el OCMAL lleva contabilizadas 39 consultas populares en la región, pero concentradas en sólo seis países. Aunque no siempre los gobiernos han reconocido esas elecciones y algunas veces han usado artilugios legales para eludir sus resultados, muchas han conseguido modificar, retrasar y hasta frenar proyectos.

Otra forma de participación directa son las consultas previas, pero suelen ser una mera formalidad cuyos resultados no se tienen en cuenta. Una situación análoga ocurrió en Honduras, en torno a las concesiones ASP 1 y ASP 2 de Inversiones Los Pinares, uno de los casos que se narran al inicio de este artículo. El 29 de noviembre de 2019, hubo un cabildo abierto en el municipio de Tocoa, Colón, del que participaron unas 3.500 personas, según las actas oficiales, aunque los vecinos afirman que fueron muchos más. Pese a que los pobladores declararon a la comuna como libre de minería, la empresa informó que eso “no afecta en absoluto” sus operaciones.

“No es No”, Chubut, Argentina / Anibal Aguaisol

“El agua parecía jugo de tamarindo”

El conflicto, como otros en la región, había empezado en el más absoluto secreto, cuando el Congreso impulsó, un año después de su creación, la reducción de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos, para allanar el camino de la explotación de óxido de hierro. 

“Nos topamos con un muro terrible en todos los niveles: municipio, gobierno central y empresa”, recuerda Juan Antonio López, vecino de Tocoa y referente de la oposición al proyecto minero.

El detonante del capítulo más sombrío del conflicto se empezó a escribir en abril de 2018, durante la construcción de los caminos hacia el proyecto. No es una novedad: es habitual que los primeros efectos de la presencia de las mineras en un lugar se perciban al abrirse las rutas de acceso, por el polvo de las explosiones. Un antecedente conocido es el del proyecto binacional Pascua Lama, entre Chile y la Argentina, donde la justicia chilena frenó las obras porque acreditó la presencia de una capa de polvo sobre dos glaciares. 

En el caso hondureño, la polvareda se visibilizó en los ríos Guapinol y San Pedro, y en sus afluentes. “El agua parecía jugo de tamarindo”, recuerdan los vecinos. Eso movilizó a comunidades que hasta ese momento no habían protestado.

Los pobladores tomaron por dos semanas el edificio municipal. También cortaron la calle de acceso a la empresa y paralizaron la actividad. Pedían dialogar con el gobierno, pero las autoridades los llamaban a negociar con la empresa. Buscaban un acuerdo económico. “Nos llegaron a decir que el Estado no se responsabilizaba de lo que nos pudiera ocurrir”, recuerda López. 

Criminalización de los defensores

Durante una de las tantas protestas, según el relato de los pobladores, desde un vehículo de la empresa salió un disparo que hirió a un manifestante. La reacción de los vecinos fue retener al jefe de seguridad de la mina, que fue entregado a la policía. Y la respuesta del Estado fue brutal: en septiembre de 2018, el Ministerio Público impulsó una acción penal contra 18 pobladores. 

La criminalización estaba en marcha, pero la lección no había sido suficiente y en febrero de 2019 se imputó a otras 14 personas, 32 en total. Fueron acusadas de cometer seis delitos, incluido el de asociación ilícita. Ocho de ellos permanecen detenidos y otros cinco están en riesgo de ser apresados.

La estrategia no es casual. Una reciente investigación de Mongabay detectó que, entre Perú, Colombia, México y Ecuador, hay 156 defensores ambientales criminalizados, 58 de ellos —la mayoría— por conflictos vinculados a la megaminería. 

Uno de los acusados en Honduras es Juan Antonio López. Es considerado por el Ministerio Público como el jefe del grupo, una especie de capo narco al mejor estilo Pablo Escobar, pero que, en lugar de hacer negocios ilegales, pide que una minera no se instale en una zona protegida por ley, en la que hay 34 fuentes de agua de las que dependen miles de personas.

Esta publicación es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina. 

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Computadores, celulares y vehículos eléctricos funcionan gracias a baterías confeccionadas con litio. Su extracción implica la explotación de gran parte de los escasos recursos hídricos en el desierto más árido del mundo, altera la vida de comunidades autóctonas y pone en riesgo a especies endémicas que habitan en el salar.

Entre las historias que los abuelos de la comunidad licanantay de Peine le cuentan a sus nietos está la de los huevos de las parinas. Una vez al año, los miembros de este pueblo indígena ubicado a 2400 metros de altitud sobre el nivel del mar, iban a recolectar mil huevos de parinas, esas aves rosas y de patas delgadas, que pertenecen a la familia de los flamencos y que se cuelan en medio del paisaje ocre del desierto.

Pero la cantidad no era azarosa. En aquella época, hace al menos medio siglo, los habitantes de Peine y alrededores, encontraban cerca de 7 u 8 mil huevos de estas aves también conocidas como flamencos andinos. La proporción correspondía a la búsqueda de un equilibrio en el salar. Además, aprovechaban el ritual de cada año para hacer sus rogativas por el porvenir de la comunidad.

“Había una relación en cuanto a lo que se sacaba que era para consumo y también lo que se iba produciendo. Entonces por eso los abuelos siempre contaban que a veces había 5 mil, 6 mil o 7 mil parinas que se veían en el salar de Atacama y desde la llegada de la minera eso cambia totalmente”, dice Sergio Cubillos, presidente del Consejo de los Pueblos Atacameños y miembro de la comunidad de Peine.

Sergio Cubillos se refiere a la explotación de los salares de su zona. En ese rincón del país, se encuentra la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Justo entre la frontera con Argentina y Bolivia se ubica un lugar estratégico para la economía chilena. Pero ese beneficio para la macroeconomía se traduce en una pesadilla para los habitantes de las pequeñas comunidades repartidas en medio de esos paisajes que nos trasladan a un escenario rojizo parecido al planeta Marte.

Aunque el primer producto de exportación sigue siendo el cobre, en las últimas décadas ha aumentado la extracción del litio pues Chile posee alrededor del 45% de las reservas mundiales de este metal ultraligero, que es esencial para la fabricación de teléfonos móviles y baterías de automóviles eléctricos.

Un producto promovido como una solución verde, sobre todo en mercado europeo, pero que afecta directamente a las comunidades aledañas al salar. El conocido también como oro blanco se ha convertido en un suceso, triplicando los precios desde 2011, alcanzando alrededor de 300 mil toneladas por año.

Sin embargo, para Sergio Cubillos las cifras no reflejan el costo que tiene para las comunidades nativas. “Se podría decir que el salar de Atacama es como un mar que se extiende en la rivera de San Pedro de Atacama y donde están inmersas las 18 comunidades de Atacama La Grande. El diario vivir respecto a cómo se explota el litio ha sido bien complicado”, se lamenta Cubillos.

La explotación de este metal ligero en el salar comenzaron en el año 1985 con la llegada de la Sociedad del Litio Limitada, actual Albemarle, y desde entonces comenzó un lento pero irreversible acercamiento de la comunidad para ir obteniendo información para mitigar los impactos de su extracción. “En algún momento se visualizó que el litio iba a ser un mineral importante para el país pero también ajeno de toda la realidad que ocurría de la explotación del litio. Me refiero a lo que salió después respecto a la corrupción, a cómo se manejaba la explotación y en ese sentido ha sido muy difícil porque las empresas llegan con personal para hacer faenas mineras y en ese sentido, la invasión que ha tenido en nuestras comunidades ha sido bien importante”, destaca el representante local.

Cubillos se refiere también a los escándalos de corrupción que protagonizó la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM Salar S.A.), no solo en lo que concierne al caso judicial por el financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos a través de pagos a personas que declararon haber realizado servicios que nunca se prestaron a estas empresas. A la empresa estatal también se le detectaron incumplimientos de los contratos que le permiten la explotación del mayor depósito del litio en salmuera del mundo. Entre ellas, figuraba la apropiación irregular de derechos de agua, un recurso especialmente sensible en la región. “Hemos salido a decir en todos lados: tenemos comunidades que todavía no tienen regularizada su agua potable, que no tienen regularizada su energía eléctrica, que no tienen regularizado el acceso hacia sus comunidades y en ese sentido obviamente la gente ve con tristeza cómo se realiza esta explotación y sobre todo cómo se ha ido desarrollado esta sobre explotación de agua en donde en el salar se extraen cercano a los 4500 litros por segundo de agua, entonces estamos hablando de algo que ha sobrepasado los límites normales de extracción”, afirma Cubillos.

Zonas de sacrificio

En el pueblo de Peine ninguno de sus habitantes ha querido hablar. Es un sábado por la mañana y la pequeña plaza de este pueblo que está ubicado en la cima de una colina luce casi vacía. Los pocos transeúntes son esquivos con los afuerinos. Desconfían, sobre todo, de los periodistas, pero también de los representantes de las empresas mineras.

Junto con los problemas medioambientales que acarrea la minería, la comunidad ha visto cómo su vida cotidiana ha sido alterada en diversos sentidos: robos, drogadicción, alcoholismo y una serie de cambios que para los licanantay han sido impuestos por los visitantes que acarrea la minería. “En cuanto a la explotación, obviamente hay un sentir de nuestra gente de que se esté sacando el recurso natural y que hoy día sea un recurso que le puede dar solvencia económica al país, pero vemos cómo nuestras comunidades viven en el abandono. De las millonarias ganancias que se adquieren de estos recursos naturales, no vemos avances significativos en nuestras comunidades”, dice el representante licanantay.

Bárbara Jerez Henríquez es docente e investigadora de la escuela de trabajo social de la Universidad de Valparaíso y su trabajo está enfocado en los conflictos socioambientales, ruralidades, campesinados y territorio. Jerez es tajante. La investigadora considera que la explotación del litio en el desierto de Atacama ha transformado al lugar en una zona de sacrificio.

“Es un enunciado con el que yo busco llamar la atención sobre cómo estos lugares han sido planificados para poder ser extraídos sus bienes naturales, sus minerales y principalmente su agua dulce y salada para explotaciones mineras a gran escala sin considerar sus límites ni las posibilidades de sus ecosistemas, y de sus comunidades”, dice la académica.

Para la investigadora, las graves consecuencias que sufren los pueblos atacameños se podrían haber evitado, pues no es algo reciente ya que “hay una hiper explotación planificada de proyectos en exploración y de proyectos mineros que están explotando ahí hace más de 30 años, tanto de minería de cobre como de litio. Han provocado una agonía socioambiental de las cuencas, especialmente del Salar de Atacama”.

Escasez hídrica

En un estudio realizado por Corfo, las cantidades de agua extraídas en el salar de Atacama superan en un 21% lo que el agua subterránea puede generar de manera sostenible. “Es tremendo para la biota, que al estar trayendo desde la napa profunda, la napa freática, te está sacando el agua simultáneamente, porque son bombas que succionan, y no es más que la extracción de lo que se supone que alimenta el salar, que son las napas profundas”, explica Matilde López Muñoz, académica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Sociales, Ecológicas y Económicas. Muñoz mantiene una relación cercana con el desierto de Atacama, lugar que visita constantemente para sus estudios. Allí ha visto cómo la minería ha transformado el pasaje en las últimas tres décadas.

“Hay tres países esencialmente ricos el litio. Chile, no sé si por suerte, por desdicha o por felicidad, es carbonato de litio lo que existe en el salar de Atacama. En cambio en los otros lugares, tienen que transformar. Bolivia, por ejemplo, tiene que transformar su yacimiento en carbonato de litio o hidróxido de litio y en Argentina pasa algo por el estilo. En cambio aquí, simplemente se extrae y lo que tenemos es carbonato de litio”, dice Matilde López para explicar porqué el mercado internacional puso sus ojos en Chile. La investigadora concuerda con Sergio Cubillos en que la ausencia de flamencos en un escenario donde eran habituales es una clara señal de la gravedad de lo que ocurre. “Las lagunas, particularmente las que están frente a Peine, en el salar de Atacama, eran los sitios de nidificación del grupo más grande del flamenco andino, de manera que allí ellos encontraban su alimento que es fundamentalmente algas silíceas. Ellos invierten su cabeza como una pala mecánica. Son filtradores, entonces tenían su alimento y además la consistencia de los barros para armar los nidos y por muchos años, digamos, en un tiempo de tipo evolutivo, así funcionó”, dice López.

Según la Corporación Nacional Forestal, CONAF, agencia pública chilena que administra los parques nacionales, la cantidad de flamencos andinos ha disminuido en más de un 30% entre 1997 y 2013, en parte por la actividad minera que afecta su hábitat. De los casi 12 mil flamencos que se percibían en la década de los 80, cuando Matilde visitaba la zona, hoy con suerte se aprecian mil.

“Al empezar a hacer las extracciones vino el ruido, vino todo lo que significa la tecnología con camiones pesados, con máquinas. Y ellos de a poco empezaron a salir de allí, y no es tan fácil pensar: ah ya se volaron y se van para otro lado. No, porque aquí hay un proceso de tipo evolutivo. Por mucho tiempo ellos estuvieron evolucionando. Co-evolucionando”, dice López. La académica considera que los flamencos son refugiados ecológicos, pues al migrar las condiciones no son las mismas.

“Aquí se creó un parque nacional que protege en alguna medida y tiene que supervisar que las empresas mineras no arrasen con esas protecciones. Entonces, claro, es política pública, y no todo debiese transformarse en área de sacrificio. Yo viví mucho tiempo en el desierto, el río Loa prácticamente está extinto, porque las mineras le sacaron toda su agua, y los pobladores de las pequeñas comunidades agrícolas que habían, prácticamente no existen”, dice López con respecto a las decisiones políticas que se han tomado y el rol de la CONAF.

Quien también ha observado de cerca el impacto en las especies endémicas, como en los recursos hídricos, es Ramón Morales Balcazar, miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos; máster en Estudios Internacionales y Desarrollo Agrícola sustentable de la Universidad de París 11. “Por un lado está el impacto que tienen sobre los acuíferos y la disponibilidad del agua. En este sentido es súper importante entender que las empresas de litio no están solas en el salar de Atacama, sino que están compartiendo este espacio y compitiendo por agua con otros proyectos mineros. En este caso proyectos como BHP Billinton de la Escondida y también minera Zaldívar, la cual es un Joint Venture de Antofagasta Minerals y Barrick Gold”, dice Morales.

Para Ramón Morales el daño es irreversible y sus consecuencia tienen un rechazo transversal desde distinto sectores de la comunidad. “La afectación o la intervención de la minería, los impactos que está teniendo en el paisaje y que están relacionados también con la flora y fauna, afectan actividades como el turismo. Nosotros observamos que hay manifestaciones desde otros sectores que están mostrando su preocupación y rechazo frente a la expansión de las operaciones de las empresas ya existentes y a la entrada de nuevos proyectos”.

Rolando Cruz es oriundo del lugar. Ha vivido toda su vida en Peine y desde la esquina de la plaza observa el paisaje y apunta: “Ese polvillo que se ve lo hacen las empresas. Con la explotación del litio tienen todo contaminado pero a nadie le importa”. Este pequeño agricultor afirma que con los años “todo se ha ido secando. Ahora tengo todo el maíz cosechado, pero antes todo lo consumíamos de la tierra. Sólo comprábamos el té y el azúcar, pero todo lo demás lo conseguíamos acá. Ahora ya nadie planta y tenemos muy pocos animales porque ya no hay agua”.

Rolando Cruz recuerda su infancia recogiendo los huevos de las parinas. Luego suspira hondo y agrega: “Los flamencos se han ido. Solo quedan las camionetas de las mineras. Y este polvo que nos contamina”.

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  • Se estima que en Chile existen cerca de 18 mil humedales y solo el 2 % cuenta con algún tipo de protección.
  • El humedal del río Lluta es el que tiene la mayor cantidad de especies en el país, con casi 200 aves registradas.
  • La ampliación de una ruta que pasaría sobre este sitio podría significar un daño irreparable para el ecosistema de la zona.

[Publicado originalmente en Mongabay]

En una tarde de primavera, una garza blanca aterriza suavemente sobre la arena. Avanza hacia una poza de agua y se sacude dos veces. A unos 10 metros de ella, una pareja de observadores desenfundan sus cámaras y se preparan para disparar una foto con cuidado y precisión para no generar ruido o algún movimiento brusco.

La escena se repite cada día, aunque cambian los fotógrafos y las aves que se inmortalizan en la imagen. El humedal del río Lluta, ubicado en la ciudad de Arica, frontera chilena con Perú y Bolivia, es un parada natural y obligatoria que alimenta, acoge y protege a casi 200 especies de ave migratorias y endémicas. Un espacio que ha protagonizado una lucha de organizaciones sociales, liderada por activistas, políticos y ambientalistas que se oponen a que el espacio sea intervenido para la ampliación de una carretera.

El también llamado Santuario de la Naturaleza protagoniza una polémica desde hace 6 años, cuando durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se propuso, ante el concejo municipal de la ciudad, ampliar el camino que conecta a Arica con el aeropuerto, ubicado en el sector norte, muy cerca de la frontera con Perú. Aunque la propuesta fue rechazada, la iniciativa se retomó durante el siguiente gobierno, el de Michelle Bachelet.

«Hago responsables a quienes aprobaron primero un estudio de prefactibilidad, que es un estudio que nos costó como ciudad, y es dinero de la gente, 160 millones de pesos (238 mil dólares) solo hacer el estudio. El consejo regional anterior lo aprobó», dice molesto el concejal Paul Carvajal, mientras observa el humedal.

El militante del partido Humanista cuestiona el proyecto de la ampliación de la ruta A210, pues la idea es aprobar un plano regulador que permita, además, la construcción de una zona logística para que, en esa extensa vía al aeropuerto, se construyan fábricas, locales nocturnos e, incluso, una zona inmobiliaria.

El humedal contempla en la actualidad 30,64 hectáreas protegidas bajo el concepto de Santuario de la Naturaleza, lo que se reduce al sector en el borde del mar. Sin embargo, el total abarca cerca de 300 hectáreas, que ya han sido divididas por la carretera actual que bordea la costa ariqueña.

Según los científicos consultados por Mongabay Latam, ese corte ya genera una intervención que afecta directamente el hábitat y la cantidad de especies que transitan por el lugar. Pero, de construir en los alrededores y transformarse en un área urbana, las aves, reptiles y roedores que conviven en el humedal, verían su cotidianidad aún más afectada por el ruido, las luces, el exceso de personas circulando y una serie de otros factores que determinan su existencia.

“El humedal en sí es un ecosistema especial que tiene el privilegio de poder contar, en términos de ave y fauna, con un 30 % de lo que uno puede observar en todo Chile. En el país, hay más de 500 especies y en este humedal se han registrado por lo menos 184”, dice Jorge Abarca, biólogo, académico y presidente de la organización Observadores de Aves de Arica y Parinacota.

Para Abarca la relación con el humedal es de toda la vida. Recuerda con nostalgia los paseos familiares a la playa Chinchorro y Las Machas, sector donde se encuentra la desembocadura del río Lluta. Desde pequeño se interesó por las aves y por eso no le parece extraño que hoy se dedique a la ornitología, que es como se le denomina a la observación de aves.

“Los observadores nos hemos dedicado a contemplar y a registrar en el humedal las aves, pero en realidad nos preocupa todo el entorno porque ellas no están solas en el mundo. Están relacionadas con otros organismos, que son los vegetales y los otros mamíferos menores”, aclara Abarca.

—Si el humedal ya está cortado, por la carretera actual, ¿qué significa en términos concretos que se extienda? ¿Cómo afectaría a la flora y fauna?— le pregunto.

“Dicen que van a hacer una extensión hacia un sector que se supone que no es humedal, pero sí lo es. Porque humedal no es solo lo que está asociado a las lagunas o a los espejos de agua, sino que todo lo que ves verde desde el mirador es humedal. Necesariamente estás indicando que va a aumentar el flujo vehicular”, dice preocupado el biólogo.

Abarca agrega que puesto que hay muchas carreteras construidas en el mundo cerca de humedales, los estudios biológicos en cuanto a los impactos son contundentes. “Para hacer una carpeta asfáltica tienes que drenar. Lo que haces tú es generar un corte en el flujo de la napa de agua que es subterránea por lo que dejas a un sector con una disminución en ese aporte hídrico y otro con un exceso”.

De hecho, según indica el científico, al observar la carpeta asfáltica actual que cruza el humedal, “se puede ver un sector bastante seco y otro bastante verde”.

El plano regulador que existe en la actualidad, que es el que dictamina las restricciones en cuanto al uso del suelo y lo que se puede o no hacer en el lugar, se encuentra en estudio debido a la controversia que ha generado la intervención del humedal. En él se indica que las áreas aledañas al santuario, tendrían la posibilidad de ser ocupadas por un estimado de mil personas por hectárea.

Su objetivo, es construir edificios de 50 metros, instalar negocios que podrían generar ruidos molestos, como discotecas o pubs e incluso, según indica la descripción del proyecto, construir “galpones de almacenaje de materiales tóxicos”

Al mismo tiempo, donde se pretende hacer el proyecto, se encuentra en estudio la posibilidad de ampliar la zona protegida. Ello, atendiendo la inquietud de los expertos, quienes señalan que el perímetro actual no es suficiente para disminuir las amenazas que puede sufrir el humedal y su ecosistema, ya que toda la zona aledaña sirve de amortiguación para mantenerlo sin mayores intervenciones.

“Un área protegida que tiene al lado algo que genere ruidos molestos, deja de ser un área protegida. Porque lo que hoy día perseguimos es que la fauna que está en este sector protegido esté libre de luces y libre de ruidos”, insiste Jorge Abarca.

Se estima que en Chile existen cerca de 18 mil humedales y solo el 2 % cuenta con algún tipo de protección. Sin embargo, no hay una institución o un cuerpo legal específico que los proteja. Hace 8 años que duerme en el Congreso una Ley de Biodiversidad y Áreas protegidas, mientras que en paralelo se discute una ley para proteger los humedales urbanos, que es la figura que podría tener el humedal del río Lluta en caso de que se amplíe la carretera y se construya en su entorno.

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Un oasis irremplazable

Los ambientalistas y profesionales que defienden la conservación del humedal del río Lluta son enfáticos. El área concreta que se puede proteger es variable, pero existe una estimación: 370 hectáreas en total, como mínimo. Aunque el ideal sería unas 500 hectáreas que incluyan un buffer o zona intermedia, que ayude a la absorción de impacto ambiental para atenuar cualquier impacto inmobiliario en caso de comenzar a poblar los alrededores. Luego de eso, debería estar el área protegida.

El primer obstáculo para ampliar la zona es que se trata de terrenos privados, en donde ninguna de las instituciones públicas que administran o defienden los humedales puede intervenir de manera arbitraria. La alternativa sería que el Estado compre los terrenos o bien los alquile con la intención de preservar el territorio aledaño al humedal.

Los observadores de aves, expertos y miembros de las organizaciones sociales insisten en que la lucha por el humedal de Arica no es aislada, ya que los humedales en el mundo están en peligro. En los últimos 100 años, se han perdido más del 50 % y señalan la responsabilidad de proteger este espacio pues no solo afecta al orden local, sino que la mayoría de las especies son migratorias.

“Si quieres viajar de aquí a Santiago, tienes que parar en ciertos lugares para poder abastecerte de combustible para seguir tu viaje. Piensa eso en aves que vienen desde Alaska o desde Canadá o desde el sur de Estados Unidos. Viajan 7000 u 8000 kilómetros y van parando en ciertos puntos. No cualquier punto les sirve. Y uno de esos puntos, donde ellas se abastecen, se alimentan, descansan y luego continúan su viaje, es el humedal del río Lluta”, enfatiza Abarca.

En caso de que llegara a desaparecer ese punto de abastecimiento en la ruta migratoria, se afectaría directamente el paso de las aves y podrían quedarse más arriba del continente o, simplemente, no volver. Ese escenario es perjudicial para la biodiversidad, pues se pierde un elemento de la configuración ecológica. Por ejemplo, si se pierde un invertebrado que es alimento de un ave o de un organismo, se corta la cadena natural. La pérdida de una especie no solo significa perder una estructura, sino que en términos genéticos significa perder los genes de adaptaciones a las condiciones particulares de Arica, una ciudad ubicada en el Desierto de Atacama, el más seco del mundo. Además, un humedal es, por definición, un absorbedor de Co2 y generador de oxigeno.

Otro punto relevante, es que las plantas del humedal resisten a una alta salinidad. Es como si se plantara en una maceta con una taza de sal. Pese a la escasa agua, estas plantas resisten y no se deshidratan. Esas condiciones genéticas, que todas las áreas agrícolas quisieran tener ante el estrés hídrico, se encuentran en amenaza en caso de intervención. Un nivel de adaptación a condiciones extremas que se consigue evolutivamente después de miles de años.

Defensa transversal

El humedal ha sido desde siempre un espacio de esparcimiento para la población: es un punto verde en una zona rodeada de áridos cerros. Justo en la desembocadura del río Lluta, las pequeñas lagunas que se forman en paralelo al mar han sido utilizadas por generaciones como piscinas naturales donde familias completas van de paseo para ver un atardecer, bañarse, hacer picnic, asados o pasear a sus mascotas. Considerarlo un espacio frágil que debe ser cuidado y protegido es una noción reciente, pero que aún no se puede considerar masiva. Solo un porcentaje menor de la ciudadanía entiende lo que significa para el medio ambiente su conservación.

Ronny Peredo, biólogo marino, ornitólogo, especialista en fauna silvestre y miembro de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, describe el humedal como un espacio excepcional, ya que “puedes encontrar fácilmente 40 especies de aves en un período de 2 horas. Aves que en el resto de Chile son difíciles de ver. Y puedes encontrar especies que para los chilenos son rarísimas y que no están en el resto del país, como las espátulas”. Los observadores coleccionan fotografías que atesoran por ser aciertos poco frecuentes. “La desembocadura del río Lluta tiene el más alto registro de especies raras en Chile por la condición de estar muy al límite de zonas más tropicales, porque mucha avifauna tropical del Amazonas llegan a este humedal”, resalta Peredo.

Rafael Vargas Maldonado es presidente de Terra Norte, una organización no gubernamental (ONG) que busca ejes de desarrollo para la ciudad. Entre ellos, está la cultura y la educación para incentivar buenas prácticas cívicas y respeto al medio ambiente. Cuando la ONG tuvo conocimiento de las condiciones y la falta de cuidado del humedal, que es administrado por el municipio de Arica, Vargas tomó la denuncia que apuntaba a la mala gestión y posible construcción en el lugar, y se la entregó a los dos biólogos que forman parte de la organización, que también incluye a otros 10 profesionales de distintas áreas.

Así comenzaron una investigación que evidenció había algo más profundo. “Empezamos a ver que estaba un poco enlodado el tema. Que había cosas que no querían mostrar aunque estábamos pidiendo por Ley de Transparencia (ley de acceso a la información) los estudios, pero no los entregaban”.

Allí confirmaron que fue el secretario regional ministerial (seremi) de Obras Públicas que, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, propuso la prolongación de la carretera, la ruta A210, que atraviesa el humedal para conectar con el aeropuerto. Vargas tuvo acceso al estudio de prefactibilidad que había sido encargado por el seremi y que tuvo un costo millonario para la región.

“Este estudio dice que el objetivo principal de la ruta es acortar los tiempos de traslado al aeropuerto. En un tiempo cuando el aeropuerto de Arica era internacional. Ya no lo es. El mismo estudio de prefactibilidad dice que no cumple con las condiciones”, dice Vargas. “Entonces cuando el mismo estudio te dice que no se van a acortar los tiempos de traslado, quiere decir que el proyecto es inviable, no sirve, tienes que buscar otras alternativas y ellos se cerraron en esas. Nosotros presentamos una opción distinta para que no se entienda que las organizaciones ambientalistas decimos que no al progreso”, enfatiza Vargas.

A pesar de los resultados arrojados por el estudio de factibilidad, este fue aprobado. Más tarde fue rechazado y ahora está siendo evaluado nuevamente. Desde que se ideó el proyecto que pretende ampliar la ruta al aeropuerto en 2012, los diversos concejos municipales han rechazado la propuesta, sobre todo por la respuesta ciudadana de las diversas organizaciones que defienden el humedal. En los últimos 6 años se han ideado numerosas estrategias para frenar su intervención, pero es primera vez que existe una coordinación liderada desde la Municipalidad, por lo que existe una gran expectativa de que en esta oportunidad sea rechazado y descartado definitivamente.

Decisión política

La ONG ariqueña insiste en que apoyan cualquier proyecto relacionado al progreso, siempre y cuando sea sustentable. Por eso buscaron apoyo en distintas instancias: parlamentarios, alcaldía, concejo municipal, gobierno y con otras organizaciones sociales.

Vlado Mirosevic, diputado por Arica, cree que el gobierno ha caído en una contradicción, pues por un lado quiere declarar la extensión del humedal y, por otra, quiere continuar con el proyecto de la carretera . «El Ministerio de Obras Públicas ha intentado hacer un proyecto que va afectar de manera directa al humedal. Ellos han intentado decir que esto no sería directamente una carretera del humedal. Pero al ser la continuidad, un poquito más allá del humedal, obviamente que tiene por objeto aumentar el flujo vehicular de ese sector. Por lo tanto, va haber una afectación directa sí o sí”, explica el parlamentario. Y añade: “será un impacto negativo sobre todo para las aves que anidan ahí y ya hemos perturbado bastante esa tranquilidad como para además seguir haciéndolo”.

“Creo que la discusión del plano regulador es clave y así se lo hemos pedido a la municipalidad, que mantenga la vocación de protección del lugar”, aclara Mirosevic. Y asegura que la actual administración comunal ha mostrado una gran voluntad, en comparación a gobiernos anteriores.

El biólogo marino Ronny Peredo concuerda con la visión de Mirosevic. “La administración (municipal) anterior tenía otra visión de lo que es la protección ambiental en Arica. Era más invasiva. La idea de ellos era llevar la ciudad hacia allá, hacia el lado norte, y ahí se encuentra la razón de por qué se quiere construir esa vía al aeropuerto”, señala Peredo.

El biólogo reconoce que “los movimientos sociales lograron que esto se convirtiera en una reserva natural municipal reconocida por la comunidad. Lo que tiene un gran valor”. A pesar de ello, “en los años que yo llevo un monitoreo sobre el humedal, que son ya 25 años, hemos visto un cambio respecto a la fauna bastante grande. Por ejemplo, antes encontrábamos (únicamente) roedores silvestres y ciertas aves silvestres, que en general no se encuentran en sectores urbanos. Hoy ya encontramos aves urbanas en el humedal. Ya encontramos roedores citadinos: ratas, ratones de alcantarilla y perros. Entonces ya vemos que se está urbanizando”, dice el ornitólogo.

Un humedal con guardaparques

Es una tarde despejada y cálida, aunque corre una pequeña brisa en el humedal de Arica, tan habitual en la costa. Dos guardaparques se pasean por el borde del mar, mientras algunos turistas se instalan en un mirador a fotografiar a una garza blanca. A unos metros, por el sendero, un observador de aves se acerca delicadamente para fotografiar la zona de nidificación. La presencia de estos gestores comunales no es azarosa. El ayuntamiento ha asumido un rol clave, alentados también por las ONG y ambientalistas, para aumentar la protección del lugar. Desde agosto estos funcionarios municipales utilizan las herramientas e instrumentos disponibles.

“Antes de tener guardaparques, nosotros desde la alcaldía creamos grupos de funcionarios municipales que hacíamos turnos. Empezamos desde el 31 de diciembre de 2017 y terminamos en marzo con turnos con todos los funcionarios. Se hablaba con los directores para saber si tenían personal que quisiera ir al humedal a hacer jornada de fiscalización. Hay una ordenanza que establece qué se puede hacer y que no, entonces la idea también era poder tener una presencia municipal en el lugar y poder acompañar una educación ambiental”, dice Danisa Palleros, encargada de la Oficina Comunal de Medio Ambiente de la Municipalidad de Arica.

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