¿Cómo las plantaciones de caña cambian la forma de vida de la TCO Tacana 1, en la Amazonía paceña? Muchos indígenas cedieron sus tierras para ser desmontadas, y los que se resistían no pudieron luego de la pandemia de la Covid-19. Su modo de subsistencia está amenazado y los beneficios no llegan. En este trabajo colaborativo entre La Brava y Ecuanasha Televisión, medio local de Rurrenabaque, se muestran algunas de las consecuencias de este monocultivo que acecha más y más bosque, en tanto que, para el Gobierno nacional, el dato sobre la cantidad de hectáreas deforestadas es “reservado, secreto y confidencial”.
Por donde antes corrían libremente animales como el jochi, taitetú, tortugas, lagartos, monos y otras especies silvestres, se imponen ahora 124 hectáreas de cañaverales. Del frondoso bosque que rodeaba a Buena Vista –una de las 20 comunidades del Territorio Indígena Tacana, en la Amazonía paceña– va quedando poco. Caminar por este lugar, que equivale a 173 canchas de fútbol, implica resistir los 35 grados centígrados en primavera. La falta de sombra que daban los altos árboles, arrasados hace cinco años, dificulta el recorrido.
Los habitantes cuentan que en este lugar, y en la parte urbana de la comunidad, la temperatura ha ido subiendo desde 2016. Aquel año comenzó la deforestación para plantar caña, y así proveer a la estatal Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA), ubicada en el municipio de San Buenaventura del departamento de La Paz, y que colinda con parte de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) Tacana 1.
“El aire no se siente puro. Antes de que llegue la empresa (EASBA) nadie chaqueaba (desmontar) de esa manera, con máquinas”, cuenta el corregidor de Buena Vista y uno de los productores de caña, Julio Duval.
El área donde antes cazaban los habitantes de Buena Vista. Foto: Esmeralda Cartagena
No sólo el paisaje del territorio tacana cambió, sino el de todo el bosque de alrededor, donde ahora se cultiva caña. Desde el inicio de la construcción de EASBA (en 2010) se deforestaron, hasta 2019, 4.573 hectáreas de área boscosa, según el estudio Agroindustria y Amazonía boliviana: El caso de la Empresa Azucarera San Buenaventura, de Daniel Robinson (Cedla, 2019).
Esa desaparición implicó, por ejemplo, la pérdida de semillas nativas y manchas naturales de majo y asaí, cuyos frutos recolectan los indígenas para uso medicinal y alimenticio, todo como parte de su gestión territorial y de sus prácticas tradicionales.
Es cierto que la caña representa un ingreso para las comunidades, pero tiene efectos negativos debido a la pérdida de foresta, dice la presidenta del Consejo Indígena de Mujeres Tacanas (CIMTA), Mariane Quenevo.
“Los animales están migrando; como tacanas somos afectados porque nos alimentamos de la carne del monte, y para nosotros es un problema que se deforeste más cada año”, expresa su preocupación la dirigenta.
La relación que tienen los indígenas con el bosque es primordial para su vida. Según el estudio Ingresos económicos en hogares de la TCO Tacana I (2017), de la investigadora Zulema Lehm, la primera fuente de ingresos anuales es la venta de fuerza de trabajo, pero las actividades basadas en los recursos naturales y que no implican cambio en el uso del suelo llegaban a un 52%. Dichas actividades son el aprovechamiento forestal maderable y leña, pesca, caza, turismo, aprovechamiento forestal no maderable y la recolección de mieles nativas.
EASBA cambió esa lógica. Esta empresa comenzó a operar en 2017, más de seis años después del inicio de su construcción, y le costó al Estado 265 millones de dólares, monto proveniente de tres créditos del Banco Central de Bolivia (BCB), de los cuales aún no se pagó ni la cuarta parte.
El gobierno del entonces presidente Evo Morales (2006-2019) auguraba con esta obra el desarrollo no sólo del país, sino de las comunidades del lugar. Con ese argumento impuso una empresa en medio del bosque amazónico de La Paz, cuya vocación es forestal.
Las promesas gubernamentales llevaron a algunos indígenas locales –además de los llamados interculturales (indígenas provenientes de tierras andinas)– a apostar por esta actividad que, confiaban, les daría ingresos prontamente.
Buena Vista, que alberga a más de 100 familias, fue la primera comunidad tacana que aceptó plantar caña en 2017, y 20 socios se dieron a la tarea que, en septiembre de 2021, ya les ha permitido una tercera zafra.
Ésta es una de las cuatro comunidades indígenas que está al sureste de los predios de la empresa estatal azucarera y una de las ocho comunidades tacanas donde EASBA proyectó el cultivo, lo mismo que en los predios de 14 comunidades interculturales.
El monocultivo está casi en la mitad de las 20 comunidades del territorio –es decir, en nueve de ellas–, según datos del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA).
TCO Tacana 1, ubicada entre San Buenaventura e Ixiamas, y el área de EASBA.
En la zafra de este año, la comunidad cosechó 994 toneladas y, por esa cantidad, cada uno de los 20 socios recibió 8.500 bolivianos, monto que llega a cubrir sólo una parte de sus gastos anuales; para el resto, deben acudir a otras actividades.
La modalidad con la que participan los actores cañeros, establecida en el Reglamento para la prestación de servicios agrícolas a productores de la caña de azúcar, es por contrato y alquiler de tierras. Es decir, las comunidades ceden una cierta cantidad de hectáreas y EASBA es la que se encarga de desmontar, preparar el suelo, sembrar y cosechar.
El desmonte no es gratuito, implica una deuda de 4.000 dólares por hectárea desmontada. En el caso de Buena Vista, la deuda llegó a cerca de medio millón de dólares, es decir, a 3.452.160 bolivianos.
“Como la empresa nos ha hecho todo el trabajo de desmonte para la siembra, ésta se lleva el 80% y nosotros el 20%, a manera de pagar la cuenta con la empresa. Ése es el acuerdo que tenemos como grupo. De los cuatro millones, hemos pagado un millón. Como tenemos tercera zafra, yo creo que vamos a pagar casi dos millones ya”, confía Duval, quien es un promotor de esta actividad.
La investigación Territorios en transición: Análisis de las condiciones de la conflictividad territorial y socioambiental en el Norte de La Paz, de la investigadora Suzanne Kruyt (Fundación Tierra, 2021), explica que los contratos son de entre cuatro y cinco años, y el nivel de ganancia de cada productor puede variar considerablemente, según la calidad y cantidad de la producción y del nivel de deudas acumuladas.
Duval explica que, por ejemplo, en su primera cosecha la caña tenía al menos cuatro pulgadas de grosor, pero que para la segunda y tercera fue reduciéndose.
La modalidad fue cuestionada en distintos momentos y por diferentes actores cañeros, quienes sienten que la ganancia es mínima. La comunidad tacana Altamarani, que va por su tercera zafra, pidió el 30% de los ingresos, solicitud que fue denegada por EASBA.
Además, no todos los tacanas que cultivaron se vieron beneficiados. Los pobladores de Carmen Tahua, del municipio de Ixiamas, a 83 kilómetros de distancia de la planta de EASBA (superior a los 60 kilómetros establecidos), aún no recibieron ganancias.
Los cañaverales en Carmen Tahua están a unos metros del área urbana. Foto: Esmeralda Cartagena.
Carmen Tahua destinó 171 hectáreas, otrora pastizales naturales de engorde, a esta actividad. Al caminar entre los cañaverales, que están muy cerca de las casas, se nota que el diámetro de la caña no llega a los ideales nueve centímetros: apenas mide tres, en el mejor de los casos, y por ello EASBA rechazó esta cosecha.
La comunidad firmó el convenio en octubre de 2020, pese a que no estaba considerada en las comunidades previstas por EASBA, y esperaba cosechar en la zafra de 2021, iniciada en septiembre.
Debido a que en el convenio entre ambas partes, al que accedió La Brava, se establece que la empresa adquirirá la producción de la caña “siempre que cumpla los parámetros mínimos aceptados por la empresa”, aquélla no cosechó la producción.
La industria no brindó la asistencia técnica comprometida, reclama el representante de la Asociación de Cañeros de Carmen Tahua, David Delgadillo Chuqui, y por eso no se habría logrado el objetivo. Además, la semilla brindada por la empresa no fue de buena calidad, añade el dirigente.
Lo sembrado quedó, por tanto, como “caña parada” en terreno, es decir, sin cosechar. Según el convenio, esta situación debería ser cubierta por la empresa, pero hasta ahora no ocurrió.
La Brava consultó sobre éste y otros aspectos al actual gerente de EASBA, Rony Alcaraz, pero la autoridad se abstuvo de dar información porque –argumentó– se requiere de una autorización del Ministerio de Producción.
La producción industrial de caña requiere de condiciones que los suelos del bosque alto no tienen, y por ello se necesita aplicar cal y otros químicos, explica el investigador y agrónomo Daniel Robinson.
“Los suelos en este sector de San Buenaventura son de dos tipos diferentes. Cerca del río Beni se está produciendo mejor la caña, pero la mayor parte de la tierra donde querían producir es de suelo ondulado, como cerca de la carretera”, afirma Robinson.
Pese a esta situación –y a que los comunarios de Buena Vista están conscientes de todos los problemas que trae el cambio de uso de suelo para ampliar la frontera agrícola– tienen planeado sumar 800 hectáreas a la nueva agricultura para 2022. También están listos para plantar maíz y arroz de forma mecanizada y dotar a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa).
Las presiones
Una tacana recolecta agua del arroyo Maige de Tres Hermanos. Fotos: Rocío Condori.
Hasta marzo de 2020, Teresa Suárez Tayo y otras indígenas tacanas se adentraban al bosque desde muy temprano para recoger sululu, majo, flor de asaí y otros frutos. Además, confeccionaban una variedad de artesanías que ofrecían a los turistas que llegaban hasta Tres Hermanos. Todo cambió desde la llegada de la pandemia del coronavirus, que paralizó el turismo, y por eso ella y el resto de las familias del lugar no vieron otra opción que ceder a lo que se resistieron por cinco años: que el cultivo de la caña de azúcar entre a su comunidad.
—Todos hemos dicho que vamos a trabajar en la caña, porque parece que hay ganancia —, dice Teresa, y su voz suena cansada.
Teresa Suárez, en el arroyo Maige, de Tres Hermanos. Foto: Rocío Condori.
Junto a otras mujeres tacanas, cocinó toda la noche para festejar el vigésimo segundo aniversario de la comunidad que ella, su esposo y cuñados fundaron. El festejo coincidió con los días del inicio del desmonte de 400 hectáreas para la caña, las que están en el área de aprovechamiento forestal, de donde los comunarios también obtienen parte de sus ganancias.
Con este cambio de uso de suelo, Tres Hermanos se suma a las ocho comunidades que ya están inmersas en el cultivo cañero.
Teresa y Federico Chipunavi, este último corregidor de Tres Hermanos, son los encargados de hacer seguimiento al desmonte que está a cargo de un empresario asiático, el que les compra las troncas que se aprovechaban como parte de los planes de manejo. A diferencia de las otras comunidades, ésta logró acordar 1.200 dólares por desmonte y no 4.000, como cobra EASBA.
Camino hacia el área de aprovechamiento forestal de Tres Hermanos. Foto: Rocío Condori.
La comunidad lograba sus ingresos combinando el turismo, planes de manejo forestal, pesca y caza, pero después de la pandemia sólo le queda los ingresos de la venta de madera. Debido a esta situación, cedieron a la caña, pese a que las dos comunidades vecinas tienen deudas millonarias y a que pocas promesas se les han cumplido.
“Había mucha expectativa, inicialmente; iba a haber buenos resultados, de acuerdo con lo proyectado. Dijeron que al entrar el tema de la caña se abrirían caminos vecinales, y que habría desarrollo. Una vez que se implementó, fueron sólo promesas; no se cumplió lo proyectado”, explica el presidente del Consejo Indígena del Pueblo Tacana (CIPTA), Sergio Quenevo.
Los comunarios de Tres Hermanos, por ejemplo, cuentan que hace algunos años se les prometió la conexión de energía eléctrica, pero este servicio acaba de llegar gracias a la gestión de la comunidad y del CIPTA ante el Gobierno Municipal de San Buenaventura. Si no, no se hubiese logrado.
Aun así, las 18 familias de Tres Hermanos albergan la esperanza de que la caña les ayude a tener ingresos. Esa esperanza es su consuelo en medio de la decisión que no fue nada sencilla, porque la asumieron pese a conocer las amenazas que implica.
En 2016, todos los tacanas, explica Quenevo, objetaron que la empresa avance sobre las que consideraban sus tierras. Ante los cuestionamientos –recuerda– las autoridades gubernamentales de tierras anunciaron auditorías a las TCO para ver si estaban haciendo un buen manejo del bosque.
Las advertencias no se concretaron, pero es un discurso recurrente del gobierno del MAS. A finales de septiembre de este año, el diputado masista José Nogales planteó que el Gobierno realice una auditoría y revisión de las TCO.
“Somos la única comunidad que no está trabajando (con caña), pero por esas amenazas estamos ingresando con 300 hectáreas”, revela Eulogio Chipunavi, cuñado de Teresa Suárez y presidente de la Organización Territorial de Base (OTB), mientras descansa de su trabajo de extracción de madera, en el mismo suelo donde se plantará caña en 2022.
Los comunarios de Tres Hermanos rechazaron este cultivo porque no sólo vieron, sino que sufrieron las consecuencias de la deforestación en las comunidades que aceptaron las plantaciones.
Una mañana de 2017, los pescadores se sorprendieron al encontrar peces muertos en los arroyos Maige y Jiruma, donde los tacanas de Tres Hermanos y la vecina Altamarani pescaban para alimentarse. Además, el agua cristalina llevaba manchas de color ocre, presuntamente de los lixiviados de la planta procesadora de EASBA, lo que causó problemas digestivos e irritación de piel en los comunarios.
Los residuos de contaminación en los sedimentos del arroyo Maige son todavía visibles. Foto: Rocío Condori.
Los indígenas se quejaron, pero las autoridades estatales todavía no se hicieron presentes para comprobar aquella contaminación, pese a que el CIPTA recolectó muestras, en convenio con la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), cuyos resultados todavía no son públicos.
“Ya no tenemos pescado en el arroyo Maige. Antes mis hijos correteaban a los pescados, ahora ya no se ven”, lamenta Teresa.
El Maige luce solitario, en sus sedimentos se aprecian restos aceitosos. Es más, hace unas semanas –debido a que la bomba de agua de la comunidad se estropeó– Teresa Suárez y sus vecinas fueron a bañarse allí y sintieron el agua grasosa y ardor en el cuerpo.
Desde un inicio, los tacanas cuestionaron el hecho de que no se les haya consultado sobre la implementación de EASBA. Hubo algunas reuniones de socialización, pero no se realizó la consulta previa, libre e informada, estipulada en las normativas nacional e internacional. Tampoco se les dio a conocer los estudios de evaluación de impactos ambientales.
Teresa, al igual que los otros habitantes de Tres Hermanos, está resignada a los cambios en la biodiversidad, pero al mismo tiempo espera que los ingresos de la caña alcancen lo que ganaban con el turismo.
La resistencia
Sandro Marupa, junto a sus artesanías hechas con material del bosque. Foto: Rocío Condori.
Mientras Sandro Marupa camina por medio del bosque en busca del árbol de chonta para sus artesanías, comenta que es cierto que los habitantes de Bella Altura, su comunidad, se dedican a la agricultura, pero lo hacen en pequeñas parcelas, máximo de una hectárea, mientras que la caña implica enormes extensiones y uso de maquinaria pesada.
“La mecanización nos va a afectar negativamente. Si volviéramos a lo de antes, a modo de proteger y cuidar el bosque y el medioambiente, obtendríamos la misma cantidad de producción. Entre media hectárea y una hectárea es suficiente para el consumo de todo el año”, dice.
Los habitantes de su comunidad, como la mayoría de la TCO tacana, producen arroz, maíz, yuca y plátano, principalmente para su autoconsumo y, en caso de excedente, acuden a vender en el centro del poblado, o intercambian con otros alimentos. El trueque fue, de hecho, clave durante la fase dura de la pandemia.
Sandro Marupa aprovecha los troncos de los árboles adultos de chonta para su trabajo artesanal. Foto: Esmeralda Cartagena.
Este hombre tiene 20 años de experiencia convirtiendo la chonta en bandejas, platos, trinches y otros implementos para la cocina. Es uno de los varios artesanos que se resisten a cultivar caña en Bella Altura, que al igual que Tres Hermanos pronto desmontarán 200 de las 400 hectáreas de su plan de manejo para aportar con materia prima a EASBA.
Antes de la deforestación prevista, la comunidad ya siente los efectos de la ampliación de la frontera agrícola, pues la empresa obtuvo en comodato un área que era concesión forestal y que los tacanas reclamaban como parte de su territorio. Esa área es Limoncito, que los comunarios de Bella Altura, Altamarani y Tres Hermanos compartían para cazar y recolectar frutos.
Los cañaverales de EASBA colindan con lo poco que queda de Limoncito; ese poco fue defendido por los comunarios. Aun así, Marupa siente que lo deforestado afecta silenciosamente a los tacanas, y amenaza no sólo su trabajo, sino su modo de vida.
“Limoncito ha sufrido un gran impacto, y ha hecho que los animales huyan. Para cazar tenemos que caminar unos 45 kilómetros”, relata parado en el límite de Limoncito y EASBA.
La deforestación afectó también al turismo, dice Marupa, pues incluso antes de la pandemia los turistas ya no se sentían atraídos por las áreas deforestadas a causa de las actividades del ingenio.
A través de dos decretos, el Gobierno habilitó 48.000 hectáreas, en 2012, y 97.000, en 2016, para el cultivo de caña. De esta última cantidad, el INRA otorgó a EASBA tierras en calidad de “usufructo” en el área denominada PROINSA —menciona el estudio de Cedla— donde se encuentra parte de lo que los tacanas consideran sus tierras ancestrales. Desde 2010 que ellos demandan que se les dé el título de dichas tierras, y lo propio hacen las comunidades interculturales, pero ahora esa área es considerada tierra fiscal.
El cultivo de la caña es la punta de lanza para penetrar en el territorio ancestral del pueblo tacana, considera el representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contioca), Alex Villca. “Quién sabe si más adelante vayan a poner otros monocultivos, como sorgo, soya y maíz. Hay una intencionalidad clara: despojar a las poblaciones indígenas con grandes proyectos”, afirma.
Secreto de Estado
La cantidad total de hectáreas deforestadas para sembrar caña de azúcar en la TCO Tacana 1 es secreto de Estado, así respondió la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), entidad que autoriza los desmontes, ante la insistencia periodística. La carta de respuesta afirma que dicha información tiene “carácter reservado, secreto y confidencial”, por lo que no brindará el dato.
La confidencialidad no corresponde, opina Robinson, sobre todo porque está relacionada con una actividad financiada con dinero del Banco Central de Bolivia. Es un tema de transparencia, dice.
En 2019, EASBA solicitó un nuevo crédito al BCB, con el fin de sumar 8.912 ha para producir alcohol anhídrido; es decir, que se planea deforestar el doble de lo ya deforestado.
Para llegar a Limoncito, Marupa y su familia deben viajar cuatro horas en moto, atravesando el área de EASBA, y luego caminar al menos otras cuatro horas, no sin antes pedir permiso a la empresa para entrar a su propio territorio. Esto, debido a que el ingenio se interpuso entre el área de influencia para el aprovechamiento y el consumo de la flor de asaí y majo.
“Cuando se estableció el ingenio, automáticamente nuestros espacios fueron desmontados; justo donde había los frutos y material para trabajar”, aclara el tacana.
Sandro Marupa pule un anillo de chonta. Foto: Rocío Condori.
Este largo recorrido demanda tiempo, el cual no se expresa en los precios de los productos artesanales, pues los intermediaros no quieren pagar más. “Si hacemos números de lo que debe costar una artesanía, tomando en cuenta el valor cultural y el de la recolección en el bosque, ya no es rentable”, afirma.
Del bosque, además, las mujeres aprovechan las plantas medicinales. Elia Mamío, mamá de Marupa, cuenta que ella se curó y curó a otras personas del coronavirus con hierbas de monte, como matico rojo y romero, y que por eso le interesa que la ampliación del cultivo de caña no afecte el monte. Es posible que la cura contra la Covid-19 no sea como se describe, pero lo cierto es que en un territorio donde no llega el sistema de salud moderno, los conocimientos ancestrales, que tienen en el bosque su contraparte, son indispensables para sostener la vida.
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Fotos: Esmeralda Cartagena, Rocío Condori y Rafael Acuña.
Foto de portada: Área Limoncito, antiguo espacio de cacería. Esmeralda Cartagena.
Videos: Rafael Acuña y Mauricio Durán.
*Este reportaje fue realizado gracias al apoyo del Amazon Rainforest Journalism Fund, en alianza con el Pulitzer Center.
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Concesiones, contaminación y compensación social provocan pobreza y hartazgo en la comuna El Edén. Hace 2 años Petroecuador firmó el último convenio y desde entonces opera de forma irregular sin el consentimiento de la población, afectada por enfermedades de la piel, estomacales y cáncer. Tras casi 20 años de explotación petrolera en su localidad, no cuentan con agua potable, electrificación o adecuada atención a la salud. Derechos básicos se ofertan en convenios incumplidos.
Con pancartas en alto y acompañados de sus hijos, mujeres y hombres de la Comuna El Edén exigen a la petrolera estatal Petroecuador renovar el convenio de compensación social por explotación del crudo en sus tierras. La estación petrolera Edén Yuturi está asentada en el territorio ancestral Kichwa Naporuna, a tan solo tres kilómetros del poblado. La zona de influencia del Bloque 12 EPF afecta a 900 personas por contaminación de tierra, agua y aire. Llevan 40 días de protesta pacífica en medio de la transición del nuevo gobierno de Guillermo Lasso. La presente crónica narra las actuales condiciones que atraviesa la comuna El Edén, un paraíso envenenado por la industria petrolera.
Atestiguar la selva
Detalle del rocío sobre unas hojas, Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
A 300 km de Quito, en la ciudad fronteriza de El Coca, Edwin Coquinche, un joven emisario del pueblo Kichwa Naporuna, espera en el puerto artesanal. Tenemos el permiso para ingresar al territorio ancestral de los kichwas amazónicos. Nos embarcamos en una canoa a motor para cincuenta personas. La madera se ha reemplazado por la fibra de vidrio. Es un hermoso día para navegar aguas abajo el río Napo. 98% de humedad. La lluvia es constante. Cuando se detiene, deja pasar el sol entre las nubes espesas.
Rótulo indicativo de las distintas plataformas existentes en la zona, Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Tras cuatro horas en canoa aguas abajo en el río Napo llegamos a El Edén, una de 238 comunas y comunidades de la provincia de Orellana. Su extensión es de 864 Km2. Como su nombre anuncia, El Edén es un pequeño paraíso. Árboles de frutas tropicales, plantas y flores autóctonas caen. Y tan pronto pongo un pie en tierra kichwa, el aparecimiento de un niño jugando entre las ramas de los árboles, marca el inicio de este viaje. Cubierto de barro de pies a cabeza, solo sus ojos se iluminan. Paúl es un niño de ocho años que se divierte columpiándose con una cuerda en la rama de un árbol de mango. Con un salto desde el árbol, se zambulle en las aguas del río sin preocupación porque el «río es también espiritual». Las historias de los abuelos se refieren a Amazanga, espíritu de la selva, como a un niño juguetón.
Subimos a la camioneta que la comuna financia para el transporte dentro del territorio cada hora. De esta forma, cuatro kilómetros se recorren en 15 minutos hasta el punto donde esperan nuestros anfitriones. Atravesamos un camino de gravilla en el bosque Siempre verde de tierras bajas, parte del sistema Aguarico-Putumayo-Caquetá.
La resistencia a menor escala: mariposas diminutas simulan con sus alas los colores y los pétalos de flores enanas; hormigas que cargan hojas hacia escondites donde la vida resiste; la captura de los rayos solares entre platanales y arbustos silvestres. Las petroleras han abierto caminos para conectar las plataformas de exploración y explotación. Empieza el desfile de letreros y señalética para indicar la dirección de las plataformas k, a, t, f, e, r, por un lado, c, h, j, d, i, g, hacia el otro sentido. Banderines rojos con la palabra «peligro» se levantan a los costados de largas tuberías que serpentean la superficie de la tierra. Avanzan, rodean, parecen no tener fin. «Ramales» o líneas secundarias que transportan petróleo crudo desde El Edén a Lago Agrio, con una extensión de 135 km.
En el trayecto, el olor de la combustión nos golpea. Un mechero está encendido en El Edén. Quema gas que tiene propano, butano (GLP) y metano (gas natural). Se divisa desde las aguas del río. Hollín, óxidos de azufre, y otros gases contaminantes generan una combustión que eleva la temperatura. Atrae a los animales y los quema. Aves, mariposas e insectos atraídos por la luz agonizan a su alrededor. Hay 447 mecheros encendidos en la Amazonía según datos del «Colectivo Eliminen los mecheros que encendemos la vida» registrados en 2020. Ecuador quema en mecheros a cielo abierto más gas que Brasil, Qatar y Canadá. Esta no es otra expedición al corazón indomable de la selva.
Acampar y resistir en comunidad
Desde el 10 de Mayo de 2021, se instaló un campamento para impedir el ingreso a la estación petrolera Edén-Yuturi en protesta. Unos 50 comuneros permanecen con sus familias a la espera de la nueva firma de un Convenio de Compensación Social en beneficio de su comuna. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Llegamos a una bifurcación en el camino que por un lado, conecta a la estación petrolera Edén Yuturi. En este lugar, los comuneros de El Edén sostienen un campamento rudimentario. Palos y plásticos levantan sombras para guarecerse de la continua lluvia. Se divisan una larga fila de motocicletas y un tanque cónico para unos mil mililitros de agua de uso comunitario. De un total de 169 familias, al menos unas 50 personas permanecen en el campamento. El 10 de mayo de 2021, para algunos trabajadores finalizó el contrato con la petrolera local. Fue la fecha en que las autoridades comunales escogidas por 284 socios, decidieron plegarse a una protesta pacífica.
Nos reciben en asamblea. Idalba Alvarado, la tesorera de la Comuna, se dirige a la comunidad en español y kichwa. Nos presentamos y agradecemos que se nos permita convivir en comunidad. Nos ofrecen comida y chicha, una bebida tradicional que preparan las mujeres con base en la trituración y fermentación de la yuca. La chicha sostiene el espíritu y sacia el hambre bebiéndose constantemente entre hombres y mujeres. Una electricidad despierta la lengua con la primera ingesta del mismo pocillo.
Desde el 10 de mayo, los pobladores decidieron protestar pacíficamente. Con palos y plásticos improvisaron carpas bajo las cuales ellos y sus hijos se resguardan de la lluvia. La cocina se instaló en medio del campamento con ollas donde se cocina yuca, verde y arroz. Pollos se preparan en un asador casi al ras del piso. «A veces, las cosechas en las chacras sólo se dan una vez y después los árboles mueren» comparte Edwin. El suelo es apto para agricultura de ciclo corto.
La pesca, una actividad vital de los Kichwas Naporunas se dejó de hacer en el río Yuturi, donde ya no hay peces, río sagrado de la comuna. Los peces se cultivan ahora en piscinas. Nos ofrecen lo mejor de su casa, las raciones del día. El valor de cada bocado, se recibe con generosidad y una carga de tristeza.
Una mujer camina junto a carteles ubicados alrededor del campamento con textos explicativos sobre las compensaciones que ha incumplido la empresa petrolera. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo.
En las mallas metálicas que cercan el campo, colocaron carteles citando la ley: el artículo 57 de la Constitución del Ecuador reconoce y garantiza los derechos colectivos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de acuerdo con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.
Los comuneros de El Edén exigen que las autoridades de Petroecuador los escuchen y firmen un nuevo Convenio de Compensación Social que expiró hace dos años. Esta no es la primera vez que protestan y exigen el cumplimiento de los Convenios. En 2015, el pedido a la petrolera (Petroamazonas E.P) era el mismo: agua potable, una casa de acogida, un embarcadero, una casa de salud, y remediar los derrames de crudo de 2012 y 2014.
Las peticiones «son migajas» expresa molesto un comunero. La producción del Bloque 12 es de 28.462 barriles de petróleo por día (bppd); en la central de facilidades de producción electrónica de exteriores, EPF (por sus siglas en inglés) se procesa el crudo proveniente de los Bloques 31 y 43, llegando a un volumen de 89.654 bppd. En territorio de la comuna El Edén se procesa cerca del 23% del total de la producción nacional está en 500.364,57 bdpd.
Ser un hijo Kichwa Naporuna hoy
Retrato de Edwin Coquinche. Heredero del Sacha Runa Yacha, el conocimiento del hombre de la selva. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Edwin Coquinche tiene 23 años. Se ofreció voluntariamente a acompañar a este equipo periodístico cuando su comuna pidió ayuda para denunciar. Ha dejado de hablar kichwa por vergüenza. Aprendió a cazar a los 14 años. El último animal que cazó fue una huangana, un puerco del monte. Tuvo que internarse mucho más adentro de la selva para encontrarlo después de horas de búsqueda. Tiempo atrás, cuando sus padres llegaron a El Edén, los animales se criaban en abundancia en las orillas del río Napo.
— ¿En qué trabajan los jóvenes de tu comunidad?
— En trabajos que nos ofrece la petrolera. Cavando zanjas.
— ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste para la petrolera?
— En noviembre. Pero tuve que renunciar. Enfermé de covid. Me hicieron los exámenes y fui el único contagiado de una cuadrilla de 12 trabajadores.
— ¿Qué pasó? ¿La petrolera te dio asistencia médica y receta?
— Me aislaron por 14 días. Dentro del campamento, no mejoraba. Solo me sentía peor con un gran dolor en la garganta. No podía respirar. Mi papá me llamó. Me dijo que debía salir de ahí sino podría morir.
— ¿Cómo hiciste para llegar a casa de tu familia?
—Caminé tres kilómetros hasta la casa de mis padres.
Mariela Mamallacta de 25 años abraza a su bebé Joel, recién nacido. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Encuentro bajo uno de los plásticos a Mariela Mamallacta de 25 años. Su pequeño hijo, Joel, tiene solo un mes de nacido. Compartimos el mismo plato de comida. Una madre tiene más hambre cuando da de lactar a su bebé.
—¿Cómo es cuidar a un bebé recién nacido en un campamento sin agua?
—Difícil —responde la madre primeriza abrumada por el llanto de su hijo. Le limpia el cuerpo con el agua de pozo que tiene en un recipiente cercano. También recoge agua de lluvia.
Una de las tuberías que forma parte de los «ramales» que transportan crudo en un trayecto de 135 km desde la estación Edén a Lago Agrio. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Un grupo de jóvenes están sentados en la orilla del camino. Uno tiene 21 años, el segundo 26, y un tercero 33 años. Vestidos con trajes overol, la vestimenta habitual que entregan las petroleras a los contratados, descansan en su tiempo libre. Pregunto sobre su empleo:
—¿En qué trabajan para la petrolera?
— En obra civil.
—¿Eso qué significa?
—Hacer huecos. «Trabaja. Cava.» Eso es lo único que nosotros tenemos.
Reciben un salario mínimo de aproximadamente 300 dólares. También están bebiendo cerveza y escuchando música.
— A alguno de ustedes, ¿les ofrecieron estudios?
— A nadie.
—¿Hay otro empleo en el que puedan trabajar?
—No, es todo lo que nos ofrecen: cavar zanjas de sol a sol —remata uno de ellos con amargura.
— Saben que hay maquinarias que podrían hacer su trabajo en menos tiempo. ¿Por qué creen que la empresa los contrata para cavar zanjas?
— Es la forma en que la empresa dice que apoya a la comunidad y le da empleo.
—Lleva solo una cosa para la gente de la ciudad —pide. Diles que El Edén está sufriendo. Aquí la gente está muriendo de hambre. De aquí sale el petróleo que mantiene al país.
¿Es todo lo que la industria petrolera y la promesa de la riqueza nacional pueden ofrecer a los hijos del pueblo milenario kichwa Naporuna?
«Ese derrame me hizo llorar»
Retrato familiar del chamán Carlos Tapuy y su descendencia. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Un largo legado tiene Carlos Tapuy de 55 años. Ocho hijos y nietos. Nació en Aguarico. Es un hombre de piel del color de la tierra de El Edén. Mide aproximadamente 1,80 de altura. Fuerte por el trabajo en el campo. Capitán de embarcaciones. Llegó a El Edén a los 13 años. Sus padres, originarios de Puyo, anhelaban encontrar un buen lugar para vivir. En dos ocasiones, 2007 y 2015, fue presidente de la comuna. La lucha de la comuna El Edén se hace también exigiendo la remediación de la contaminación petrolera:
«En 2014, el derrame en la plataforma L me hizo llorar » confiesa Carlos en medio de sus nietos que nos rodean para escuchar su testimonio. «Fue un doble derrame. Un estero lleno de crudo de 60 cm de alto. Llamamos al Ministerio de Medio Ambiente, tomaron la muestra y negaron la contaminación, a favor de la empresa».
En 2016, ocurrió otro derrame en la plataforma F. «Así mismo, salió agua de formación y llegó a la Laguna y mató a los peces más grandes. Trajimos al Ministerio de Medio Ambiente y otra vez nos negaron la contaminación. De nuevo, ellos se pusieron a favor de la empresa». La población cree que una infestación de lechuguines que impide navegar el río hacia la laguna emblemática de la comunidad es la reacción a la contaminación.
La comuna El Edén no cuenta con agua potable. Recogen agua de lluvia o se abastecen del agua de pozos. Las aguas del río Napo y río Yuturi están contaminadas por constantes derrames de crudo. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
La población se baña en los ríos de forma recreativa pero también por necesidad. «Las mujeres embarazadas tiene abortos y otros salen con cáncer, y toda clase de enfermedades» da testimonio Carlos Tapuy. «El río Napo también está contaminado. Dejan todo contaminado y nosotros no tenemos nada de beneficio. Por ese motivo, estamos pidiendo agua potable, vivienda y no nos cumplen».
Son al menos diez años de derrames continuos en las tierras ancestrales los que recuerda el líder histórico de la comuna Kichwa Naporuna. Por eso, cuando el 22 de julio 2019 finalizó el convenio de compensación social, solicitó en asamblea a los comuneros que primero firmen el Convenio de Compensación Social antes de que sigan trabajando y contaminando a El Edén. Para empeorar la situación, llegó la pandemia.
Medicina ancestral y sueños
Retrato de Carlos Tapuy, líder histórico de la comuna El Edén. Su fuerza proviene de la resistencia milenaria del pueblo Kichwa Napureno. Es hijo del tigre-chamán, Domingo Tapuy, curandero que heredó el conocimiento de al menos 30 recetas de medicina ancestral. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Carlos Tapuy enfermó de covid mientras trabajaba en Pañacocha, luego del gran derrame de 15.800 barriles de petróleo (bdp) en los ríos Napo y Coca, el 7 de abril de 2020. Su mujer le recordó: «Carlos toma yagé. Antiguamente, tu papá tomaba yagé cuando venía el sarampión». «Los curanderos soplaban para que la enfermedad no caiga aquí y guardaban a la gente y todos se salvaban» explica. Carlos Tapuy es también el hijo de Domingo Tapuy, un poderoso chamán de la zona. Junto a Bartolo Papa y a Diego Salazar, formaron la comuna El Edén en 1974.
Domingo Tapuy fue un curandero que enseñó a su hijo al menos 30 recetas que incluyen el uso de plantas sagradas como el yagé o la ayahuasca con propiedades alucinógenas y de sanación espiritual. La visión que tuvo para curar el covid fue a las plantas vivas pidiendo que las escuche. Sobre su padre, Carlos Tapuy narra:
— De Quito venían a buscarlo y curaba. Cuando falleció, se transformó en un tigre. Tenía 78 años.
—¿Cómo sabe usted eso?
— Antes de fallecer, me dejó diciendo: «Mijo, cuídate. Cuando yo muera, no comas ají. Coja algodón y juega botándolo». ¿Por qué dice así papá? —pregunté. «Mi alma es la que va transformarse en tigre» —respondió el chamán. A los quince días, él falleció. Me hizo soñar y pidió: «Camine a tal punto». Se lo conversé a mi mujer. Fui a ese lugar y cuando llegué, estaba lleno de loras y tucanes que cantaban alrededor. Ahí estaba mi padre. También salió gruñendo un tigre. Se encontró con su papá tigre que venía por el camino de Galeras, Sumaco. El hijo tigre era grande, papá tigre era tremendo y mucho más grande. Viéndome a mí sentado, lloraron. ¡Lloró ese tigre! Ambos tigres corrían y brincaban de aquí para allá, y yo seguía sentado. Después de una vuelta de despedida, se metieron a la selva. Y en el sueño me dijo: «Mijo adiós. Me voy con tu abuelo, él me lleva. Ahora te quedas solo. Cuide a su mujer, cuide a los wawas». Luego de siete años, no he vuelto a soñar con mi padre.
— ¿En qué animal de poder usted se va a transformar cuando muera?
— Según me dijo mi padre, hasta cierto punto, vives. Me dio de comer un barro rojo y me dijo: «Vas a vivir bien, y cuando vayas a fallecer, te convertirás como yo, en un tigre».
El chamán explica que junto a Manuel Coquinche y otros curanderos de la comunidad, cuidan y sanan a las personas. Las amenazas que ha recibido son reales y las enfrenta con la sabiduría de un tigre que conoce su fuerza: «Soy un líder y mi obligación es llevar adelante a mi pueblo». En mitad del campamento donde se mantiene la protesta, hacemos un retrato con la descendencia del tigre-chamán. Cierro el diálogo con el líder histórico de la comuna Kichwa Naporuna. También he visto al hijo de un tigre llorar.
Ceguera, abusos e ignorancia
Retrato de Abelardo Vargas. Perdió la vista por la contaminación petrolera en la comuna que ayudó a fundar. Fue presidente de la Comuna El Edén en 2000. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Abelardo Vargas de 67 años, es uno de los ancianos de la comuna. Junto a Santiago Santi, Adriana Alvarado, Augusto Tapuy y Carlos Tapuy, conforma el consejo de El Edén. Hace siete años quedó ciego. Ermelinda de 60 años, su esposa, asegura que fue el aire contaminado, el polvo de los químicos que se transporta por los caminos, y el agua contaminada lo que provocó la pérdida. La entrevisto en el centro de salud de la comuna. Debieron llevarla de urgencia a El Coca para ser atendida por una infección urinaria. 40 días de paro cobran efectos en la salud, sin agua potable, con poca comida.
«Me ofrecieron 200 mil dólares por la firma del Convenio de Compensación Social» revela don Abelardo Vargas. Se negó a firmar. El borrador del convenio que él conoció proponía dinero, salud para la enfermedad, obras y trabajo para la comunidad mientras la petrolera estuviera en su territorio. «Al cabo de un año de iniciadas las negociaciones, empezaron a quitar el empleo. Nos quedamos pisoteados, saqueados, viendo a la gente de la sierra y la costa venir a trabajar. Los de la comunidad empezamos a trabajar como jornaleros en trabajo de hacha, machete, motosierra. Del trabajo petrolero otras familias se benefician en Ecuador. Nosotros nos quedamos más pobres».
Abelardo tiene ocho hijos, 27 nietos vivos. Intentó enviar a uno de sus hijos a la Universidad en Quito. Cuenta que El Edén es sitio de herencia cultural de antiguos pueblos como Záparos, Abijiras y Omaguas, quienes hicieron la guerra con sus patrones que los esclavizaron en la extracción de oro en el río Suno. En 2001, el presidente de la comuna, Clemente Quindigua, firmó el convenio con la petrolera Occidental que habría de tener vigencia por un plazo de 19 años. Desde que se fue Occidental, los trabajos que ofrece la petrolera local son esporádicos. «Este es el motivo por el cual la vida se ha hecho más dura para nosotros, los dueños del territorio».
Conversamos con varios de los líderes que han ejercido la presidencia comunal. La pregunta es: ¿por qué tras 20 años de explotación petrolera en El Edén, la petición es la misma: agua, luz eléctrica, salud, vivienda? ¿Conocen los dirigentes que sus peticiones son derechos básicos que garantiza la Constitución ecuatoriana?
Retrato de Freddy Oraco, ex presidente de la Comuna El Edén en 2020. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Claudio Alvarado de 48 años, originario de Archidona en Napo, y presidente comunal en 2002, lanza una respuesta: «Por desconocimiento no exigimos nuestros derechos. Cuando fui presidente de la comuna tenía 23 años y desconocía sobre los derechos». Con la ayuda de su esposa, Claudio culminó el bachillerato. Se siente más preparado. Le pregunto: ¿Qué haría para garantizar el derecho de sus hijos? «Hay muchas instituciones competentes encargadas de vigilar los daños ambientales y dar solución a los problemas. La Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Vamos a hacer cumplir nuestros derechos como dueños del territorio. Derechos ancestrales por justicia y por herencia» responde Claudio rodeado de su esposa y seis hijos.
La comuna El Edén está recibiendo asesoría legal y apoyo de otras organizaciones sociales como Fundación Alejandro Labaka para la defensa de sus derechos.
Carlos Tapuy y Wilson Quindigua junto al puente sobre el río Yuturi. Los comuneros aseguran que debajo del puente, una tubería presenta una constante fuga de aguas residuales provenientes de la empresa petrolera. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Sobrevivir en El Edén contaminado
Hasta el Centro de Salud llegamos buscando confirmar la existencia de la Casa del Parto Intercultural Warmi Wachana Wasi. Petroecuador registra en sus acciones de responsabilidad social, el proyecto de parto intercultural. Y sólo cinco mujeres han hecho uso, según los registros. En la cartelera pública del centro se hacen públicos los siguientes datos: La población por censo en el área de influencia son 520 personas en El Edén, 272 hombres, 248 mujeres, nueve embarazadas, y seis personas con discapacidad.
Las determinantes de salud en El Edén son de tipo conductual (fecalismo al aire libre, shamanismo, cocinar con leña); biológicas (población mayoritariamente joven, nutrición con base en pescado, yuca y carne de monte); ambientales (0% de hogares con consumo de agua segura, 25% de hogares cuenta con energía mediante planta eléctrica); sociales (bajo nivel de educación, consumo problemático de alcohol, violencia intrafamiliar y de género, presencia de la industria petrolera). Las amenazas reconocidas a la salud son las epidemias y la contaminación. Se registran más de 400 casos de covid. Entre las 10 primeras causas de morbilidad infantil está en primer lugar la rinofaringitis aguda, le sigue la diarrea y gastroenteritis, amigdalitis, pioderma, pediculosis, conjuntivitis viral, bronquitis aguda, dermatitis seborréica. También se registra: impétigo, parásitos intestinales, helmintiasis intestinal, dermatitis alérgica de contacto.
Con asistencia de la comuna, llegamos al puente de acceso a los puntos de control en El Edén: Río Pungara, Río Enrique, Ramal del Yuturi, Río Ushpa Yuturi, Río Pimosyacu, Desembocadura del Yuturi. En cada ocasión que se presenta un derrame, las boyas que se guardan aquí se sacan para navegar los afluentes del río Yuturi. Esta es una forma de saber que se ha producido un derrame. Debajo de este puente, hay una fuga de crudo que brota desde una tubería debajo del agua. Una mancha negra aceitosa advierte la falla.
La concesión para exploración y explotación de petróleo, la hacía el gobierno ecuatoriano sin consulta previa, libre e informada a los pueblos.En el año 2001, las actividades petroleras en territorio de la comunidad El Edén se hicieron con la suscripción de un convenio con Occidental Exploration and Production Company (OEPC) para diez pozos. «Hoy se cuentan más de 30».
Wilson Quindigua, actual presidente de la comuna El Edén frente al ingreso de la plataforma C, estación Edén Yuturi, bajo la administración de Petroamazonas. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
El Convenio con Occidental firmado en 2001, se renovó en 2004. En 2006 el gobierno ecuatoriano embargó a la petrolera estadounidense Ocidental por venta ilegal de acciones a la compañía AEC. Actualmente, Petroamazonas administra la estación Edén Yuturi. El convenio de compensación social venció el 22 de julio de 2019. Y Petroecuador continúa operando dos años sin la firma de ese convenio» explica Wilson Quindigua de 46 años, presidente de la comuna desde enero de 2021. «La petrolera le explicó que obtuvieron permiso para tirar las aguas grises al río Yuturi». Con engaños, funcionarios de la petrolera sostienen la legitimidad de sus acciones en contra de la naturaleza. «Como presidente de esta comunidad asentada en tierras comunales, nunca hubiera autorizado ese crimen», reitera enfático.
Más de 30 muñecos que marcan la perforación de pozos en la plataforma C, estación Edén Yuturi. A menos de tres kilómetros del poblado. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
«Petroamazonas EP aplica sistemas de perforación en racimo en sus campos. Por ejemplo, en Edén Yuturi, en las plataformas C y D, se perforan 30 pozos por cada plataforma» refiere el informe de gestión empresarial de 2013. El mismo documento menciona que construyó corredores ecológicos, puentes de dosel, pasos deprimidos sin especificar cuántos. Se preparó bases de licitación para la ampliación de Yuturi y se afirma que se ejecutaron todos los trabajos bajo acuerdos firmados con las comunidades del sector.
El colectivo Geografía Crítica inspeccionó el Bloque Edén Yuturi en Abril de 2019 y elaboró un amplio informe. «En total, Petroamazonas, ha deforestado cerca de 288,64 hectáreas para la instalación e implementación de infraestructura petrolera dentro del territorio de la Comuna El Edén». Los estudios de impacto ambiental se hacen por organizaciones de la sociedad civil observando el incremento de amenazas a las especies de flor y fauna endémicas de la Amazonía no solo por las prácticas extractivas sino también por el incremento del calentamiento global.
Concesiones y compensación social
Un niño juega con su juguete dentro del campamento de resistencia junto a su familia. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
En el marco normativo vigente, el artículo 57 constitucional, el artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental, y el artículo 41 del Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, abordan el concepto de protección y responsabilidad ambiental así como el de compensación social. El Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas define a las medidas ambientales de compensación como aquellas que se requieren para compensar y contrarrestar el deterioro y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible del ambiente existente antes o durante la ejecución de las operaciones hidrocarburíferas. Los Estudios de Impacto Ambiental, contenidos en el Plan de Manejo Ambiental deben obligatoriamente presentar un Plan de relaciones comunitarias con criterios de compensación.
Para Carlos Mazabanda, coordinador de Amazon Watch en Ecuador, este racionamiento que las empresas tienen con las comunidades se da desde que la industria petrolera empezó a moverse en la Amazonía ecuatoriana. «Ofrecieron beneficios que eran dádivas para las comunidades. Los indígenas las aceptaban en la década de los sesentas. Así empezó este relacionamiento y se fue institucionalizando en las leyes» explica.
La entrega de obras, dinero, entre otras acciones por parte de las petroleras directamente a las comunidades, cambió en 2012. El gobierno de Rafael Correa creó Ecuador Estratégico para que fuera el propio Estado quien garantice la entrega de recursos. En opinión de Mazabanda, «fue una medida popular para mostrar a las comunidades quién les estaba dando recursos, asegurar un relacionamiento cercano con las comunidades y seguir promoviendo la actividad petrolera». En octubre de 2007, el presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo 662, elevó al 99% la participación del Estado en las utilidades que generan a las empresas petroleras privadas los altos precios del crudo, misma que hasta entonces había sido del 50 %. Se hace necesario cuestionar: ¿el incremento en la participación estatal alentó un mayor extractivismo? Los derrames documentados por la comunidad de El Edén ofrecen una clara respuesta.
El tanquero de la empresa petrolera se encuentra retenido desde el día que iniciaron las movilizaciones. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Si el precio del petróleo es alto, si hay ganancias para las petroleras locales o extranjeras, entonces se promete mayores beneficios a las comunidades. El análisis de la compensación social puede evaluarla como un sistema perverso: «Bajo esta lógica, se empieza a considerar derechos y es injusto si tomamos en cuenta que la actividad petrolera les puede traer una gran afectación ambiental, social y culturalmente a los pueblos indígenas» expresa con preocupación Mazabanda.
La llamada Compensación o Responsabilidad Social Empresarial (RES) fue disminuyendo. Influyó también la caída del precio del petróleo. El incumplimiento del convenio para empresas extranjeras o locales no representa ningún problema por sanciones económicas o impedimentos que frenen su actividad.
El 15 de junio, se presentó el Informe de situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador 2021 por parte de la Alianza de Organizaciones. El informe da cuenta de la criminalización de comunidades Kichwas y abogados/as defensoras del derrame de hidrocarburos del 7 de abril en la provincia de Orellana. 27 mil personas habrían sido afectadas por 15.800 barriles de petróleo en los ríos Napo y Coca. el 29 de abril de 2020, se presentó una acción protección con medidas cautelares por parte de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos. La demanda es contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la empresa estatal de petróleos Petroecuador y la empresa privada OCP Ecuador.
Graves crímenes ocurren en la amazonía ecuatoriana. Los pueblos originarios llevan resistiendo 500 años de colonización y extractivismo. ¿Hasta dónde alcanza el dinero y las dádivas a pagar el sufrimiento de toda lo que representa vida?
Escuchar a la selva
Detalle de las plumas multicolores de un guacamayo. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
En la cosmovisión de los pueblos ancestrales, no somos los foráneos quienes emprendemos una expedición a la Amazonía como en una película de aventuras. Son ellos y el espíritu de la selva, quienes nos convocan. Por eso quizá, el segundo día de estancia en la comuna El Edén, la lluvia incesante hizo que nos quedemos cerca de la escuela, buscando guarecernos. Pusimos atención en los insectos y animales gozando del agua, chapoteando en la humedad. Un escarabajo hércules nos dio la bienvenida, los zancudos nos pincharon, las garzas sobrevolaron los charcos, y las plantas nos dejan ver cómo crecen, y la vida se impone.
Unidad Educativa El Edén (Mushuc Inti), provincia de Orellana. Centro educativo de Educación Regular y sostenimiento Fiscal, con jurisdicción Bilingüe. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
Tras un año de pandemia y restricción de movilidad, las aulas vacías piden de regreso a los niños. Encontramos libros en los que se estudia historia del Ecuador. Un mapa de la nación donde el territorio amazónico luce más inmenso que las superficies urbanas. En cuadernos abiertos, la escritura de los estudiantes se hace en español, kichwa e inglés.
Al partir de la comuna El Edén, tomamos de nuevo la camioneta con rumbo al muelle. Encuentro a Paúl columpiándose en las ramas del gran árbol de mango. Sonríe. Se zambulle con un salto en las aguas sagradas del río Napo. Hereda el Sacha Runa Yacha, el conocimiento del hombre de la selva. Los lugares del yachak o chamán están vigilados por guardianes como serpientes o pumas, representantes de Amazanga, el espíritu del bosque.
¿Existe riesgo de ocupación violenta de las fuerzas de seguridad del Estado en la comuna El Edén? El 3 de junio, Petroecuador declaró Fuerza Mayor en el Campo Edén Yuturi, perteneciente al Bloque 12, y las áreas de influencia directa, con el fin de implementar un Plan de Contingencia Logística Operativa. La empresa considera que los trabajadores están expuestos así como las instalaciones del estado. Se pidió el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para relevo técnico y abastecimiento de víveres y materias primas. La producción del Bloque 12 es de 28.462 barriles de petróleo por día (bppd); en la central de facilidades de producción electrónica de exteriores, EPF (por sus siglas en inglés) se procesa el crudo proveniente de los Bloques 31 y 43, llegando a un volumen de 89.654 bppd.
El cintillo que lleva Abelardo Vargas en su cabeza fue tejido por su esposa, Ermelinda, durante su estancia en el campamento. Está hecho con fibras vegetales y plumas de guacamayos. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
En una lenta agonía. El agua envenenada en los ríos Napo y Coca, fluye a través de los bosques y el Amazonas. Dentro de 20 años más de explotación petrolera y minería, ¿cuántos pueblos indígenas sobrevivirán a su muerte cultural? ¿Cuántas comunas serán los próximos poblados marginales que entren al mercado de consumo? Requiere un cambio de política estatal que garantice la Constitución, los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, los derechos básicos al agua, el alimento y una vida digna libre de contaminación. Sobre todo el reconocimiento de que los pueblos originarios como El Edén, aún existen y están en la Amazonía resistiendo.
Detalle de una cobija. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina registra 284 conflictos sociales por la megaminería. Con distintos grados de violencia, Ver más
Computadores, celulares y vehículos eléctricos funcionan gracias a baterías confeccionadas con litio. Su extracción implica la explotación de gran parte Ver más
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina registra 284 conflictos sociales por la megaminería. Con distintos grados de violencia, las recetas para combatir la falta de licencia social se repiten: asesinatos, detenciones, desalojos forzados, criminalización, irregularidades judiciales, fuerzas de seguridad con poder de policía y corrupción. Donde hay minería, hay un conflicto social.
El 10 de abril pasado, un grupo de desconocidos encapuchados arrojó una bomba molotov que incendió las oficinas de la minera Agua Rica, en Andalgalá, en la provincia argentina de Catamarca. Fue mientras se realizaba una marcha de vecinos que desde hace más de una década se manifiestan todos los sábados a favor del medioambiente, siempre de manera pacífica. Pese a la falta de pruebas y a que todo indicaba que se trataba de “infiltrados”, una fiscal que trabajó para el sector minero ordenó la detención de 12 pobladores. La mayoría estuvo dos semanas en prisión.
El día de su liberación, a más de 5.000 kilómetros de allí, en Honduras, ocho personas cumplían entre 20 y 30 meses encarcelados. Permanecen detenidas luego de una serie de protestas contra un proyecto minero de Inversiones Los Pinares. Son parte de una causa en la que 32 pobladores, incluido un muerto, están siendo juzgados como parte de una asociación ilícita por los mismos tribunales que se crearon para investigar al crimen organizado.
Los dos casos muestran una de las caras más oscuras de la megaminería en América Latina. Con distintos grados de violencia, las recetas para combatir la falta de licencia social se repiten: asesinatos, detenciones, desalojos forzados, criminalización, irregularidades judiciales, fuerzas de seguridad con poder de policía y corrupción. Donde hay minería, hay un conflicto social, la democracia se convierte en una ficción y la vida cambia para siempre.
Honduras (Crédito- Fundación San Alonso Rodríguez)
El sector más peligroso
Según el último informe de la organización Global Witness, América Latina es la región con más defensores del medioambiente asesinados, con dos tercios de los casos en 2019. El triste ranking de ese año lo lideró Colombia, con 64 víctimas fatales. Cinco de los seis países que le siguen son de la zona: Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12) y Venezuela (8). La minería fue el sector más peligroso, con 50 crímenes.
A la fecha, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registra 284 conflictos sociales por la megaminería. La mayoría, en México, Chile y Perú, seguidos por la Argentina, Brasil y Colombia. Detrás de la frialdad de las cifras hay personas. Y detrás de ellas, una familia, una comunidad, una historia desconectada de los grandes centros urbanos y la vida democrática.
A pesar de la irrupción de capitales chinos y la importante presencia de empresas británicas, más de la mitad de los emprendimientos mineros en la región siguen siendo de compañías de Canadá. Mientras su primer ministro Justin Trudeau impulsa sanciones junto a los Estados Unidos para los países con leyes climáticas débiles, los encargados de negocios de sus embajadas hacen lobby a favor de mineras ligadas a procesos de violencia, corrupción y contaminación.
/ Periodistas por el Planeta
Violaciones y abusos
Tal el caso de la mina Fénix, en la costa norte del Lago de Izabal, en Guatemala, en territorios que reclama la comunidad maya Q’eqchi. El conflicto desembocó en tres demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por acusaciones contra las empresas canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel, y su subsidiaria CGN. Son los únicos procesos en los que juzgados de ese país aceptaron acciones contra una empresa local por violaciones a los derechos humanos en el extranjero.
La primera de esas demandas es por el abuso sexual de 11 mujeres, el 17 de enero de 2007, por parte de policías, militares y personal de seguridad con ropa de la minera CGN, durante la expulsión de un centenar de familias de la comunidad de Lote Ocho.
Una de las víctimas, Rosa Elbira Coc Ich, contó que nueve hombres irrumpieron en su casa preguntando por su marido y la violaron. Hoy, no puede tener hijos, posiblemente por las lesiones que sufrió. Entre las víctimas también hay embarazadas que perdieron sus bebés.
En el marco del juicio, las mineras tuvieron que entregar unos 20.000 documentos internos a las demandantes. “Allí consta que CGN pagó cientos de miles de dólares a los soldados y la policía para realizar los desalojos”, subraya el abogado canadiense Grahame Russell, director de Rights Action, una de las ONG que colaboran con las comunidades afectadas.
Otra demanda es por el crimen del docente Adolfo Ich, el 27 de septiembre de 2009, en medio de nuevas amenazas de desalojos. Su esposa y denunciante, Angélica Chub, recuerda que el jefe de seguridad del proyecto, el excoronel Mynor Padilla, había convocado a su marido a conversar, pero un grupo de empleados de la empresa lo empezó a golpear y lo arrastró hacia el interior del predio de la minera. “Una vez allí, un miembro de las fuerzas de seguridad de Fénix lo atacó con un machete. Entonces Mynor Padilla se acercó y le disparó en el cuello”, repasa la denuncia.
Esa jornada terminó con otros siete pobladores heridos de bala. Uno de ellos es Germán Chub Coc, quien quedó parapléjico. Es el tercer demandante en los tribunales de Ontario.
El conflicto por la mina Fénix, en la costa norte del Lago de Izabal, en Guatemala, en territorios que reclama la comunidad maya Q’eqchi, desembocó en tres demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por acusaciones contra las empresas canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel, y su subsidiaria CGN / Crédito- Grahame Russell
Estrategia de desgaste
La también canadiense Pan American Silver es otra de las empresas emblemas en la región, con presencia en cinco países. En México opera dos proyectos, entre ellos, La Colorada, en Zacatecas, la mina más grande de la compañía. Abrió en 2004 y una década más tarde comenzó un proceso de expansión que desató un conflicto por las tierras con los pobladores de la zona.
Tras dos años de amenazas, el 13 de enero de 2017, personal de seguridad de Pan American Silver munido de armas largas obligó a 46 familias a desalojar los terrenos que su comunidad ocupaba desde hacía casi un siglo. Sus casas fueron destruidas y todos fueron reubicados en viviendas de lámina que les dieron en comodato, dentro de un complejo habitacional que funciona casi como un gueto, a 200 metros del ingreso a la mina, entre los ruidos de las máquinas y los respiradores, y con un perímetro alambrado e iluminado las 24 horas del día, lo que dificulta el descanso.
Los vecinos denuncian que todo es parte de una estrategia de desgaste para forzarlos a abandonar la zona, que comenzó cuando la minera echó a los empleados que vivían en la comunidad. La tortura psicológica se completa con un duro reglamento confeccionado por la empresa. Los pobladores aseguran que ni siquiera pueden festejar un cumpleaños fuera de sus hogares y que no están permitidos los ruidos después de las 23 horas. Tampoco pueden criar animales para alimentarse y hasta tienen regulados los tipos de mascotas que pueden tener. Si rayan un mueble, se les aplica una multa de 300 pesos. Les llegaron a cortar el agua por más de un mes.
La Colorada, en Zacatecas, la mina más grande de Pan American Silver. Abrió en 2004 y una década más tarde comenzó un proceso de expansión que desató un conflicto por las tierras con los pobladores de la zona / Comunidad La Colorada
¿Feliz Navidad?
A pesar de ese y otros antecedentes, como la contaminación en torno a la mina Quiruvilca en Perú, Pan American Silver intenta avanzar en el sur de la Argentina, en Chubut, con el proyecto Navidad, en un proceso cargado de avasallamientos a las instituciones democráticas. Eso incluye represión y detenciones, una cámara oculta a un diputado provincial pidiendo dinero para hacer lobby, un audio de otra legisladora revelando que se pagaron coimas y la foto del celular de un tercer congresal que en plena sesión recibió un mensaje con instrucciones de un directivo de una minera para desvirtuar el contenido de una iniciativa popular.
El proyecto Navidad, sin embargo, tiene un obstáculo: en la provincia de Chubut está prohibida la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, tras una consulta popular en el pueblo de Esquel, en 2003. Fue la segunda consulta que se realizó en América Latina sobre megaminería y tomó como referencia la experiencia inédita en Tambogrande, en la provincia peruana de Piura, en junio de 2002.
En total, el OCMAL lleva contabilizadas 39 consultas populares en la región, pero concentradas en sólo seis países. Aunque no siempre los gobiernos han reconocido esas elecciones y algunas veces han usado artilugios legales para eludir sus resultados, muchas han conseguido modificar, retrasar y hasta frenar proyectos.
Otra forma de participación directa son las consultas previas, pero suelen ser una mera formalidad cuyos resultados no se tienen en cuenta. Una situación análoga ocurrió en Honduras, en torno a las concesiones ASP 1 y ASP 2 de Inversiones Los Pinares, uno de los casos que se narran al inicio de este artículo. El 29 de noviembre de 2019, hubo un cabildo abierto en el municipio de Tocoa, Colón, del que participaron unas 3.500 personas, según las actas oficiales, aunque los vecinos afirman que fueron muchos más. Pese a que los pobladores declararon a la comuna como libre de minería, la empresa informó que eso “no afecta en absoluto” sus operaciones.
“No es No”, Chubut, Argentina / Anibal Aguaisol
“El agua parecía jugo de tamarindo”
El conflicto, como otros en la región, había empezado en el más absoluto secreto, cuando el Congreso impulsó, un año después de su creación, la reducción de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos, para allanar el camino de la explotación de óxido de hierro.
“Nos topamos con un muro terrible en todos los niveles: municipio, gobierno central y empresa”, recuerda Juan Antonio López, vecino de Tocoa y referente de la oposición al proyecto minero.
El detonante del capítulo más sombrío del conflicto se empezó a escribir en abril de 2018, durante la construcción de los caminos hacia el proyecto. No es una novedad: es habitual que los primeros efectos de la presencia de las mineras en un lugar se perciban al abrirse las rutas de acceso, por el polvo de las explosiones. Un antecedente conocido es el del proyecto binacional Pascua Lama, entre Chile y la Argentina, donde la justicia chilena frenó las obras porque acreditó la presencia de una capa de polvo sobre dos glaciares.
En el caso hondureño, la polvareda se visibilizó en los ríos Guapinol y San Pedro, y en sus afluentes. “El agua parecía jugo de tamarindo”, recuerdan los vecinos. Eso movilizó a comunidades que hasta ese momento no habían protestado.
Los pobladores tomaron por dos semanas el edificio municipal. También cortaron la calle de acceso a la empresa y paralizaron la actividad. Pedían dialogar con el gobierno, pero las autoridades los llamaban a negociar con la empresa. Buscaban un acuerdo económico. “Nos llegaron a decir que el Estado no se responsabilizaba de lo que nos pudiera ocurrir”, recuerda López.
Criminalización de los defensores
Durante una de las tantas protestas, según el relato de los pobladores, desde un vehículo de la empresa salió un disparo que hirió a un manifestante. La reacción de los vecinos fue retener al jefe de seguridad de la mina, que fue entregado a la policía. Y la respuesta del Estado fue brutal: en septiembre de 2018, el Ministerio Público impulsó una acción penal contra 18 pobladores.
La criminalización estaba en marcha, pero la lección no había sido suficiente y en febrero de 2019 se imputó a otras 14 personas, 32 en total. Fueron acusadas de cometer seis delitos, incluido el de asociación ilícita. Ocho de ellos permanecen detenidos y otros cinco están en riesgo de ser apresados.
La estrategia no es casual. Una reciente investigación de Mongabay detectó que, entre Perú, Colombia, México y Ecuador, hay 156 defensores ambientales criminalizados, 58 de ellos —la mayoría— por conflictos vinculados a la megaminería.
Uno de los acusados en Honduras es Juan Antonio López. Es considerado por el Ministerio Público como el jefe del grupo, una especie de capo narco al mejor estilo Pablo Escobar, pero que, en lugar de hacer negocios ilegales, pide que una minera no se instale en una zona protegida por ley, en la que hay 34 fuentes de agua de las que dependen miles de personas.
Esta publicación es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.
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Computadores, celulares y vehículos eléctricos funcionan gracias a baterías confeccionadas con litio. Su extracción implica la explotación de gran parte de los escasos recursos hídricos en el desierto más árido del mundo, altera la vida de comunidades autóctonas y pone en riesgo a especies endémicas que habitan en el salar.
Entre las historias que los abuelos de la comunidad licanantay de Peine le cuentan a sus nietos está la de los huevos de las parinas. Una vez al año, los miembros de este pueblo indígena ubicado a 2400 metros de altitud sobre el nivel del mar, iban a recolectar mil huevos de parinas, esas aves rosas y de patas delgadas, que pertenecen a la familia de los flamencos y que se cuelan en medio del paisaje ocre del desierto.
Pero la cantidad no era azarosa. En aquella época, hace al menos medio siglo, los habitantes de Peine y alrededores, encontraban cerca de 7 u 8 mil huevos de estas aves también conocidas como flamencos andinos. La proporción correspondía a la búsqueda de un equilibrio en el salar. Además, aprovechaban el ritual de cada año para hacer sus rogativas por el porvenir de la comunidad.
“Había una relación en cuanto a lo que se sacaba que era para consumo y también lo que se iba produciendo. Entonces por eso los abuelos siempre contaban que a veces había 5 mil, 6 mil o 7 mil parinas que se veían en el salar de Atacama y desde la llegada de la minera eso cambia totalmente”, dice Sergio Cubillos, presidente del Consejo de los Pueblos Atacameños y miembro de la comunidad de Peine.
Sergio Cubillos se refiere a la explotación de los salares de su zona. En ese rincón del país, se encuentra la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo. Justo entre la frontera con Argentina y Bolivia se ubica un lugar estratégico para la economía chilena. Pero ese beneficio para la macroeconomía se traduce en una pesadilla para los habitantes de las pequeñas comunidades repartidas en medio de esos paisajes que nos trasladan a un escenario rojizo parecido al planeta Marte.
Aunque el primer producto de exportación sigue siendo el cobre, en las últimas décadas ha aumentado la extracción del litio pues Chile posee alrededor del 45% de las reservas mundiales de este metal ultraligero, que es esencial para la fabricación de teléfonos móviles y baterías de automóviles eléctricos.
Un producto promovido como una solución verde, sobre todo en mercado europeo, pero que afecta directamente a las comunidades aledañas al salar. El conocido también como oro blanco se ha convertido en un suceso, triplicando los precios desde 2011, alcanzando alrededor de 300 mil toneladas por año.
Sin embargo, para Sergio Cubillos las cifras no reflejan el costo que tiene para las comunidades nativas. “Se podría decir que el salar de Atacama es como un mar que se extiende en la rivera de San Pedro de Atacama y donde están inmersas las 18 comunidades de Atacama La Grande. El diario vivir respecto a cómo se explota el litio ha sido bien complicado”, se lamenta Cubillos.
La explotación de este metal ligero en el salar comenzaron en el año 1985 con la llegada de la Sociedad del Litio Limitada, actual Albemarle, y desde entonces comenzó un lento pero irreversible acercamiento de la comunidad para ir obteniendo información para mitigar los impactos de su extracción. “En algún momento se visualizó que el litio iba a ser un mineral importante para el país pero también ajeno de toda la realidad que ocurría de la explotación del litio. Me refiero a lo que salió después respecto a la corrupción, a cómo se manejaba la explotación y en ese sentido ha sido muy difícil porque las empresas llegan con personal para hacer faenas mineras y en ese sentido, la invasión que ha tenido en nuestras comunidades ha sido bien importante”, destaca el representante local.
Cubillos se refiere también a los escándalos de corrupción que protagonizó la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM Salar S.A.), no solo en lo que concierne al caso judicial por el financiamiento ilegal de candidatos y partidos políticos a través de pagos a personas que declararon haber realizado servicios que nunca se prestaron a estas empresas. A la empresa estatal también se le detectaron incumplimientos de los contratos que le permiten la explotación del mayor depósito del litio en salmuera del mundo. Entre ellas, figuraba la apropiación irregular de derechos de agua, un recurso especialmente sensible en la región. “Hemos salido a decir en todos lados: tenemos comunidades que todavía no tienen regularizada su agua potable, que no tienen regularizada su energía eléctrica, que no tienen regularizado el acceso hacia sus comunidades y en ese sentido obviamente la gente ve con tristeza cómo se realiza esta explotación y sobre todo cómo se ha ido desarrollado esta sobre explotación de agua en donde en el salar se extraen cercano a los 4500 litros por segundo de agua, entonces estamos hablando de algo que ha sobrepasado los límites normales de extracción”, afirma Cubillos.
Zonas de sacrificio
En el pueblo de Peine ninguno de sus habitantes ha querido hablar. Es un sábado por la mañana y la pequeña plaza de este pueblo que está ubicado en la cima de una colina luce casi vacía. Los pocos transeúntes son esquivos con los afuerinos. Desconfían, sobre todo, de los periodistas, pero también de los representantes de las empresas mineras.
Junto con los problemas medioambientales que acarrea la minería, la comunidad ha visto cómo su vida cotidiana ha sido alterada en diversos sentidos: robos, drogadicción, alcoholismo y una serie de cambios que para los licanantay han sido impuestos por los visitantes que acarrea la minería. “En cuanto a la explotación, obviamente hay un sentir de nuestra gente de que se esté sacando el recurso natural y que hoy día sea un recurso que le puede dar solvencia económica al país, pero vemos cómo nuestras comunidades viven en el abandono. De las millonarias ganancias que se adquieren de estos recursos naturales, no vemos avances significativos en nuestras comunidades”, dice el representante licanantay.
Bárbara Jerez Henríquez es docente e investigadora de la escuela de trabajo social de la Universidad de Valparaíso y su trabajo está enfocado en los conflictos socioambientales, ruralidades, campesinados y territorio. Jerez es tajante. La investigadora considera que la explotación del litio en el desierto de Atacama ha transformado al lugar en una zona de sacrificio.
“Es un enunciado con el que yo busco llamar la atención sobre cómo estos lugares han sido planificados para poder ser extraídos sus bienes naturales, sus minerales y principalmente su agua dulce y salada para explotaciones mineras a gran escala sin considerar sus límites ni las posibilidades de sus ecosistemas, y de sus comunidades”, dice la académica.
Para la investigadora, las graves consecuencias que sufren los pueblos atacameños se podrían haber evitado, pues no es algo reciente ya que “hay una hiper explotación planificada de proyectos en exploración y de proyectos mineros que están explotando ahí hace más de 30 años, tanto de minería de cobre como de litio. Han provocado una agonía socioambiental de las cuencas, especialmente del Salar de Atacama”.
Escasez hídrica
En un estudio realizado por Corfo, las cantidades de agua extraídas en el salar de Atacama superan en un 21% lo que el agua subterránea puede generar de manera sostenible. “Es tremendo para la biota, que al estar trayendo desde la napa profunda, la napa freática, te está sacando el agua simultáneamente, porque son bombas que succionan, y no es más que la extracción de lo que se supone que alimenta el salar, que son las napas profundas”, explica Matilde López Muñoz, académica de la Universidad de Chile, doctora en Ciencia Sociales, Ecológicas y Económicas. Muñoz mantiene una relación cercana con el desierto de Atacama, lugar que visita constantemente para sus estudios. Allí ha visto cómo la minería ha transformado el pasaje en las últimas tres décadas.
“Hay tres países esencialmente ricos el litio. Chile, no sé si por suerte, por desdicha o por felicidad, es carbonato de litio lo que existe en el salar de Atacama. En cambio en los otros lugares, tienen que transformar. Bolivia, por ejemplo, tiene que transformar su yacimiento en carbonato de litio o hidróxido de litio y en Argentina pasa algo por el estilo. En cambio aquí, simplemente se extrae y lo que tenemos es carbonato de litio”, dice Matilde López para explicar porqué el mercado internacional puso sus ojos en Chile. La investigadora concuerda con Sergio Cubillos en que la ausencia de flamencos en un escenario donde eran habituales es una clara señal de la gravedad de lo que ocurre. “Las lagunas, particularmente las que están frente a Peine, en el salar de Atacama, eran los sitios de nidificación del grupo más grande del flamenco andino, de manera que allí ellos encontraban su alimento que es fundamentalmente algas silíceas. Ellos invierten su cabeza como una pala mecánica. Son filtradores, entonces tenían su alimento y además la consistencia de los barros para armar los nidos y por muchos años, digamos, en un tiempo de tipo evolutivo, así funcionó”, dice López.
Según la Corporación Nacional Forestal, CONAF, agencia pública chilena que administra los parques nacionales, la cantidad de flamencos andinos ha disminuido en más de un 30% entre 1997 y 2013, en parte por la actividad minera que afecta su hábitat. De los casi 12 mil flamencos que se percibían en la década de los 80, cuando Matilde visitaba la zona, hoy con suerte se aprecian mil.
“Al empezar a hacer las extracciones vino el ruido, vino todo lo que significa la tecnología con camiones pesados, con máquinas. Y ellos de a poco empezaron a salir de allí, y no es tan fácil pensar: ah ya se volaron y se van para otro lado. No, porque aquí hay un proceso de tipo evolutivo. Por mucho tiempo ellos estuvieron evolucionando. Co-evolucionando”, dice López. La académica considera que los flamencos son refugiados ecológicos, pues al migrar las condiciones no son las mismas.
“Aquí se creó un parque nacional que protege en alguna medida y tiene que supervisar que las empresas mineras no arrasen con esas protecciones. Entonces, claro, es política pública, y no todo debiese transformarse en área de sacrificio. Yo viví mucho tiempo en el desierto, el río Loa prácticamente está extinto, porque las mineras le sacaron toda su agua, y los pobladores de las pequeñas comunidades agrícolas que habían, prácticamente no existen”, dice López con respecto a las decisiones políticas que se han tomado y el rol de la CONAF.
Quien también ha observado de cerca el impacto en las especies endémicas, como en los recursos hídricos, es Ramón Morales Balcazar, miembro del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos; máster en Estudios Internacionales y Desarrollo Agrícola sustentable de la Universidad de París 11. “Por un lado está el impacto que tienen sobre los acuíferos y la disponibilidad del agua. En este sentido es súper importante entender que las empresas de litio no están solas en el salar de Atacama, sino que están compartiendo este espacio y compitiendo por agua con otros proyectos mineros. En este caso proyectos como BHP Billinton de la Escondida y también minera Zaldívar, la cual es un Joint Venture de Antofagasta Minerals y Barrick Gold”, dice Morales.
Para Ramón Morales el daño es irreversible y sus consecuencia tienen un rechazo transversal desde distinto sectores de la comunidad. “La afectación o la intervención de la minería, los impactos que está teniendo en el paisaje y que están relacionados también con la flora y fauna, afectan actividades como el turismo. Nosotros observamos que hay manifestaciones desde otros sectores que están mostrando su preocupación y rechazo frente a la expansión de las operaciones de las empresas ya existentes y a la entrada de nuevos proyectos”.
Rolando Cruz es oriundo del lugar. Ha vivido toda su vida en Peine y desde la esquina de la plaza observa el paisaje y apunta: “Ese polvillo que se ve lo hacen las empresas. Con la explotación del litio tienen todo contaminado pero a nadie le importa”. Este pequeño agricultor afirma que con los años “todo se ha ido secando. Ahora tengo todo el maíz cosechado, pero antes todo lo consumíamos de la tierra. Sólo comprábamos el té y el azúcar, pero todo lo demás lo conseguíamos acá. Ahora ya nadie planta y tenemos muy pocos animales porque ya no hay agua”.
Rolando Cruz recuerda su infancia recogiendo los huevos de las parinas. Luego suspira hondo y agrega: “Los flamencos se han ido. Solo quedan las camionetas de las mineras. Y este polvo que nos contamina”.
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Se estima que en Chile existen cerca de 18 mil humedales y solo el 2 % cuenta con algún tipo de protección.
El humedal del río Lluta es el que tiene la mayor cantidad de especies en el país, con casi 200 aves registradas.
La ampliación de una ruta que pasaría sobre este sitio podría significar un daño irreparable para el ecosistema de la zona.
[Publicado originalmente en Mongabay]
En una tarde de primavera, una garza blanca aterriza suavemente sobre la arena. Avanza hacia una poza de agua y se sacude dos veces. A unos 10 metros de ella, una pareja de observadores desenfundan sus cámaras y se preparan para disparar una foto con cuidado y precisión para no generar ruido o algún movimiento brusco.
La escena se repite cada día, aunque cambian los fotógrafos y las aves que se inmortalizan en la imagen. El humedal del río Lluta, ubicado en la ciudad de Arica, frontera chilena con Perú y Bolivia, es un parada natural y obligatoria que alimenta, acoge y protege a casi 200 especies de ave migratorias y endémicas. Un espacio que ha protagonizado una lucha de organizaciones sociales, liderada por activistas, políticos y ambientalistas que se oponen a que el espacio sea intervenido para la ampliación de una carretera.
El también llamado Santuario de la Naturaleza protagoniza una polémica desde hace 6 años, cuando durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera se propuso, ante el concejo municipal de la ciudad, ampliar el camino que conecta a Arica con el aeropuerto, ubicado en el sector norte, muy cerca de la frontera con Perú. Aunque la propuesta fue rechazada, la iniciativa se retomó durante el siguiente gobierno, el de Michelle Bachelet.
«Hago responsables a quienes aprobaron primero un estudio de prefactibilidad, que es un estudio que nos costó como ciudad, y es dinero de la gente, 160 millones de pesos (238 mil dólares) solo hacer el estudio. El consejo regional anterior lo aprobó», dice molesto el concejal Paul Carvajal, mientras observa el humedal.
El militante del partido Humanista cuestiona el proyecto de la ampliación de la ruta A210, pues la idea es aprobar un plano regulador que permita, además, la construcción de una zona logística para que, en esa extensa vía al aeropuerto, se construyan fábricas, locales nocturnos e, incluso, una zona inmobiliaria.
El humedal contempla en la actualidad 30,64 hectáreas protegidas bajo el concepto de Santuario de la Naturaleza, lo que se reduce al sector en el borde del mar. Sin embargo, el total abarca cerca de 300 hectáreas, que ya han sido divididas por la carretera actual que bordea la costa ariqueña.
Según los científicos consultados por Mongabay Latam, ese corte ya genera una intervención que afecta directamente el hábitat y la cantidad de especies que transitan por el lugar. Pero, de construir en los alrededores y transformarse en un área urbana, las aves, reptiles y roedores que conviven en el humedal, verían su cotidianidad aún más afectada por el ruido, las luces, el exceso de personas circulando y una serie de otros factores que determinan su existencia.
“El humedal en sí es un ecosistema especial que tiene el privilegio de poder contar, en términos de ave y fauna, con un 30 % de lo que uno puede observar en todo Chile. En el país, hay más de 500 especies y en este humedal se han registrado por lo menos 184”, dice Jorge Abarca, biólogo, académico y presidente de la organización Observadores de Aves de Arica y Parinacota.
Para Abarca la relación con el humedal es de toda la vida. Recuerda con nostalgia los paseos familiares a la playa Chinchorro y Las Machas, sector donde se encuentra la desembocadura del río Lluta. Desde pequeño se interesó por las aves y por eso no le parece extraño que hoy se dedique a la ornitología, que es como se le denomina a la observación de aves.
“Los observadores nos hemos dedicado a contemplar y a registrar en el humedal las aves, pero en realidad nos preocupa todo el entorno porque ellas no están solas en el mundo. Están relacionadas con otros organismos, que son los vegetales y los otros mamíferos menores”, aclara Abarca.
—Si el humedal ya está cortado, por la carretera actual, ¿qué significa en términos concretos que se extienda? ¿Cómo afectaría a la flora y fauna?— le pregunto.
“Dicen que van a hacer una extensión hacia un sector que se supone que no es humedal, pero sí lo es. Porque humedal no es solo lo que está asociado a las lagunas o a los espejos de agua, sino que todo lo que ves verde desde el mirador es humedal. Necesariamente estás indicando que va a aumentar el flujo vehicular”, dice preocupado el biólogo.
Abarca agrega que puesto que hay muchas carreteras construidas en el mundo cerca de humedales, los estudios biológicos en cuanto a los impactos son contundentes. “Para hacer una carpeta asfáltica tienes que drenar. Lo que haces tú es generar un corte en el flujo de la napa de agua que es subterránea por lo que dejas a un sector con una disminución en ese aporte hídrico y otro con un exceso”.
De hecho, según indica el científico, al observar la carpeta asfáltica actual que cruza el humedal, “se puede ver un sector bastante seco y otro bastante verde”.
El plano regulador que existe en la actualidad, que es el que dictamina las restricciones en cuanto al uso del suelo y lo que se puede o no hacer en el lugar, se encuentra en estudio debido a la controversia que ha generado la intervención del humedal. En él se indica que las áreas aledañas al santuario, tendrían la posibilidad de ser ocupadas por un estimado de mil personas por hectárea.
Su objetivo, es construir edificios de 50 metros, instalar negocios que podrían generar ruidos molestos, como discotecas o pubs e incluso, según indica la descripción del proyecto, construir “galpones de almacenaje de materiales tóxicos”
Al mismo tiempo, donde se pretende hacer el proyecto, se encuentra en estudio la posibilidad de ampliar la zona protegida. Ello, atendiendo la inquietud de los expertos, quienes señalan que el perímetro actual no es suficiente para disminuir las amenazas que puede sufrir el humedal y su ecosistema, ya que toda la zona aledaña sirve de amortiguación para mantenerlo sin mayores intervenciones.
“Un área protegida que tiene al lado algo que genere ruidos molestos, deja de ser un área protegida. Porque lo que hoy día perseguimos es que la fauna que está en este sector protegido esté libre de luces y libre de ruidos”, insiste Jorge Abarca.
Se estima que en Chile existen cerca de 18 mil humedales y solo el 2 % cuenta con algún tipo de protección. Sin embargo, no hay una institución o un cuerpo legal específico que los proteja. Hace 8 años que duerme en el Congreso una Ley de Biodiversidad y Áreas protegidas, mientras que en paralelo se discute una ley para proteger los humedales urbanos, que es la figura que podría tener el humedal del río Lluta en caso de que se amplíe la carretera y se construya en su entorno.
Los ambientalistas y profesionales que defienden la conservación del humedal del río Lluta son enfáticos. El área concreta que se puede proteger es variable, pero existe una estimación: 370 hectáreas en total, como mínimo. Aunque el ideal sería unas 500 hectáreas que incluyan un buffer o zona intermedia, que ayude a la absorción de impacto ambiental para atenuar cualquier impacto inmobiliario en caso de comenzar a poblar los alrededores. Luego de eso, debería estar el área protegida.
El primer obstáculo para ampliar la zona es que se trata de terrenos privados, en donde ninguna de las instituciones públicas que administran o defienden los humedales puede intervenir de manera arbitraria. La alternativa sería que el Estado compre los terrenos o bien los alquile con la intención de preservar el territorio aledaño al humedal.
Los observadores de aves, expertos y miembros de las organizaciones sociales insisten en que la lucha por el humedal de Arica no es aislada, ya que los humedales en el mundo están en peligro. En los últimos 100 años, se han perdido más del 50 % y señalan la responsabilidad de proteger este espacio pues no solo afecta al orden local, sino que la mayoría de las especies son migratorias.
“Si quieres viajar de aquí a Santiago, tienes que parar en ciertos lugares para poder abastecerte de combustible para seguir tu viaje. Piensa eso en aves que vienen desde Alaska o desde Canadá o desde el sur de Estados Unidos. Viajan 7000 u 8000 kilómetros y van parando en ciertos puntos. No cualquier punto les sirve. Y uno de esos puntos, donde ellas se abastecen, se alimentan, descansan y luego continúan su viaje, es el humedal del río Lluta”, enfatiza Abarca.
En caso de que llegara a desaparecer ese punto de abastecimiento en la ruta migratoria, se afectaría directamente el paso de las aves y podrían quedarse más arriba del continente o, simplemente, no volver. Ese escenario es perjudicial para la biodiversidad, pues se pierde un elemento de la configuración ecológica. Por ejemplo, si se pierde un invertebrado que es alimento de un ave o de un organismo, se corta la cadena natural. La pérdida de una especie no solo significa perder una estructura, sino que en términos genéticos significa perder los genes de adaptaciones a las condiciones particulares de Arica, una ciudad ubicada en el Desierto de Atacama, el más seco del mundo. Además, un humedal es, por definición, un absorbedor de Co2 y generador de oxigeno.
Otro punto relevante, es que las plantas del humedal resisten a una alta salinidad. Es como si se plantara en una maceta con una taza de sal. Pese a la escasa agua, estas plantas resisten y no se deshidratan. Esas condiciones genéticas, que todas las áreas agrícolas quisieran tener ante el estrés hídrico, se encuentran en amenaza en caso de intervención. Un nivel de adaptación a condiciones extremas que se consigue evolutivamente después de miles de años.
Defensa transversal
El humedal ha sido desde siempre un espacio de esparcimiento para la población: es un punto verde en una zona rodeada de áridos cerros. Justo en la desembocadura del río Lluta, las pequeñas lagunas que se forman en paralelo al mar han sido utilizadas por generaciones como piscinas naturales donde familias completas van de paseo para ver un atardecer, bañarse, hacer picnic, asados o pasear a sus mascotas. Considerarlo un espacio frágil que debe ser cuidado y protegido es una noción reciente, pero que aún no se puede considerar masiva. Solo un porcentaje menor de la ciudadanía entiende lo que significa para el medio ambiente su conservación.
Ronny Peredo, biólogo marino, ornitólogo, especialista en fauna silvestre y miembro de la Red de Observadores de Aves y Vida Silvestre de Chile, describe el humedal como un espacio excepcional, ya que “puedes encontrar fácilmente 40 especies de aves en un período de 2 horas. Aves que en el resto de Chile son difíciles de ver. Y puedes encontrar especies que para los chilenos son rarísimas y que no están en el resto del país, como las espátulas”. Los observadores coleccionan fotografías que atesoran por ser aciertos poco frecuentes. “La desembocadura del río Lluta tiene el más alto registro de especies raras en Chile por la condición de estar muy al límite de zonas más tropicales, porque mucha avifauna tropical del Amazonas llegan a este humedal”, resalta Peredo.
Rafael Vargas Maldonado es presidente de Terra Norte, una organización no gubernamental (ONG) que busca ejes de desarrollo para la ciudad. Entre ellos, está la cultura y la educación para incentivar buenas prácticas cívicas y respeto al medio ambiente. Cuando la ONG tuvo conocimiento de las condiciones y la falta de cuidado del humedal, que es administrado por el municipio de Arica, Vargas tomó la denuncia que apuntaba a la mala gestión y posible construcción en el lugar, y se la entregó a los dos biólogos que forman parte de la organización, que también incluye a otros 10 profesionales de distintas áreas.
Así comenzaron una investigación que evidenció había algo más profundo. “Empezamos a ver que estaba un poco enlodado el tema. Que había cosas que no querían mostrar aunque estábamos pidiendo por Ley de Transparencia (ley de acceso a la información) los estudios, pero no los entregaban”.
Allí confirmaron que fue el secretario regional ministerial (seremi) de Obras Públicas que, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, propuso la prolongación de la carretera, la ruta A210, que atraviesa el humedal para conectar con el aeropuerto. Vargas tuvo acceso al estudio de prefactibilidad que había sido encargado por el seremi y que tuvo un costo millonario para la región.
“Este estudio dice que el objetivo principal de la ruta es acortar los tiempos de traslado al aeropuerto. En un tiempo cuando el aeropuerto de Arica era internacional. Ya no lo es. El mismo estudio de prefactibilidad dice que no cumple con las condiciones”, dice Vargas. “Entonces cuando el mismo estudio te dice que no se van a acortar los tiempos de traslado, quiere decir que el proyecto es inviable, no sirve, tienes que buscar otras alternativas y ellos se cerraron en esas. Nosotros presentamos una opción distinta para que no se entienda que las organizaciones ambientalistas decimos que no al progreso”, enfatiza Vargas.
A pesar de los resultados arrojados por el estudio de factibilidad, este fue aprobado. Más tarde fue rechazado y ahora está siendo evaluado nuevamente. Desde que se ideó el proyecto que pretende ampliar la ruta al aeropuerto en 2012, los diversos concejos municipales han rechazado la propuesta, sobre todo por la respuesta ciudadana de las diversas organizaciones que defienden el humedal. En los últimos 6 años se han ideado numerosas estrategias para frenar su intervención, pero es primera vez que existe una coordinación liderada desde la Municipalidad, por lo que existe una gran expectativa de que en esta oportunidad sea rechazado y descartado definitivamente.
Decisión política
La ONG ariqueña insiste en que apoyan cualquier proyecto relacionado al progreso, siempre y cuando sea sustentable. Por eso buscaron apoyo en distintas instancias: parlamentarios, alcaldía, concejo municipal, gobierno y con otras organizaciones sociales.
Vlado Mirosevic, diputado por Arica, cree que el gobierno ha caído en una contradicción, pues por un lado quiere declarar la extensión del humedal y, por otra, quiere continuar con el proyecto de la carretera . «El Ministerio de Obras Públicas ha intentado hacer un proyecto que va afectar de manera directa al humedal. Ellos han intentado decir que esto no sería directamente una carretera del humedal. Pero al ser la continuidad, un poquito más allá del humedal, obviamente que tiene por objeto aumentar el flujo vehicular de ese sector. Por lo tanto, va haber una afectación directa sí o sí”, explica el parlamentario. Y añade: “será un impacto negativo sobre todo para las aves que anidan ahí y ya hemos perturbado bastante esa tranquilidad como para además seguir haciéndolo”.
“Creo que la discusión del plano regulador es clave y así se lo hemos pedido a la municipalidad, que mantenga la vocación de protección del lugar”, aclara Mirosevic. Y asegura que la actual administración comunal ha mostrado una gran voluntad, en comparación a gobiernos anteriores.
El biólogo marino Ronny Peredo concuerda con la visión de Mirosevic. “La administración (municipal) anterior tenía otra visión de lo que es la protección ambiental en Arica. Era más invasiva. La idea de ellos era llevar la ciudad hacia allá, hacia el lado norte, y ahí se encuentra la razón de por qué se quiere construir esa vía al aeropuerto”, señala Peredo.
El biólogo reconoce que “los movimientos sociales lograron que esto se convirtiera en una reserva natural municipal reconocida por la comunidad. Lo que tiene un gran valor”. A pesar de ello, “en los años que yo llevo un monitoreo sobre el humedal, que son ya 25 años, hemos visto un cambio respecto a la fauna bastante grande. Por ejemplo, antes encontrábamos (únicamente) roedores silvestres y ciertas aves silvestres, que en general no se encuentran en sectores urbanos. Hoy ya encontramos aves urbanas en el humedal. Ya encontramos roedores citadinos: ratas, ratones de alcantarilla y perros. Entonces ya vemos que se está urbanizando”, dice el ornitólogo.
Un humedal con guardaparques
Es una tarde despejada y cálida, aunque corre una pequeña brisa en el humedal de Arica, tan habitual en la costa. Dos guardaparques se pasean por el borde del mar, mientras algunos turistas se instalan en un mirador a fotografiar a una garza blanca. A unos metros, por el sendero, un observador de aves se acerca delicadamente para fotografiar la zona de nidificación. La presencia de estos gestores comunales no es azarosa. El ayuntamiento ha asumido un rol clave, alentados también por las ONG y ambientalistas, para aumentar la protección del lugar. Desde agosto estos funcionarios municipales utilizan las herramientas e instrumentos disponibles.
“Antes de tener guardaparques, nosotros desde la alcaldía creamos grupos de funcionarios municipales que hacíamos turnos. Empezamos desde el 31 de diciembre de 2017 y terminamos en marzo con turnos con todos los funcionarios. Se hablaba con los directores para saber si tenían personal que quisiera ir al humedal a hacer jornada de fiscalización. Hay una ordenanza que establece qué se puede hacer y que no, entonces la idea también era poder tener una presencia municipal en el lugar y poder acompañar una educación ambiental”, dice Danisa Palleros, encargada de la Oficina Comunal de Medio Ambiente de la Municipalidad de Arica.
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