Transición energética en disputa: Especial periodístico transfronterizo Chile-Argentina

Transición energética en disputa: Especial periodístico transfronterizo Chile-Argentina

La investigación pone a las comunidades en el centro del debate sobre el proceso de transición hacia energías limpias, desde ambos lados de la cordillera de los Andes.

“Ponemos el foco en una transición energética pensada con las comunidades y para ellas”, se lee en la introducción del especial periodístico sobre transición energética en Chile y Argentina, publicado en Revista Cítrica y MediAmbiente.

La investigación, realizada por los periodistas Francisco Parra y Andrea Galvez, pretende abordar los principales desafíos para la transición energética en ambos países, cuyas matrices aún dependen de los combustibles fósiles. 

Las comunidades que viven en la bahía de Quintero, o en las cercanías de Vaca Muerta, o las personas que viven en situación de pobreza energética son protagonistas en este especial, que se hace preguntas como quién produce la energía en Chile  y Argentina y para quién lo hace, o quiénes pagan los costos ambientales que causa la generación de energía. 

“Este proyecto nace a raíz de una convocatoria de la Clean Energy Wire para  apoyar historias transfronterizas sobre la transición energética. Decidimos armar este especial junto a los colegas de Revista Cítrica porque creemos que las narrativas de la transición deben abordarse también desde el periodismo y desde los medios de comunicación de ambos países”, asegura Francisco Parra, editor de MediAmbiente.

“El periodismo transfronterizo nos permitió ver similitudes, diferencias, interconectar los procesos, ampliar la mirada hacia lo regional; pero sobre todo, nos posibilitó observar cómo, con particularidades, las transiciones hacia energías limpias pocas veces están diseñadas para las comunidades y sus necesidades. Es importante que esto cambie”, dice una de las periodistas del especial, Andrea A. Gálvez.

El especial consiste en cuatro capítulos, cada uno aborda distintos aspectos de la crisis climática y ecológica y la necesidad de que ambos países sudamericanos puedan plantear un horizonte de transición en conjunto. Además de datos, mapas e infografías, el sitio contiene seis historias periodísticas inéditas, escritas por diferentes periodistas especializados en ambiente y derechos humanos.

“Entendemos que vivimos una crisis sistémica, que el paradigma del desarrollo energético como se ha entendido hasta ahora es insostenible y que la transición ya está en marcha. Este proceso, abierto y lleno de incertidumbres, también abre alternativas socio-económicas viables y brinda la oportunidad para no cometer los mismos errores del pasado”, se puede leer en el especial. 

Puedes revisar el especial completo en el siguiente link: https://especialtransicion.mediambiente.cl/#transicion-desde-el-sur

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*Foto portada: Diego Figueroa – Migrar Photo

 

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Concesiones, contaminación y compensación social provocan pobreza y hartazgo en la comuna El Edén. Hace 2 años Petroecuador firmó el último convenio y desde entonces opera de forma irregular sin el consentimiento de la población, afectada por enfermedades de la piel, estomacales y cáncer. Tras casi 20 años de explotación petrolera en su localidad, no cuentan con agua potable, electrificación o adecuada atención a la salud. Derechos básicos se ofertan en convenios incumplidos.

Con pancartas en alto y acompañados de sus hijos, mujeres y hombres de la Comuna El Edén exigen a la petrolera estatal Petroecuador renovar el convenio de compensación social por explotación del crudo en sus tierras. La estación petrolera Edén Yuturi está asentada en el territorio ancestral Kichwa Naporuna, a tan solo tres kilómetros del poblado. La zona de influencia del Bloque 12 EPF afecta a 900 personas por contaminación de tierra, agua y aire. Llevan 40 días de protesta pacífica en medio de la transición del nuevo gobierno de Guillermo Lasso. La presente crónica narra las actuales condiciones que atraviesa la comuna El Edén, un paraíso envenenado por la industria petrolera. 

Atestiguar la selva

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Detalle del rocío sobre unas hojas, Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

A 300 km de Quito, en la ciudad fronteriza de El Coca, Edwin Coquinche, un joven emisario del pueblo Kichwa Naporuna, espera en el puerto artesanal. Tenemos el permiso para ingresar al territorio ancestral de los kichwas amazónicos. Nos embarcamos en una canoa a motor para cincuenta personas. La madera se ha reemplazado por la fibra de vidrio. Es un hermoso día para navegar aguas abajo el río Napo. 98% de humedad. La lluvia es constante. Cuando se detiene, deja pasar el sol entre las nubes espesas.

La comunidad kichwa está conectada con todos los espacios, y el río está en el centro de todo esto. De ahí, surgen historias y relatos. Los kichwa son gente de agua“, puso en contexto el antropólogo Michael Uzendoski. La afectación del derrame de 15 800 barriles de petróleo (bdp) a los ríos Napo y Coca el pasado 7 de abril de 2020 continúa. 

En la década de los sesenta, el gobierno ecuatoriano otorgó concesiones por 5 millones de hectáreas en el nororiente ecuatoriano a petroleras extranjeras. El consorcio Texaco-Gulf perforó el primer pozo comercial en la Amazonía en 1972, año en que inició operaciones el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). El campo de Edén Yuturi está ubicado a 75 kilómetros del campo Shushufindi, a 30 kilómetros del campo Pañacocha en dirección sur. Forma parte del bloque 12, mismo que se subdivide en dos áreas operativas: Central Production Facilities (CPF) y Edén Production Facilities (EPF).

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Rótulo indicativo de las distintas plataformas existentes en la zona, Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Tras cuatro horas en canoa aguas abajo en el río Napo llegamos a El Edén, una de 238 comunas y comunidades de la provincia de Orellana. Su extensión es de 864 Km2. Como su nombre anuncia, El Edén es un pequeño paraíso. Árboles de frutas tropicales, plantas y flores autóctonas caen. Y tan pronto pongo un pie en tierra kichwa, el aparecimiento de un niño jugando entre las ramas de los árboles, marca el inicio de este viaje. Cubierto de barro de pies a cabeza, solo sus ojos se iluminan. Paúl es un niño de ocho años que se divierte columpiándose con una cuerda en la rama de un árbol de mango. Con un salto desde el árbol, se zambulle en las aguas del río sin preocupación porque el «río es también espiritual». Las historias de los abuelos se refieren a Amazanga, espíritu de la selva, como a un niño juguetón. 

Subimos a la camioneta que la comuna financia para el transporte dentro del territorio cada hora. De esta forma, cuatro kilómetros se recorren en 15 minutos hasta el punto donde esperan nuestros anfitriones. Atravesamos un camino de gravilla en el bosque Siempre verde de tierras bajas, parte del sistema Aguarico-Putumayo-Caquetá.  

La resistencia a menor escala: mariposas diminutas simulan con sus alas los colores y los pétalos de flores enanas; hormigas que cargan hojas hacia escondites donde la vida resiste; la captura de los rayos solares entre platanales y arbustos silvestres. Las petroleras han abierto caminos para conectar las plataformas de exploración y explotación. Empieza el desfile de letreros y señalética para indicar la dirección de las plataformas k, a, t, f, e, r, por un lado, c, h, j, d, i, g, hacia el otro sentido. Banderines rojos con la palabra «peligro» se levantan a los costados de largas tuberías que serpentean la superficie de la tierra. Avanzan, rodean, parecen no tener fin. «Ramales» o líneas secundarias que transportan petróleo crudo desde El Edén a Lago Agrio, con una extensión de 135 km.

En el trayecto, el olor de la combustión nos golpea. Un mechero está encendido en El Edén. Quema gas que tiene propano, butano (GLP) y metano (gas natural). Se divisa desde las aguas del río. Hollín, óxidos de azufre, y otros gases contaminantes generan una combustión que eleva la temperatura. Atrae a los animales y los quema. Aves, mariposas e insectos atraídos por la luz agonizan a su alrededor. Hay 447 mecheros encendidos en la Amazonía según datos del «Colectivo Eliminen los mecheros que encendemos la vida» registrados en 2020. Ecuador quema en mecheros a cielo abierto más gas que Brasil, Qatar y Canadá. Esta no es otra expedición al corazón indomable de la selva. 

Acampar y resistir en comunidad

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Desde el 10 de Mayo de 2021, se instaló un campamento para impedir el ingreso a la estación petrolera Edén-Yuturi en protesta. Unos 50 comuneros permanecen con sus familias a la espera de la nueva firma de un Convenio de Compensación Social en beneficio de su comuna. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Llegamos a una bifurcación en el camino que por un lado, conecta a la estación petrolera Edén Yuturi. En este lugar, los comuneros de El Edén sostienen un campamento rudimentario. Palos y plásticos levantan sombras para guarecerse de la continua lluvia. Se divisan una larga fila de motocicletas y un tanque cónico para unos mil mililitros de agua de uso comunitario. De un total de 169 familias, al menos unas 50 personas permanecen en el campamento. El 10 de mayo de 2021, para algunos trabajadores finalizó el contrato con la petrolera local. Fue la fecha en que las autoridades comunales escogidas por 284 socios, decidieron plegarse a una protesta pacífica.

Nos reciben en asamblea. Idalba Alvarado, la tesorera de la Comuna, se dirige a la comunidad en español y kichwa. Nos presentamos y agradecemos que se nos permita convivir en comunidad. Nos ofrecen comida y chicha, una bebida tradicional que preparan las mujeres con base en la trituración y fermentación de la yuca. La chicha sostiene el espíritu y sacia el hambre bebiéndose constantemente entre hombres y mujeres. Una electricidad despierta la lengua con la primera ingesta del mismo pocillo. 

Desde el 10 de mayo, los pobladores decidieron protestar pacíficamente. Con palos y plásticos improvisaron carpas bajo las cuales ellos y sus hijos se resguardan de la lluvia. La cocina se instaló en medio del campamento con ollas donde se cocina yuca, verde y arroz. Pollos se preparan en un asador casi al ras del piso. «A veces, las cosechas en las chacras  sólo se dan una vez y después los árboles mueren» comparte Edwin. El suelo es apto para agricultura de ciclo corto.  

La pesca, una actividad vital de los Kichwas Naporunas se dejó de hacer en el río Yuturi, donde ya no hay peces, río sagrado de la comuna. Los peces se cultivan ahora en piscinas. Nos ofrecen lo mejor de su casa, las raciones del día. El valor de cada bocado, se recibe con generosidad y una carga de tristeza.

Una mujer camina junto a carteles ubicados alrededor del campamento con textos explicativos sobre las compensaciones que ha incumplido la empresa petrolera. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo.

En las mallas metálicas que cercan el campo, colocaron carteles citando la ley: el artículo 57 de la Constitución del Ecuador reconoce y garantiza los derechos colectivos a  las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de acuerdo con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.

Los comuneros de El Edén exigen que las autoridades de Petroecuador los escuchen y firmen un nuevo Convenio de Compensación Social que expiró hace dos años. Esta no es la primera vez que protestan y exigen el cumplimiento de los Convenios. En 2015, el pedido a la petrolera (Petroamazonas E.P) era el mismo: agua potable, una casa de acogida, un embarcadero, una casa de salud, y remediar los derrames de crudo de 2012 y 2014. 

Las peticiones «son migajas» expresa molesto un comunero. La producción del Bloque 12 es de 28.462 barriles de petróleo por día (bppd); en la central de facilidades de producción electrónica de exteriores, EPF (por sus siglas en inglés) se procesa el crudo proveniente de los Bloques 31 y 43, llegando a un volumen de 89.654 bppd. En territorio de la comuna El Edén se procesa cerca del 23% del total de la producción nacional está en 500.364,57 bdpd.

Ser un hijo Kichwa Naporuna hoy

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Retrato de Edwin Coquinche. Heredero del Sacha Runa Yacha, el conocimiento del hombre de la selva. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Edwin Coquinche tiene 23 años. Se ofreció voluntariamente a acompañar a este equipo periodístico cuando su comuna pidió ayuda para denunciar. Ha dejado de hablar kichwa por vergüenza. Aprendió a cazar a los 14 años. El último animal que cazó fue una huangana, un puerco del monte. Tuvo que internarse mucho más adentro de la selva para encontrarlo después de horas de búsqueda. Tiempo atrás, cuando sus padres llegaron a El Edén, los animales se criaban en abundancia en las orillas del río Napo.

— ¿En qué trabajan los jóvenes de tu comunidad?

— En trabajos que nos ofrece la petrolera. Cavando zanjas. 

— ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste para la petrolera?

— En noviembre. Pero tuve que renunciar. Enfermé de covid. Me hicieron los exámenes y fui el único contagiado de una cuadrilla de 12 trabajadores. 

— ¿Qué pasó? ¿La petrolera te dio asistencia médica y receta?

— Me aislaron por 14 días. Dentro del campamento, no mejoraba. Solo me sentía peor con un gran dolor en la garganta. No podía respirar. Mi papá me llamó. Me dijo que debía salir de ahí sino podría morir.

— ¿Cómo hiciste para llegar a casa de tu familia?

—Caminé tres kilómetros hasta la casa de mis padres.

Mariela Mamallacta de 25 años abraza a su bebé Joel, recién nacido. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Encuentro bajo uno de los plásticos a Mariela Mamallacta de 25 años. Su pequeño hijo, Joel, tiene solo un mes de nacido. Compartimos el mismo plato de comida. Una madre tiene más hambre cuando da de lactar a su bebé.  

—¿Cómo es cuidar a un bebé recién nacido en un campamento sin agua?

—Difícil —responde la madre primeriza abrumada por el llanto de su hijo. Le limpia el cuerpo con el agua de pozo que tiene en un recipiente cercano. También recoge agua de lluvia. 

Una de las tuberías que forma parte de los «ramales» que transportan crudo en un trayecto de 135 km desde la estación Edén a Lago Agrio. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Un grupo de jóvenes están sentados en la orilla del camino. Uno tiene 21 años, el segundo 26, y un tercero 33 años. Vestidos con trajes overol, la vestimenta habitual que entregan las petroleras a los contratados, descansan en su tiempo libre. Pregunto sobre su empleo:

—¿En qué trabajan para la petrolera? 

— En obra civil.

—¿Eso qué significa?

—Hacer huecos. «Trabaja. Cava.» Eso es lo único que nosotros tenemos.

Reciben un salario mínimo de aproximadamente 300 dólares. También están bebiendo cerveza y escuchando música. 

— A alguno de ustedes, ¿les ofrecieron estudios?

— A nadie. 

—¿Hay otro empleo en el que puedan trabajar?

—No, es todo lo que nos ofrecen: cavar zanjas de sol a sol —remata uno de ellos con amargura. 

— Saben que hay maquinarias que podrían hacer su trabajo en menos tiempo. ¿Por qué creen que la empresa los contrata para cavar zanjas?

— Es la forma en que la empresa dice que apoya a la comunidad y le da empleo. 

Lleva solo una cosa para la gente de la ciudad —pide. Diles que El Edén está sufriendo. Aquí la gente está muriendo de hambre. De aquí sale el petróleo que mantiene al país. 

¿Es todo lo que la industria petrolera y la promesa de la riqueza nacional pueden ofrecer a los hijos del pueblo milenario kichwa Naporuna?

«Ese derrame me hizo llorar»

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Retrato familiar del chamán Carlos Tapuy y su descendencia. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Un largo legado tiene Carlos Tapuy de 55 años. Ocho hijos y nietos. Nació en Aguarico. Es un hombre de piel del color de la tierra de El Edén. Mide aproximadamente 1,80 de altura. Fuerte por el trabajo en el campo. Capitán de embarcaciones. Llegó a El Edén a los 13 años. Sus padres, originarios de Puyo, anhelaban encontrar un buen lugar para vivir. En dos ocasiones, 2007 y 2015, fue presidente de la comuna. La lucha de la comuna El Edén se hace también exigiendo la remediación de la contaminación petrolera:  

El primer derrame que recuerda Carlos Tapuy fue en 2012, en la estación EPF. «Un ‘liqueo’ de aguas de formación contaminó las ramas del río Yuturi, y al menos cuatro esteros. La contaminación pasó al río Ushpa Yuturi, al río grande Yuturi y luego a la laguna. Ahí mató a los peces de 30 a 40 libras. Murieron todos los peces. Denunciamos a la empresa pero nunca nos dio respuesta» Salió al río Canoayacu  y de Canoayacu a la laguna. La petrolera (Occidental) dijo que no hay nada de contaminaciones. 

En 2013, Petroamazonas obtuvo la recertificación y certificación de gestión de la calidad para seis bloques por parte de la auditora internacional Det Norske Veritas, entre ellos, el Oleoducto Edén-Lago Agrio y Bloque 12. Los avales se extendieron para certificación ambiental ISO 14001, de seguridad industrial y salud ocupacional OHSAS 18001 y con el aval de la Guía auditable de Responsabilidad Social ISO 26000. Ese mismo año, el presidente Rafael Correa entregó el primer complejo ecológico en Playas de Cuyabeno construido con los excedentes del petróleo como parte del programa de compensación social en el Bloque 12 (Pañacocha en la provincia de Sucumbíos). Aseguró que Petroecuador cumplía las normas con alta tecnología y que un «adecuado extractivismo es posible». 

«En 2014, el derrame en la plataforma L me hizo llorar » confiesa Carlos en medio de sus nietos que nos rodean para escuchar su testimonio. «Fue un doble derrame. Un estero lleno de crudo de 60 cm de alto. Llamamos al Ministerio de Medio Ambiente, tomaron la muestra y negaron la contaminación, a favor de la empresa». 

En 2016, ocurrió otro derrame en la plataforma F. «Así mismo, salió agua de formación y llegó a la Laguna y mató a los peces más grandes. Trajimos al Ministerio de Medio Ambiente y otra vez nos negaron la contaminación. De nuevo, ellos se pusieron a favor de la empresa». La población cree que una infestación de lechuguines que impide navegar el río hacia la laguna emblemática de la comunidad es la reacción a la contaminación.

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La comuna El Edén no cuenta con agua potable. Recogen agua de lluvia o se abastecen del agua de pozos. Las aguas del río Napo y río Yuturi están contaminadas por constantes derrames de crudo. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

La población se baña en los ríos de forma recreativa pero también por necesidad. «Las mujeres embarazadas tiene abortos y otros salen con cáncer, y toda clase de enfermedades» da testimonio Carlos Tapuy. «El río Napo también está contaminado. Dejan todo contaminado y nosotros no tenemos nada de beneficio. Por ese motivo, estamos pidiendo agua potable, vivienda y no nos cumplen».

Son al menos diez años de derrames continuos en las tierras ancestrales los que recuerda el líder histórico de la comuna Kichwa Naporuna. Por eso, cuando el 22 de julio 2019 finalizó el convenio de compensación social, solicitó en asamblea a los comuneros que primero firmen el Convenio de Compensación Social antes de que sigan trabajando y contaminando a El Edén. Para empeorar la situación, llegó la pandemia. 

Medicina ancestral y sueños

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Retrato de Carlos Tapuy, líder histórico de la comuna El Edén. Su fuerza proviene de la resistencia milenaria del pueblo Kichwa Napureno. Es hijo del tigre-chamán, Domingo Tapuy, curandero que heredó el conocimiento de al menos 30 recetas de medicina ancestral. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Carlos Tapuy enfermó de covid mientras trabajaba en Pañacocha, luego del gran derrame de 15.800 barriles de petróleo (bdp) en los ríos Napo y Coca, el 7 de abril de 2020. Su mujer le recordó: «Carlos toma yagé. Antiguamente, tu papá tomaba yagé cuando venía el sarampión». «Los curanderos soplaban para que la enfermedad no caiga aquí y guardaban a la gente y todos se salvaban» explica. Carlos Tapuy es también el hijo de Domingo Tapuy, un poderoso chamán de la zona. Junto a Bartolo Papa y a Diego Salazar, formaron la comuna El Edén en 1974. 

Domingo Tapuy fue un curandero que enseñó a su hijo al menos 30 recetas que incluyen el uso de plantas sagradas como el yagé o la ayahuasca con propiedades alucinógenas y de sanación espiritual. La visión que tuvo para curar el covid fue a las plantas vivas pidiendo que las escuche. Sobre su padre, Carlos Tapuy narra:

— De Quito venían a buscarlo y curaba. Cuando falleció, se transformó en un tigre. Tenía 78 años. 

—¿Cómo sabe usted eso?

— Antes de fallecer, me dejó diciendo: «Mijo, cuídate. Cuando yo muera, no comas ají. Coja algodón y juega botándolo». ¿Por qué dice así papá? —pregunté. «Mi alma es la que va transformarse en tigre» —respondió el chamán. A los quince días, él falleció. Me hizo soñar y pidió: «Camine a tal punto». Se lo conversé a mi mujer. Fui a ese lugar y cuando llegué, estaba lleno de loras y tucanes que cantaban alrededor. Ahí estaba mi padre. También salió gruñendo un tigre. Se encontró con su papá tigre que venía por el camino de Galeras, Sumaco. El hijo tigre era grande, papá tigre era tremendo y mucho más grande. Viéndome a mí sentado, lloraron. ¡Lloró ese tigre! Ambos tigres corrían y brincaban de aquí para allá, y yo seguía sentado. Después de una vuelta de despedida, se metieron a la selva. Y en el sueño me dijo: «Mijo adiós. Me voy con tu abuelo, él me lleva. Ahora te quedas solo. Cuide a su mujer, cuide a los wawas». Luego de siete años, no he vuelto a soñar con mi padre. 

— ¿En qué animal de poder usted se va a transformar cuando muera?

— Según me dijo mi padre, hasta cierto punto, vives. Me dio de comer un barro rojo y me dijo: «Vas a vivir bien, y cuando vayas a fallecer, te convertirás como yo, en un tigre».

— ¿A quién está dejando sus enseñanzas, el Sacha Runa Yacha?

A nadie. 

El chamán explica que junto a Manuel Coquinche y otros curanderos de la comunidad, cuidan y sanan a las personas. Las amenazas que ha recibido son reales y las enfrenta con la sabiduría de un tigre que conoce su fuerza: «Soy un líder y mi obligación es llevar adelante a mi pueblo». En mitad del campamento donde se mantiene la protesta, hacemos un retrato con la descendencia del  tigre-chamán. Cierro el diálogo con el líder histórico de la comuna Kichwa Naporuna. También he visto al hijo de un tigre llorar. 

Ceguera, abusos e ignorancia

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Retrato de Abelardo Vargas. Perdió la vista por la contaminación petrolera en la comuna que ayudó a fundar. Fue presidente de la Comuna El Edén en 2000. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Abelardo Vargas de 67 años, es uno de los ancianos de la comuna. Junto a Santiago Santi, Adriana Alvarado, Augusto Tapuy y Carlos Tapuy, conforma el consejo de El Edén. Hace siete años quedó ciego. Ermelinda de 60 años, su esposa, asegura que fue el aire contaminado, el polvo de los químicos que se transporta por los caminos, y el agua contaminada lo que provocó la pérdida. La entrevisto en el centro de salud de la comuna. Debieron llevarla de urgencia a El Coca para ser atendida por una infección urinaria. 40 días de paro cobran efectos en la salud, sin agua potable, con poca comida. 

«Me ofrecieron 200 mil dólares por la firma del Convenio de Compensación Social» revela don Abelardo Vargas. Se negó a firmar. El borrador del convenio que él conoció proponía dinero, salud para la enfermedad, obras y trabajo para la comunidad mientras la petrolera estuviera en su territorio. «Al cabo de un año de iniciadas las negociaciones, empezaron a quitar el empleo. Nos quedamos pisoteados, saqueados, viendo a la gente de la sierra y la costa venir a trabajar. Los de la comunidad empezamos a trabajar como jornaleros en trabajo de hacha, machete, motosierra. Del trabajo petrolero otras familias se benefician en Ecuador. Nosotros nos quedamos más pobres».  

Abelardo tiene ocho hijos, 27 nietos vivos. Intentó enviar a uno de sus hijos a la Universidad en Quito. Cuenta que El Edén es sitio de herencia cultural de antiguos pueblos como Záparos, Abijiras y Omaguas, quienes hicieron la guerra con sus patrones que los esclavizaron en la extracción de oro en el río Suno. En 2001, el presidente de la comuna, Clemente Quindigua, firmó el convenio con la petrolera Occidental que habría de tener vigencia por un plazo de 19 años. Desde que se fue Occidental, los trabajos que ofrece la petrolera local son esporádicos. «Este es el motivo por el cual la vida se ha hecho más dura para nosotros, los dueños del territorio».  

Conversamos con varios de los líderes que han ejercido la presidencia comunal. La pregunta es: ¿por qué tras 20 años de explotación petrolera en El Edén, la petición es la misma: agua, luz eléctrica, salud, vivienda? ¿Conocen los dirigentes que sus peticiones son derechos básicos que garantiza la Constitución ecuatoriana? 

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Retrato de Freddy Oraco, ex presidente de la Comuna El Edén en 2020. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Claudio Alvarado de 48 años, originario de Archidona en Napo, y presidente comunal en 2002, lanza una respuesta: «Por desconocimiento no exigimos nuestros derechos. Cuando fui presidente de la comuna tenía 23 años y desconocía sobre los derechos». Con la ayuda de su esposa, Claudio culminó el bachillerato. Se siente más preparado. Le pregunto: ¿Qué haría para garantizar el derecho de sus hijos? «Hay muchas instituciones competentes encargadas de vigilar los daños ambientales y dar solución a los problemas. La Constitución dice que todo ciudadano tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación. Vamos a hacer cumplir nuestros derechos como dueños del territorio. Derechos ancestrales por justicia y por herencia» responde Claudio rodeado de su esposa y seis hijos.

La comuna El Edén está recibiendo asesoría legal y apoyo de otras organizaciones sociales como Fundación Alejandro Labaka para la defensa de sus derechos. 

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Carlos Tapuy y Wilson Quindigua junto al puente sobre el río Yuturi. Los comuneros aseguran que debajo del puente, una tubería presenta una constante fuga de aguas residuales provenientes de la empresa petrolera. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Sobrevivir en El Edén contaminado

Hasta el Centro de Salud llegamos buscando confirmar la existencia de la Casa del Parto Intercultural Warmi Wachana Wasi. Petroecuador registra en sus acciones de responsabilidad social, el proyecto de parto intercultural. Y sólo cinco mujeres han hecho uso, según los registros. En la cartelera pública del centro se hacen públicos los siguientes datos: La población por censo en el área de influencia son 520 personas en El Edén, 272 hombres, 248 mujeres, nueve embarazadas, y seis personas con discapacidad. 

Las determinantes de salud en El Edén son de tipo conductual (fecalismo al aire libre, shamanismo, cocinar con leña); biológicas (población mayoritariamente joven, nutrición con base en pescado, yuca y carne de monte); ambientales (0% de hogares con consumo de agua segura, 25% de hogares cuenta con energía mediante planta eléctrica); sociales (bajo nivel de educación, consumo problemático de alcohol, violencia intrafamiliar y de género, presencia de la industria petrolera). Las amenazas reconocidas a la salud son las epidemias y la contaminación. Se registran más de 400 casos de covid. Entre las 10 primeras causas de morbilidad infantil está en primer lugar la rinofaringitis aguda, le sigue la diarrea y gastroenteritis, amigdalitis, pioderma, pediculosis, conjuntivitis viral, bronquitis aguda, dermatitis seborréica. También se registra: impétigo, parásitos intestinales, helmintiasis intestinal, dermatitis alérgica de contacto.

Con asistencia de la comuna, llegamos al puente de acceso a los puntos de control en El Edén: Río Pungara, Río Enrique, Ramal del Yuturi, Río Ushpa Yuturi, Río Pimosyacu, Desembocadura del Yuturi. En cada ocasión que se presenta un derrame, las boyas que se guardan aquí se sacan para navegar los afluentes del río Yuturi. Esta es una forma de saber que se ha producido un derrame. Debajo de este puente, hay una fuga de crudo que brota desde una tubería debajo del agua. Una mancha negra aceitosa advierte la falla.

La concesión para exploración y explotación de petróleo, la hacía el gobierno ecuatoriano sin consulta previa, libre e informada a los pueblos. En el año 2001, las actividades petroleras en territorio de la comunidad El Edén se hicieron con la suscripción de un convenio con Occidental Exploration and Production Company (OEPC) para diez pozos. «Hoy se cuentan más de 30». 

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Wilson Quindigua, actual presidente de la comuna El Edén frente al ingreso de la plataforma C, estación Edén Yuturi, bajo la administración de Petroamazonas. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

El Convenio con Occidental firmado en 2001, se renovó en 2004. En 2006 el gobierno ecuatoriano embargó a la petrolera estadounidense Ocidental por venta ilegal de acciones a la compañía AEC. Actualmente, Petroamazonas administra la estación Edén Yuturi. El convenio de compensación social venció el 22 de julio de 2019. Y Petroecuador continúa operando dos años sin la firma de ese convenio» explica Wilson Quindigua de 46 años, presidente de la comuna desde enero de 2021. «La petrolera le explicó que obtuvieron permiso para tirar las aguas grises al río Yuturi». Con engaños, funcionarios de la petrolera sostienen la legitimidad de sus acciones en contra de la naturaleza. «Como presidente de esta comunidad asentada en tierras comunales, nunca hubiera autorizado ese crimen», reitera enfático. 

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Más de 30 muñecos que marcan la perforación de pozos en la plataforma C, estación Edén Yuturi. A menos de tres kilómetros del poblado. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

«Petroamazonas EP aplica sistemas de perforación en racimo en sus campos. Por ejemplo, en Edén Yuturi, en las plataformas C y D, se perforan 30 pozos por cada plataforma» refiere el informe de gestión empresarial de 2013. El mismo documento menciona que construyó corredores ecológicos, puentes de dosel, pasos deprimidos sin especificar cuántos. Se preparó bases de licitación para la ampliación de Yuturi y se afirma que se ejecutaron todos los trabajos bajo acuerdos firmados con las comunidades del sector.  

El colectivo Geografía Crítica inspeccionó el Bloque Edén Yuturi en Abril de 2019 y elaboró un amplio informe. «En total, Petroamazonas, ha deforestado cerca de 288,64 hectáreas para la instalación e implementación de infraestructura petrolera dentro del territorio de la Comuna El Edén». Los estudios de impacto ambiental se hacen por organizaciones de la sociedad civil observando el incremento de amenazas a las especies de flor y fauna endémicas de la Amazonía no solo por las prácticas extractivas sino también por el incremento del calentamiento global. 

Concesiones y compensación social

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Un niño juega con su juguete dentro del campamento de resistencia junto a su familia. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

En el marco normativo vigente, el artículo 57 constitucional, el artículo 46 de la Ley de Gestión Ambiental, y el artículo 41 del Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas, abordan el concepto de protección y responsabilidad ambiental así como el de compensación social. El Reglamento Ambiental de Actividades Hidrocarburíferas define a las medidas ambientales de compensación como aquellas que se requieren para compensar y contrarrestar el deterioro y/o sustracción de algún elemento tangible o intangible del ambiente existente antes o durante la ejecución de las operaciones hidrocarburíferas. Los Estudios de Impacto Ambiental, contenidos en el Plan de Manejo Ambiental deben obligatoriamente presentar un Plan de relaciones comunitarias con criterios de compensación.

Para Carlos Mazabanda, coordinador de Amazon Watch en Ecuador, este racionamiento que las empresas tienen con las comunidades se da desde que la industria petrolera empezó a moverse en la Amazonía ecuatoriana. «Ofrecieron beneficios que eran dádivas para las comunidades. Los indígenas las aceptaban en la década de los sesentas. Así empezó este relacionamiento y se fue institucionalizando en las leyes» explica. 

La entrega de obras, dinero, entre otras acciones por parte de las petroleras directamente a las comunidades, cambió en 2012. El gobierno de Rafael Correa creó Ecuador Estratégico para que fuera el propio Estado quien garantice la entrega de recursos. En opinión de Mazabanda, «fue una medida popular para mostrar a las comunidades quién les estaba dando recursos, asegurar un relacionamiento cercano con las comunidades y seguir promoviendo la actividad petrolera». En octubre de 2007, el presidente Rafael Correa, mediante Decreto Ejecutivo 662, elevó al 99% la participación del Estado en las utilidades que generan a las empresas petroleras privadas los altos precios del crudo, misma que hasta entonces había sido del 50 %. Se hace necesario cuestionar: ¿el incremento en la participación estatal alentó un mayor extractivismo? Los derrames documentados por la comunidad de El Edén ofrecen una clara respuesta.

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El tanquero de la empresa petrolera se encuentra retenido desde el día que iniciaron las movilizaciones. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Si el precio del petróleo es alto, si hay ganancias para las petroleras locales o extranjeras, entonces se promete mayores beneficios a las comunidades. El análisis de la compensación social puede evaluarla como un sistema perverso: «Bajo esta lógica, se empieza a considerar derechos y es injusto si tomamos en cuenta que la actividad petrolera les puede traer una gran afectación ambiental, social y culturalmente a los pueblos indígenas» expresa con preocupación Mazabanda.

La llamada Compensación o Responsabilidad Social Empresarial (RES) fue disminuyendo. Influyó también la caída del precio del petróleo. El incumplimiento del convenio para empresas extranjeras o locales no representa ningún problema por sanciones económicas  o impedimentos que frenen su actividad.

El 15 de junio, se presentó el Informe de situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador 2021 por parte de la Alianza de Organizaciones. El informe da cuenta de la criminalización de comunidades Kichwas y abogados/as defensoras del derrame de hidrocarburos del 7 de abril en la provincia de Orellana. 27 mil personas habrían sido afectadas por 15.800 barriles de petróleo en los ríos Napo y Coca. el 29 de abril de 2020, se presentó una acción protección con medidas cautelares por parte de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (FCUNAE), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), obispos de los Vicariatos de Orellana y Sucumbíos. La demanda es contra el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Salud Pública, la empresa estatal de petróleos Petroecuador y la empresa privada OCP Ecuador.

Ahora mismo en Ecuador, se reportan protestas similares en territorios ancestrales por la ocupación de empresas extractivas e incumplimiento de leyes y acuerdos. En abril de 2020 también en la provincia de Orellana, el Ejército reprimió al pueblo waorani en la comunidad Dikapare. La empresa Ecuaservoil S.A. (fiduciaria de Chevron) opera el Bloque 55 conocido como Armadillo. En la provincia de Pastaza, las comunidades del río Villano donde opera el Bloque 10, exigen a Pluspetrol que hagan la consulta previa antes de ampliar más pozos. Otro caso urgente es el del pueblo Sapara, patrimonio inmaterial declarado por la Unesco en 2001. Fue despojado de sus tierras ancestrales a través de un traspaso ilegítimo de títulos de propiedad de la tierra en 2019. Sus líderes, Nema Grefa y Gloria Ushiuga, son perseguidas y criminalizadas por el Estado que califica de terrorismo ladefensa de su territorio frente a los intereses de Andes Petroleum y capitales extranjeros

Graves crímenes ocurren en la amazonía ecuatoriana. Los pueblos originarios llevan resistiendo 500 años de colonización y extractivismo. ¿Hasta dónde alcanza el dinero y las dádivas a pagar el sufrimiento de toda lo que representa vida? 

Escuchar a la selva

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Detalle de las plumas multicolores de un guacamayo. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

En la cosmovisión de los pueblos ancestrales, no somos los foráneos quienes emprendemos una expedición a la Amazonía como en una película de aventuras. Son ellos y el espíritu de la selva, quienes nos convocan. Por eso quizá, el segundo día de estancia en la comuna El Edén, la lluvia incesante hizo que nos quedemos cerca de la escuela, buscando guarecernos. Pusimos atención en los insectos y animales gozando del agua, chapoteando en la humedad. Un escarabajo hércules nos dio la bienvenida, los zancudos nos pincharon, las garzas sobrevolaron los charcos, y las plantas nos dejan ver cómo crecen, y la vida se impone.

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Unidad Educativa El Edén (Mushuc Inti), provincia de Orellana. Centro educativo de Educación Regular y sostenimiento Fiscal, con jurisdicción Bilingüe. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

Tras un año de pandemia y restricción de movilidad, las aulas vacías piden de regreso a los niños. Encontramos libros en los que se estudia historia del Ecuador. Un mapa de la nación donde el territorio amazónico luce más inmenso que las superficies urbanas. En cuadernos abiertos, la escritura de los estudiantes se hace en español, kichwa e inglés. 

Al partir de la comuna El Edén, tomamos de nuevo la camioneta con rumbo al muelle. Encuentro a Paúl columpiándose en las ramas del gran árbol de mango. Sonríe. Se zambulle con un salto en las aguas sagradas del río Napo. Hereda el Sacha Runa Yacha, el conocimiento del hombre de la selva. Los lugares del yachak o chamán están vigilados por guardianes como serpientes o pumas, representantes de Amazanga, el espíritu del bosque.

Al cierre de este reporte, una nueva reunión con representantes de Petroecuador tuvo lugar en el campamento el viernes 18 de junio. Los comuneros de El Edén pidieron: agua potable, luz eléctrica y viviendas. Una vez más, les negaron sus derechos. Según el registro de Petroecuador, en la comuna hay 87 viviendas permanentes. «No hay acuerdo. No hay firma del convenio de compensación social», informó Froilán Santi, responsable de la comunicación. Adriana Alvarado, líder comunitaria, fue frontal en su reclamo: «¿Quién es el culpable? ¿La Comuna o la empresa (Petroecuador) que no cumplió con las obras? Ahora nos dicen que por la comuna El Edén fracasa el Estado ecuatoriano. Nosotros no tenemos culpa. ¡No nos asustemos compañeros!».

¿Existe riesgo de ocupación violenta de las fuerzas de seguridad del Estado en la comuna El Edén? El 3 de junio, Petroecuador declaró Fuerza Mayor en el Campo Edén Yuturi, perteneciente al Bloque 12, y las áreas de influencia directa, con el fin de implementar un Plan de Contingencia Logística Operativa. La empresa considera que los trabajadores están expuestos así como las instalaciones del estado. Se pidió el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para relevo técnico y abastecimiento de víveres y materias primas. La producción del Bloque 12 es de 28.462 barriles de petróleo por día (bppd); en la central de facilidades de producción electrónica de exteriores, EPF (por sus siglas en inglés) se procesa el crudo proveniente de los Bloques 31 y 43, llegando a un volumen de 89.654 bppd.

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El cintillo que lleva Abelardo Vargas en su cabeza fue tejido por su esposa, Ermelinda, durante su estancia en el campamento. Está hecho con fibras vegetales y plumas de guacamayos. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

En una lenta agonía. El agua envenenada en los ríos Napo y Coca, fluye a través de los bosques y el Amazonas. Dentro de 20 años más de explotación petrolera y minería, ¿cuántos pueblos indígenas sobrevivirán a su muerte cultural? ¿Cuántas comunas serán los próximos poblados marginales que entren al mercado de consumo? Requiere un cambio de política estatal que garantice la Constitución, los derechos de la naturaleza, los derechos humanos, los derechos básicos al agua, el alimento y una vida digna libre de contaminación. Sobre todo el reconocimiento de que los pueblos originarios como El Edén, aún existen y están en la Amazonía resistiendo.

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Detalle de una cobija. Comunidad Kichwa El Edén – Ecuador, junio 2021. Foto: Josué Araujo

*Artículo publicado originalmente en Pie de Página.

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De pie en la Punta Ventanilla, Carlos Vegas, de 65 años, mira de frente al parque industrial con el que ha convivido casi toda su vida. Sus ojos cruzan hasta esas 15 industrias desplegadas por la bahía que conecta las localidades de Quintero y Puchuncaví, en la zona central de Chile. Aunque heredó el oficio de pescador de su padre y de su abuelo, hoy Carlos está alejado de esa labor. Hace 20 años, la autoridad sanitaria chilena le prohibió a él y a su sindicato la venta y cultivo de moluscos por presentar altos niveles de cadmio, arsénico y cobre. Le dijeron que si la gente se enfermaba, sería su culpa.

Carlos conoce estas aguas del Pacífico como la palma de su mano. Con una certeza absoluta, dice que mañana habrá un varamiento de carbón en la playa. Toma su celular, mira los datos de altura de las olas en Puchuncaví que le muestra Google, e insiste: “La marea está baja, hazme caso, mañana a las 8 de la mañana, la playa estará llena de carbón”. 

La mañana siguiente, un representante de la Armada -autoridad marítima en Chile- recorre la costa y da el aviso. Un nuevo varamiento de carbón en Ventanas, la playa que colinda con el parque industrial. Acto seguido, un grupo de 4 pescadores artesanales, cargados con palas y sacos, llegan a recoger el carbón que dejó la marea. 

Cuando el mar está calmo, y el oleaje es bajo, el carbón queda varado en la arena. “Esto es como cuando tienes la taza de leche. Si la dejas quieta, la nata sale arriba. Si la mueves, se queda pegada”, explica José Carvajal, 58 años, pescador artesanal de toda la vida. Es el coordinador del grupo de limpieza convocado por AES Gener, dueña de las tres termoeléctricas a carbón que hoy funcionan en la zona. 

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Un grupo de limpieza convocado por AES Gener, dueña de las termoeléctricas a carbón que funcionan en Quintero y Puchuncaví, limpia regularmente el carbón de la playa (imagen: Saul Mansilla)

“Tenemos que hacerlo. Me preguntas si me gusta y no me gusta po, esto un basurero y estamos limpiando. Nos dicen vendidos y no po. Nosotros denunciamos todos los días esto”. Su teléfono muestra el grupo de WhatsApp que comparte con un representante de la Gobernación Marítima y de la empresa, donde queda un registro fotográfico de cada día de varamiento. 

Solo en enero de 2021, pescadores artesanales de Ventanas recogieron cuatro toneladas de carbón en la playa. Con los años se ha normalizado ver el negro en la arena junto al amanecer. La Fundación Terram cifró en 832 los varamientos entre 2009 y 2020. 

¿Cómo es que un balneario popular termina saturado de carbón año tras año? En 2017, la Fiscalía Marítima de la Armada cerró una investigación sumaria que aseguraba que los varamientos se debían a “la falta de control por parte de AES Gener S.A. en el manejo de residuos de sus procesos productivos”. La empresa apeló y se reabrió una investigación que continúa sin novedades desde entonces y que solo abarca los varamientos entre 2011 y 2013. 

En 2020, AES Gener quemó más de un millón 450 mil toneladas de carbón bituminoso proveniente de Estados Unidos y Colombia, principalmente. Llegó en buques a la bahía, palas mecánicas y grúas lo extrajeron y vertieron en una correa transportadora que se extiende 1,4 kilómetros mar adentro desde la costa, encargada de llevarlo a una cancha de acopio al aire libre. Durante décadas ha funcionado ese proceso en el puerto de Ventanas.

“Aquí ya se hizo todo. Investigaciones, muestras, inversiones. Másteres y doctorados estuvieron acá haciendo estudios, y sigue apareciendo carbón. El fondo marino ya está saturado. Y nos quieren tener 20 años más así”, dice Carlos Vegas. 

El carbón representó el 39% de la generación eléctrica en Chile en 2019, año en que el presidente Sebastián Piñera hizo un anuncio inédito para este pequeño país sudamericano que apenas aporta el 0.26% de las emisiones globales de CO2: El cierre de sus 28 centrales a carbón para 2040. La descarbonización de la matriz energética se convirtió en el principal compromiso climático de Chile, y en su gran bandera de acción para lograr la carbono neutralidad.

Puchuncaví ya inició su transición, con el cierre, en diciembre de 2020, de la central “Ventanas 1”, que operaba desde 1964. Pero el desafío no se vislumbra simple para una zona que ha convivido más de medio siglo con múltiples consecuencias ambientales.

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Carlos Vegas (65), oriundo de Ventanas, ha sido pescador toda su vida. Hace 20 años, la autoridad sanitaria chilena le prohibió a él y a su sindicato la venta y cultivo de moluscos por presentar altos niveles de cadmio, arsénico y cobre / Foto: Saúl Mancilla

Medio siglo de sacrificio en la bahía

Mareos, desmayos, sangre de narices, extremidades dormidas, crisis de angustia. Entre agosto y octubre de 2018, 1.553 niños, niñas y adolescentes fueron atendidos por síntomas de intoxicación a lo largo de ocho centros médicos de la región de Valparaíso, según acredita un informe de la Defensoría de la Niñez 

La Corte Suprema, en un inédito fallo, afirmó que el Estado había fracasado en la protección de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Pero, al mismo tiempo, la sentencia reconoce la inexistencia de “antecedentes que permitan determinar cuáles son los compuestos, elementos o gases que causaron los referidos episodios de intoxicación, quiénes son los responsables y cuáles son las consecuencias precisas para la población de esas localidades”.

Encontrar responsables parece ser como buscar una aguja en un pajar. El parque industrial incluye, entre otros, una refinería de petróleo; una fundición de concentrado de cobre; un complejo termoeléctrico a carbón; una terminal de descarga y almacenaje de químicos; una planta productora de cemento; una termoeléctrica a gas natural; una terminal que almacena gas; otro terminal de descarga de combustible; y una planta de lubricantes.

En 2011, niños y niñas de la escuela rural de La Greda se intoxicaron en distintos episodios en marzo, agosto y noviembre de ese año. La justicia acreditó la responsabilidad de Codelco por mal manejo de su fundición de cobre. La escuela fue relocalizada, a menos de dos kilómetros de distancia. En 2019, investigadores chilenos y estadounidenses publicaron un estudio que demuestra que niños de 1 a 5 años están en riesgo de padecer cáncer por los niveles de exposición a arsénico en los suelos. “Esto requiere una intervención específica del gobierno chileno”, dijeron los científicos. 

La presencia industrial no se ha traducido en desarrollo para la localidad. Puchuncaví tiene una pobreza multidimensional del 27% de la población, siete puntos por sobre el promedio nacional, y el 32% de sus habitantes carece de acceso a servicios básicos, veinte puntos sobre la media de Chile. Carlos Vegas lo ejemplifica: “En esta comuna, que tanto desarrollo le trajo al país, en el año 2021, la mierda se tira ahí en la esquina porque Ventanas no tiene una planta de tratamiento de residuos”.

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En 2019, investigadores chilenos y estadounidenses publicaron un estudio que demuestra que niños de 1 a 5 años están en riesgo de padecer cáncer por los niveles de exposición a arsénico en los suelos. “Esto requiere una intervención específica del gobierno chileno”, dijeron los científicos. / Foto: Saúl Mancilla

Descarbonizar la matriz

– Por eso, ministro Juan Carlos Jobet, le pido que nos preparemos para un paso importante en la historia de nuestro país y en la forma en que protegemos nuestro ambiente y nuestra naturaleza. Así que les pido que se preparen para cerrar la planta de Ventanas en Puchuncaví, y esa energía que se va a dejar de producir, que es en base a carbón, la vamos a producir en base a energías limpias y renovables. ¡Adelante!

Desde La Moneda, el palacio de gobierno en Santiago, Sebastián Piñera dio la instrucción del cese de operaciones de Ventanas 1, hasta ese instante la central termoeléctrica a carbón más antigua del país. Fue el 29 de diciembre de 2021. 

“Es un hito en la historia energética de nuestro país”, comenta Fernanda Pinochet, Secretaria Regional Ministerial de Energía de la región de Valparaíso, presente ese día en las instalaciones de la central. 

En la bahía de Puchuncaví todavía operan otras tres centrales termoeléctricas a carbón: Ventanas 2, Nueva Ventanas y Campiche. Todas de propiedad de AES Gener.

“El cierre de Ventanas 1 fue producto de un trabajo tripartito entre la empresa, el gobierno y el sindicato. Nos sentamos a la mesa para ver qué necesitaban y pudimos cubrir sus necesidades por completo”, dice Pinochet. Un total de 35 trabajadores eran parte de la central. 16 se acogieron a una jubilación anticipada y 17 fueron reubicados en otras centrales del mismo complejo.

Según un estudio del BID, las cuatro centrales a carbón en Puchuncaví representan el 2,24% del PIB regional de Valparaíso y el 1,5% del empleo en la comuna.

Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram, califica el cierre como un show del gobierno: “Ventanas 1 era la más antigua y más chica, con costos operacionales muy altos. El año pasado, según datos del Coordinador Eléctrico, quemó el 3% de todo el carbón que se descargó en la bahía y funcionó durante 140 horas en todo el año. No tiene ningún efecto el cierre. De hecho, Nueva Ventanas y Campiche, funcionando a mayor potencia, podrían incluso absorber lo que hacía Ventanas 1”.

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Hernán Ramírez, investigador de la Fundación Terram. Califica el cierre de Ventanas 1 como un show del gobierno / Foto: Saúl Mancilla

La ONG Chile Sustentable realizó un estudio donde presentan las distintas conceptualizaciones sobre lo que es una Transición Justa. Su autora, Claudia Fuentes, afirma que la propuesta del gobierno chileno “es más que nada un cronograma. Se asoció descarbonizar con apagar centrales, pero no se visualizaron desafíos posteriores, como reconversión, remediación ambiental y todo lo que tiene que ver con una transición justa”.

Chile dijo que elaborará una “Estrategia para la Transición Justa” en su “NDC”, el compromiso formal ante el Acuerdo de París, la que será uno de sus pilares para el proceso de descarbonización. “Se deberán analizar las dificultades y necesidades de quienes son particularmente vulnerables, reconociendo, respetando y promoviendo las obligaciones relativas a una transición justa hacia una economía baja en carbono y resiliente al clima”, dice el documento.

En los próximos meses, el Ministerio de Energía presentará el borrador de la estrategia a consulta ciudadana, lo que permitirá que cualquier persona haga recomendaciones antes de la versión final. Esta, según aseguran fuentes involucradas en el proceso, no será específica para cada territorio, sino más bien una serie de recomendaciones a seguir para que cada transición sea catalogada como “justa”, e involucraría nuevas leyes y políticas públicas. 

El proceso, sin embargo, aún no genera mucha confianza en la comunidad local. “No se hacen cargo de ningún pasivo ambiental ni de las externalidades negativas ni de la salud de las personas. Porque cuando te diagnostican el cáncer te quedas sola”, afirma Katta Alonso, representante de la organización Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia y una de las personas que más ha alzado la voz contra las décadas de contaminación que han afectado a las localidades de Quintero y Puchuncaví. Para ellas, cualquier transición comienza con el cierre de las tres centrales a carbón restantes, y de la fundición de cobre de Codelco. El siguiente paso es la reducción del parque industrial para que no se instalen más empresas y que la comunidad decida qué pasará en el territorio.

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Katta Alonso, de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia: “No se hacen cargo de ningún pasivo ambiental ni de las externalidades negativas ni de la salud de las personas. Porque cuando te diagnostican el cáncer te quedas sola” / Foto: Saúl Mancilla

Futuro renovable para Chile

Del Plan de Descarbonización anunciado en 2019, ya han cerrado seis termoeléctricas. Otras cinco lo harán para fines de 2024 y las 17 restantes lo harán en alguna fecha antes de 2040. El gobierno firmó un acuerdo voluntario con las cuatro empresas propietarias de las centrales para la desconexión: AES Gener, la italiana Enel, la francesa Engie y la chilena Colbún.

Si bien el carbón sigue siendo hoy la principal fuente de la energía en Chile, el rápido crecimiento de las renovables aceleraron también su despedida. En los últimos 6 años, Chile quintuplicó la capacidad generada con energía solar, eólica e hidráulica. Las proyecciones del gobierno actual apuntan que estas energías cubran el 70% de la matriz para fines de la presente década. 

Según el Ministerio de Energía, a enero de 2021, hay 6.335 MW de centrales en construcción, de las cuales el 94% corresponde a energías renovables. La gran mayoría son solares y eólicas, las que según proyecciones, podrán cubrir toda la generación fósil que hoy tiene Chile en 2040.

Las inversiones en renovables provienen principalmente de las mismas empresas involucradas en la descarbonización: Enel, Engie y Colbún, a las que se han sumado otros actores -hasta ahora- pequeños en el país, como Acciona.

Sin embargo, la empresa más importante de todo el proceso es AES Gener. De propiedad de la norteamericana AES Corporation, es propietaria de 14 de las 22 centrales a carbón que siguen operativas hoy. Solo sumará Ventanas 2 al cierre antes de 2024. El resto, sujeto a nuevas negociaciones cada cinco años. Para Claudia Fuentes, AES Gener “ha sido la empresa más reticente a los cambios. Son los de menor compromiso de cierre de centrales”. 

AES Gener controla el 26% del mercado de generación eléctrica en Chile, con 3.541 MW de capacidad instalada, del cual el 77% son hoy termoeléctricas a carbón. Si bien la compañía ha manifestado su interés de diversificar su matriz, su gran apuesta en Chile es la central hidroeléctrica de Alto Maipo, que sumará a fines de este año 531 MW a su cartera y que lleva años de resistencia de la comunidad local por la amenaza que significaría a la provisión de agua potable en Santiago.

La compañía anunció la posible reconversión de la infraestructura de sus centrales en Puchuncaví a plantas desaladoras de agua de mar o centrales de hidrógeno verde. Una de las opciones que tienen en cartera es la construcción de un acueducto de 115 kilómetros que conecta Ventanas con Tiltil, a las afueras de Santiago, donde conectaría con el proyecto minero Los Bronces Integrado, de AngloAmerican. Ambas empresas están en negociaciones para concretar la operación. 

Hace unas semanas, Gener anunció la venta de sus cinco centrales a carbón en Huasco como un paso adelante en su descarbonización, lo que generó una serie de críticas que apuntan a la fragilidad del proceso, pues el grupo WEG, nuevo dueño, no ha firmado ningún acuerdo de cierre con el Estado chileno. 

A esto se suma la confirmación de que las dos centrales de Ventanas se someterán al “Estado de Reserva Estratégico”: Un pago que les hace el Estado según su potencia para volver a funcionar en caso de que se necesite. Según cálculos de Chile Sustentable, AES recibiría cerca de 42 millones de dólares por los próximos cinco años, por el cierre de sus dos centrales en Puchuncaví.

*AES Gener fue contactada para ser parte de este reportaje pero no respondió las solicitudes de entrevista.

*Artículo original publicado en Diálogo Chino.

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Las niñas, niños y adolescentes que viven en las comunas de Quintero y Puchuncaví no hacen las mismas cosas que suelen hacer las personas de su edad. No pueden salir a jugar a la plaza libremente, no pueden pasar sus vacaciones en la playa, no pueden comer las verduras que cultivan en la escuela ni algo tan simple como correr en los recreos.

Su vida cotidiana ha sido fuertemente modificada por el impacto del cordón industrial de la zona en la que viven, donde se alojan más de quince empresas que incluyen termoeléctricas, fundiciones, almacenaje de combustible y puertos de cobre y carbón. 

Ha habido derrames de petróleo, varamientos de carbón e intoxicaciones masivas; 10 desde 2008 a la fecha. La última fue en 2018, cuando 1.353 niños, niñas y adolescentes fueron atendides en servicios de urgencia, presentando vómitos, mareos y desvanecimientos. Un estudio del Colegio Médico realizado luego del episodio da cuenta del alto riesgo de desarrollar cáncer que tendrán esos niños y niñas, a lo que se suman problemas respiratorios, cognitivos, de salud mental y vulneración a su derecho a la educación.

En el estudio “Afectación de Niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero-Puchuncaví”, la Defensoría de la Niñez da cuenta de un “triángulo riesgoso que impacta la calidad de vida de NNA” en la zona: falta de conocimiento respecto a presencia de elementos dañinos para la salud en el medio; falta de un sistema de salud especializado para el control de emergencias; limitada consideración de la salud mental de NNA. Según el Padem de Puchuncaví, entre 2012 y 2017 se observa un crecimiento exponencial en niñes del espectro autista y otros problemas cognitivos.

Con la convicción de cambiar su realidad, tras las intoxicaciones de 2018 los niños y niñas se organizaron en grandes manifestaciones, hicieron tomas pacíficas de sus colegios e incluso un grupo viajó a Santiago a encadenarse en la puerta de entrada del Ministerio del Medio Ambiente con tal de exigir una mejora urgente en su calidad de vida. En 2019 la Corte Suprema falló a favor de la comunidad obligando al Estado y las empresas a implementar 15 medidas para reparar daños. Todavía no se toman acciones contundentes.

“Hay que luchar por lo que es justo”, dice Camila Ponce, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Complejo Educacional Sargento Aldea de Ventanas, quien participó activamente de la toma de su colegio en 2018. “No porque sean niños no están diciendo la verdad. No porque sean niños están equivocados. Eso pasa acá: dicen que porque son niños no tienen razón. No es así. Son los con más motivación de organizarse, los más informados. No se cansen de luchar porque siempre va a haber alguien que los va a escuchar”.

La de Camila y otras voces son las que protagonizarán la serie infantil enfocada en las afectaciones de salud que han sufrido niñas, niños y adolescentes en la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví y en las acciones que realizan para enfrentar su realidad, desafiando el estereotipo de pasividad y alzándose como actores y actoras proactivas en la lucha contra la crisis climática.

La producción está a cargo de un equipo multidisciplinario y es financiada por el fondo semilla entregado por Clik Hub y la Fundación Futuro Latinoamericano a MediAmbiente para implementar un proyecto de comunicación efectiva de cambio climático en América Latina. 

Para graficar de la manera más fidedigna posible las vivencias de niñas, niños y adolescentes en la zona de sacrificio, se está recopilando material que familias y organizaciones de Quintero y Puchuncaví tengan a disposición: fotos, videos, recortes, dibujos, audios. La idea es retratar el cambio en el paisaje desde la llegada de las industrias, desastres ecosociales y manifestaciones contra la contaminación. Con especial interés en mostrar material registrado por niñas, niños y adolescentes y/o imágenes en las que aparezcan niñas, niños y adolescentes.

Pueden enviar sus aportes y preguntas por correo a mediambiente2020@gmail.com o al WhatsApp +56953630468

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Fijar un precio al carbón es un debate que se da en todo el mundo ante la emergencia climática y la ineludible necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno impulsó una serie de modificaciones al llamado “impuesto verde” en la recién aprobada reforma tributaria, pero mantuvo el precio de 5 dólares por tonelada de CO2 fijado hace cuatro años. Con esto, Chile queda como el cuarto país donde es más barato contribuir a la crisis climática.

Por Francisco Parra Galaz

En el año 2017, por primera vez en funcionamiento tras su aprobación en la reforma tributaria de Michelle Bachelet en 2015, el llamado “impuesto verde” recaudó 190 millones de dólares. Un año después, el fisco sumó otros 188 millones de dólares a sus arcas.

Chile fue el primer país de América Latina en aplicar un impuesto especial a las industrias que explotan combustibles fósiles, los principales responsables del calentamiento global y de la crisis climática cada vez más latente en el mundo. El gravamen afecta a las emisiones de material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, producidas por calderas o turbinas que sumen una potencia térmica de 50 MWt.

La reforma tributaria recién aprobada en la Cámara de Diputados incluyó una importante modificación al impuesto verde, ampliando de 55% a 95% la cobertura del gravamen a las emisiones de CO2 de Chile, según informó el ministerio de Hacienda. Esto significa un aumento de otros 35 millones de dólares adicionales, según el cálculo de la Dirección de Presupuesto.

Pese a ser aprobada por amplia mayoría en la Sala de la Cámara, la reforma no pasó sin polémica. El nuevo impuesto, si pasa sin modificaciones por el Senado en los próximos meses, comenzará a aplicarse recién 2025 y lo hará con el cálculo de 5 dólares por tonelada de CO2 emitida, el mismo que se definió en 2014.

Mínimo 40 dólares por tonelada para 2020

Sólo 26 países del mundo tienen un impuesto al carbón. Estas iniciativas cubren cerca del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

En el año 2017, por orden de la COP22 celebrada en Marrakech, se conformó la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo de París. El grupo, presidido por los prestigiosos economistas Joseph Stiglitz y Lord Nicholas Stern, asegura en su último reporte que la fijación de un precio explícito al carbono es “una parte indispensable de la estrategia para reducir las emisiones de manera eficiente”.

El objetivo de estos impuestos, dice la comisión, es incentivar un cambio a energías no contaminantes y que, por lo mismo, el precio del carbono debe ir constantemente en alza.

“Esta Comisión considera que el nivel de precio explícito al carbono compatible con la consecución de las metas relativas a la temperatura establecida en París, debe situarse, como mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020 y entre 50 y 100 dólares por tonelada de CO2 para 2030”, dice el documento.

Es decir, de aprobarse tal como está la reforma tributaria, Chile tendría un impuesto al carbono 8 veces más bajo de lo recomendado.

Otra organización que monitorea las tendencias de los precios al carbono es el Banco Mundial, que año a año elabora un informe al respecto. Según la información de 2018, Chile es el cuarto país con el impuesto más bajo, solo por arriba de México, Japón, Polonia y Ucrania.

El más alto es Suecia, con 139 dólares, seguido por Suiza y Liechtenstein (101), Finlandia (77), Noruega (64), Francia (55), Islandia (36), Dinamarca (29), Reino Unido (25), Eslovenia y Corea (21). Chile fue el primer país latinoamericano en instaurar un impuesto al carbono, pero Argentina (10 dólares por tonelada) y Colombia (6 dólares por tonelada) se sumaron después con precios más altos. Hoy, la mitad de estas iniciativas a nivel mundial está bajo los 10 dólares.

El Banco Mundial asegura que “se necesitan mayores esfuerzos para estimular la reducción de emisiones en línea con el Acuerdo de París”, pero reconoce que la mayoría de los países van aumentando sus precios. Por ejemplo, la Unión Europea comenzó en 8 dólares y ahora está en 16, mientras que Singapur lo implementó este 2019 a 5 dólares, pero con la proyección de aumentarlo a 15 para 2030.

En 2017, el Ministerio de Desarrollo Social hizo un cálculo -siguiendo el modelo del Reino Unido- de cuánto es el costo social del carbón y cuánto debería ser el precio según las metas auto impuestas por Chile en su Contribución Nacional Determinada (NDC), el documento con que cada país se compromete a reducir sus emisiones para alcanzar las metas de París.

La propuesta es que, para Chile, el precio debería ser de 32,5 dólares por tonelada de CO2, con una rango de sensibilidad entre 20,2 y 43,2.

Para Pamela Poo, coordinadora de política y regulación en Chile Sustentable, los 5 dólares que tiene Chile “no son ningún desincentivo para que que las termoeléctricas pasen a energías no contaminantes. Tampoco es que les encarece tanto el sistema. Al final, van a preferir pagar”.

Posibilidad de compensar

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, estuvieron el lunes en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados abordando exclusivamente el impuesto verde, tema que pasó desapercibido en medio de la gran reforma tributaria que propone la administración de Sebastián Piñera.

Una de las principales modificaciones de la reforma es que ahora se calculará el impuesto según la cantidad de emisiones generadas, no según la capacidad de emitir, como estaba establecido. Con esto, aumenta la cobertura del impuesto a las emisiones y se suman al gravamen industrias como la siderurgia, la cementera y la minería, que antes quedaban fuera.

El objetivo de la modificación, según explicaron las autoridades, es la reducción de emisiones contaminantes, no la recaudación de impuestos. Por eso, explican, que el foco son los “incentivos para que las empresas puedan ahorrar en emisiones o emitir menos. Si queremos inhibir el comportamiento contaminante, hay que poner un incentivo. La recaudación no es el objetivo principal”, dijo Larraín.

Por su parte, Riesco justificó que la nueva normativa comience a regir en seis años más explicó “para promover la inversión. El objetivo es establecer un impuesto de forma tal que no debiese dar un incentivo a las fuentes gravadas para reducir las emisiones y que, al final, no paguen impuestos”.

Esto se puede dar porque el gobierno también introdujo un mecanismo de compensación de emisiones, que permitirá a empresas no pagar el impuesto verde en la medida que realicen acciones que mitiguen los gases contaminantes que ellas mismas emiten. “Las reducciones deberán ser adicionales a las obligaciones impuestas por planes de prevención o descontaminación, normas de emisión, resoluciones de calificación ambiental o cualquier otra obligación legal”, dice la indicación ingresada por el gobierno y que fue aprobada el lunes.

La ley no detalla el mecanismo de compensación y el ministro Larraín aseguró que será definido vía reglamento por el ministerio de Medio Ambiente. En principio, no habría restricción a que una empresa “compense” el 100% de sus emisiones y termine no pagando el impuesto.

Para la elaboración del reglamento, el gobierno deberá entrar en un tema donde no hay consenso mundial. Definir cómo medir algo intangible como la reducción de emisiones -cuánto menos contamino con esta iniciativa- será incluso tema de debate en la COP25, donde se debe zanjar el mecanismo de mercados de carbono del Acuerdo de París, pendiente de hace años precisamente por la falta de definición en el tema.

Para el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, uno de los más críticos a la propuesta en la comisión de Hacienda, la compensación genera dudas porque “tenemos empresas relacionadas en rubros de generación a partir de carbón y forestales, como los Matte, que nos hablan de que puede existir una importante capacidad de ‘reducir’ emisiones a través de plantaciones forestales que todos sabemos lo dañinas que son para el medio ambiente”, asegura.

“Al final se crea un mercado desregulado de compensaciones que no asegura que efectivamente se disminuyan las emisiones mediante esos proyectos de compensación. En ese sentido, al dejar de cobrarse el impuesto, deja de ser un incentivo a disminuir la actividad contaminante”, agrega Jackson.

¿Nadie gana?

En el debate del lunes, Larraín insistió en más de una oportunidad que “nadie se favorece con este cambio. El impuesto se amplía, aumenta para algunos sectores, pero a nadie se le reduce lo que va a pagar”.

Sin embargo, en los meses previos a la tramitación de la reforma, la agroindustria realizó un intenso lobby por el impuesto verde, específicamente por el cambio del gravamen de capacidad instalada a emisiones generadas, lo que terminó siendo adoptado por el gobierno. Chilealimentos, organización que agrupa a más de 70 empresas de la agroindustria, tildó de “desproporcionado” el tributo ya que empresas agrícolas pagaban solo por tener calderas que utilizan durante un período estacional, mientras que otras -bajo el límite- que emitían todo el año, no lo pagaban.

Ante la propuesta de modificación del Ejecutivo, reclamaron que recién se aplique en 2025, ya que eso, dicen, “perpetúa el enorme impacto negativo en el sector”, considerando que se trata de “empresas cuya materia prima proviene de árboles y cultivos que son captadores de CO2”.

El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) analizó el impacto del calentamiento global en ecosistemas terrestres y dice que “el uso de tierra para fines agrícolas, silvícolas y de otra índole supone el 23% de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero”.

La FAO, por su parte, asegura que las actividades agrícolas como la fermentación, el uso de químicos y cambios en el uso de suelo son una constante emanación de gases de efecto invernadero como el metano, óxido nitroso y dióxido de carbono.

*Este artículo fue publicado originalmente en El Desconcierto el 22 de agosto de 2019.

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