por Marina Aizen | 2 de Jul de 2021 | Análisis, Bosques, Crisis climática
Las campañas internacionales contra la deforestación se han centrado históricamente en los bosques húmedos. Biomas como los de la Amazonía o Indonesia, donde se producen grandes cantidades de commodities para la cadena agroindustrial global, han recibido así un foco constante de atención. Pero, esta narrativa dejó de lado lo que viene ocurriendo desde hace más de tres décadas en los bosques secos.
Por la transformación profunda que experimentaron gracias al paquete tecnológico de la soja genéticamente modificada y la expansión de la ganadería, el Gran Chaco Americano y el Cerrado brasileño, entre otros ecosistemas vitales, han sido diezmados, generando emisiones de carbono (causantes del cambio climático) comparables a las de los sistemas tropicales.
Esto también impactó, claro está, en la composición física de la atmósfera y en el aumento de la temperatura planetaria, más allá de que se le haya prestado o no la suficiente atención.
El Gran Chaco, subestimado
El caso del Gran Chaco, que comparten la Argentina (60%), Paraguay (23%), Bolivia (13%) y Brasil (4%), es emblemático. No sólo se han subestimado las emisiones históricas, también se ha errado en la valoración de cuánto carbono queda almacenado en la biomasa que sigue en pie. Esto, por supuesto, vuelve todavía más relevante las necesidades de conservación de un sistema que tiene apenas una área ínfima de protección en El Impenetrable argentino, donde se logró la creación del Parque Nacional del mismo nombre en parte de lo que era la estancia La Fidelidad.
El resto de El Impenetrable, una región tan maravillosa como misteriosa, de enorme biodiversidad, es la nueva frontera caliente de la deforestación en la Argentina. Y tiene a todas las organizaciones de la sociedad civil en la provincia del Chaco en pie de guerra contra su gobernador, Jorge Capitanich.
Según estudios realizados por investigadores argentinos y alemanes usando una combinación de mediciones en el terreno y de monitoreo satelital, el carbono almacenado en la ecorregión es 19 veces superior al que se pensaba, un valor que no deja de sorprender a los propios científicos.
“Sólo para el Gran Chaco seco, hay unas 4.65Gt de carbono almacenados en la vegetación. Esto es una cantidad de carbono muy considerable. Es lógico pensar que no todo va a ser emitido. Pero demostramos, en término de las cantidades de emisiones que están yendo a la atmósfera, que las del Gran Chaco son comparables a las de lugares como la Amazonía o Indonesia. Y esos son los sitios que se relacionan con las grandes discusiones sobre el cambio climático”, indica Tobias Kuemmerle, del programa de Uso de la Tierra del departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt en Berlín (Alemania).
El Gran Chaco es el sistema boscoso continuo más grande y biodiverso de América del Sur detrás de la Amazonía. Su destrucción ha sido particularmente brutal en la Argentina, donde ha perdido más de 8 millones de hectáreas en las últimas tres décadas, y en el Paraguay, donde se han desmontado grandes áreas para la ganadería. Bolivia, por su parte, cuenta con más áreas protegidas, aunque los dramáticos incendios forestales de los últimos años demuestran su fragilidad.
Parque Nacional El Impenetrable. Crédito: Rewilding Argentina / Florian Von Der Fecht
¿Integración o desintegración?
En total, desde 1985, se han deforestado 14 millones de hectáreas del Gran Chaco. ¿Con qué objetivo? La integración de estos países al ciclo de commodities global, ya sea para granos enteros o procesados en forma de harina o aceite, carne o cuero. Todo tiene una demanda que parece no tener techo en mercados que están en Europa, China, India y otros países asiáticos.
El desmonte del Gran Chaco —y, por caso, el del Cerrado— no se hizo para posibilitar una agricultura o ganadería de subsistencia, como había ocurrido históricamente. Por el contrario, este obedeció a la entrada del capital organizado, a partir de que se resolvieron problemas tecnológicos para realizar la producción agropecuaria en bosques más abiertos, secos y estacionales.
“Los actores que intervienen en la mayoría de las veces son empresas con capacidad de inversión que, cuando deforestan, hacen un evento de limpieza total y pasan, en dos o tres años, por todo un camino de la ganadería a la agricultura y, a veces, a la agricultura directo”, afirma Ignacio Gasparri, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) de la Universidad Nacional de Tucumán.
“En muchos lugares del Chaco argentino, hay un sistema de arrendamientos de tierras. No es la gente que es dueña de la tierra la que controla los campos, sino alguien que la alquila. No hay ninguna motivación para hacer las cosas bien. Estoy aquí por 10 años, le arranco cada gota a este campo y después me voy a otro lugar. Todo esto contribuye a una dinámica tremenda”, añade Kuemmerle. Y completa: “Una de las tragedias del Chaco es que, probablemente, la agricultura no tenga un buen futuro, sino que sólo se pueda hacer por una cantidad determinada de tiempo y luego todo quede destruido”.
Esta lógica de uso de capital intensivo se tradujo en un avance muy rápido y sostenido de la frontera agrícola. Así, en muy poco tiempo, se produjo una enorme cantidad de emisiones desde lugares que, se suponían, no tenían que liberar tanto carbono hacia la atmósfera.
Igual que en Borneo
Por muchos años, la comunidad científica internacional ni siquiera había reparado en lo que estaba sucediendo en esta zona del mundo, por considerarlo un sitio vacío, degradado y de difícil acceso. Tampoco había dinero para la investigación. Para tratar de llamar la atención, los investigadores empezaron a usar el término “extratropicales” para referirse a los bosques secos, como para alertar que algo aquí estaba pasando también. Y que era importante.
No obstante, un paper publicado en 2016 entre varios investigadores argentinos y alemanes, encabezados por Matthias Baumann, también de la Universidad Humboldt de Berlín, vino a llenar un vacío que existía en la literatura científica.
“El carbono que se ha liberado por la agricultura en los últimos 30 años tiene la misma magnitud que Kalimantan en el Sudeste asiático, que es un área (en la Isla de Borneo) muy afectada por la deforestación para la producción de la palma aceitera. Todo el mundo habla de Indonesia, pero nadie habla del Chaco. Y nuestra investigación revela que la magnitud de las emisiones son las mismas”, señala Baumann, quien también es autor principal del paper, aún bajo revisión de pares, que establece que hay 19 veces más carbono de lo que se calculaba en los stocks vegetales del Gran Chaco.
“Las emisiones son tan fuertes porque el cambio del uso de la tierra ha sido tan drástico y extendido. Hay más carbono en el Chaco de lo que previamente se asumió. Eso significa que, si la expansión de la frontera agrícola continúa, el daño en término de emisiones de carbono se espera que sea más grande de lo que pensaba”, agrega.
A su vez, Gasparri, investigador que hace las mediciones en el terreno, indica: “En términos de la superficie que tiene esta región, comparada con la Amazonía, se está emitiendo mucho, a pesar de que tiene menos de la mitad de la biomasa que tiene un bosque amazónico por hectárea. Sin embargo, las emisiones son equivalentes en órdenes de magnitud”.
Más desmonte, más desigualdad
La deforestación en la porción argentina del Gran Chaco se ha desacelerado en la última década, aunque los científicos aún no logran entender qué es lo que sucedió realmente.
La sanción de la Ley de Bosques, en 2007, coincidió con una baja en el precio de los commodities. Muchas de las áreas que quedan para limpiar de árboles y animales están lejos de la infraestructura de transporte, por lo que el costo del traslado de la producción a los centros de acopio no alcanza para garantizar una renta ventajosa. Hay lotes que se desmontan por especulación inmobiliaria y nunca llegan a tener un uso productivo. Así y todo, el ritmo de desmonte en la ecorregión se mantiene en torno a las 100.000 hectáreas anuales, que —si bien es un cuarto del pico histórico— sigue siendo muy alta.
Ahora bien, el desmonte no sólo avanza sobre la vegetación y la biodiversidad, poniéndola en alarmante peligro. También lo hace sobre comunidades nativas y criollas, muchas veces vulnerando sus derechos humanos. El reparto de la “riqueza” generada por la deforestación ha sido totalmente desigual, generando desplazamiento de comunidades que han vivido históricamente en el monte. Las provincias del Norte argentino siguen estando entre las más pobres del país.
Lejos de París
El tipo y la dinámica del corrimiento de la frontera agrícola influye fuertemente en la cantidad de emisiones: la producción de carbono es superior cuando se trata de agricultura que de ganadería.
Esto ocurre por una razón sencilla. Cuando se hace agricultura en un campo desmontado, se eliminan hasta las raíces, se quema todo, liberando en el acto el carbono acumulado por siglos y siglos. En cambio, cuando se hace ganadería, se cubren los suelos con gramíneas, como el gatton panic, una especie subtropical originada en Zimbabwe, que captura más carbono que la soja.
La discusión sobre las emisiones del Chaco debería ser relevante en un mundo que quiere limitar la suba de la temperatura media global a 1,5°C respecto de la era preindustrial, que es la meta más ambiciosa del Acuerdo climático de París. “Hay más gente en los mercados donde se consumen los productos de la Argentina que empiezan a estar interesados en este tema”, advierte Baumann.
De acuerdo a Transparency for Sustainable Economies (Trase), una plataforma online que permite visibilizar el comercio de commodities con el objetivo de transparentar las cadenas de suministro, la Unión Europea y el Reino Unido figuran entre los mercados más expuestos a la deforestación del Gran Chaco, a través de la compra de harina de soja que se despacha por los puertos de Santa Fe, hidrovía mediante.
Mientras se empantana el debate del acuerdo Unión Europea-Mercosur, por el rampante desmonte de la Amazonía, los estudios de las emisiones del Gran Chaco deberían también resaltar el papel de la destrucción ecológica de la región.
Diligencia debida
Tanto la Unión Europea como el Reino Unido están discutiendo leyes llamadas de “debida diligencia”, para limpiar las cadenas agroindustriales de deforestación, de la misma forma en que se le exige a los grandes fabricantes de productos electrónicos, como Apple o Samsung, que no se abastezca de componentes en zonas donde se violan los derechos humanos.
La soja procesada que compran a la Argentina es utilizada para engordar todo tipo de animales de cría industrial, como cerdos, vacas, pollos o salmones, entre otros. Así, se está reemplazando la rica biodiversidad del Chaco, única en muchos sentidos por sus especies animales y vegetales (en algunos casos, endémicas), por un puñado de proteínas que llega mágicamente trozada y empaquetada a las góndolas de los supermercados. El mismo sayo le cabe a los productos lácteos, en todas sus variedades, hasta las que se venden como las más sanas.
“Lo que le damos de comer a los cerdos y a los pollos, así como la carne que importamos, pueden conectarse a la deforestación. Cuando se toma a la Unión Europea como un todo, es muy grande la deforestación indirecta que estamos probando en América del Sur”, dice Kuemmerle.
Responsabilidades colectivas
Sin embargo, como los mercados de commodities son globales, y funcionan como una gran olla a donde todo va a parar al mismo guiso, no se pueden descartar las dinámicas que suceden fuera de Europa y que influyen en todas partes. En este sentido, Gasparri explica que la gran presión sobre bosques como los de la Argentina coincide con el momento en que se empiezan a criar animales encerrados en establos de escala industrial en China, donde había una población con carencias alimenticias y muy bajo consumo de proteínas.
“Todo el proceso de urbanización que se da allí con la incorporación de una dieta con más proteínas se hace, en gran medida, con animales que se crían en forma confinada: gallinas y chanchos. Cuando el país se abre al mercado internacional, aparece un jugador muy importante que se suma a la demanda de un producto que ya era alto”, explica.
“Los países que son productores están respondiendo a una demanda global. Incluso a lógicas que pueden ser erradas, que es la de ‘si yo no lo hago, alguien más lo va a hacer’. Y esa situación nos ha llevado a un punto difícil de manejar. Las políticas de cambio climático tienen un gran desafío”, añade. “Hay que analizar las cadenas de valor completas, las responsabilidades colectivas. No es un problema estricto de la producción, sino de las cadenas de valor.”
Diversas organizaciones están poniendo presión sobre las cadenas de comida rápida y los supermercados en Europa por su exposición a la deforestación, no sólo ya en las grandes compañías comercializadoras o los frigoríficos brasileños. Estas campañas ensucian su imagen corporativa, apelando a una nueva clase de consumidores jóvenes.
“Las principales marcas alimentarias del mundo —incluidas las cadenas de restaurantes como McDonald’s, y los supermercados Tesco y Carrefour— no han conseguido eliminar la deforestación de su cadena de suministro de carne de vacuno a nivel mundial, a pesar de haberse comprometido a hacerlo para 2020”, dice un informe reciente de la organización Mighty Earth.
Y completa: “El ganado es el motor más importante de la conversión de los ecosistemas nativos ligados a la agricultura, siendo los pastos responsables del 63% de la pérdida de la cubierta arbórea mundial ligada a la agricultura industrial entre 2001 y 2015. Aunque gran parte de la atención de los medios de comunicación se centra en la Amazonía brasileña, el desbroce de tierras impulsado por el ganado también amenaza otros biomas críticos como el Cerrado y el Pantanal en Brasil, la región del Gran Chaco en Paraguay y la Argentina, y una variedad de ecosistemas nativos en toda Australia”.
El árbol, el bosque
El Gran Chaco tiene una variedad de árboles de madera dura. Entre ellos, el Quebracho, cuya explotación y saqueo a escala industrial constituyó buena parte de la historia más oscura de la Argentina y de su gente más vulnerable. Además de tener mucho tanino y un tronco de hermoso color colorado, guarda en su interior una gran capacidad para retener carbono. Este tipo de árboles, que incluyen también al Quebracho Blanco y al Palo Santo, no se encuentran en ninguna otra ecorregión. Los ecólogos no saben por qué: es un misterio de la naturaleza.
Se trata de especies de crecimiento lento, sometidas a un calor enorme. Tienen la capacidad de estar varios siglos en pie, proveyendo servicios ambientales por generaciones. Una topadora, sin embargo, puede derribarlos en cuestión de minutos.
El Quebracho proveyó un insumo esencial para la industria textil que generó la Revolución Industrial. Ahora, más que el tanino y su madera —que también fue súper explotada para fabricar durmientes en la expansión del ferrocarril, así como postes y alambrados—, la mejor ayuda que puede prestarle a la sociedad es secuestrando el exceso de carbono de la atmósfera que empujó, paradójicamente, la misma Revolución Industrial que casi lo destruye. Y, también, dar sombra y enaltecer espiritualmente el paisaje.
“Es difícil competir con la Amazonía, que es un ecosistema tan importante, con muchas especies únicas y con gran importancia en el reciclaje de la humedad. Pero, sistemas como el Cerrado o el Chaco son retratados equívocamente con tierras vacías degradadas, tierras que no tienen mucha biodiversidad. No tendrán la biodiversidad de la Amazonía, pero tienen mucha biodiversidad. El Chaco tiene una gran variedad de aves. En Europa, tendrías que juntar muchos ecosistemas para tener la misma cantidad de especies”, reflexiona Kuemmerle.
“El Gran Chaco sufre a la sombra de la Amazonía, se lo representa equivocadamente y no hay mucha investigación sobre estos lugares, que son muy remotos”, advierte. Lo que hace al Chaco especial es que es “el más grande bosque seco subtropical con árboles, arbustos y de vegetación leñosa, y lo más importante: tiene más de un millón de kilómetros cuadrados”.
por Juan Parrilla | 1 de Jun de 2021 | Historias
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina registra 284 conflictos sociales por la megaminería. Con distintos grados de violencia, las recetas para combatir la falta de licencia social se repiten: asesinatos, detenciones, desalojos forzados, criminalización, irregularidades judiciales, fuerzas de seguridad con poder de policía y corrupción. Donde hay minería, hay un conflicto social.
El 10 de abril pasado, un grupo de desconocidos encapuchados arrojó una bomba molotov que incendió las oficinas de la minera Agua Rica, en Andalgalá, en la provincia argentina de Catamarca. Fue mientras se realizaba una marcha de vecinos que desde hace más de una década se manifiestan todos los sábados a favor del medioambiente, siempre de manera pacífica. Pese a la falta de pruebas y a que todo indicaba que se trataba de “infiltrados”, una fiscal que trabajó para el sector minero ordenó la detención de 12 pobladores. La mayoría estuvo dos semanas en prisión.
El día de su liberación, a más de 5.000 kilómetros de allí, en Honduras, ocho personas cumplían entre 20 y 30 meses encarcelados. Permanecen detenidas luego de una serie de protestas contra un proyecto minero de Inversiones Los Pinares. Son parte de una causa en la que 32 pobladores, incluido un muerto, están siendo juzgados como parte de una asociación ilícita por los mismos tribunales que se crearon para investigar al crimen organizado.
Los dos casos muestran una de las caras más oscuras de la megaminería en América Latina. Con distintos grados de violencia, las recetas para combatir la falta de licencia social se repiten: asesinatos, detenciones, desalojos forzados, criminalización, irregularidades judiciales, fuerzas de seguridad con poder de policía y corrupción. Donde hay minería, hay un conflicto social, la democracia se convierte en una ficción y la vida cambia para siempre.
Honduras (Crédito- Fundación San Alonso Rodríguez)
El sector más peligroso
Según el último informe de la organización Global Witness, América Latina es la región con más defensores del medioambiente asesinados, con dos tercios de los casos en 2019. El triste ranking de ese año lo lideró Colombia, con 64 víctimas fatales. Cinco de los seis países que le siguen son de la zona: Brasil (24), México (18), Honduras (14), Guatemala (12) y Venezuela (8). La minería fue el sector más peligroso, con 50 crímenes.
A la fecha, el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) registra 284 conflictos sociales por la megaminería. La mayoría, en México, Chile y Perú, seguidos por la Argentina, Brasil y Colombia. Detrás de la frialdad de las cifras hay personas. Y detrás de ellas, una familia, una comunidad, una historia desconectada de los grandes centros urbanos y la vida democrática.
A pesar de la irrupción de capitales chinos y la importante presencia de empresas británicas, más de la mitad de los emprendimientos mineros en la región siguen siendo de compañías de Canadá. Mientras su primer ministro Justin Trudeau impulsa sanciones junto a los Estados Unidos para los países con leyes climáticas débiles, los encargados de negocios de sus embajadas hacen lobby a favor de mineras ligadas a procesos de violencia, corrupción y contaminación.
/ Periodistas por el Planeta
Violaciones y abusos
Tal el caso de la mina Fénix, en la costa norte del Lago de Izabal, en Guatemala, en territorios que reclama la comunidad maya Q’eqchi. El conflicto desembocó en tres demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por acusaciones contra las empresas canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel, y su subsidiaria CGN. Son los únicos procesos en los que juzgados de ese país aceptaron acciones contra una empresa local por violaciones a los derechos humanos en el extranjero.
La primera de esas demandas es por el abuso sexual de 11 mujeres, el 17 de enero de 2007, por parte de policías, militares y personal de seguridad con ropa de la minera CGN, durante la expulsión de un centenar de familias de la comunidad de Lote Ocho.
Una de las víctimas, Rosa Elbira Coc Ich, contó que nueve hombres irrumpieron en su casa preguntando por su marido y la violaron. Hoy, no puede tener hijos, posiblemente por las lesiones que sufrió. Entre las víctimas también hay embarazadas que perdieron sus bebés.
En el marco del juicio, las mineras tuvieron que entregar unos 20.000 documentos internos a las demandantes. “Allí consta que CGN pagó cientos de miles de dólares a los soldados y la policía para realizar los desalojos”, subraya el abogado canadiense Grahame Russell, director de Rights Action, una de las ONG que colaboran con las comunidades afectadas.
Otra demanda es por el crimen del docente Adolfo Ich, el 27 de septiembre de 2009, en medio de nuevas amenazas de desalojos. Su esposa y denunciante, Angélica Chub, recuerda que el jefe de seguridad del proyecto, el excoronel Mynor Padilla, había convocado a su marido a conversar, pero un grupo de empleados de la empresa lo empezó a golpear y lo arrastró hacia el interior del predio de la minera. “Una vez allí, un miembro de las fuerzas de seguridad de Fénix lo atacó con un machete. Entonces Mynor Padilla se acercó y le disparó en el cuello”, repasa la denuncia.
Esa jornada terminó con otros siete pobladores heridos de bala. Uno de ellos es Germán Chub Coc, quien quedó parapléjico. Es el tercer demandante en los tribunales de Ontario.
El conflicto por la mina Fénix, en la costa norte del Lago de Izabal, en Guatemala, en territorios que reclama la comunidad maya Q’eqchi, desembocó en tres demandas en el Tribunal Superior de Justicia de Ontario por acusaciones contra las empresas canadienses HudBay Minerals y HMI Nickel, y su subsidiaria CGN / Crédito- Grahame Russell
Estrategia de desgaste
La también canadiense Pan American Silver es otra de las empresas emblemas en la región, con presencia en cinco países. En México opera dos proyectos, entre ellos, La Colorada, en Zacatecas, la mina más grande de la compañía. Abrió en 2004 y una década más tarde comenzó un proceso de expansión que desató un conflicto por las tierras con los pobladores de la zona.
Tras dos años de amenazas, el 13 de enero de 2017, personal de seguridad de Pan American Silver munido de armas largas obligó a 46 familias a desalojar los terrenos que su comunidad ocupaba desde hacía casi un siglo. Sus casas fueron destruidas y todos fueron reubicados en viviendas de lámina que les dieron en comodato, dentro de un complejo habitacional que funciona casi como un gueto, a 200 metros del ingreso a la mina, entre los ruidos de las máquinas y los respiradores, y con un perímetro alambrado e iluminado las 24 horas del día, lo que dificulta el descanso.
Los vecinos denuncian que todo es parte de una estrategia de desgaste para forzarlos a abandonar la zona, que comenzó cuando la minera echó a los empleados que vivían en la comunidad. La tortura psicológica se completa con un duro reglamento confeccionado por la empresa. Los pobladores aseguran que ni siquiera pueden festejar un cumpleaños fuera de sus hogares y que no están permitidos los ruidos después de las 23 horas. Tampoco pueden criar animales para alimentarse y hasta tienen regulados los tipos de mascotas que pueden tener. Si rayan un mueble, se les aplica una multa de 300 pesos. Les llegaron a cortar el agua por más de un mes.
La Colorada, en Zacatecas, la mina más grande de Pan American Silver. Abrió en 2004 y una década más tarde comenzó un proceso de expansión que desató un conflicto por las tierras con los pobladores de la zona / Comunidad La Colorada
¿Feliz Navidad?
A pesar de ese y otros antecedentes, como la contaminación en torno a la mina Quiruvilca en Perú, Pan American Silver intenta avanzar en el sur de la Argentina, en Chubut, con el proyecto Navidad, en un proceso cargado de avasallamientos a las instituciones democráticas. Eso incluye represión y detenciones, una cámara oculta a un diputado provincial pidiendo dinero para hacer lobby, un audio de otra legisladora revelando que se pagaron coimas y la foto del celular de un tercer congresal que en plena sesión recibió un mensaje con instrucciones de un directivo de una minera para desvirtuar el contenido de una iniciativa popular.
El proyecto Navidad, sin embargo, tiene un obstáculo: en la provincia de Chubut está prohibida la minería a cielo abierto y el uso de cianuro, tras una consulta popular en el pueblo de Esquel, en 2003. Fue la segunda consulta que se realizó en América Latina sobre megaminería y tomó como referencia la experiencia inédita en Tambogrande, en la provincia peruana de Piura, en junio de 2002.
En total, el OCMAL lleva contabilizadas 39 consultas populares en la región, pero concentradas en sólo seis países. Aunque no siempre los gobiernos han reconocido esas elecciones y algunas veces han usado artilugios legales para eludir sus resultados, muchas han conseguido modificar, retrasar y hasta frenar proyectos.
Otra forma de participación directa son las consultas previas, pero suelen ser una mera formalidad cuyos resultados no se tienen en cuenta. Una situación análoga ocurrió en Honduras, en torno a las concesiones ASP 1 y ASP 2 de Inversiones Los Pinares, uno de los casos que se narran al inicio de este artículo. El 29 de noviembre de 2019, hubo un cabildo abierto en el municipio de Tocoa, Colón, del que participaron unas 3.500 personas, según las actas oficiales, aunque los vecinos afirman que fueron muchos más. Pese a que los pobladores declararon a la comuna como libre de minería, la empresa informó que eso “no afecta en absoluto” sus operaciones.
“No es No”, Chubut, Argentina / Anibal Aguaisol
“El agua parecía jugo de tamarindo”
El conflicto, como otros en la región, había empezado en el más absoluto secreto, cuando el Congreso impulsó, un año después de su creación, la reducción de la zona núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos, para allanar el camino de la explotación de óxido de hierro.
“Nos topamos con un muro terrible en todos los niveles: municipio, gobierno central y empresa”, recuerda Juan Antonio López, vecino de Tocoa y referente de la oposición al proyecto minero.
El detonante del capítulo más sombrío del conflicto se empezó a escribir en abril de 2018, durante la construcción de los caminos hacia el proyecto. No es una novedad: es habitual que los primeros efectos de la presencia de las mineras en un lugar se perciban al abrirse las rutas de acceso, por el polvo de las explosiones. Un antecedente conocido es el del proyecto binacional Pascua Lama, entre Chile y la Argentina, donde la justicia chilena frenó las obras porque acreditó la presencia de una capa de polvo sobre dos glaciares.
En el caso hondureño, la polvareda se visibilizó en los ríos Guapinol y San Pedro, y en sus afluentes. “El agua parecía jugo de tamarindo”, recuerdan los vecinos. Eso movilizó a comunidades que hasta ese momento no habían protestado.
Los pobladores tomaron por dos semanas el edificio municipal. También cortaron la calle de acceso a la empresa y paralizaron la actividad. Pedían dialogar con el gobierno, pero las autoridades los llamaban a negociar con la empresa. Buscaban un acuerdo económico. “Nos llegaron a decir que el Estado no se responsabilizaba de lo que nos pudiera ocurrir”, recuerda López.
Criminalización de los defensores
Durante una de las tantas protestas, según el relato de los pobladores, desde un vehículo de la empresa salió un disparo que hirió a un manifestante. La reacción de los vecinos fue retener al jefe de seguridad de la mina, que fue entregado a la policía. Y la respuesta del Estado fue brutal: en septiembre de 2018, el Ministerio Público impulsó una acción penal contra 18 pobladores.
La criminalización estaba en marcha, pero la lección no había sido suficiente y en febrero de 2019 se imputó a otras 14 personas, 32 en total. Fueron acusadas de cometer seis delitos, incluido el de asociación ilícita. Ocho de ellos permanecen detenidos y otros cinco están en riesgo de ser apresados.
La estrategia no es casual. Una reciente investigación de Mongabay detectó que, entre Perú, Colombia, México y Ecuador, hay 156 defensores ambientales criminalizados, 58 de ellos —la mayoría— por conflictos vinculados a la megaminería.
Uno de los acusados en Honduras es Juan Antonio López. Es considerado por el Ministerio Público como el jefe del grupo, una especie de capo narco al mejor estilo Pablo Escobar, pero que, en lugar de hacer negocios ilegales, pide que una minera no se instale en una zona protegida por ley, en la que hay 34 fuentes de agua de las que dependen miles de personas.
Esta publicación es parte de un proyecto periodístico liderado por Periodistas por el Planeta (PxP) en América Latina.
