Ratificar Escazú y adelantar la Descarbonización: Las propuestas ambientales de los candidatos presidenciales en Chile

Ratificar Escazú y adelantar la Descarbonización: Las propuestas ambientales de los candidatos presidenciales en Chile

El contexto político -con nueva Constitución en camino- y climático marcan el debate electoral en Chile. En noviembre se elige al sucesor de Sebastián Piñera.

El pasado 9 de agosto, el IPCC liberó su informe respecto a cómo, producto del cambio climático, la temperatura media del planeta continuará en aumento y los fenómenos meteorológicos extremos en América Latina se acelerarán cada vez más. Un día después, en Chile, la Comisión Ambiental de Coquimbo aprobó el polémico proyecto minero Dominga, que pretende construir una mina a tajo abierto para la extracción de hierro y cobre y un megapuerto a menos de 30 kilómetros del Archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas más ricos y biodiversos del mundo.

La decisión tomada por 11 funcionarios del gobierno de Sebastián Piñera causó rechazo inmediato en la ciudadanía. Desde hace años que la iniciativa es resistida por comunidades locales y científicos. Pero el “no” a Dominga tuvo un aliado inesperado: Sebastián Sichel, el candidato presidencial con el que la derecha chilena pretende continuar en el poder los próximos cuatro años. 

Sichel, independiente de pasado en la centro izquierda, triunfador en la primaria del sector, no solo dijo que Dominga “no es viable”, sino que quiso marcar una clara diferencia con su antecesor: Si es presidente, sí ratificaría el Acuerdo de Escazú.

Después de años de rechazo -por parte de Piñera- a Escazú hay luz al final del túnel: Las principales cartas para asumir la presidencia chilena en marzo de 2022 se comprometen a su retificación. 

El contexto mundial y local, con una profunda sequía que impacta cada vez más, han posicionado al tema ambiental en la agenda política chilena. Diálogo Chino analizó los principales compromisos de los candidatos presidenciales en la materia, del cual se desprenden promesas transversales como adelantar el cierre de termoeléctricas a carbón y ponerle fin a las llamadas “zonas de sacrificio”. Todos hablan de biodiversidad, cambio climático, derecho humano al agua y de fortalecer la institucionalidad ambiental.

Serán siete candidatos que se enfrentarán en la papeleta el próximo 21 de noviembre. Son tres los favoritos: Sichel, de la derecha; la senadora Yasna Provoste (Democracia Cristiana – centro izquierda), única mujer en la elección y el joven diputado Gabriel Boric, del bloque de izquierda Apruebo Dignidad.

Los comicios de noviembre estarán marcados por un proceso inédito e histórico: La Convención Constitucional -órgano que le dio un cauce institucional a las masivas movilizaciones sociales de 2019– ya inició su trabajo de redactar la nueva Constitución en plazo de un año. De los 155 constituyentes, un grupo no menor proviene de movimientos socio-ambientales y la instancia ya está trabajando en incorporar, por ejemplo, los derechos de la naturaleza a la Carta Magna.

Candidatos “verdes”

Post informe del IPCC y decisión sobre Dominga, Gabriel Boric también quiso dar una señal de campaña en clave ambiental. Estuvo en Punta de Choros -cerca de donde estaría la minera-, reunido con pescadores artesanales que se oponen al proyecto y en Puchuncaví, donde firmó un compromiso de reparación ambiental y transición justa para una localidad plegada de industrias, conocida popularmente como una “zona de sacrificio”.

Para Javiera Lecourt, coordinadora de los equipos de energía y minería de la campaña de Boric, el programa de Apruebo Dignidad se articuló sobre tres ejes transversales: feminismo, descentralización y transformación socio-ecológica. “Entendemos que la crisis climática es multisistémica y multidimensional, no se puede abordar solo desde lo ambiental”.

El actual diputado es oriundo de Magallanes, la patagonia chilena y reconoce la existencia de una crisis climática y ecológica. Se compromete a adelantar el cierre de termoeléctricas a carbón de 2040 a 2025 vía ley; a la protección de corredores biológicos de flora y fauna; impulsar empleos verdes; infraestructura de adaptación y resiliencia a la crisis climática; reubicación de comunidades de riesgo; y a una nueva gestión de las aguas con enfoque de cuenca y ecosistémico que apunte a la adaptación al cambio climático.

Boric (35 años) representa a una camada de jóvenes dirigentes estudiantiles que dieron el salto al Parlamento. Fundador de la agrupación de izquierda Frente Amplio, se unió al centenar Partido Comunista para formar Apruebo Dignidad, un pacto que pese a que nunca ha gobernado, parte la carrera presidencial como el principal favorito: Fueron la primaria más votada (con más de un millón de votos para él), su bloque fue el de los que más constituyentes eligió.

Pero el candidato de la izquierda no es el único que plantea medidas de reparación para las zonas de sacrificio. El mismo compromiso se repite en la mayoría de los programas.

Para Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, uno de los puntos bajos de la campaña es que “se hacen declaraciones sin especificidad de cómo se logra. A las soluciones les falta un correlato”.

Mena se sumó al equipo de Yasna Provoste como coordinador programático. La senadora (51 años) fue la última en sumarse a la carrera, después de una primaria realizada el último fin de semana antes de la inscripción entre los partidos de la centro izquierda que gobernaron entre 1990 y 2010. El sector viene a la baja en los últimos años y fueron el principal foco de crítica del estallido social (“no son 30 pesos, son 30 años” fue la frase más repetida entonces). Las últimas elecciones a constituyentes fueron una debacle para el sector: El partido de la candidata (Democracia Cristiana) solo eligió a una persona. 

“Las zonas de sacrificio se dan porque en la lógica neoliberal, es lógico que pocos tengan un impacto para el beneficio mayor, pero eso ignora los valores de equidad territorial y justicia ambiental. Por eso el modelo que planteamos, para superar el neoliberal, es que los territorios ignorados en las decisiones tengan más atribuciones, acceso a la participación, que las decisiones territoriales se queden en los territorios. Hablamos de un fondo de recuperación ambiental, que contemple remediación y empleo de reemplazo para actividades que terminan”, asegura Mena.

Entre otras propuestas, Provoste plantea adelantar la descarbonización a 2030 y la carbono neutralidad a 2040 a través de medidas como impuesto al carbono y un compromiso de 100% energías renovables a 2035. También enfatiza en empleos verdes, inversión en obras de resiliencia climática, transporte público eléctrico y que obras de infraestructura pública y privada cumplan con criterios de resiliencia para enfrentar la crisis climática.

En la derecha, Sebastián Sichel (44 años) fue quien llevó el programa más “verde” a las primarias de julio. Fue el único de los cuatro candidatos que hablaba de fin a las zonas de sacrificio. En agua, el candidato independiente quiere crear una Subsecretaría del Agua y habla de “definir la cuenca hidrográfica como unidad básica e indivisible de gestión y administración de recursos hídricos (…) debe comprender desde el nacimiento de los cauces hasta su confluencia en el mar”.

Para la directora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, Valentina Durán, “hay un énfasis que antes no se daba”. “La Convención Constitucional recogió un sentir popular de mayor protección al medio ambiente y la naturaleza. A los candidatos que lo plantearon les fue bien y eso se refleja también en los programas presidenciales, todos tratan de mostrarse muy ambientalistas. Hoy nadie diría que la protección al ambiente es un obstáculo para la inversión, todos se tratan de vestir de verde”, agrega. 

Para la politóloga Pamela Poo, quien realizó un análisis detallado de las propuestas ambientales de los candidatos a las primarias, “los programas presidenciales están pensados en una lógica muy de siglo XX todavía, abordando el tema ambiental como un capítulo más, cuando debieras tomar la crisis climática y ecológica como el escenario en el que vivimos, sobre eso colocar las políticas públicas necesarias para enfrentarlo. Porque en el fondo no va a ser solo conservación de ecosistemas o un tema de bajar emisiones, vas a tener migración climática, temas de salud, riesgos y desastres, no se está pensando en esa clave”.

Si bien destaca el avance que hay en las propuestas, uno de los problemas es que “se habla de minería verde sin problematizar usos de agua, de energía, no se piensan las interconexiones”. Ahí es donde también hay propuestas transversales: Boric, Sichel y Provoste plantean minería “verde” o “sustentable”, desarrollo de litio (Boric y Provoste a través de una empresa nacional) y el desarrollo del hidrógeno verde.

“Todos los programas tienen demasiada poesía demás”, dice Poo, para quien, tanto la izquierda como la derecha, siguen ancladas “con las recetas de las ideologías clásicas. Eso no sirve, porque el problema tiene que ver con sacar el antropocentrismo de nuestra relación con la naturaleza”. 

El Servicio Electoral chileno rechazó la candidatura del dirigente mapuche Diego Ancalao, por la Lista del Pueblo, por presentar más de 20 mil firmas acreditadas por un notario ya fallecido. El grupo es de tendencia de izquierda anti partidos y se han negado a apoyar al Frente Amplio. Fueron la gran sorpresa en las últimas elecciones constituyentes, con 26 convencionales y prácticamente nula visibilidad mediática previa. Se posicionaron como un nuevo actor en la política chilena, pero las polémicas internas los debilitaron.

Desde la extrema derecha asoma José Antonio Kast, ex diputado, quien en las elecciones de 2017 alcanzó un 7%. Es quien aparece en las antípodas del resto en materia ambiental, sin muchas propuestas concretas y resaltando ideas ampliamente rechazadas por la ciudadanía y la comunidad científica, como una carretera hídrica que lleve agua del sur al norte para enfrentar la sequía.

La papeleta también estará compuesta por otros tres “reincidentes”: Marco Enriquez-Ominami en su cuarto intento por ser presidente; y Franco Parisi y Eduardo Artés en su segunda aventura a La Moneda.

La constituyente y el extractivismo

La Convención Constitucional funcionará en paralelo a la campaña, elección, segunda vuelta (el 19 de diciembre) y asunción del nuevo presidente o presidenta el 11 de marzo de 2022. 

Quien gane la elección tendrá el deber de implementar la nueva Carta Magna redactada por convencionales que desdibujaron todo el tablero político. En su discurso inaugural, la presidenta Elisa Loncón afirmó que “esta Convención transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide a la Madre Tierra, en un Chile que limpie las aguas, en un Chile libre de toda dominación”.

Ahora la Convención está trabajando en comisiones que acuerden las bases de funcionamiento de la discusión constitucional de fondo. Esas bases incluyen, por ejemplo, una comisión de Derechos Humanos que está caracterizando los derechos de la naturaleza, otra de participación popular y otra de descentralización, liderada por la científica Cristina Dorador.

“Quien sea el nuevo presidente, lo va a ser en este contexto de mayores exigencias a actividades mineras, agrícolas y extractivas. Son cosas que requieren políticas profundas, que no se logran en cuatro años de gobierno, por eso es importante la Constituyente. Chile se reconoce como un país minero, no es algo que cambiará en cuatro años, pero sí es una discusión que la Convención puede orientar para las próximas décadas. Es un desafío muy grande, entretenido y muy difícil”, opina Valentina Durán, para quien lo más importante es que el nuevo presidente se comprometa a respetar el proceso constituyente.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino el 03 de septiembre de 2021.

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Freirina es una localidad de tan solo 7 mil habitantes ubicada en el llamado “norte chico” de Chile, ahí donde comienza -o termina, dependiendo desde dónde se mire-, el imponente desierto de Atacama. En 2012, una “catástrofe sanitaria” ocasionada por el abandono de 450 mil cerdos provocó uno de los más recordados conflictos ambientales en el país, que derivó en la primera norma de contaminación por olores. 

Desde el pasado domingo 25 de octubre, la comuna se anotó otro hito: Con el 91,3% de votos por el “Apruebo”, los habitantes de Freirina estuvieron a la vanguardia del histórico plebiscito en que Chile decidió enterrar, para siempre, la Constitución que el dictador Augusto Pinochet instaló hace ya lejanas cuatro décadas. 

Si bien el “Apruebo” arrasó con un 78% de las preferencias a nivel nacional, llamó la atención los resultados en las “zonas de sacrificio”, el nombre con que en Chile se le llama a las localidades como Freirina, marcadas por conflictos socioambientales. Nueve de las diez comunas donde la opción por el cambio constitucional superó el 89% de las preferencias tienen conflictos vigentes: Desde las termoeléctricas a carbón en Tocopilla, Huasco y Mejillones, los problemas de agua por actividad minera en María Elena y Diego de Almagro, a la “mega sequía” que enfrenta en Petorca a comunidades locales contra la agroindustria de la palta. 

El contraste está en el “Rechazo”, que ganó solo en cinco comunas y arrasó en el sector oriente de Santiago, que concentra a los más altos ingresos del país. Según el World Inequality Database, Chile es uno de los países más desiguales del mundo, donde el 10% de mayores ingresos concentra el 60% del total de ingresos del país. 

Hace un año, en octubre de 2019, un grupo de estudiantes secundarios inició una protesta contra el alza de precios de pasajes del metro, que escaló al llamado “estallido social” bajo consignas como “no son 30 pesos, son 30 años” y “hasta que la dignidad se haga costumbre”. El presidente Sebastián Piñera, un empresario de centroderecha que gobierna por segunda vez, decidió suspender la realización de las cumbres de la APEC y COP25 que estaban programadas en Santiago, ante la incapacidad de asegurar el orden social en las calles. 

El plebiscito constituyente fue la salida institucional que los partidos políticos idearon para sortear la crisis que los golpeó en la cara. En abril del próximo año, 155 “constituyentes” serán electos de forma paritaria (50% hombres y 50% mujeres) y tendrán un año para redactar la nueva carta magna, que deberá ser ratificada en un “plebiscito de salida” por la población en 2022.

“Este proceso abre una puerta inédita que pasa cada 40-50 años. Se trata de reestructurar y volver a preguntarnos cuál es el contrato social entre nosotros los seres humanos y cómo imaginamos y cuál es la visión que entablamos con nuestro territorio. Los principios y derechos consagrados en la Constitución serán claves para las próximas décadas”, dice Violeta Rabi, socióloga de la Universidad de Chile con un máster en Medioambiente de la Universidad de Melbourne.

Rabi coincide con otros expertos consultados por Diálogo Chino: El proceso constituyente es una oportunidad histórica en contexto de la crisis climática -y en medio de una pandemia- para repensar las relaciones con la naturaleza.

UNA CONSTITUCIÓN ECOLÓGICA

“Eso podría traer problemas en tiempos de sequía”. La frase la dijo el propio general Augusto Pinochet, cuando el grupo de hombres al que encargó la redacción de la entonces nueva Constitución, le presentó sus propuestas en materia de agua. El diálogo está registrado en el libro “El Negocio del Agua”, de las periodistas Tania Tamayo y Alejandra Carmona, donde se da cuenta de cómo se tuvo que convencer al propio dictador de un régimen que garantiza, a nivel constitucional, el derecho privado sobre las aguas, con el fin de incentivar las inversiones en el país.

El agua cruza casi todos los conflictos socioambientales que tiene un país tan extenso como Chile. Desde los glaciares en la cordillera amenazados por la actividad minera, los paltos en la zona central, los monocultivos de pinos y eucaliptus en territorio mapuche, hasta los ríos que nutren hidroeléctricas.

Ezio Costa, director ejecutivo de la ONG FIMA, y miembro de la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC), dice que la Constitución chilena es una rareza en el mundo por darle la máxima protección legal al derecho de transar el agua. Su opción es que la nueva carta magna consagre el derecho humano al agua y la reconozca como un bien común, pero que el cómo debería gestionarse sea una discusión posterior. “La Constitución no resuelve todo y está bien que así sea, con principios generales que después se vayan trabajando en leyes. Por ejemplo, si se reconocen los bienes comunes en la Constitución, entonces la ley de pesca, el código de agua, la ley de bosques tendrán que recoger esa idea y ser reformadas y eso se demora. De todas maneras va a haber un trabajo de reformas a las distintas normativas para que queden adecuadas a las ideas ecológicas de la Constitución”, afirma.

Una pareja celebra el resultado en Santiago, la capital de Chile (imagen: Antonia Colodro)

Para Costa, que viene trabajando desde la SCAC en las ideas de la Constitución ecológica, es importante entender que toda Constitución tiene cruces entre derechos y principios y, lo que hace la de 1980, es resolverlos a favor de los privados. “En una nueva Constitución, cuando haya una disputa entre libertad económica y protección ambiental, esperamos las dos tengan la misma relevancia en la teoría y después sea una aplicación práctica de cómo una u otra es más importante. Y en eso, para nosotros, la protección ambiental, cuando se refiere al mantenimiento de la función básica de los ecosistemas o a la existencia de esos ecosistemas para el disfrute de las generaciones futuras, sin duda tiene que primar”.

El derecho humano al agua, la justicia intergeneracional, los derechos de la naturaleza y de acceso a la información, participación y justicia, junto a un compromiso de adaptarse al cambio climático, son algunos de los “intransables” que tiene el mundo ambientalista en Chile para la constituyente. Costa cree que el nudo del debate estará cuando se aborden los “límites ambientales a la propiedad” y en la distribución de poder en los territorios, un punto clave para que los nuevos derechos consagrados no sean “letra muerta”.

Manuela Royo, abogada, doctora en Derecho y candidata a la constituyente por el Movimiento por la Defensa del Agua, la Tierra y el Medioambiente (Modatima), cree que se deben “generar los mecanismos para la protección de derechos. Que, por ejemplo, se configure la existencia de organismos especializados como una Defensoría Ambiental que le permita a las personas y comunidades ejercer esos derechos”. 

“La crítica que se hace a las constituciones de Bolivia y Ecuador, por ejemplo, es que se enfocaron en lo declarativo de los derechos de la naturaleza, no en lo orgánico, de cómo se estructura la participación de comunidades en la toma de decisiones y en la repartición del poder”, afirma. “Es importante establecer a nivel constitucional ciertas fórmulas de interpretación que incluyan, por ejemplo, principios precautorios de prevención, que permitan proteger la naturaleza ante proyectos de inversión”, agrega. 

SE BUSCAN CONSTITUYENTES

En 2013, Michelle Bachelet, hoy en la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue electa presidenta de Chile prometiendo una nueva Constitución. Se desarrollaron más de 9 mil Encuentros Locales Autoconvocados, cabildos provinciales y regionales, y más de 90 mil consultas individuales. Según las actas del proceso, el “respeto por la naturaleza y el medio ambiente” fue uno de los cinco derechos priorizados por los participantes para una nueva Constitución, junto al derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna y la igualdad ante la ley. 

En noviembre de 2019, en pleno estallido social, la Universidad Alberto Hurtado hizo una encuesta de percepciones y actitudes de los chilenos hacia el cambio climático. La medición arrojó resultados como un 71,8% a favor de prohibir la operación de industrias contaminantes para enfrentar la crisis ambiental y amplias mayorías con la percepción de que ni el gobierno (73,4%), ni las empresas (74%) ni el Congreso (81%) están realizando acciones para resolver la crisis climática.

Para Ricardo Greene, sociólogo y urbanista, a cargo del estudio, la posición de la ciudadanía frente a la explotación de recursos naturales y el extractivismo es clara. Si esto se traslada a la constituyente “va a depender netamente de quien la conforme. Si es una Convención representativa de la nación, estos temas van a estar incorporados en la Constitución”.

La elección de los y las constituyentes en abril será bajo las mismas reglas electorales con que se eligió al último Congreso, donde la oposición al gobierno es mayoría. Sin embargo, el Parlamento tiene la presión de decidir sobre dos leyes que pueden ser claves en el resultado: si facilita o no la participación de independientes para que puedan formar pactos electorales y aumentar sus posibilidades de ser electos, y la inclusión de escaños reservados para pueblos indígenas. Esto último ha estado en debate desde noviembre del año pasado y todavía no hay claridad si se generarán cupos extra a los 155 constituyentes o si serán dentro de los mismos. 

Manuela Royo, por ejemplo, será candidata independiente por Modatima a la Convención Constitucional. Si bien cuenta con el cupo de la coalición de izquierda Frente Amplio, están a la espera de que los partidos de oposición decidan si irán juntos, y en cuantas listas, a la elección.

Fue un intransable del gobierno y la derecha en las extensas negociaciones políticas que dieron origen al proceso en curso: Las votaciones en la constituyente serán por 2/3. Es decir, todo principio o derecho que garantice la nueva Constitución debe ser con el acuerdo de 104 de los 155 integrantes.

Para Violeta Rabi, todas las posibles piedras de tope en la discusión constituyente dependen de los resultados de la votación de abril: “Si la composición de la Convención va a reproducir los poderes que hoy están en el Congreso o si se podrá generar una unidad programática y de candidatos. Hay poderes fácticos que hoy se benefician del ordenamiento jurídico que tenemos y van a intentar mantener esos privilegios, y la regla de los 2/3 implica buscar consensos amplios”.

Este contenido fue publicado originalmente en Diálogo Chino el 1 de diciembre de 2020.

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