por Mediambiente | 22 de Sep de 2020 | Combustibles fósiles, Crisis climática
La producción, dirigida a un público infantil, abordará las consecuencias de la contaminación de Quintero y Puchuncaví. Las protagonistas serán niñas, niños y adolescentes de la zona de sacrificio que se han organizado para mejorar su calidad de vida. Necesitamos la ayuda de todes quienes puedan compartir fotos y videos, antiguas y actuales.
Las niñas, niños y adolescentes que viven en las comunas de Quintero y Puchuncaví no hacen las mismas cosas que suelen hacer las personas de su edad. No pueden salir a jugar a la plaza libremente, no pueden pasar sus vacaciones en la playa, no pueden comer las verduras que cultivan en la escuela ni algo tan simple como correr en los recreos.
Su vida cotidiana ha sido fuertemente modificada por el impacto del cordón industrial de la zona en la que viven, donde se alojan más de quince empresas que incluyen termoeléctricas, fundiciones, almacenaje de combustible y puertos de cobre y carbón.
Ha habido derrames de petróleo, varamientos de carbón e intoxicaciones masivas; 10 desde 2008 a la fecha. La última fue en 2018, cuando 1.353 niños, niñas y adolescentes fueron atendides en servicios de urgencia, presentando vómitos, mareos y desvanecimientos. Un estudio del Colegio Médico realizado luego del episodio da cuenta del alto riesgo de desarrollar cáncer que tendrán esos niños y niñas, a lo que se suman problemas respiratorios, cognitivos, de salud mental y vulneración a su derecho a la educación.
En el estudio “Afectación de Niños, niñas y adolescentes por contaminación en Quintero-Puchuncaví”, la Defensoría de la Niñez da cuenta de un “triángulo riesgoso que impacta la calidad de vida de NNA” en la zona: falta de conocimiento respecto a presencia de elementos dañinos para la salud en el medio; falta de un sistema de salud especializado para el control de emergencias; limitada consideración de la salud mental de NNA. Según el Padem de Puchuncaví, entre 2012 y 2017 se observa un crecimiento exponencial en niñes del espectro autista y otros problemas cognitivos.
Con la convicción de cambiar su realidad, tras las intoxicaciones de 2018 los niños y niñas se organizaron en grandes manifestaciones, hicieron tomas pacíficas de sus colegios e incluso un grupo viajó a Santiago a encadenarse en la puerta de entrada del Ministerio del Medio Ambiente con tal de exigir una mejora urgente en su calidad de vida. En 2019 la Corte Suprema falló a favor de la comunidad obligando al Estado y las empresas a implementar 15 medidas para reparar daños. Todavía no se toman acciones contundentes.
“Hay que luchar por lo que es justo”, dice Camila Ponce, vicepresidenta del Centro de Estudiantes del Complejo Educacional Sargento Aldea de Ventanas, quien participó activamente de la toma de su colegio en 2018. “No porque sean niños no están diciendo la verdad. No porque sean niños están equivocados. Eso pasa acá: dicen que porque son niños no tienen razón. No es así. Son los con más motivación de organizarse, los más informados. No se cansen de luchar porque siempre va a haber alguien que los va a escuchar”.
La de Camila y otras voces son las que protagonizarán la serie infantil enfocada en las afectaciones de salud que han sufrido niñas, niños y adolescentes en la zona de sacrificio de Quintero-Puchuncaví y en las acciones que realizan para enfrentar su realidad, desafiando el estereotipo de pasividad y alzándose como actores y actoras proactivas en la lucha contra la crisis climática.
La producción está a cargo de un equipo multidisciplinario y es financiada por el fondo semilla entregado por Clik Hub y la Fundación Futuro Latinoamericano a MediAmbiente para implementar un proyecto de comunicación efectiva de cambio climático en América Latina.
Para graficar de la manera más fidedigna posible las vivencias de niñas, niños y adolescentes en la zona de sacrificio, se está recopilando material que familias y organizaciones de Quintero y Puchuncaví tengan a disposición: fotos, videos, recortes, dibujos, audios. La idea es retratar el cambio en el paisaje desde la llegada de las industrias, desastres ecosociales y manifestaciones contra la contaminación. Con especial interés en mostrar material registrado por niñas, niños y adolescentes y/o imágenes en las que aparezcan niñas, niños y adolescentes.
Pueden enviar sus aportes y preguntas por correo a mediambiente2020@gmail.com o al WhatsApp +56953630468
por medi-ambiente | 27 de Jul de 2020 | Combustibles fósiles, Crisis climática
Fijar un precio al carbón es un debate que se da en todo el mundo ante la emergencia climática y la ineludible necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El gobierno impulsó una serie de modificaciones al llamado “impuesto verde” en la recién aprobada reforma tributaria, pero mantuvo el precio de 5 dólares por tonelada de CO2 fijado hace cuatro años. Con esto, Chile queda como el cuarto país donde es más barato contribuir a la crisis climática.
Por Francisco Parra Galaz
En el año 2017, por primera vez en funcionamiento tras su aprobación en la reforma tributaria de Michelle Bachelet en 2015, el llamado “impuesto verde” recaudó 190 millones de dólares. Un año después, el fisco sumó otros 188 millones de dólares a sus arcas.
Chile fue el primer país de América Latina en aplicar un impuesto especial a las industrias que explotan combustibles fósiles, los principales responsables del calentamiento global y de la crisis climática cada vez más latente en el mundo. El gravamen afecta a las emisiones de material particulado, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y dióxido de carbono, producidas por calderas o turbinas que sumen una potencia térmica de 50 MWt.
La reforma tributaria recién aprobada en la Cámara de Diputados incluyó una importante modificación al impuesto verde, ampliando de 55% a 95% la cobertura del gravamen a las emisiones de CO2 de Chile, según informó el ministerio de Hacienda. Esto significa un aumento de otros 35 millones de dólares adicionales, según el cálculo de la Dirección de Presupuesto.
Pese a ser aprobada por amplia mayoría en la Sala de la Cámara, la reforma no pasó sin polémica. El nuevo impuesto, si pasa sin modificaciones por el Senado en los próximos meses, comenzará a aplicarse recién 2025 y lo hará con el cálculo de 5 dólares por tonelada de CO2 emitida, el mismo que se definió en 2014.
Mínimo 40 dólares por tonelada para 2020
Sólo 26 países del mundo tienen un impuesto al carbón. Estas iniciativas cubren cerca del 20% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
En el año 2017, por orden de la COP22 celebrada en Marrakech, se conformó la Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, cuya función es ayudar a la implementación exitosa del Acuerdo de París. El grupo, presidido por los prestigiosos economistas Joseph Stiglitz y Lord Nicholas Stern, asegura en su último reporte que la fijación de un precio explícito al carbono es “una parte indispensable de la estrategia para reducir las emisiones de manera eficiente”.
El objetivo de estos impuestos, dice la comisión, es incentivar un cambio a energías no contaminantes y que, por lo mismo, el precio del carbono debe ir constantemente en alza.
“Esta Comisión considera que el nivel de precio explícito al carbono compatible con la consecución de las metas relativas a la temperatura establecida en París, debe situarse, como mínimo entre 40 y 80 dólares por tonelada de CO2 para 2020 y entre 50 y 100 dólares por tonelada de CO2 para 2030”, dice el documento.
Es decir, de aprobarse tal como está la reforma tributaria, Chile tendría un impuesto al carbono 8 veces más bajo de lo recomendado.
Otra organización que monitorea las tendencias de los precios al carbono es el Banco Mundial, que año a año elabora un informe al respecto. Según la información de 2018, Chile es el cuarto país con el impuesto más bajo, solo por arriba de México, Japón, Polonia y Ucrania.
El más alto es Suecia, con 139 dólares, seguido por Suiza y Liechtenstein (101), Finlandia (77), Noruega (64), Francia (55), Islandia (36), Dinamarca (29), Reino Unido (25), Eslovenia y Corea (21). Chile fue el primer país latinoamericano en instaurar un impuesto al carbono, pero Argentina (10 dólares por tonelada) y Colombia (6 dólares por tonelada) se sumaron después con precios más altos. Hoy, la mitad de estas iniciativas a nivel mundial está bajo los 10 dólares.
El Banco Mundial asegura que “se necesitan mayores esfuerzos para estimular la reducción de emisiones en línea con el Acuerdo de París”, pero reconoce que la mayoría de los países van aumentando sus precios. Por ejemplo, la Unión Europea comenzó en 8 dólares y ahora está en 16, mientras que Singapur lo implementó este 2019 a 5 dólares, pero con la proyección de aumentarlo a 15 para 2030.
En 2017, el Ministerio de Desarrollo Social hizo un cálculo -siguiendo el modelo del Reino Unido- de cuánto es el costo social del carbón y cuánto debería ser el precio según las metas auto impuestas por Chile en su Contribución Nacional Determinada (NDC), el documento con que cada país se compromete a reducir sus emisiones para alcanzar las metas de París.
La propuesta es que, para Chile, el precio debería ser de 32,5 dólares por tonelada de CO2, con una rango de sensibilidad entre 20,2 y 43,2.
Para Pamela Poo, coordinadora de política y regulación en Chile Sustentable, los 5 dólares que tiene Chile “no son ningún desincentivo para que que las termoeléctricas pasen a energías no contaminantes. Tampoco es que les encarece tanto el sistema. Al final, van a preferir pagar”.
Posibilidad de compensar
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, y el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, estuvieron el lunes en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados abordando exclusivamente el impuesto verde, tema que pasó desapercibido en medio de la gran reforma tributaria que propone la administración de Sebastián Piñera.
Una de las principales modificaciones de la reforma es que ahora se calculará el impuesto según la cantidad de emisiones generadas, no según la capacidad de emitir, como estaba establecido. Con esto, aumenta la cobertura del impuesto a las emisiones y se suman al gravamen industrias como la siderurgia, la cementera y la minería, que antes quedaban fuera.
El objetivo de la modificación, según explicaron las autoridades, es la reducción de emisiones contaminantes, no la recaudación de impuestos. Por eso, explican, que el foco son los “incentivos para que las empresas puedan ahorrar en emisiones o emitir menos. Si queremos inhibir el comportamiento contaminante, hay que poner un incentivo. La recaudación no es el objetivo principal”, dijo Larraín.
Por su parte, Riesco justificó que la nueva normativa comience a regir en seis años más explicó “para promover la inversión. El objetivo es establecer un impuesto de forma tal que no debiese dar un incentivo a las fuentes gravadas para reducir las emisiones y que, al final, no paguen impuestos”.
Esto se puede dar porque el gobierno también introdujo un mecanismo de compensación de emisiones, que permitirá a empresas no pagar el impuesto verde en la medida que realicen acciones que mitiguen los gases contaminantes que ellas mismas emiten. “Las reducciones deberán ser adicionales a las obligaciones impuestas por planes de prevención o descontaminación, normas de emisión, resoluciones de calificación ambiental o cualquier otra obligación legal”, dice la indicación ingresada por el gobierno y que fue aprobada el lunes.
La ley no detalla el mecanismo de compensación y el ministro Larraín aseguró que será definido vía reglamento por el ministerio de Medio Ambiente. En principio, no habría restricción a que una empresa “compense” el 100% de sus emisiones y termine no pagando el impuesto.
Para la elaboración del reglamento, el gobierno deberá entrar en un tema donde no hay consenso mundial. Definir cómo medir algo intangible como la reducción de emisiones -cuánto menos contamino con esta iniciativa- será incluso tema de debate en la COP25, donde se debe zanjar el mecanismo de mercados de carbono del Acuerdo de París, pendiente de hace años precisamente por la falta de definición en el tema.
Para el diputado de Revolución Democrática Giorgio Jackson, uno de los más críticos a la propuesta en la comisión de Hacienda, la compensación genera dudas porque “tenemos empresas relacionadas en rubros de generación a partir de carbón y forestales, como los Matte, que nos hablan de que puede existir una importante capacidad de ‘reducir’ emisiones a través de plantaciones forestales que todos sabemos lo dañinas que son para el medio ambiente”, asegura.
“Al final se crea un mercado desregulado de compensaciones que no asegura que efectivamente se disminuyan las emisiones mediante esos proyectos de compensación. En ese sentido, al dejar de cobrarse el impuesto, deja de ser un incentivo a disminuir la actividad contaminante”, agrega Jackson.
¿Nadie gana?
En el debate del lunes, Larraín insistió en más de una oportunidad que “nadie se favorece con este cambio. El impuesto se amplía, aumenta para algunos sectores, pero a nadie se le reduce lo que va a pagar”.
Sin embargo, en los meses previos a la tramitación de la reforma, la agroindustria realizó un intenso lobby por el impuesto verde, específicamente por el cambio del gravamen de capacidad instalada a emisiones generadas, lo que terminó siendo adoptado por el gobierno. Chilealimentos, organización que agrupa a más de 70 empresas de la agroindustria, tildó de “desproporcionado” el tributo ya que empresas agrícolas pagaban solo por tener calderas que utilizan durante un período estacional, mientras que otras -bajo el límite- que emitían todo el año, no lo pagaban.
Ante la propuesta de modificación del Ejecutivo, reclamaron que recién se aplique en 2025, ya que eso, dicen, “perpetúa el enorme impacto negativo en el sector”, considerando que se trata de “empresas cuya materia prima proviene de árboles y cultivos que son captadores de CO2”.
El último informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) analizó el impacto del calentamiento global en ecosistemas terrestres y dice que “el uso de tierra para fines agrícolas, silvícolas y de otra índole supone el 23% de las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero”.
La FAO, por su parte, asegura que las actividades agrícolas como la fermentación, el uso de químicos y cambios en el uso de suelo son una constante emanación de gases de efecto invernadero como el metano, óxido nitroso y dióxido de carbono.
*Este artículo fue publicado originalmente en El Desconcierto el 22 de agosto de 2019.
por medi-ambiente | 27 de Jul de 2020 | Bosques, Crisis climática
El anuncio del 45% de reducción de emisiones es condicional al financiamiento externo que se pueda acceder para reducir sus emisiones, algo que se proyecta complejo debido a que Chile no cumple los requisitos de prioridad para recibir ese tipo de ayuda económica.
La esperada propuesta de reducción de emisiones de Chile, su Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés), ya está disponible en la web del Ministerio de Medio Ambiente. Estará en línea hasta el 14 de noviembre, fecha hasta la que el gobierno recibirá los comentarios y recomendaciones de la ciudadanía, para que la propuesta pase al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad para su redacción final.
Ayer, La Tercera adelantó los principales anuncios de la propuesta, que considera “un aumento de ambición en la reducción de emisiones, en línea con una trayectoria hacia la neutralidad de emisiones al 2050”.
Lo central de la propuesta tiene que ver con el presupuesto de carbono que se auto impone Chile. Esto es lo que el IPCC -órgano científico mundial en cambio climático- recomienda como un “tope” de emisiones para cumplir las promesas del Acuerdo de París. El país apunta a que entre 2020 y 2030 se emitan entre 1.110 y 1.175 millones de toneladas de CO2, llegando a un máximo (o “peak”) de emisiones en 2027 y bajando hasta las 97 millones de toneladas de CO2 en 2030. En otras palabras, se apuesta a que en 2030 tengamos los mismos niveles de emisiones que en 2007.
[GRAFICO EMISIONES]
El martes, la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, dijo a este diario que “reducir nuestras emisiones netas en un 45% al 2030 en relación a 2016, es una propuesta audaz”. Sin embargo, el documento deja claro de que esa cifra, del 45%, tiene dos variables a considerar: Es dependiente al acceso a financiamiento internacional (“en la medida que se puedan captar flujos financieros internacionales se podría representar un potencial de hasta un 45% de reducciones de emisiones netas”) y considera una alta tasa de absorción de bosques.
Puerta abierta para pinos y eucaliptus
El compromiso en materia de bosques es más alto que el que se hizo en 2015, cuando se presentó el primer documento de reducción de emisiones. Entonces, se prometió la reforestación de 100 mi hectáreas de bosques, “preferentemente nativos”.
Ahora, Chile se compromete al “manejo sustentable y recuperación de 200 mil hectáreas de bosque nativo”.
La forestación va en paralelo, con 200 mil nuevas hectáreas. De esas, la propuesta dice que la mitad será en terrenos de “cubierta forestal permanente” y que, ahí, habrán 70 mil hectáreas de bosque nativo. La cubierta forestal permanente es aquella que se protege y cuida permanentemente, sin cortar y evitando que sea intervenida por ganadería o agricultura. Esto quiere decir que el grueso de la propuesta de reforestación (130 mil hectáreas), será de plantaciones exóticas, de pino y eucaliptus, de las cuales 100 mil serán sometidas a cosecha.
“Todos los árboles, nativos, urbanos, protegidos y exóticos, son verdaderas llaves tecnológicas que permiten mitigar el calentamiento global a través de su fotosíntesis. Hoy celebramos que el aporte de nuestro país también considere soluciones basadas en la naturaleza”, dijo ayer a Qué Pasa Juan José Ugarte, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma).
Sin embargo, para Antonio Lara, académico de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la Universidad Austral, esta parte de la propuesta es “un retroceso claro”. Si bien valora el aumento de protección y recuperación de bosque nativo, explica que el propio Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) de Chile, que elabora el ministerio de Medio Ambiente, muestra que la principal “alcancía” de cobertura de carbono en el país es precisamente el bosque nativo, sobre todo bosques jóvenes, seguido de las áreas silvestres protegidas por el Estado.
“Este diseño no es acorde al INGEI. Para aumentar la superficie de plantaciones exóticas pueden haber razones económicas, o querer generar recursos para la industria forestal, pero eso no va a mejorar la contribución de Chile en términos de mitigación. Al cortar, cosechar, en Chile el 50% va para pulpa, eso en 2 años está de vuelta en la atmósfera. Y la otra parte, los productos madereros, aunque duren 30 años, igual se libera”, explica.
Las plantaciones forestales, además, aumentan los riesgos de incendios, dice Lara, que contribuyen con grandes emisiones de gases de efecto invernadero. A esto se suma que a principios de septiembre, académicos del Centro de Ciencia del Clima y Resiliencia lanzaron un estudio donde proyectaron que nuevas plantaciones exóticas consideradas como reforestación para mitigar el cambio climático, tendrán un mayor impacto en la disponibilidad hídrica del país. El tema no es menor, considerando la mega sequía que sufre Chile desde hace 10 años.
“Hubiera esperado una propuesta más acorde con lo que venía planteando la comunidad científica”, afirma Lara.
Este ha sido un tema de debate dentro de la mesa científica de biodiversidad de la COP25, cuyo informe final servirá como insumo para la elaboración final de la NDC de Chile.
Según confirmó el propio Juan José Ugarte a Qué Pasa, el gremio de las forestales estará en la COP25 que se celebrará en diciembre en Santiago, como parte del pabellón de Chile. Además, el comité organizador está preparando un “Día del Bosque” que se desarrollará durante la Conferencia.
¿De dónde vendrá el financiamiento?
La última medición del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, da cuenta que en 2016 hubieron 111 millones de toneladas de CO2 en emisiones absolutas. Restando el cálculo de captura que hacen los bosques, fueron 46 millones de toneladas de CO2 en emisiones netas.
El cálculo del 45% es sobre las emisiones netas, por lo que se aspira a que, con la forestación, se llegue a las 25 millones de toneladas de CO2 para 2030. Y esa es la meta que el gobierno condicionó al financiamiento externo.
Esto, sin embargo, puede ser considerado un problema en la comunidad internacional, pues Chile, al ser país OCDE, de ingreso medio-alto y tener una gran capacidad de deuda, no es parte de ninguna lista prioritaria para recibir financiamiento en materia de cambio climático.
La apuesta del gobierno es apelar a organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Fondo Verde del Clima, con los que Chile podría apostar a créditos blandos para financiar ciertos proyectos claves para lograr la meta, como instalación de tendido eléctrico nacional, necesario para que las energías renovables reemplacen el poder que hoy siguen entregando las centrales a carbón.
Esto no será fácil. El gobierno anterior, por ejemplo, pidió un crédito al Fondo Verde del Clima (que funciona con tasas más bajas que el promedio) para financiar la reforestación comprometida a la NDC, pero la solicitud no pasó ni los primeros filtros, precisamente porque hay muchos otros países que son más prioritarios en materia de financiamiento.
Según pudo corroborar este medio, el hacer condicional la meta del 45% no fue parte del plan inicial de la NDC, sino que fue introducido por el gobierno justo antes de liberar el documento.
*Este artículo fue publicado originalmente en La Tercera el 16 de octubre de 2019.
por Francisco Parra Galaz | 27 de Jul de 2020 | Bosques, Crisis climática
Chile se comprometió a reforestar 100 mil hectáreas como parte del Acuerdo de París. Ad portas de presentar su nueva meta de recorte de emisiones -que debería ser antes de la COP25- un estudio de la U. de Chile y la U. Austral advierte que no es lo mismo reforestar con bosque nativo que con plantaciones como el pino y el eucaliptus.
El debate entre las plantaciones forestales exóticas como el pino y el eucaliptus y el bosque nativo es de larga data. Existen estudios, investigaciones y papers que hablan de los beneficios sociales, económicos y culturales de ambos tipos de plantaciones.
Los bosques son fundamentales en la lucha contra el cambio climático y así lo entendió Chile cuando suscribió su Contribución Nacional Determinada (NDC por sus siglas en inglés), el documento que detalla la acción climática de cada país para cumplir las metas del Acuerdo de París. Como los bosques son “sumideros de carbono”, es decir, absorben el CO2 de la atmósfera, el país se comprometió al “manejo sustentable y recuperación de 100.000 hectáreas de bosque, principalmente nativo”, además de “forestar 100.000 hectáreas, en su mayoría con especies nativas, que representarán capturas de entre 900.000 y 1.200.000 toneladas de CO2 equivalente anuales”.
Este compromiso data de 2015 y actualmente el gobierno está trabajando en su nueva NDC, que anunció que presentará antes de la COP25.
En ese contexto, el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile acaba de lanzar un estudio clave para la actual discusión. Publicado en la revista Forests, la investigación analiza el impacto sobre la disponibilidad hídrica que tiene el reforestar 100 mil hectáreas -de acuerdo a la meta de la NDC- con bosque nativo o con plantaciones forestales entre las regiones del Maule y Los Lagos.
Si Chile decide reemplazar bosque nativo, pastizales y matorrales por plantaciones forestales, cada 10 mil hectáreas de reemplazo habría un descenso en la disponibilidad hídrica de 5,6%, 5,8% y 3% respectivamente, dice el estudio. En cambio, si las plantaciones forestales y matorrales fuesen reemplazados por bosque nativo, aumentaría la disponibilidad de agua en 4,5% y 2,2% por cada 10 mil hectáreas reemplazadas.
Otro cálculo indica que si se reemplazan 100 mil hectáreas -meta de la NDC- de pastizales y matorrales por monocultivos de plantaciones forestales, habría una disminución promedio de un 45% en la disponibilidad hídrica en la zona centro sur del país.
Camila Álvarez, investigadora del (CR)2 y autora del estudio, explica que levantaron una base de datos con cuencas de todo Chile, donde distinguieron en detalle los distintos tipos de uso de suelo y obtuvieron información de derechos de agua, caudales, precipitación y topografía. Así, seleccionaron 25 terrenos de más de 20 mil hectáreas que tuvieran más de un 20% de cobertura arbórea y pudieron calcular cuánta agua entra a una cuenca por precipitación y cuánta agua sale de la cuenca, lo que les permitió medir cuánto consume la superficie.
“Tenemos una idea de cómo se comportó la precipitación que cayó sobre bosque nativo, cómo se comportó la que cayó sobre forestales y concluimos que la que cae sobre las forestales se consume, lo que finalmente significa que hay menos agua disponible”, afirma Álvarez. Con eso, pudieron hacer los ejercicios hipotéticos de cuánto cambiaría la disponibilidad de agua reemplazando por bosque nativo o por plantaciones forestales, según la meta de 100 mil hectáreas de la NDC chilena.
“Aquí lo clave es que las iniciativas de mitigación no pueden ir separadas de los otros servicios ecosistémicos que provee el bosque. Puedes llegar a las metas de secuestro de carbono, sí, pero si no miras el efecto que esto puede tener en la disponibilidad de agua, buscando una solución de mitigación puedes generar un problema de disponibilidad hídrica. Las medidas que nos comprometemos en la NDC tienen que incorporar la disponibilidad de agua, sobretodo en el contexto de secamiento del país”, dice la investigadora, quien agrega que el estudio es “evidencia científica que el bosque nativo consume menos agua que la plantación forestal”.
José Manuel Rebolledo, director ejecutivo de la Conaf, reconoce que el escenario de sequía es complejo y que es un factor a considerar desde la gestión forestal. Sobre el estudio del (CR)2, dice que es una “herramienta que permite tomar mejores decisiones en cuanto a políticas públicas”.
En cambio, el presidente de la Corporación Nacional de la Madera (Corma), Juan José Ugarte, asegura que la urgencia son las 3 millones de hectáreas sin cobertura vegetacional, porque son “el peor escenario para la retención y uso adecuado del agua”, las que se deben cubrir con bosques para aprovechar su potencial. “La macro zona forestal, del Maule al sur, no es una zona con déficit hídrico, tenemos abundancia de agua y por eso somos un país con vocación forestal”, agrega Ugarte, para quien la carbono neutralidad de Chile para el 2050 pasa por combinar el uso de energías renovables con el potencial forestal.
¿Secuestro o captura de carbono?
La captura de carbono es una capacidad que tienen los árboles de capturar y almacenar el carbono que se encuentra en la atmósfera mediante la fotosíntesis. Por eso, es una de las medidas más efectivas para combatir el calentamiento global, pues disminuye la concentración de CO2 en la atmósfera. Aunque las metodologías para medir la captura siguen siendo materia debate, algunos estudios presentan cifras contundentes. En Estados Unidos, por ejemplo, se han calculado que cerca de un 15% del dióxido de carbono en la atmósfera proveniente de combustibles fósiles es capturado por los bosques.
Según explica Camila Álvarez, las plantaciones de pino y eucaliptus capturan carbono desde el primer momento por su rápido crecimiento. El problema, en su opinión, es la cosecha: “Si es para un producto de larga vida, como materiales de construcción, va a haber carbono que seguirá secuestrado, pero como la mayoría se va a pulpa, en el proceso de romper la madera y generar la pulpa liberas de vuelta el carbono capturado”.
El presidente de la Corma, Juan José Ugarte, asegura que a la industria forestal “no nos va la etiqueta de ser pro plantación. Nosotros somos pro árbol, pro bosque, nuestra agenda es la de un desarrollo equilibrado entre bosque nativo, plantaciones forestales, arbolado urbano y zonas de protección”.
“El sector forestal siempre reforesta las plantaciones después de la cosecha. Es parte del manejo sustentable del bosque productivo, que es un aliado fundamental para la carbono neutralidad”, agrega Ugarte, apuntando a que los productos de madera, como los muebles, edificios, casas y objetos, retienen el carbono capturado. “Los otros son los productos pulpables, que derivan en papel, en celulosa, en el reemplazo a las bolsas de plástico, que están hechas de petróleo”, afirma.
El debate se ha abierto incluso en la mesa científica de Ecosistemas y Biodiversidad que se creó de cara a la COP25 y desde donde saldrán propuestas para la nueva NDC de Chile, pero no se ha llegado a un consenso. Álvarez pide distinguir el crecimiento económico de la mitigación a largo plazo, y precisa que existe una “sutil” diferencia entre “secuestrar” y “capturar” carbono: “La diferencia es clave. La mitigación a largo plazo requiere un bosque que continuamente siga secuestrando carbono. Secuestro es que tu sigues teniendo al carbono de rehén, se mantiene. En cambio, lo que hace la plantación forestal es que lo captura y después lo libera y así constantemente”.
En abril de este año, la revista Nature publicó un estudio que asegura que el bosque nativo puede llegar a ser 40 veces más efectivo como sumidero de carbono que las plantaciones exóticas.
De cara a la COP25, Juan José Ugarte -quien también es miembro del Comité Asesor presidencial de la cita, adelanta que la Corma estará -a través de la Sofofa- en el pabellón de Chile en la zona Azul, donde se realizarán las negociaciones, y que se está organizando un “día del Bosque” en la Conferencia.
Nueva meta de reforestación
Desde comienzos de los 70 -con la llamada contra reforma agraria- hasta la fecha, Chile amplió la cantidad de hectáreas de plantaciones forestales en más de un 700%, pasando de las 300 mil de 1973 a las más de 2 millones 500 mil de la fecha.
Hoy, la Conaf reforesta 4.800 hectáreas anuales, principalmente terrenos afectados por incendios forestales. Pero para su director ejecutivo, lo urgente es fortalecer la política institucional, con modificaciones a la Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal y el proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, hoy en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados.
En 2015, el Consejo de Política Forestal estableció su hoja de ruta hasta 2035, que contempla la recuperación de 500 mil hectáreas en los próximos 20 años, “con especies nativas, exóticas o una combinación de ambas”, según explica José Manuel Rebolledo.
La Corma se ha sumado a ese objetivo. “Nuestra meta es aportar con aún más hectáreas en terrenos de pequeños y medianos propietarios para transformarlas en bosques nativos, de protección, productivos y de arbolado urbano. Este compromiso y meta permitirán que Chile avance en a la carbono neutralidad y haga frente a la emergencia climática que está viviendo el planeta con los árboles adecuados en los suelos adecuado”, asegura Juan José Ugarte.
El gobierno se encuentra trabajando en una nueva NDC que incluirá una actualización de la meta de mitigación de bosques y que será presentada antes de la COP25. Camila Álvarez asegura que es fundamental que, a diferencia de la anterior NDC, ahora “quede claro el porcentaje de bosque nativo, porque así es más fácil determinar efectos en la disponibilidad hídrica, en la biodiversidad, en el riesgo de incendio. Teniendo datos claros, se pueden armar escenarios, evaluar impactos, estar más preparados. Si se deja abierto, no sirve de mucho”.
En 1997, el protocolo de Kyoto incluyó en su Mecanismo de Desarrollo Limpio un artículo sobre forestación, sin especificar si eran nativos o exóticos precisamente por las dificultades metodológicas de cuantificar la captura de carbono. Años después, en la COP13, se creó el programa RED++, destinado a la reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero mediante la mejora de gestión de bosques en países en desarrollo.
Sin embargo, hasta ahora, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no ha llegado a un acuerdo respecto al tipo de plantación que se debe utilizar para reducir el CO2 de la atmósfera, lo que implica que países puedan utilizar árboles de fin comercial, como el pino y eucaliptus, en sus acciones climáticas. Paraguay, por ejemplo, recibió 90 millones de dólares de financiamiento del Fondo Verde del Clima para un proyecto que contempla la plantación de monocultivos forestales.
*Este artículo fue publicado originalmente en La Tercera el 5 de septiembre de 2019.
por Greta Di Girolamo | 1 de Jun de 2020 | Actualidad, Análisis, Crisis climática
El Covid-19 no apareció de la nada. No es que tuvimos mala suerte o no lo vimos venir. Es algo que ha pasado antes con otras enfermedades y que estudios de distintas partes del mundo adelantan hace años: el modelo de desarrollo humano a costa de la destrucción de la naturaleza tiene como un efecto secundario la emergencia de nuevas enfermedades. En resumen: nos está saliendo el tiro por la culata. Y el problema no se soluciona con más ventiladores, cloro y mascarillas.
Todavía no se sabe con exactitud qué originó el Covid-19 y su rápida propagación, lo que sí se sabe es que se dio en un lugar donde hay tráfico de animales bajo cierto grado de estrés, en un contexto mundial de degradación de la naturaleza, cambio climático, alta tasa de urbanización y transporte globalizado. Una combinación mortal.
“Actividad humana, crisis climática y Covid están totalmente relacionados. No existe un límite. Hay mucha evidencia que muestra que la deforestación, la urbanización y la agricultura a gran escala destruyen la naturaleza y eso aumenta la probabilidad de transmisión de enfermedades, sobre todo zoonóticas”, dice la veterinaria y doctora en zoología, Rocío Pozo.
Lo que plantea la investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)² no es menor considerando que el 75% de las enfermedades infecciosas que afectan a los humanos son de origen zoonótico, es decir, que se transmiten entre animales (incluidos los humanos). Ejemplos son el Zika, la Malaria, el Hanta, la Fiebre porcina, el Ébola, la Rabia, la Influenza, el VIH y la Gripe Aviar.
Enfermedades como estas van al alza. Según la Organización Mundial de la Sanidad Animal, su alcance, magnitud y repercusiones mundiales no tienen precedentes históricos. ¿Cómo se explica esto? Científicos y estudios de distintas partes del mundo apuntan principalmente a dos factores: comercio de animales y destrucción de ecosistemas.
El Covid-19 apareció justamente en el mercado chino de Wuhan, donde se comercializan animales exóticos vivos como cocodrilos, puercoespines, crías de lobo, serpientes, gatos salvajes y murciélagos. A las malas condiciones de higiene se suma el malestar de los animales. “Cuando se trafican, los animales se someten a un nivel de estrés muy alto y eso hace que demuestren patógenos que en un estado inmunitario normal no demostrarían”, explica Rocío Pozo. En 2003, en otro mercado húmedo -como se les llama por tener sus pisos llenos de agua y fluidos animales- se dio el salto zoonótico del Síndrome respiratorio agudo grave (Sars) desde un murciélago a un humano, que terminó en una epidemia que afectó a ocho mil personas.
Pero el riesgo no se da solo en circunstancias de tráfico de especies silvestres, sino en algo tan cotidiano como la industria alimentaria. Según el informe de la FAO Ganadería Mundial: un panorama de enfermedades cambiantes (2013), un 70% de las nuevas enfermedades que han surgido en seres humanos en las últimas décadas son de origen animal y gran parte de ellas están relacionadas con la búsqueda de alimentos como carne, huevos y leche. El documento señala que “la sanidad ganadera es el eslabón más débil de la cadena de la salud mundial”.
Como solución, proponen un enfoque de la salud llamado One Health (Una salud, en español), que atienda desde una perspectiva multidisciplinaria la relación entre medioambiente, animales y humanos. “No podemos abordar la salud humana, animal y del ecosistema de forma aislada la una de la otra: tenemos que considerarlas de forma conjunta. Y hacer frente a las causas de la aparición de las enfermedades, su persistencia y propagación, en lugar de combatir simplemente las enfermedades cuando surgen”, dijo, a propósito del estudio, Ren Wang, Director General Adjunto del Departamento de Agricultura y Protección del Consumidor en la FAO.
La industria ganadera también se vincula a la devastación de ecosistemas naturales, uno de los aspectos que facilita la aparición y dispersión de enfermedades. Es lo que ocurre en el Amazonas, donde al menos el 80% de la deforestación de la selva se debe al uso de tierra para pastoreo de vacas de consumo humano, según datos de la Escuela de Estudios Forestales y Ambientales de Yale (2019).
El ecólogo brasileño e investigador del Centro de investigación metereológica y climática aplicada a la agricultura de la Unicamp, David Lapola, advierte que si la deforestación de la selva amazónica continúa la próxima gran pandemia podría gestarse en Brasil. Y es que en lo que va del primer semestre de 2020 han sido talados cerca de 1.200 km2, según datos satelitales del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE). La superficie es equivalente al doble del tamaño de Santiago. Esto significa un aumento del 55% en comparación a la tala realizada en el mismo periodo durante 2019, cuando el presidente Jair Bolsonaro minimizó el avance de incendios vinculados a deforestación que en un solo mes consumieron dos millones y medio de hectáreas de la selva, considerada vital para el equilibrio del clima mundial.
Lapola afirma que la relación entre el deterioro del medioambiente y surgimiento de enfermedades se repite. Según explica, es lo que ha ocurrido con el VIH, el Ébola, el Dengue y ahora con el Covid-19. “Es una relación histórica, fueron todos virus que se diseminaron de forma muy grande a partir de desequilibrios ecológicos”, dijo en una entrevista a Agence France-Presse. A propósito de Ébola: hace unos días se registró un alarmante rebrote en El Congo y ya se ha transformado en una nueva epidemia. A propósito del Dengue: está causando estragos en Argentina, que superó los contagios de años anteriores con más de 41 mil casos en lo que va de 2020.
Para graficar lo que plantea Lapola, podemos tomar el caso de la Malaria. Un estudio de 2019 hecho por la EcoHealth Alliance concluyó que las poblaciones humanas que viven cerca de zonas deforestadas de Malasia tienen mayores índices de Malaria y de contagio que en donde hay menos deforestación. Esto se explica porque en lugares donde no hay árboles, hay más entrada de lluvia, que se acumula en charcos grandes que son el hábitat perfecto para los mosquitos que transmiten los parásitos.
La lección es que los ecosistemas en equilibrio tienen barreras naturales que impiden la dispersión de virus, bacterias, parásitos y hongos. Por ejemplo, cierto grado de temperatura, un nivel de humedad y la presencia de depredadores que mantienen bajo control a otros animales que podrían contagiar a los humanos. Todo indica que si hay naturaleza perturbada hay más probabilidades de enfermedad.
Esto es algo sabido en Chile. Incluso el Ministerio de Salud ha dado cuenta de la relación entre crisis ambiental y enfermedades. En su página web indica que “los cambios climáticos observados en los últimos años han impactado en la modificación de los nichos ecológicos en que se desarrollan muchas de las enfermedades infecciosas. Las enfermedades transmitidas por vectores y las zoonosis no son una excepción a ello, por lo que aumenta el riesgo de ocurrencia, reaparición o diseminación de algunas, como el dengue”.
A pesar de la evidencia, nuestro país sigue teniendo una pobre protección de los recursos naturales. Es cosa de ver lo que ocurre con la deforestación del bosque nativo para destinarlo a monocultivos, las intoxicaciones en zonas de sacrificio plagadas de termoeléctricas como Quintero y Puchuncaví o los problemas de higiene en Petorca por la falta de agua. También los graves riesgos a la salud que implica la industria salmonera, en la que se usa una cantidad gigantesca de antibióticos (500 veces más que lo permitido en Noruega) que son liberados al mar y pueden generar macrobacterias, que al mutar se hacen resistentes a los tratamientos médicos ya conocidos y facilita la emergencia de pandemias.
“El respeto a la vida salvaje es fundamental. Meternos con su hábitat es jugar con fuego y arriesgarnos a mutaciones de virus que pueden tener consecuencias agresivas para un mundo que es desigual y puede costarles la vida a miles de personas”, dice Matías Asún, director nacional de Greenpeace. Y añade: “Pero al mismo tiempo hay que mejorar el acceso a la salud, no solo entendida como un servicio médico, sino las condiciones básicas de bienestar, como garantizar el agua. El Covid opera magnificando todas aquellas brechas sociales que no quisimos ver antes”.
Y es que en plena pandemia son miles las personas que, por no tener acceso al agua, no pueden lavarse las manos; la medida más básica para prevenir el contagio de Covid-19. Es lo que ocurre en Petorca, donde se han secado los ríos y el agua de las napas es succionada para regar las enormes plantaciones de paltas mientras la población debe abastecerse por camiones aljibes que en algunos casos entrega solamente 20 litros diarios por persona, siendo que el mínimo recomendado por la OMS es 100 litros.
“Esta es una oportunidad para tomar conciencia y acción. El Covid-19 nos ha abierto a repensar y corregir nuestra relación con el medioambiente. La ciudadanía está disponible a hacer cambios. Millones de personas están cuestionando las bases del sistema chileno y es algo que está pasando a escala global. Sinceramente, yo le tengo fe a la humanidad”, dice Asún.
No sabemos si la pandemia era completamente evitable, pero sí sabemos que se pudieron haber tomado medidas que ayudaran a prevenirla. La buena noticia es que al ser conscientes de que nuestra actividad impacta en la naturaleza y, por lo tanto, en la generación de enfermedades como el Covid-19, podemos hacer algo al respecto para evitar que esto se repita a futuro en vez de esperar de brazos cruzados la próxima catástrofe.
Hay muchas medidas que se pueden tomar para avanzar en la línea de One Health. Matías Asún da algunos ejemplos de lo que se podría hacer ahora en Chile: consagrar el derecho al acceso al agua en la constitución, aprobar el proyecto de ley de protección a los glaciares, cerrar las termoeléctricas, avanzar en energías limpias y firmar el acuerdo internacional de Escazú, que vela por el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas a este tema.
Aniquilar los ecosistemas en nombre del progreso humano arrastra a nuestra especie y a todo el resto. Cada daño que le hacemos a la Tierra nos lo hacemos a nosotros mismos. No se trata solo de evitar el sufrimiento de otros animales o ser buena persona; se trata de un asunto de supervivencia. La disminución de gases de efecto invernadero y la reaparición de animales salvajes en distintas partes del mundo como efecto de la disminución de la actividad humana dan cuenta de que la naturaleza tiene una enorme capacidad de resiliencia. No la desperdiciemos.
por Francisco Parra Galaz | 1 de Abr de 2020 | Actualidad, Análisis, Crisis climática
Mediciones de calidad del aire en Santiago de la última semana muestran menos índices de material particulado producto de las cuarentenas voluntarias en la capital, cifras que se repiten en las grandes metrópolis del mundo. Pero los expertos son claros: El Covid-19 no es un respiro para el plantea del calentamiento global.
El aire que respiramos en Santiago está más limpio que hace dos semanas, antes de que se empezaran a implementar las primeras cuarentenas voluntarias por la crisis sanitaria producto del Covid-19.
Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente, hizo el análisis de los efectos de la cuarentena voluntaria en la calidad del aire en la capital, junto a Andrés Pica y Paulina Schulz, del Centro de Acción Climática de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Analizaron las cifras del Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, del Ministerio de Medio Ambiente, y confirmaron una reducción en los índices de óxido de nitrógeno (NOx) y material particulado (MP2.5).
Esto se debe principalmente a un menor movimiento de automóviles en la capital. La contaminación atmosférica en Santiago proviene principalmente de la industria (30%) y del transporte (31%). El análisis comparativo de febrero y marzo de los últimos tres años muestra una reducción significativa de la contaminación en las últimas dos semanas. Específicamente, la estación que mide la calidad del aire ubicada en la zona de Cantagallo, en Las Condes, muestra que el NOx se ha reducido en un 54% y el MP2.5 en un 38%. Han bajado también los peaks de congestión de vehículos que se identificaban entre las 7 y 9 am y entre las 19 y 22 pm, horas de alto tráfico.
El análisis estima “una reducción de mortalidad prematura en torno a 1053 casos”, considerando que en Chile más de 3 mil personas mueren al año producto enfermedades relacionadas a la contaminación del aire.
Raúl Cordero, climatólogo y académico del Departamento de Física de la Universidad de Santiago, llegó a la misma conclusión utilizando la red de monitoreo global Aeronet de la Nasa, que tiene la Usach. Se trata de una medición de “aerosoles”, que son las partículas en suspensión en el aire, entre las que está el material particulado generado por fuentes fijas (industrias) y fuentes móviles (vehículos). El análisis muestra que el espesor óptico de Aerosoles en Santiago bajó entre un 20 y 25% entre el 15 y 25 de marzo en Santiago, debido a la menor circulación de vehículos particulares.
“Es una reducción de lo que producen los vehículos. Si siguen funcionando las industrias y el transporte público, no va a haber una reducción más significativa”, dice Cordero, aunque afirma que “sí habrán menos muertes prematuras asociadas a la contaminación”.
Menos contaminación y emisiones, no menos crisis
Los efectos del Coronavirus en la calidad del aire y en niveles de emisiones de gases de efecto invernadero ya se reflejan en todo el mundo. Por ejemplo, un laboratorio en Estados Unidos utilizó una herramienta de recolecta datos de celulares respecto a los movimientos de las personas a lo largo del día. Las estadísticas muestran una baja drástica en viajes en autos en Estados Unidos, Singapur, Hong Kong, Indonesia y Malasia.
Lo mismo con las mediciones de NOx en el ambiente. Imágenes satelitales, captadas por la Agencia Espacial Europea, muestran una clara caída en China, Japón y Corea. Esto provocará, tal como explica Raúl Cordero en el caso chileno, una baja en las muertes producto de la contaminación, las que la Organización Mundial de la Salud contabiliza en siete millones de personas al año.
La contaminación también se ha reducido en Londres, Roma, Milán y París hasta en un 30%, al igual que en otras ciudades de Europa producto de la cuarentena que sacó a los vehículos de la calle.
En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principales causantes del calentamiento global, ya existe evidencia de que la cuarentena obligatoria en China llevó a una reducción de un 25% de uso de energía y emisiones, según un análisis de Lauri Myllyyirta del Center for Research on Energy and Clean Air.
En el Observatorio Mauna Loa de Hawai, una de las principales fuentes de medición de los GEI en el mundo, científicos han estado monitoreando la atmósfera para ver cómo la pandemia del coronavirus impactará en sus registros. Hasta el cierre de este artículo, el Covid-19, que ha cobrado la vida de más de 25 mil personas en todo el mundo, está desacelerando la economía global y reduciendo el uso de combustibles fósiles en automóviles, plantas de energía y fábricas que emiten dióxido de carbono (CO2).
Sin embargo, pese al parón mundial, el cambio no debería ser tan grande. Ralph Keeling, profesor de la Scripps Institution of Oceanography en San Diego y principal investigador en el observatorio en Hawai, dijo a Climate Home News, que el uso global de combustibles fósiles tendría que disminuir en un 10% durante un año completo para aparecer en las concentraciones de CO2.
“Esto no tendrá ningún impacto significativo en el cambio climático”, dice tajante Raúl Cordero. “La crisis climática no es consecuencia de las emisiones de un año, es consecuencia de las emisiones acumuladas en 100 años. Si detienes completamente el planeta, emites cero, pero igual se continuaría calentando el planeta 30 años más, porque el daño producido en la atmósfera es tan grande que una cuarentena no tendrá un efecto significativo. Requiere un esfuerzo colectivo de largo plazo mucho más intenso que una cuarentena de unos meses, lo que nos pone en perspectiva de lo enorme que es el desafío”, explica.
¿Qué viene ahora?
Para Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académica de FACSO de la Universidad de Chile, la mirada acotada de esta crisis es quedarse con la idea de que “la naturaleza se recupera, los animales transitan por las ciudades y baja la contaminación. Eso es solo momentáneo. El riesgo es lo que viene después, porque lo tentador será activar la economía con las mismas herramientas que se han utilizado hasta ahora”, afirma.
Para académica, es necesario empezar a esta discusión ahora, “aunque sea difícil hablar de algo ahora que no sea la gente que estamos perdiendo. Pero si no ideamos desde ya un plan de reactivación que cambie la forma de relacionarnos con la naturaleza, estaremos entregando soluciones para que de nuevo una crisis nos estalle en la cara”. Urquiza asegura que la presente pandemia nos habla también de la soberbia: “Existe esta ilusión de que somos autónomos de la naturaleza, de que tenemos la capacidad de controlar la vida al punto que el entorno no nos afecte, pese a que la evidencia científica nos decía hace años que esto podía explotar. Y al igual que con el cambio climático, no se tomaron acciones, por la confianza de que con la tecnología se iba a enfrentar”.
En 2007, cuatro microbiólogos de la Universidad de Hong Kong publicaron un estudio donde advierten de que la aparición de un nuevo tipo de coronavirus sería “una bomba de tiempo”. Y en la misma línea, científicos de todo el mundo han estado estudiando la aparición de nuevas pandemias y su relación con la destrucción de ecosistemas naturales; cómo las enfermedades zoonóticas (que se transmiten de animales a humanos) vienen después del desmantelamiento de ecosistemas.
Marcelo Mena cree que el desafío ahora será impulsar la economía con el cambio incluido. “Para reemplazar la economía sucia hay que crecer. Si queremos tecnologías limpias, necesitamos crecimiento”, dice, pero cree que debe ser sobre una base de sustentabilidad, “con aspectos sociales, económicos, y ambientales en equilibrio”.
Menciona, por ejemplo, los paquetes de reactivación económica que impulsó el gobierno de Barack Obama en 2008, que estableció nuevas normas de emisión para fabricantes de automóviles y “se condicionó la ayuda económica a mejores estándares. Eso se tradujo en mejoras en eficiencia económica”.
“Si sabemos que le transporte aéreo va a estar en problemas, entonces ellos tienen que someterse a tecnologías bajas en emisiones de ahora en adelante, cumplir el compromiso de descarbonización al 2050. Eso se discute ahora en Europa y Estados Unidos, pero también se tiene que aplicar acá en Chile”, opina el ex ministro de Medio Ambiente.
En la misma línea, Anahí Urquiza cree que tras la crisis sanitaria se deben estimular las “economías verdes, la economía circular. Y hay muchas formas de hacerlo, que permiten avanzar a un modelo sustentable, pero eso requiere planificación y estar dispuesto a cambiar el modelo. Es una decisión compleja, pero hay que tener esa conversación”. Menciona que Chile tiene la oportunidad de acelerar el tránsito a energías renovables, potenciar la economía circular, reducir el consumo de materias primas y alcanzar una sociedad más justa.
“No olvidemos que estamos en medio de una crisis social profunda. Todas las desigualdades se van a ver exacerbadas. La gente que ya está muriendo en esta crisis es la más vulnerable”, asegura.
En 2009, tras la crisis financiera global -que coincidió con el último registro de disminución de gases de efecto invernadero en el mundo- llamó a un “Green New Deal” global para terminar con dependencia de los combustibles fósiles y crear trabajos sostenibles.
Sin embargo, ya hay señales en el sentido contrario. Esta mañana se supo que la administración de Donald Trump en Estados Unidos disminuirá las regulaciones ambientales que pesan sobre las industrias contaminantes para ayudarlas a hacer frente a los impactos del coronavirus. La medida permitirá que las plantas de energía, las fábricas y otras instalaciones determinen por sí mismas si son capaces de cumplir con los requisitos legales para informar sobre la contaminación del aire y el agua.
En tanto, Naciones Unidas ya postergó la crucial “COP de la biodiversidad” que estaba programada para octubre de este año en China, producto del brote de la pandemia. Se esperaba que de ahí saliera un documento tipo “Acuerdo de París” que comprometiera a los países a mayores esfuerzos en la materia. También se han postergado reuniones claves para la COP26, que debiera realizarse en noviembre en Glasgow.
Este año, además, comienza la aplicación formal del Acuerdo de París, por lo que los países deben entregar una actualización de sus planes de reducción de emisiones de GEI (NDC). Hasta ahora, solo las Islas Marshall, Surinam, Noruega y Moldavia han entregado su propuesta. La NDC de Chile estaba siendo revisada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y se esperaba su publicación para la próxima semana, pero dicha fecha ha quedado también en la incertidumbre producto de la crisis sanitaria.
